Confirman que YPF aportó vehículos y choferes a la represión

Un ex empleado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aseguró ayer que en 1976 esta empresa prestó vehículos y choferes al Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, para que colaboraran en los operativos de represión que se realizaban en todo el norte provincial. El otorgamiento de vehículos por parte de la petrolera al Ejército ha sido reconocido por quien era jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, uno de los acusados por actos de terrorismo de Estado que está siendo juzgado ahora.

“En el año 76 el Regimiento, que estaba a cargo de Ríos Ereñú, pidió vehículos a YPF”, recordó Jesús Domínguez en el megajuicio que ayer debió cambiar de sede y terminó realizándose en la sala del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, por problemas de conectividad, necesaria porque algunos imputados siguen el debate por videoconferencia.

Más testimonios sobre el circuito represivo en Salta: testigos acusaron a Alzugaray, Guil y a Lona

Elena Corvalan 

La cooperación entre las fuerzas de seguridad para la represión ilegal; la intervención del Ejército en el penal de Villa Las Rosas desde enero de 1976; el conocimiento del ex gobernador de facto y gobernador institucional Roberto Augusto Ulloa, y de su ministro de Gobierno de facto y legislador constitucional Oscar Folloni, de la detención irregular de un ex policía que desapareció de la Central de Policía; la complicidad de miembros de la Iglesia Católica con la dictadura. Estas fueron algunas de las cuestiones que ratificaron ayer los testigos que pasaron por la sala de grandes juicios Gobernador Miguel Ragone de la Ciudad Judicial, en la penúltima audiencia de 2013 del megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad y en el que se juzga a 17 hombres.

Ocho testigos declararon ayer, tres por videoconferencia. El testimonio más emocionante fue el de la ex presa política Graciela López, desde México, que narró las detenciones ilegales y torturas que padeció y las que presenció, y acusó al ex comisario Joaquín Guil y al ex federal Juan Carlos Alzugaray, que están siendo juzgados en este proceso, y al fallecido Federico Livy, jefe de la Delegación Salta de la Federal. En el mismo sentido declaró el periodista Eduardo Tagliaferro, quien también acusó a Alzugaray y a Livy. Los hablaron de las tareas conjuntas de las fuerzas represivas.

Confirman que no hay restos humanos debajo de Manchalá

“Ya no hay excusas para no remover el monumento a Manchalá”. La afirmación del concejal Martín Ávila puede considerarse la síntesis de la información que se conoció ayer. Los peritos de Gendarmería Nacional confirmaron que no hay restos humanos enterrados debajo de la estructura del monumento ubicado sobre la avenida Arenales en la Guarnición Ejército Salta.

Testigos hablaron de la participación de la policía en la represión

 Los querellantes se retiraron satisfechos de la audiencia de la víspera. Terminaba la que evaluaron como una buena jornada. La audiencia recorrió distintos aspectos que se investigan en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta. Dos testigos, Ana Laura Cruz y María Martínez, ratificaron la participación de la Policía provincial en el terrorismo de Estado. Otros dos testigos, Raúl Enrique Gareca y Juan Alba, propuestos por la defensa del militar Marcelo Diego Gatto, demostraron que los acusados excarcelados se encargan de hablar con los testigos. Y uno de estos testigos confirmó que el cabo Mazza no es invento de Cristina Cobos, la esposa del joven Víctor Brizzi, desaparecido del Ejército cuando estaba haciendo el servicio militar.

Cruz sostuvo ayer el testimonio más emocionante. Recordó que tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 el Instituto Provincial del Seguro, donde trabajaba y trabajaba también el joven Enrique Mosca Alsina, desparecido en agosto de 1976, “teníamos vigilancia policial y del Ejército. (…) Vigilaban a todos los empleados. Se comentaba que hacían informes de cada uno”. Estos vigilantes estaban uniformados y armados y también de civil, confundiéndose con los empleados, sin identificarse y sin siquiera saber de qué fuerza eran, narró la testigo.

Dijo que en este marco sufrió incidentes que la llevaron a convencerse de que tenía que exiliarse, dado que era militante peronista y del Sindicato del Seguro: la misma madrugada del golpe refugió en su departamento al secretario general, el “Flaco” Sily. Días después uno de los policías que vigilaban en su trabajo, “haciéndose el galán patotero”, le preguntó su dirección y como se negó a dársela, la amenazó: “O me la da o la saco de su legajo”. Temerosa, Cruz le dio la dirección pero, dado que vivía sola con su hijo, le pidió a su hermano que la acompañara. Esa misma noche recibió la “visita” del policía, de civil, que se sorprendió al ver a un hombre, anunció que iba a hacer un allanamiento, entró y revisó sus libros y terminó por irse. “Yo calculo que su interés no era hacer un allanamiento, sino abusar de mi persona, por la actitud que había tenido antes”, sostuvo Cruz.

Otro día tres policías allanaron la librería Rayuela, de la que era propietaria entonces junto con Mario Benedetti y otro socio. Dijeron que tenían libros subversivos y llevaron detenido a Benedetti en averiguación de antecedentes. Otro día, en julio quizá, alrededor de las 5 de la mañana, en su departamento del barrio Casino, fue testigo del secuestro del vecino de al lado, luego supo que era Tufiño (dos hermanos Tufiño están desparecidos). Cruz relató este momento con voz quebrada, dijo que era tanto su temor que no podía siquiera moverse, porque había pensado que iban por ella. “No era capaz de reaccionar en el momento que vi la escena que vi”.

La testigo fue mezclando el relato de su propia experiencia con la desaparición de Mosca Alsina, al que recordó como “muy joven”, “tranquilo, vivaz”, y el recuerdo del padre del joven, que le “impresionaba”, porque “iba muy compungido. Yo lo recuerdo así, de ir con la cara muy dolorida, o acongojado, a preguntar si sabíamos algo” de Enrique.

Martínez, que el 25 de septiembre de 1976 tenía 20 años y vivía en la casa en cuyo pasillo fue asesinado de unos 30 balazos Martín Miguel Cobos (hermano de Cristina) cuando intentaba escapar de un grupo de tareas que había irrumpido su casa en busca de su hermano mayor, Enrique Cobos, contó que en el lugar del hecho quedaron huellas dactilares y otros rastros de los atacantes, pero la Policía no fue a tomar muestras, a pesar de que llamaron a la Comisaría V. “Todavía estamos esperando”, dijo.

 

Testigos de la defensa  

Raúl Gareca fue soldado en 1976, el mismo año en que Víctor Brizzi fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio. El testigo dijo que no lo conoció ni supo nada de él. Dijo que el trato que recibían de sus superiores era “bien” y que tuvo como instructor al entonces subteniente Marcelo Gatto. Contó que luego de la instrucción fue enviado a Tucumán, donde también vio a Gatto y a Fernando Chaín, que también está siendo juzgado en relación a la desaparición de Brizzi.

