Ulloa dijo que en Salta “no hubo lucha contra la subversión”

Elena Corvalán

 

A pesar de que durante su gobernación de facto hubo cinco desapariciones en la provincia, el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa insistió ayer en su versión de que en Salta no hubo represión a la “subversión”. “Afortunadamente en Salta no hubo episodios de lucha contra la subversión, tal es así que yo nunca tuve custodia”, se jactó ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal que lo convocó para que declarara en relación al secuestro y desaparición del arquitecto Ramón Gerardo “Chicho” Gallardo, cometido el 5 de agosto de 1976.

Ulloa fue citado porque la esposa de Gallardo, Doly Mabel Perini de Gallardo, “Coca”, sostiene que en 1977, por recomendación del capellán de la Marina, Emilio Teodoro Graselli, lo entrevistó para pedirle que la ayudara a encontrar algún dato del destino de su marido. Ulloa dijo no recordar a “Coca”, ni la reunión, ni a Gallardo, ni a ninguna otra persona que haya sido secuestrada, desaparecida, detenida o torturada durante la dictadura cívico-militar. “El problema de los desaparecidos apareció públicamente después de terminado el gobierno militar”, se despachó Ulloa, quien también le concedió la calidad de “presidente” al dictador Jorge Rafael Videla.

Por la reunión con “Coca” también fueron consultados el ex diputado nacional Jorge Oscar Folloni, que fue secretario de Gobierno de Ulloa, y el ex secretario general de la Gobernación, Sergio Alvarado. Ninguno pudo recordarla, aunque Folloni sí recordó la reunión.

“No dudo que me haya entrevistado porque yo recibía a todo el mundo. Si la señora me hubiera entrevistado la hubiera derivado al ministro de Gobierno, que era Davids”, dijo Ulloa. Alvarado, de quien “Coca” sostiene que la saludó (porque se conocían desde antes) cuando estaba reunida con Ulloa, también descargó posibilidades sobre René Davids, ya fallecido.

Ulloa añadió que en Salta el gobierno y el Ejército tenían actividades “totalmente diferentes”. Y la Policía “era absolutamente independiente (del Ejército), con una salvedad: que el jefe de Policía era un oficial del Ejército en actividad”. Reconoció que “operativamente la Policía podía ser puesta a las órdenes del Ejército”, pero insistió en que eso “no ocurrió” durante su gestión porque “no hubo ningún episodio en que la Policía tuviera que intervenir en la lucha contra la subversión”. Luego, ante preguntas del querellante Matías Duarte, precisó: “En los años que yo estuve, de abril del 77 hasta 1982 (en realidad estuvo hasta el 22 de febrero de 1983) creo que no hubo problemas de lucha contra la subversión en Salta donde hubiera tenido que intervenir la Policía”.   

La abogada Tania Kiriaco le preguntó cómo explicaba entonces que durante su gestión hayan desaparecido Aldo Melitón Bustos (el 2 de febrero de 1978, en Tartagal), Pedro Bonifacio Vélez (27/05/1977, en Salta Capital), Juan José Elías Figueroa (21/10/1977, en Capital), Orlando Ronald Molina (10/021978, en Rosario de la Frontera) y Juan Carlos Parada (17/03/1978, en Salta Capital), pero el Tribunal le permitió no responder.

Folloni contradijo a su otrora superior: dijo que cuando “una señora” se reunió con él para contarle del secuestro de su esposo y de la sospecha de que hubieran intervenidos fuerzas de seguridad, le pidió datos a la Guarnición Ejército Salta porque “estaba claro en ese momento que ese tipo de acciones enmarcadas en lo que se denominaba la lucha contra la subversión estaba a cargo del Ejército” y “la fuerza policial y las fuerzas de seguridad dependían del Ejército”. Dijo que la Policía dependía del gobierno provincial solo administrativamente.

Los dichos de Ulloa parecen coincidentes con las respuestas que “Coca” Perini contó, ayer mismo, que le dio en la reunión de 1977: “Ah, dice Ulloa, yo no tengo conocimiento de que haya casos acá. Yo estoy recién llegado”.