Ante preguntas del fiscal Ricardo Toranzos, Gareca dijo que fue policía entre 1978 y 2004 o 2006, y que fue contactado para declarar por el propio Gatto, a quien volvió a ver “una vez” en la finca en la que trabaja, en Embarcación, donde también trabaja el acusado.

Juan Alba, que hizo el servicio militar un año antes, también contó que fue contactado por Gatto. Dijo que lo llamó hace unos tres años, pidiéndole que declarara en la causa, y que hace dos meses lo volvió a llamar, ya desde Rosario de Lerma, donde reside el testigo, y lo invitó a encontrarse. “Decí nada más que la verdad”, contó que le dijo. En ese tren, Alba recordó con claridad al cabo Mazza, cuya existencia venía siendo negada hasta ahora por el propio Ejército. “Sí, me acuerdo del cabo Mazza. Era un cabo de mucha antigüedad que no sé por qué motivo no podía ascender” y que “por supuesto” cumplía funciones con los soldados nuevos porque estaba en la instrucción, recordó. Mazza fue mencionado por la esposa de Brizzi, Cristina Cobos, quien asegura que este suboficial le confirmó que su marido había quedado incorporado al Ejército, en febrero de 1976. Brizzi despareció en marzo de 1976.

 

 Ciego y sordo 

La jornada se inició con el testimonio de Carlos Ernesto Escobar Saravia, que fue capellán del Ejército. Se lo había convocado para que informara si el Ejército tenía una propiedad en El Gallinato, el paraje que era usado por los represores para someter a explosiones a sus víctimas. El sacerdote confirmó que él tenía “una finquita” en ese lugar pero dijo no saber nada acerca del Ejército.

El segundo testigo, vía videoconferencia, el filósofo Mario Carlos Casalla, impacientó al presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla: “Responda por sí o por no, absténgase de hacer comentarios”, le recriminó sobre el final del testimonio en un intento por frenar la locuacidad del testigo, que se cruzó con el fiscal Ricardo Toranzos y con el querellante David Leiva, en este último caso porque le dijo que notaba “cierto tufillo” en sus preguntas.

Casalla fue convocado porque como secretario académico de la intervención civil que tuvo la Universidad Nacional de Salta entre diciembre de 1974 y el golpe de Estado de 1976 (cuando fue intervenida por militares), el 15 de marzo de 1976 firmó junto al interventor civil Francisco Villada la resolución por la cual se le otorga una licencia a Víctor Brizzi (que era auxiliar docente) para que cumpliera el servicio militar. La licencia comprendía entre el 9 de febrero y el 31 de julio, pero para cuando fue firmada, Brizzi ya había sido incorporado al Ejército y había sido desaparecido, esa es la “peculiaridad” que tiene la resolución, como lo hizo notar el fiscal.

 

 Centros clandestinos de detención 

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta hizo lugar un pedido del querellante David Leiva y requerirá al Ejército que envíe planos de terrenos y de construcciones que tenía en 1975 y 1976 en esta ciudad.

El requerimiento se hace en procura de determinar la existencia de centros clandestinos de detención dentro del Regimiento, como lo indican los testimonios de ex presos políticos, como Enrique Cobos, Gabriela López y Néstor Finetti, que aseguran haber estado alojados en dependencias del Ejército donde, en algunos casos, fueron sometidos a torturas.

 

 

Día de los Derechos Humanos: Acto en El Huaico: las calles llevarán nombres de detenidos desaparecidos

Hoy, a partir de las 10, se realizará el acto de imposición de nombres de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico militar a avenidas, calles, pasajes y plazas del barrio El Huaico, en el norte de la ciudad de Salta. También se impondrán nombres de sustantivos que tienen que ver con la recuperación de la democracia y la investigación de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los golpistas.

La imposición de estos nombres fue aprobada por el Concejo Deliberante en agosto pasado, a instancias del edil Martín Ávila.

Las avenidas, calles, pasajes y espacios verdes llevarán nombres de detenidos asesinados en la conocida como Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976, y de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta que fueron también víctimas del terrorismo de Estado.

A partir de ahora la avenida que corre de oeste a este se llamará “Memoria, verdad y justicia”. La avenida que corre de Norte a Sur se llamará “Lucrecia Eugenia Barquet”.

Las calles llevarán los nombres de otros caídos en Palomitas: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolay, María Amaru Luque de Usinger, Roberto Oglietti, Pablo E. Outes Saravia, José Póvolo, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger, Benjamín Leonardo Ávila.

También habrá calles con nombres de docentes de la UNSa: Miguel Angel Arra, Víctor Mario Brizzi, Luis Alberto Calou, Ana María Caballero, Alberto Colqui, Francisco Esteban Corvalán.

En tanto que Georgina Droz y María del Carmen Alonso, caídas en Palomitas, serán recordadas en sendos pasajes de El Huaico, igual que Jorge Ernesto Turk Llapur (que estaba preso en Jujuy y aún no se sabe con certeza si fue asesinado en Palomitas). Otros pasajes recordarán a otros docentes y estudiantes de la Universidad pública salteña desaparecidos: Gabriela Muscariello, Carlos Estanislao Figueroa, Pedro José Tufiño, Néstor Alberto Oliva, Raúl Humberto Machaca, Carlos Guillermo Urrutia, Carlos García, Nils Luis Alfredo Cazón Soria y a Gregorio Tufiño. Otro pasaje llevará el nombre de Raúl Humberto Machaca.

Y los espacios verdes del barrio pasarán a llamarse “Plaza Gemma Fernández Arcieri de Gamboa”, “Plaza Nora Saravia de García”, “Plaza Hilda Yolanda Cardozo”, “Plaza Silvia Benjamina Aramayo” y “Plaza Silvia Ruth Sáez de Vuistas”. 

Señalizaron Villa Las Rosas y la delegación de la Policía Federal

El penal de Villa Las Rosas y la Delegación Salta de la Policía Federal fueron señalizados ayer por haber funcionado como centros clandestinos de detención y tortura. por la lluvia se realizo dentro de la penitenciaria el acto y luego con la presencia de Ministra de Derechos Humanos y las autoridades de la penitenciaria se procedió a inaugurar la placa.
En el acto central, frente a la Federal, los organismos de derechos humanos leyeron un documento en el que recordaron el compromiso de los desaparecidos y exigieron respeto por los derechos humanos. Señalaron como casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos en la provincia la no entrega de sus tierras a los pueblos originarios, los conflictos con el campesinado, el incendio en la Comisaría de Orán en 2008 y los apremios ilegales y vejámenes que se cometen en la provincia.

Megajuicio: otra jornada sin avances por falta de testigos

El megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad tuvo una nueva demora ayer, esta vez debido a que ninguno de los testigos citados compareció ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal.

En realidad fue uno, José Carrasco, pero no era el testigo requerido, resultó ser un homónimo del que se buscaba: un fotógrafo de la Policía de Salta que en febrero de 1975 tomó las fotografías del hallazgo de los restos explosionados del periodista Luciano Jaime, en el paraje El Encón Chico.

Otros testigos eran del norte provincial, y ayer no pudieron pasar porque había un corte de ruta en Embarcación. Y en el caso del testimonio del periodista Eduardo Tagliaferro había sido reprogramado para el 17 de este mes.

Testigo dijo que los mensajes de Perón entraban al país por Tartagal

 “Todos los casetes y comunicaciones que recibíamos de España del general Perón entraban por esa vía, por Tartagal y toda esa zona”, aseguró ayer la testigo Emma Renée Ahualli en la continuidad del megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta.

La testigo dijo que por esto ya desde los comienzos de la década del 70 la frontera norte de esta provincia era vigilada con especial ahínco por las fuerzas represivas. “(Los mensajes) entraban por el norte, porque había una facilidad por la frontera, por esta zona de Salta, y eso lo sabían muy bien los medios de información del Ejército y de la Policía, por eso fue tan terrible (la represión en el norte argentino)”, amplió ya fuera de la audiencia.

Otros testigos, como Francisco Osores, han contado de la existencia de ex integrantes de la resistencia peronista, como Juan Zoilo Melina y “El Loco” Peralta, que estaban en el área de Comunicaciones de Montoneros y se encargaban de ingresar desde Bolivia los mensajes de Perón y otros elementos que eran llevados a través de la selva hasta los combatientes que estaban en Tucumán.

Ahualli fue convocada por los querellantes para que hablara sobre Héctor Domingo Gamboa, comerciante salteño secuestrado, junto a su esposa Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, la madrugada del 25 de septiembre de 1976 de su casa en el barrio Santa Lucía de esta ciudad.

La testigo recordó que conoció a Gamboa en 1959 o 1960, cuando ambos estudiaban Abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán. “Éramos muy amigos, le decíamos Guilo, iba a mi casa y era como mi hermano mayor”, contó. Ahualli dejó la carrera en el 62 o 63, igual que Gamboa, pero siguieron frecuentándose y supo que integraba un grupo denominado Alfa, una organización que realizaba trabajo social y que trataba de alfabetizar con el método de Pablo Freire, “que decía que no se podía enseñar la lectoescritura si no conocían la palabra que las personas usaban”, por eso los miembros de este grupo hacían campamentos en los cerros y valles tucumanos, y en los ingenios. Ahualli recordó que muchos de los que integraban este grupo fueron desaparecidos.

Gamboa y Ahualli dejaron de verse por entonces. Se reencontraron en 1972: se llevaron una sorpresa en Santiago del Estero, cuando se descubrieron militantes de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) que luego se fusionó con Montoneros. Por entonces Gamboa vivía en Santiago, pero estaba encargado de la organización en Salta: “En el 72 y antes quizás, hacía sus pasadas por Tucumán hacia Salta. (…) Me acuerdo que viajaba en una camioneta Peugeot blanca”, recordó Ahualli.

Los amigos iban a verse recién en 1976, en una reunión nacional de cuadros de Montoneros. “Guilo vivía en Santiago pero ya estaba marcado y se tenía que ir”, recordó Ahualli. Para entonces Gamboa ya estaba asentado en Salta, donde tenía una zapatería donde también trabajaba Daniel Loto Zurita, secuestrado el mismo 25 de septiembre de 1976.

Ahualli, que estuvo fue responsable de una célula en San Rafael, Mendoza, y tuvo como jefe al escritor y periodista Paco Urondo, dijo no tener dudas acerca de que la desaparición de Gamboa y de Fernández Arcieri estuvo vinculada a su militancia.

Ayer declararon otros tres testigos. El cirujano José Nallar, que atendió al estudiante secundario Martín Miguel Cobos luego de que fuera baleado por un grupo de tareas que ingresó a su casa la madrugada del 26 de septiembre de 1976, no pudo recordar nada de interés. Igual que Clotilde  García, que en 1976 era empleada de la Universidad Nacional de Salta pero ni siquiera recordó que fue intervenida.

En cambio, Margarita Condorí, que era empleada doméstica de la familia Cobos cuando fue asesinado Martín, recordó que los hombres entraron a la casa por los fondos y por adelante, que estaban con pelucas y medias en la cara, que portaban armas largas y tenían uniformes camuflados azules, “como los que usan la Policía y el Ejército”.

El juicio seguirá hoy.

 

 

 

Por la fuerza

 

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta dispuso que el coronel retirado Alejandro José Rubio será traído por la fuerza pública para que preste declaración testimonial en este proceso.

La decisión se tomó luego de que se informara que fue citado hace dos semanas y aún no se presentó a declarar. Rubio es un testigo ofrecido por la querella de la esposa del soldado Víctor Brizzi, desaparecido cuando cumplía el servicio militar. Por eso hecho está acusado el militar Joaquín Cornejo Alemán. 

El presidente del TOF lamentó las demoras en el megajuicio

El presidente del Tribunal Oral que lleva a cabo el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Salta lamentó las demoras en este proceso, que se inició en mayo pasado y concluiría recién en marzo de 2013, según estimaciones judiciales. La audiencia seguirá hoy, a partir de las 9, con los testimonios previstos para ayer.

“Lamentamos profundamente que hoy sea un día que podamos aprovecharlo poco”, fue la frase elegida por el juez Carlos Jiménez Montilla para comenzar la jornada de la víspera, para la que se habían previsto diez testimonios pero no pudo realizarse debido a mal estado de salud del represor Carlos Alberto Mulhall, quien se encuentra internado en el Hospital Central Militar, en Buenos Aires.

La breve audiencia de ayer se hizo pasadas las 11, solo para informar que hasta esa hora los jueces habían estado esperando que el médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado para determinar si Mulhall podía ser trasladado al hospital del penal de Ezeiza les diera su informe. A las 11, sin que el informe se hubiera entregado, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, para cuando se pretende escuchar los testimonios pospuestos y los previstos inicialmente para hoy. “Vamos a tratar de escuchar la mayor cantidad de testimonios posibles”, prometió Jiménez Montilla al finalizar la audiencia. Es que los problemas de salud de los imputados vienen ralentizando aún más este proceso, que se viene desarrollando desde mayo pasado a razón de dos días por semana.