Recordó que por indicación de Ulloa, Folloni la recibió y le prometió averiguar algo de su marido. Luego la llamó para decirle que no tenía nada. “Yo no tengo duda de que Folloni sabía lo que pasó con ‘Chicho’, y Ulloa También”, aseguró ayer.

En 1991 Ulloa fue electo gobernador constitucional en Salta.

 

Extremadamente limpios

“Bajaron cuatro personas del auto. Armados. Todos tenían pantalón gris y saco azul. Dijeron: ‘Bajate, carajo.’ Mi marido, que era muy alto, se desplegó en el Fitito  bajó con las manos en alto”, recordó “Coca” Perini de Gallardo sobre el anochecer del 5 de agosto de 1976, cuando secuestraron a Ramón Gallardo en el barrio Tres Cerritos.

Dijo que le llamó la atención que los cuatro hombres tenían el pelo “muy cortito”, y, a pesar de la abundante tierra que hay en agosto en Salta, el auto, un Peugeot mostaza o ladrillo, “estaba muy limpito. Sus zapatos también, como si recién hubieran salido”.

A “Chicho” lo tiraron en el piso del auto y se lo llevaron. Nunca más lo vió. Pero sí tuvo noticias de él. Esa misma noche recorrió la Central de Policía, la Federal y el comando del Ejército, denunciando y pidiendo que cerraran los caminos para evitar la fuga de los secuestradores.

En la Jefatura se encontró con Guil. No lo conocía todavía y le narró el secuestro: “Todos esos autos que están ahí van a salir a buscarlo a su marido”, la tranquilizó el comisario. Pero ninguno de los automóviles se movió. “Coca” volvió a su casa, pero regresó al Ejército a ver al mayor Juan Carlos Grande, viejo amigo de su familia y que por entonces era uno de los jefes policiales. Juntos fueron a la Jefatura, la hicieron esperar alrededor de una hora y le tomaron la denuncia por escrito.

Tiempo después se dio cuenta de “todo era un bluff”, todo “una táctica”. El propio Grande se lo hizo saber: “Pasó el tiempo y yo no lo dejaba vivir a este hombre. Me iba y me iba a la Policía, hasta que un día me dice: ‘Mirá Coquita, estás muy desmejorada, tenés que comer, (porque) a la única que salvo de tu casa es a vos, porque ni siquiera tu marido me interesa”.

Posteriormente “Coca” vio el Peugeot en el que andaban los secuestradores al costado de la Central de Policía, siguió a su conductor y vio que lo entraban en una casa de Villa Las Rosas. Después supo que era del comisario Enrique Trovatto (ya fallecido). “Yo de ahí no podía dejar, después del almuerzo, de ir con distintos autos y pasar. Y veía una ventana, tenía una cortina cruzada. Y decía: ‘Ahí estará Chicho, ahí estará Chicho’.

Más tarde, por el relato de una empleada de una amiga, supo que un policía tenía a su cuidado a un detenido en una casa particular. Le mostraron fotos y la mujer aseguró que era Gallardo, pero luego no la vieron más.  

Por la desaparición de Gallardo están imputados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guil. Gallardo fue funcionario del gobierno de Miguel Ragone, y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en el que era compañero de María del Carmen “Chicha” Alonso, sobrina de Ragone, asesinada en la Masacre de Palomitas. 

 

Lona y el basurero

“Coca” Gallardo recordó ayer las denuncias que pesan contra el ex juez federal Ricardo Lona, por su participación en crímenes de lesa humanidad.

“Cuando yo llegaba a ‘Ricky’ Lona él agarraba el recurso, me miraba así (de costado) y en mi cara tiraba el recurso en el canasto de papeles”, contó. Dijo que esto le pasó “dos o tres veces”, las veces que presentó recursos de hábeas corpus por su marido desaparecido.

Lona ya está siendo investigado por estos hechos pero el entramado de relaciones personales que existen en el Poder Judicial Federal de Salta, y su conocimiento de los vericuetos del proceso penal, vienen alargando el trámite.

Primer juez detenido en Córdoba por complicidad con la dictadura

El ex magistrado Miguel Puga fue trasladado a la cárcel de Bouwer por orden del juez federal riojano Herrera Piedrabuena. Hoy declara el ex fiscal Cornejo. Hasta el viernes siguen las indagatorias.