Jiménez Montilla dijo que en principio, aunque todo depende del informe médico sobre el estado de la salud del acusado, Mulhall seguiría la audiencia vía videoconferencia desde el hospital del penal de Ezeiza, una práctica que también se está llevando a cabo con acusados por delitos de lesa humanidad en Tucumán.

Esta decisión generó un entredicho entre el defensor oficial ad hoc Federico Petrina y el presidente del Tribunal. El defensor pidió que si se decidía el traslado de Mulhall a Ezeiza se informara a las autoridades del penal que el represor tiene prisión domiciliaria, “porque la vez pasada lo pusieron en una celda”, aseguró antes de relatar que Mulhall tenía que llamar a los gritos a los guardiacárceles cada vez que necesitaba algo. Jiménez Montilla trataba de explicar que eso no era posible y como Petrina insistía, cerró la discusión de manera tajante: “En el hospital de Ezeiza no hay celdas”, y luego explicó que el hospital tiene los condicionamientos lógicos de un establecimiento de salud ubicado dentro de una cárcel. 

Confirman que Ovalle trató de hablar con un testigo antes de que declarara

El abogado Gerardo Battistón dijo ayer que el testigo José Luis Salazar le dijo que había recibido una llamada de “un tal Avalle u Ovalle” pidiéndole reunirse con él antes de que declarara en el megajuicio por violaciones a derechos humanos que se lleva a cabo en esta ciudad.

Battistón declaró desde Córdoba vía videoconferencia, por pedido del fiscal Ricardo Toranzos, quien el pasado 6 de de este mes planteó al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta la revocatoria de la excarcelación del acusado Juan Manuel Ovalle, quien está siendo juzgado en este proceso por su presunta participación en el secuestro y desaparición de la docente universitaria Silvia Aramayo.

Battistón, que como integrante del Programa Verdad y Justicia se encarga de citar a testigos residentes en Córdoba que son requeridos por el TOF Salta, contó que el sábado 3 de noviembre fue a Río Cuarto a notificar a Salazar que debía venir a declarar el 6. Contó que el testigo lo recibió hablando por teléfono y por sus respuestas entendió que la persona con la que conversaba le preguntaba cuándo iría a Salta. Battistón recordó una de las respuestas: “No te hagás problemas, yo si tengo que viajar, te voy a avisar o te paso a ver”. Cuanto cortó Salazar le dijo que “la charla era con un tal Avalle u Ovalle”, quien le preguntaba, precisamente, si iba a venir a declarar en este proceso.

Battistón dijo que Salazar no se mostró asustado pero sí preocupado, porque “saben todo”. Añadió que, “por las dudas”, habló con el jefe del Programa Verdad y Justicia y se comunicó con la abogada Verónica Huber, que junto a su colega Pedro García Castiella, integran el Programa en Salta. Fue así que la novedad del llamado llegó a conocimiento del fiscal.

Salazar declaró efectivamente el 6 de noviembre. Y contó sobre la llamada de Ovalle, que lo sorprendió porque no tenían contacto desde hacía 30 años. El testigo afirmó que el acusado le pidió que se reuniera con él antes de declarar.

Para el fiscal, hay un entorpecimiento de la acción judicial, por lo que pidió se le revoque la excarcelación a Ovalle. Dado que Salazar dijo haber recibido la llamada a su teléfono celular, el fiscal pidió ese día que se revisara este teléfono para confirmar la existencia de la llamada. Ayer el querellante David Leiva quiso saber si se había realizado esta diligencia: “(Para cuando se hizo el pedido) el testigo ya se había retirado por lo que fue imposible”, fue la sorprendente respuesta. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, aseguró que la medida se llevará a cabo en estos días.

Varios testigos han señalado a Ovalle como agente de inteligencia en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y en otros ámbitos. Ayer la periodista y ex diputada nacional Silvia Troyano recordó que sabían que era hermano del comisario Abel Vicente Murúa (acusado por crímenes de lesa humanidad, ya fallecido) y que por eso se cuidaban al hablar delante de él.

 

 Sin identificar

 

“En esa época a ese personal (de la D2 de la Policía) no se lo identificaba mucho”. La frase fue vertida ayer por el policía retirado Ángel Orquera, quien en septiembre de 1976 integraba la Brigada de Explosivos de la División Bomberos de la Policía de Salta y como tal fue convocado a revisar la casa del barrio Santa Lucía de donde fueron secuestrados Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y su esposo, Héctor Gamboa.

Orquera hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta del abogado David Leiva, que intentaba obtener información sobre los policías presentes en la casa de los Gamboa. El testigo dijo que cuando llegó, no supo precisar si a la 1, las 2 o las 3 de la madrugada del 25 de septiembre de 1976, la casa “abierta, iluminada y en completo desorden” y que afuera había policías uniformados y de civil.

 

Acusan por falso testimonio al abogado Raimundo Sosa

El fiscal federal Ricardo Toranzos acusó ayer al abogado Alberto Raimundo Sosa de haber dado un testimonio falso en su declaración en la megacausa por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en esta ciudad. Y se reservó la posibilidad de hacer lo mismo con el filósofo Mario Carlos Casalla, quien declaró ayer sobre su paso por la Universidad Nacional de Salta (UNSa).  

El pedido contra Sosa es porque aseguró que el 24 de marzo de 1976 ayudó a escapar al ex ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Ragone, Enrique Pfister, y que por esto fue dado de baja de la Policía provincial, pero lo contradicen el abogado Juan Carlos Antonio Issa, que declaró ayer, y el propio Pfister, quien declaró en la primera parte de la causa por el secuestro y desaparición de Ragone y afirmó que para el 11 de marzo de 1976 ya estaba en Buenos Aires.

“Eso es totalmente falso. Pongo las manos, si quiere en el fuego, eso es totalmente falso.

Causa Ragone II: procesan a tres comisarios e indagan a otros dos

El juez federal  Julio Leonardo Bavio procesó a otros tres comisarios por distintos delitos cometidos en el marco del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976 en esta ciudad. Además, el magistrado citó a prestar declaración indagatoria a otros dos comisarios, que deben presentarse entre hoy y el lunes próximo.

Los procesados son Antonio Saravia, que en 1976 era jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP, inteligencia) la Policía de Salta, hoy jubilado; el comisario general retirado Néstor Liendro, subjefe de la Comisaría 1º de Salta, y el comisario mayor retirado Abel Guaymás, que era inspector de zona y tenía injerencia sobre la Comisaría 1º de Salta, la que intervino ni bien se cometió el secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976. En esa circunstancia los secuestradores asesinaron al almacenero Santiago Arredes e intentaron lo propio con Margarita Martínez de Leal, que presenció el secuestro desde la oficina de la empresa Betella.

Los citados a indagatoria son el comisario Santiago Pedroza, que en 1976 era jefe de la Comisaría 1º, convocado para hoy, y que será buscado por la fuerza si no asiste por sus propios medios, y el comisario general retirado Roberto Arredes (hermano de Santiago), citado para el próximo lunes.

De los tres procesados, Saravia enfrenta una acusación más grave y, de hecho, anteanoche mismo fue detenido, y alojado en la cárcel federal de Güemes. El juez lo procesó por homicidio doblemente agravado, por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas, en perjuicio del ex gobernador; por homicidio doblemente agravado por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr su impunidad, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes, y por similar delito en grado de tentativa, en perjuicio de Martínez de Leal.

El secuestro de Ragone se cometió en la jurisdicción de la Comisaría 1º, pero ni bien iniciado el sumario policial fue derivado a la DIP (que habitualmente no tramitaba sumarios), por orden del entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil. Para el juez, este direccionamiento se habría realizado para “tener el control de la situación”. Liendro intervino inicialmente, como subjefe de la 1º, y Guaymás, como jefe de zona con injerencia sobre esta Comisaría. Para el magistrado, ambos “colaboraron (…) para que el hecho y sus responsables permanecieran en la impunidad”.

En el procesamiento Bavio enumeró una larga lista de irregularidades cometidas en el sumario policial, “falencias que en modo alguno pueden ser entendidas como torpeza, impericia y/o negligencia (…), sino todo lo contrario”.  

Guil fue condenado en octubre de 2011 por estos mismos hechos. “Se advierte con claridad que Guil y el imputado Antonio Saravia participaron de consuno en pos de evitar la aprehensión de los responsables. De las actuaciones prevencionales salta a la vista la manera coordinada y en conjunto en la que actuaron”, afirmó el juez.  

El jefe de la Policía en marzo de 1976, el ex militar Miguel Gentil, también condenado el año pasado. El subjefe era Virtom Mendíaz, sobre el que pesa un pedido de investigación. En la línea de mando seguían los comisarios Saravia, Arredes y Abel Murúa (fallecido) y, más abajo, Liendro, Guaymás y Pedroza. Con estas acusaciones se estaría cubriendo a gran parte de la plana mayor de la Policía salteña que actuó concertadamente en el secuestro de Ragone. También sigue la investigación en relación a la totalidad de la plana mayor del Ejército.

Por el cargo que ocupaba en la estructura de la plana mayor de la Policía de Salta, Arredes, que por entonces era jefe de la Dirección de Personal, está acusado por los mismos delitos que Saravia. 

Policía dio datos sobre otro posible centro clandestino de detención

Hay sospechas de que en el paraje El Gallinato, en el departamento La Caldera, a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial, existió un centro clandestino de detención. De a poco se van reuniendo datos que dan fuerza a esta presunción: en el megajuicio que se lleva a cabo en Salta ayer el policía retirado Juan Carlos Gutiérrez recordó que en ese lugar encontraron en octubre de 1976 los restos de un hombre y una mujer. Hay casi certeza de que eran de Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa y de su marido, Héctor Domingo Gamboa, que habían sido secuestrados, por un grupo de tareas en el que había policías, en la madrugada del 25 de septiembre de 1976.

Se sabe que El Gallinato era usado para someter a explosiones a presos políticos. ¿A quién pertenecían/pertenecen estas tierras? Fue la pregunta que inquietó a la abogada querellante Susana Aramayo. Tomando como referencia el lugar donde se encontraron los restos, Gutiérrez dijo que a medio kilómetro había una casa habitada “por alemanes” y que unos 3 kilómetros había otra casa “donde vivía un sacerdote, Saravia”. Se refería a Carlos Escobar Saravia, capellán del Ejército, y que está sospechado de haber tenido participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Indagarán sobre una fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz

En 1977 los agentes del terrorismo de Estado en Salta depositaron restos óseos de personas que presumiblemente habían sido explosionadas en el paraje El Gallinato en una fosa común en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz. El dato era conocido porque en ese lugar se encontró el maxilar de la antropóloga Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, desaparecida desde el 24 de septiembre de 1976, cuando fue secuestrada junto a su marido, Héctor Gamboa, pero ahora se agregó una novedad: fueron los propios policías los que señalaron el lugar exacto de la fosa donde buscar los restos del matrimonio.

La existencia de esta fosa fue confirmada ayer por un testigo directo, el odontólogo Manuel José Costello, quien en 1977 recibió el pedido de los familiares de Gemma y Héctor para que tratara de reconocer los restos de la mujer.

Otro testigo dijo que los cesanteados de la UNSa luego eran desaparecidos

El sociólogo Alberto Noé acusó ayer al filósofo Mario Casalla de confeccionar y entregar “las listas de (profesores de la Universidad Nacional de Salta -UNSa) cesanteados que después se convertían en desaparecidos”. Contó sobre el proyecto, iniciado con la gestión del rector Holver Martínez Borelli, para posibilitar que sectores más pobres accedieran a la universidad; dijo que este proyecto fue infiltrado por servicios de inteligencia y acusó al civil Juan Manuel Ovalle de haber “entregado” a la docente Silvia Aramayo.

Noé fue convocado para referirse a Aramayo, desaparecida desde que fuera secuestrada de su casa de esta ciudad, la madrugada del 24 de septiembre de 1976. Concluyó pidiendo custodia y se retiró acompañado por miembros de la Policía Federal.

Noé recordó que durante la gestión del primer rector de la UNSa, se puso en práctica el programa AM25, destinado a mayores de 25 años que no habían completado los estudios secundarios. Aramayo era su ayudante. “Con ese programa los pobres llegaban a la Universidad, porque hasta entonces era privativo de otras clases”. Ese plan tenía 3 mil inscriptos pero comenzaron con 500 alumnos, entre los que se contaba Ovalle, juzgado ahora por la desaparición de Aramayo.

Jornada de la Megacausa, se aportan más datos sobre un centro clandestino de detención

Testigo contó que fue torturado en una instalación militar cerca de Salta

El testigo Enrique Cobos contó ayer que estuvo detenido entre 15 y 20 días en  un centro clandestino de detención (CCD) ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Salta. El 24 de marzo de 1976 fue sacado de la casa de sus padres, con los ojos vendados, y llevado hasta estas instalaciones, donde fue obligado a permanecer tirado en el piso de cemento, boca abajo, con las piernas y brazos abiertos, y siendo interrogado y golpeado constantemente. Compartía este cautiverio con otros secuestrados.