El ex juez federal de Córdoba Miguel Angel Puga quedó detenido ayer en una causa en la que está acusado de no haber investigado delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era magistrado. Puga se presentó a declarar en indagatoria ante el juez federal de La Rioja, Daniel Piedrabuena, y tras cumplir el trámite el magistrado ordenó su detención y su traslado a la cárcel de Bouwer, en Córdoba. El ex juez Puga forma parte de una causa en la que se investiga a ex magistrados y fiscales por su posible acción de complicidad con la represión. A Puga y al ex fiscal Antonio Cornejo se los acusa de no haber investigado los crímenes de José Moukarzel y Miguel Mozé, mientras el ex fiscal Alí Fuad Alí también está sospechado.

El ex juez federal Miguel Angel Puga fue detenido y trasladado a la cárcel de Bouwer ayer, por orden del juez federal de Primera Instancia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, en el marco de la denominada causa “de los magistrados”, que investiga la complicidad con la dictadura militar e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos de jueces, fiscales y defensores oficiales que se desempeñaron en la Justicia Federal en Córdoba en los 70.

La detención de Puga se produjo por la tarde, luego de que el juez Piedrabuena le tomara indagatoria en la sede del Juzgado Federal Nº3 de Córdoba. El magistrado indagará hoy al ex fiscal federal Antonio Cornejo y el miércoles al ex secretario judicial Carlos Otero Alvarez (que integró el Tribunal Oral Nº1 que dictó la primera cadena perpetua contra Luciano Benjamín Menéndez) . El jueves y el viernes de esta semana, serán indagados los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, respectivamente. Molina fue defensor público hasta hace pocos años. En tanto, el ex fiscal cuyo nombre caratuló originalmente la causa, Alí Fuad Alí, fue apartado por problemas de salud, con lo que el expediente podría recibir otro nombre. En Tribunales Federales no descartan que durante la semana se produzcan nuevas detenciones.

Concretamente, la Justicia investiga 119 hechos de complicidad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes públicos contra detenidos ilegales de la dictadura que estaban en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba (la vieja cárcel de barrio San Martín), muchos de los cuales fueron asesinados en fraguados intentos de fuga. Según la acusación, Puga no investigó las muertes de José Moukarzel y Miguel Mozé, dos presos políticos asesinados en la UP1, así como las denuncias por torturas, privación ilegítima de la libertad y asesinatos recibidas en 1976.

La causa “de los magistrados” fue iniciada por el abogado Rubén Arroyo, y hoy sus querellantes son los ex presos políticos Miguel Baronetto y Juan Miguel Ceballos.

La detención de ayer es la primera contra un ex juez federal en Córdoba (aunque a nivel nacional hay más de cincuenta magistrados investigados por connivencia con la dictadura, según la imputación del fiscal Carlos Gonella) y se produjo luego de una serie de vicisitudes procesales y varios apartamientos de los ex colegas del hoy detenido. De hecho, la causa recayó en el juez riojano por los sucesivos apartamientos de los jueces cordobeses. En 2009, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, promovió acción penal en contra de Puga Cornejo y Fuad Ali  pero desvinculó a Otero Alvarez, Molina y Haro. Las imputaciones fueron desestimadas por el juez de segunda instancia, Alejandro Sánchez Freytes, pero la Cámara Federal de Apelaciones anuló todo lo actuado por este magistrado. En 2010, el juez Piedrabuena confirma todas las imputaciones y consideró que los delitos denunciados entran en la tipificación de “lesa humanidad”.

Fuente: La Mañana y Pagina 12

Retomaron las audiencias en la Mega Causa Salta. Conexión de la represión entre Salta y Santiago del Estero.

Testigo dijo que el propio Guil y Gentil confirmaron que mataron a Fronda

“(Joaquín) Guil (fue el) primero que me confesó. Me dijo que si ellos hubieran sabido que era mi hermano, no lo liquidaban, así me dijo”. La afirmación, reiterada en la audiencia de la víspera, la hizo Hugo Humberto Fronda, ex suboficial del Ejército y ex policía de Salta, que abandonó la fuerza luego de los problemas que comenzó a tener tras acusar públicamente a su superior de ser el responsable del asesinato de su hermano, Eduardo Fronda, cuyo cuerpo acribillado a tiros, y con signos de tortura, fue encontrado en el camino a Lesser, jurisdicción de San Lorenzo, la mañana del 8 de enero de 1975.