Este fue el hecho más conmovedor de la jornada de la víspera en la que hubo fuertes cruces entre los querellantes y los defensores, en los que también intervino el fiscal Ricardo Toranzos. Cuatro testigos declararon en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta contra ex militares, ex policías, y un civil.

PIDEN QUE SE INVESTIGUE A LONA EN LA CAUSA RAGONE

Un juez bajo sospecha

Por Alejandra Dandan 

En el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador de Salta, la fiscalía reclamó que se investigue al ex juez como partícipe de ese delito. Lona fue varias veces denunciado.

El ex juez Ricardo Lona siempre ha gozado de la protección de la corporación judicial.

Perpetua a Arias y Zírpolo por la desaparición de Melitón Bustos

Finalmente, casi once meses después de ordenada la medida, el Tribunal Oral en lo Federal de Salta condenó, anteayer, a prisión perpetua a los ex militares Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, cometido el 2 de febrero de 1978 en Tartagal. 

El Tribunal salteño tuvo que dictar una nueva sentencia por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, que el 24 de noviembre de 2011 calificó estos hechos como “privación ilegal de la libertad en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y bajó el expediente al TOF salteño para que dicte un nuevo fallo. Con esta calificación solo cabía la condena a perpetua, que el Tribunal integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Jorge Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas (en el juicio actuó como cuarto juez, y ahora sustituyó a Roberto Frías, ya fallecido y quien presidía aquel Tribunal), dictó recién anteayer.

El juicio por la desaparición de Bustos fue el primero por lesa humanidad realizado en Salta. Comenzó en 2009 y la sentencia se dictó el 10 de abril de 2010. El Tribunal entendió que se trataba de un homicidio simple y les aplicó penas de 20 años a ambos acusados.

La sentencia fue apelada tanto por la querella, a cargo de los abogados David Leiva y Tania Kiriaco en representación del hijo del escribano, Raúl Federico Bustos; como el fiscal federal Eduardo Villalba y las defensas, a cargo del defensor oficial Federico Petrina y el abogado particular Pablo Tobío.

En noviembre pasado la Casación rechazó las apelaciones de las defensas e hizo lugar a las de los querellantes y la Fiscalía, calificó con una figura agravada los delitos cometidos por Arias y Zírpolo y remitió el expediente al Tribunal salteño, ordenándole que dicte una sentencia acorde.

La situación de hecho de los convictos no cambiará sustancialmente, informó ayer la abogada Tania Kiriaco. Arias seguirá cumpliendo prisión efectiva, y Zírpolo continuará en prisión domiciliaria en Tucumán.

Bustos residía en Tartagal. Además de ejercer la escribanía tenía una vida política activa. Durante el gobierno de facto del capitán Roberto Augusto Ulloa tramitó la titularidad del registro notarial donde trabajaba. Pero le fue negada, en un trámite en que participó también el dirigente renovador Jorge Folloni, fundándose en un informe de inteligencia que no lo consideraba de confianza para este cargo.

Durante 1977 Bustos recibió amenazas de muerte, lo que lo llevó a entrevistarse con el jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú, y finalmente tuvo que exilarse, aunque luego regresó y fue secuestrado. 

“Casalla estaba ligado a la derecha y cesanteaba a compañeros”

Dos testigos que declararon ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta dieron cuenta de las tareas de vigilancia y persecución que se realizaban en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la década del 70. Ambas sostuvieron que el profesor de filosofía Mario Casalla encabezó una persecución a militantes de partidos de izquierda, que fueron cesanteados y, en muchos casos, desaparecidos. Casalla no está siendo juzgado en este proceso, pero tiene un pedido de investigación por su presunta colaboración con el terrorismo de Estado.

 “Casalla estaba ligado a los sectores de derecha. Y cuando él estaba en la Universidad, dejaba cesante a muchos compañeros”, sostuvo Nora Leonard al referirse a la persecución que sufrió la docente Silvia Aramayo, cesanteada el 3 de mayo de 1975 y secuestrada y desaparecida el 24 de septiembre de 1976.

“(Casalla) tenía mucho poder y era el que organizaba todo ese sector de la derecha peronista (en la UNSa)”, ratificó Leonard. La testigo María Isabel Duarte, que militaba en la JP y conoció a Aramayo, añadió que Casalla “digitaba” la persecución y “a raíz de eso existen las cesantías de los compañeros”. “Esa fue su misión (señalar a los militantes)”, aseguró.

En septiembre del 76 hubo una cacería de militantes

Los cinco testigos que declararon el lunes 15 de octubre, ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta aportaron elementos para armar el rompecabezas de los actos de terrorismo de Estado cometidos entre el 24 y 25 de septiembre de 1976: quedó claro que los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una cacería de militantes políticos en la ciudad de Salta. En esas fechas fueron secuestradas las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Ana María Fernández Arcieri  de Gamboa; su marido Héctor Gamboa, además de Daniel Loto Zurita (que trabajaba en la zapatería de Gamboa y compartía la militancia en Montoneros) y el estudiante universitario Carlos Figueroa Rojas. Y fue asesinado el estudiante secundario Martín Miguel Cobos, cuñado del soldado Víctor Brizzi, quien había desaparecido del Ejército el 8 de marzo de 1976.

Además de la proximidad de las fechas, estos casos comparten la falta de investigación policial, y el desinterés del entonces juez federal Ricardo Lona para aceptar los recursos que los familiares elevaban en procura de dar con los desaparecidos.

Acusan al Ex Juez Federal Lona, como partícipe de la desaparición de Ragone

Tres fiscales federales, Jorge Auat y Horacio Azzolín, de la Procuración General de la Nación, y Javier De Luca,fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, requirieron que el ex juez federal Ricardo Lona sea indagado nuevamente como partícipe del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.

En lo que puede entenderse como un gesto simbólico, para demostrar que a pesar de los numerosos apartamientos (por excusaciones y recusaciones) de jueces y fiscales, sí hay funcionarios dispuestos a instar la investigación de la participación del ex juez federal en delitos de lesa humanidad, los fiscales requirieron al juez federal Nº 2, Miguel Medina, que vuelva a indagar a Lona, ya no por una mera omisión de investigar o encubrimiento, sino por su participación en los hechos. En el extenso requerimiento se reseña abundante prueba, mucha de ella colectada en el debate realizado el año pasado, en el que fueron juzgados, y condenados, otros partícipes de este hecho, cometido el 11 de marzo de 1976.

“Ricardo Lona, principal responsable de la investigación del caso, realizó determinadas conductas (patentizadas en el irregular trámite de la causa) que no pueden limitarse a una mera infracción de deber (como hasta ahora ha venido imputado)  sino a una participación directa en el hecho principal”, se afirma en la presentación, realizada anteayer.

Repudio ante el asesinato del campesino indígena Miguel Galván.

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro repudio y denunciamos que el crimen de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC) M.N.C.I, ocurrido ayer (miércoles 10 de octubre) por la tarde en el Paraje Simbol, ubicado en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Salta, refuerza la necesidad urgente de detener los desalojos y atropellos a comunidades campesinas indígenas,  por parte de empresarios del agronegocio.Asimismo, exigimos justicia y esclarecimiento de todas las responsabilidades por el brutal asesinato, y rechazamos decididamente las versiones que lo describen como un enfrentamiento entre vecinos.

Bienvenida

Un llamado a estar alerta

“Expresamos nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional”, señalaron en un documento. Recordaron otras situaciones similares que hubo en otros países de la región.

 Por Laura Vales Pagina 12

Los organismos de derechos humanos se reunieron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, donde dieron una conferencia de prensa en la que advirtieron que el reclamo salarial de los prefectos y gendarmes fue aprovechado por sectores que buscan desestabilizar al Gobierno creando un clima de alteración política. “El reclamo es legítimo y tuvo una respuesta de la Presidenta. Por eso pedimos a las Fuerzas Armadas y de seguridad que, dado que el conflicto inicial ha sido resuelto, regresen a sus lugares de trabajo y normalicen sus actividades”, planteó Estela de Carlotto. Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, llamó a “no estar distraídos”, porque hay antecedentes de situaciones de este estilo en los países de la región. “Está claro que ésta no es época de golpes militares, pero no debemos admitir nada que implique un menoscabo de la autoridad democráticamente electa.”

En un salón de la sede de Abuelas se apretaron integrantes de H.I.J.O.S, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas y el CELS, los cinco consensuaron un documento. Carlotto lo leyó para abrir la rueda. “Los organismos de derechos humanos e instituciones aquí presentes expresamos nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional”, señaló el comunicado. El texto recordó además “antecedentes recientes de intentos desestabilizadores en países vecinos como Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay que en algunos casos lograron su objetivo”.

“La Policía me lo ha matado”, acusó la viuda de Luciano Jaime

Elena Corvalan 

“Irma Rosa, viuda de Jaime”, se presentó la primera testigo de la jornada de la víspera en el megajuicio que por delitos de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta. Irma Rosa Chica rompió un silencio de más de 30 años para dar su testimonio ante el Tribunal en lo Federal. Acusó a los ex jefes policiales Joaquín Guil, Roberto Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa de ser algunos de los autores del homicidio de su marido, el periodista y militante peronista Luciano Jaime, cometido entre el 12 y el 14 de febrero de 1975.

Guil está siendo juzgado por el secuestro y asesinato de Jaime. Arredes, recién comienza a ser investigado. Murúa y Trovatto están fallecidos.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lona al banquillo de los acusados.

Menéndez, Luciano Benjamín otros si denuncia Las Palomitas Cabeza de Buey si homicidio,privación ilegítima de la libertad otros. Vistos los autos: "Menéndez, Luciano Benjamín otros si denuncia Las Palomitas Cabeza de Buey si homicidio, privación ilegitima de la libertad otros Los antecedentes del caso han sido debidamente resefrados por el sector Procurador General en los acápites 111 de su dictamen, los que se remite en honor la brevedad. 2°} Los recursos extraordinarios deducidos por el Ministerio Público Fiscal las querellas son admisibles pues sus planteos están directamente vinculados con la aplicación al caso de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad -tratado con rango constitucional conforme al articulo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y la ley 25.778- y la decisión recurrida ha sido contraria tal pretensión. 3°) La Cámara Federal -al tratar el recurso de apela­ción deducido por la defensa de Ricardo Lona contra el auto que dictó su prisión preventiva (ley 2372) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Justicia, Seguridad Derechos Humanos de la Nación, querellante en esta causa, contra el auto que dispuso el sobreseimiento por el delito de encubrimiento- afirmó que su decisión solo podía referirse al hecho por el cual había sido indagado el imputado, saber: haber omitido investigar, pese que ello lo obligaba su condición de juez federal, el homicidio de un grupo de personas ocurrido el de -1-julio de 1976 en el paraje denominado "Las Palomitas -Cabeza de Buey- de la provincia Salta.

Homicidio de Luciano Jaime.“Investigación policial ” A medida para asegurarse la impunidad.

Por Elena Corvalan 

Un simulacro de investigación montado para asegurar la impunidad de la propia fuerza policial. Esa es la impresión que quedó ayer (01-10-12) tras la audiencia en el megajuicio que por crímenes de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta. Tres testigos declararon, los tres hicieron aportes para comprender la trama de irregularidades que la Policía de Salta, a cargo entonces de los represores Miguel Gentil y Joaquín Guil, acometió para asegurarse que el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime quedara sin ser esclarecido y no se hiciera justicia.

La Comisión Mega Causa Salta, Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Oran, Asc. Lucrecia Barquet, Hijos Salta repudia los graves hechos que acontecieron a la familia del compañero Dr. Ferreira.

LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS-MAR DEL PLATA hace saber su más enérgico rechazo a los actos de violencia y amenazas de las que fueron objeto, recientemente, el Dr. Antenor Ferreira y su familia, en la ciudad de Santiago del Estero, a través de un robo simulado en su domicilio y estudio y de amenazas a su familia comunicándoles su presunto secuestro.

El Dr. Ferreira participa como abogado de la querella (APDH-Santiago del Estero) en la megacausa actualmente en trámite en dicha ciudad, y representa, conjuntamente con otros abogados del organismo, a la familia Aredes en Jujuy, en juicio que se sigue contra directivos de la empresa Ledesma, por su responsabilidad como participes de la dictadura cívico-militar.

A través de estos procesos, se pone de manifiesto, no solo la responsabilidad de personal militar, policial y penitenciario sino también de un grupo de civiles (jueces-políticos-empresarios, etc.) en la gestión y ejecución del terrorismo de estado.

La Corte revocó un sobreseimiento de Lona en la causa Palomitas

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del ex juez federal Ricardo Lona en la causa en la que se lo investiga en relación al fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976 cerca del paraje Palomitas, a unos 50 kilómetros de esta ciudad.

 “Corresponde revocar el sobreseimiento dictado con respecto al imputado Lona”, resolvió el máximo tribunal en una sentencia que se conoció anteayer. La Corte decidió enviar la causa al juez de primera instancia, Miguel Medina, del Juzgado Federal Nº 2 de Salta, “para que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe qué medida corresponde adoptar con respecto las imputaciones que fueron -al menos en principio- indebidamente excluidas” y determine “cómo deben conjugarse éstas con el reproche relativo a la omisión de investigar”.