El Tribunal Oral en lo Federal de Salta está juzgado a Guil por este hecho. También es juzgado el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray. En 1975 Guil era jefe de Seguridad de la Policía de Salta, era el jefe operativo. Hugo Fronda cumplía funciones en la división Robos y Hurtos. Eduardo militaba en la juventud trabajadora peronista, en las fotos de la época se lo puede ver, feliz, acompañando actos del gobernador Miguel Ragone.  También estaba en el Sindicato de Vendedores Ambulantes; a eso se dedicaba, a vender cosas por las calles. Vivía con su madre y sus hermanos pero a veces iba a dormir a la casa del padre, o al hotel Colón, frente a la estación de trenes, de donde se dice que lo sacaron sus torturadores y asesinos.

Para cuando eso ocurrió, Eduardo andaba con temor. A su madre le había comentado, recordó ayer Hugo, que Eduardo había ido a buscarlo, asustado, porque creía que lo andaban siguiendo.

Hugo Fronda no cree que la actividad política de Eduardo haya motivado su muerte. Cree que lo apresaron porque querían llegar a su compañero de militancia Alfredo Mattioli, asesinado por la Policía de Salta en abril de 1975 en Rosario de Lerma, un hecho que también está siendo juzgado aquí y por el que también está acusado Guil.

Hugo Fronda acusó a Guil de ser la representación local de la Triple A. Es más, dijo que aquí esa organización de la extrema derecha no tuvo necesidad de existir porque ya estaba el jefe policial con sus hombres (otros comisarios). “Era una maquinita que ya venía del 73 Guil. (…) Para mí nunca existió una Triple A, fue un grupo que ya venía armado. Y yo creo que a mi hermano lo torturaron para que diera datos de Mattioli porque el enemigo público nº 1 de Guil era Mattioli”, aseguró el testigo.

Seis días después del hallazgo del cuerpo de su hermano, el 14 de enero de 1975, Hugo acusó públicamente por este hecho a Guil, en una solicitada en el diario El Tribuno. Ayer contó que fue entonces cuando fue detenido y llevado a la Central, que lo llevaron ante el jefe de Policía, Miguel Gentil, y Guil y allí se produjo la confesión.  Luego Fronda tuvo que dar explicaciones por escrito por haber realizado la solicitada y fue enviado castigado a Cachi, dijo que por entonces sentía miedo.

Ayer aseguró que acusó a Guil porque “era vox populi que andaba en la represión” y porque está convencido de que el secuestro de su hermano fue en busca de Mattioli. Según el testigo, era también conocido que Guil odiaba a Mattioli porque éste lo habría maltratado cuando el comisario fue detenido, en 1973, acusado por torturas a detenidos políticos. “Lo agarraron, lo torturaron y se fueron de mano, y lo mataron para que no hable, porque en esa época actuaban así”, insistió sobre la muerte de su hermano. “Lo que pasa es que Guil era una maquinita aceitada de hacer lo que hizo. Era amo y señor. Con el visto bueno de los militares”.

Fronda dijo que también se convenció de la responsabilidad de Guil por los dichos de otro policía: César Carlos Martínez, “Topogigio”, quien le dijo que “Guil lo había mandado a matar” a su hermano. Martínez fue secuestrado el 18 de marzo de 1976 y asesinado poco después.

 Acusan a un represor santiagueñopor el homicidio de Rizo Patrón

 El ex preso político Daniel Rizo Patrón sostuvo ayer que el represor Ramiro López Velloso, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, fue uno de los secuestradores de su primo hermano, Luis Rizo Patrón, cuyo cuerpo acribillado a balazos fue dejado al pie del monumento a San Martín en la plaza principal de Metán, en julio de 1976.

Daniel declaró en el megajuicio que por crímenes de lesa humanidad se sigue en Salta. Lo hizo por videoconferencia desde Santiago del Estero, donde otro Tribunal Federal juzga al ex policía López Velloso, quien ya fue condenado por el crimen del estudiante universitario Cecilio Kamenetzki, cometido en 1976.