Esta causa se inició con una acusación a Lona por omisión de investigar la Masacre de Palomitas, se lo acusó de haber incurrido en los delitos de encubrimiento y de violación de los deberes de funcionario público. El juez Medina le dictó la prisión preventiva por violación de los deberes de funcionario público pero lo sobreseyó por el encubrimiento.

Luego la Cámara de Apelaciones declaró extinguida la acción penal por prescripción (debido al tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos) y lo sobreseyó.

Para esta decisión, la Cámara hizo un razonamiento un tanto difícil de seguir: sostuvo que la acusación contra Lona era solo por omisión de investigar el fusilamiento en su calidad de juez, que no entraba en consideración si había tenido otro grado de participación en estos hechos (como la sospecha de que fue parte del montaje perpetrado para matar impunemente a los presos políticos), y por lo tanto se trataba de un simple ilícito, no de un delito de lesa humanidad, que es imprescriptible.

Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada entonces por el actual concejal Martín Avila, y de Elia Fernández, representada por el abogado Daniel Tort, y el fiscal general José Pérez presentaron recursos extraordinarios contra esta resolución por considerarla arbitraria. Así la causa llegó a la Corte Suprema.

En junio de 2009 el entonces Procurador General Esteban Righi acompañó los recursos. Rescató las expresiones del fiscal Pérez para resaltar que la Cámara salteña había “prescindido” de la forma procesal al “sobreseer definitivamente al imputado con relación al hecho histórico investigado, cuando aún se hallaba pendiente de discusión en el sumario la hipótesis de una eventual complicidad –y no un mero encubrimiento-” de Lona en la Masacre de Palomitas. “En tales condiciones, no cabe sino  concluir que la sentencia resulta arbitraria”, sostuvo.

Con la firma de los jueces Carmen Argibay, Luis Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema acogió las razones del Procurador y revocó el sobreseimiento de Lona. Resta ver qué hará la Justicia Federal de Salta con las acusaciones que pesan contra el ex juez.

 

Otra suspensión en la causa por la UNSa  o Masacre del 24 y 25 de Setiembre

 

El represor Carlos Alberto Mulhall se encuentra en delicado estado de salud. Esa es la razón por la que el lunes próximo el megajuicio por crímenes de lesa humanidad no seguiría con el tratamiento de los secuestros y desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Según informaron fuentes vinculadas al proceso, el Tribunal Oral en lo Federal de Salta recibió un informe médico que indica que el ex militar sufrió una caída el miércoles último, lo que le provocó una recaída en su salud, que –de acuerdo con los partes médicos- ya venía resentida desde el año pasado, cuando el represor fue sometido al juicio oral por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y el intento de asesinato de Margarita Martínez de Leal.

El informe médico señala que Mulhall no está en condiciones de ser trasladado a la Cámara de Casación Penal, desde donde seguía por videoconferencia las alternativas del debate que se desarrolla en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial salteña. Tampoco estaría en condiciones de seguir las audiencias por teleconferencia desde el hospital donde se encuentra internado.

Las fuentes indicaron que de todos modos la audiencia del lunes próximo se llevará a cabo, aunque se convocará a los testigos que están pendientes en la causa por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime, una de las pocas en la que Mulhall no está imputado.

Por su parte la Comisión de apoyo a la mega causa y los familiares quienes asumieron la querella de esta causa solicitan al tribunal revisar la decisión de no tener audiencias los días martes posteriores a los feriados, a fin de que las audiencias sean semanales y  posibiliten con una mejor planificación  su culminación en este año, ya que en lo que va de setiembre solo hubo cuatro  audiencias.  

 

 

Masacre del 24 y 25 de Setiembre.

Adhieren: Radio Nacional Salta, JP Desacamisados, Secretaría de Género y Derechos Humanos en el Frente Grande, Movimiento Nacional Campesino Indiguena.

Comienza a funcionar el Archivo Provincial de la Memoria en Salta

Finalmente, a más de cuatro años de su creación formal, el Archivo Provincial de la Memoria comenzará a funcionar hoy, cuando la flamante coordinadora general del Archivo, Cristina Cobos, visite su nuevo lugar de trabajo, en la sede de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos de la provincia.

La novedad se conoció ayer, cuando se difundió el decreto 2870, del 18 de septiembre, por el cual el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, designan a Cobos coordinadora general del Archivo Provincial de la Memoria.

El Archivo fue creado formalmente en abril de 2008, mediante el decreto 174, entonces dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En mayo pasado, mediante el decreto 1842, el Poder Ejecutivo lo pasó a la órbita del Ministerio de Gobierno. El Archivo Provincial de la Memoria es un organismo descentralizado cuyo objetivo es “contribuir a mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en la historia de nuestra provincia”, según consigna el artículo 3º del decreto 1741.

Con ese objetivo el Archivo reunirá y organizará la documentación que pasará a “conformar el fondo documental del Archivo”, explicó su coordinadora.

Indicó que el Archivo aportará “documentación que va a servir para prueba en los juicios de lesa humanidad que se están sustanciando en la provincia. Se va a recabar información de todos los organismo”, señaló antes de resaltar que el Archivo tiene facultades para ingresar “a todos los organismos donde se puede recoger información, el Servicio Penitenciario, la Policía, los hospitales públicos, los archivos del Poder Ejecutivo, los archivos del Poder Judicial Federal, y del Poder Judicial provincial. Y todo esto va a servir para prueba”. El Archivo también recibirá testimonios. Todo la documentación estará a disposición de quien la desee consultar.

Cobos destacó que la puesta en funcionamiento de este Archivo ayudará a “mantener la memoria, es contribuir a mantener la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en las dictaduras militares que hubo en la provincia”.

Dado que hasta el momento no existía un lugar donde se reuniera la información referida al terrorismo de Estado en Salta, para Cobos, que además de ser archivista sufrió la pérdida de su esposo (Víctor Brizzi) y de su hermano (Martín Miguel Cobos) en manos de la represión, “institucionalmente es muy importante” que se haya creado este Archivo: “Hay personas que tienen documentación pero son todos archivos personales, desde el Estado no se institucionalizó nada. Esto es muy importante para que la gente que tiene documentos lo pueda entregar a la provincia que van a quedar guardados ahí para la historia”, explicó.

Por el momento el único personal del Archivo lo constituye su coordinadora general pero se sabe que se está evaluando afectar a otros trabajadores del Estado para que cumplan funciones en ese organismo. Uno que puede ser número puesto es Federico Vuistaz, cuya familia también sufrió el terrorismo de Estado y que es empleado de la provincia.