El testigo aportó más datos sobre la colaboración que existió entre las fuerzas represivas del Noroeste Argentino. En el caso de Luis Rizo Patrón fue secuestrado en el Chaco, por miembros de la Policía santiagueña, llevado a Santiago, trasladado a Tucumán y luego su cuerpo apareció en Metán, Salta.

Daniel recordó que su primo tuvo que abandonar Metán junto a su familia luego de sufrir atentados con bombas. Dijo que la primera bomba, en 1973, explotó en la casa de un vecino, pero no cabía duda que iba dirigida a Luis, por lo que le pusieron una custodia, “más que custodia de él era informante de sus actividades”, añadió.  Hubo otro atentado en 1974 y la familia emigró. Desde Santiago del Estero, de donde era oriundo, Luis comenzó a viajar a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, donde atendía la contabilidad de un comercio. Ahí lo encontró un grupo de tareas, que llevó secuestrado a su hijo, “Luchín”, de 15 años, para asegurarse que se entregaría.

Daniel contó que sabe, por los dichos de “Luchín”, que el mismo Ramiro López fue a buscar a su primo: “Estás detenido”, le dijo. Luis Rizo Patrón le pidió credenciales: “Ahí están mis credenciales”, le contestó el policía mostrándole a su hijo.

Daniel Rizo Patrón contó que su primo fue llevado a la delegación de Santiago del Estero del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), donde él pudo conversar brevemente con él. Daniel estaba detenido en ese lugar desde mediados de junio del 76. Allí era torturado desde hacía por unas seis noches. Una noche un policía, de apellido Correa, que oficiaba de “bueno”, fue a buscarlo para llevarlo arriba, a un lugar donde hiciera menos frío. En ese traslado escuchó a Luis preguntar si lo iban a llevar a Salta. “Luis, ¿sos vos?”, le preguntó él a su vez. Escuchó el “sí” de su primo y que decía que estaba bien pero con “miedo por Lucho”.

Daniel volvió a saber de su primo cuando estaba en la cárcel de La Plata. Allí compartió cautiverio con el  joven Mario Giribaldi, quien le contó que había sido secuestrado en Santiago del Estero y llevado a Tucumán, a “un campo de concentración, un galpón con boxes de metro por metro con argollas en el piso y ahí los tenían encadenados”. En el final de ese galpón estaba la sala de torturas “y ahí estaba mi primo Luis Eduardo Rizo Patrón, que era uno de los más torturados”.

Giribaldi fue secuestrado el 7 de abril de 1976. Uno de sus torturadores fue, precisamente, Ramiro López. Se sabe que estuvo en un centro clandestino de Famaillá, en Tucumán. Está desaparecido.

El colmo del desmemoriado

El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el ex policía Segundo Guerra sea investigado por falso testimonio.Lo hizo luego de que intentara en vano que recordara algún dato de su intervención, en agosto de 1976, en la búsqueda del militante peronista Jorge René Santillán, asesinado en General Mosconi.

La desmemoria del policía fue tal que llegó a desconocer sus propias declaraciones realizadas en el sumario policial y durante la investigación judicial de este hecho. Pero se metió en un enredo, porque reconoció su firma en ambos documentos. 

Sindicato de Trabajadores Azucareros de Salta

A la opinión publica la verdad de la Seabord.

Hace 17 años llego a nuestra zona la Seabord lo primero que hizo fue reducir 1000 puestos de trabajo directo ya que en ese entonces trabajaban 2500 trabajadores y en su gran mayoría eran permanentes, con despidos y arreglos limitados por la ley de flexibilización laboral (le pagaban el 45% de la indemnización), lograron reducir los costos operativos y aumentaron la producción de azúcar hasta triplicarla.

Después cerraron la frutícola y se perdieron otros 1100 puestos de trabajo directo, y aproximadamente 800 puestos más de trabajo indirecto. En la década del 60’ el 80% de la población del pueblo de Hipólito Irigoyen trabajaba en el tabacal y actualmente no supera el 25%, lejos de crear nuevas y más fuente de trabajo se redujo notablemente los puestos de trabajo en la zona.

En la actualidad Tabacal cuenta con tres unidades de negocio, la producción de azúcar, la generación de energía eléctrica y la producción de alcohol anhídrido para el biocombustible. Tabacal es el tercer ingenio más grande del país y el productor número 1 de alcohol anhídrido desde 1996 hasta la fecha ha aumentado su producción de azúcar en un 150% y cuadriplicado su producción de alcohol, además de la venta de energía eléctrica.

Nosotros somos trabajadores no delincuentes queremos que nuestros justos reclamos se solucionen, La empresa el Tabacal nos obligó a manifestarnos en La Planchada (el punto en el que se cruzan la ruta nacional 50 y el ingreso a la empresa). Hoy despide a 57 trabajadores en forma injusta ya que hasta aquellos que no se adhirieron al paro, también les llego el despido y plantea un look out que atenta contra la economía de todo el departamento más aun quiere descabezar el movimiento obrero para que nadie reclame por sus derechos, con el divide y vencerás. Desde esta representación gremial ofrecemos nuestras sinceras disculpas a todos aquellos que se ven perjudicados por nuestras manifestaciones y apelamos a su comprensión ya que estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, no permitiremos ni un solo despido.

Tabacal contrato los servicios de Raimundo Sosa un abogado penalista exclusivamente, para activar las causas judiciales, abogado denunciado por crímenes de la dictadura, además los títeres arrastrados como Laragross, Roberto Meri, etc. Salen a desprestigiar la lucha obrera, pretendiendo criminalizar el accionar obrero, cuando fue Tabacal quien les cerro las puertas a los trabajadores y los obligo a manifestarse en la planchada de la ruta nacional N°50, los trabajadores defendemos y defenderemos nuestra fuente de trabajo hasta las últimas consecuencias.

Si ya se perdieron más de 2500 puestos de trabajo desde que vino Seabord y nunca asumió la responsabilidad social que le corresponde, no colabora con ninguna entidad educativa o comedores, etc. Prefirió construir una cancha de golf. ¡Aguante la lucha de los trabajadores no permitiremos ni un solo despido!

El impresionante operativo de aproximadamente 300 efectivos policiales de infantería y caballería llegaron desde Tartagal, Aguas Blancas, Salta, Embarcación y Oran. Algunos políticos vinieron a persuadir a los trabajadores diciéndoles que no iban a reprimir y que venían a garantizar la circulación de los vehículos por los caminos internos de Tabacal, el Intendente Julio Jalit de Pichanal hipócrita sin vergüenza vino a la planchada a decirles que no iban a reprimir cuando el mismo recibió a los policías en el club 12.

Compañeros/as necesitamos que nos den una mano haciéndose eco en los distintos medios de la situación de los trabajadores del ingenio, la brutal represión ha tenido su pico el sábado , pero la amenaza de más represión está latente, ya que el gobierno provincial no ha retirado las fuerzas del lugar sino que está enviando más efectivos. La empresa mantiene su decisión del despido de 57 trabajadores y la gente sigue con el corte. AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE APOYARON Y APOYAN ESTA LUCHA QUE NOS HICIERON LLEGAR EN FORMA VISIBLE O ANONIMA SUS DONACIONES Y PALABRAS DE ALIENTO, MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.

Contactos

Fabián Cardoso (03878)-15506500

Sec. Gremial Martin Olivera (03878) 15573725

 David Leiva (03878) 15629524

Sigue la vigilia en El Tabacal

Las Organizaciones de Derechos Humanos pedimos explicación a los funcionarios provinciales y juez que dio la orden, que parecen seguir reproduciendo lo peor de la política de los 90, represión y desocupación para los trabajadores. 

En este momento los trabajadores del Ingenio San Martín de El Tabacal mantienen el corte de la ruta nacional 50 sobre el acceso a la planta de la empresa, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán. Según informan periodistas de San Ramón de la Nueva Orán, la situación comenzó a calmarse alrededor de las 21.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Martín Olivera, acusó a la Policía de la provincia de tirar con balas de plomo. Dijo que cuentan con los cartuchos y perdigones de plomo disparadas por escopetas. Los trabajadores aseguran que son cartuchos de calibre 12, “con balines de acero y una especie de perdigones de acero. Los tenemos registrados en nuestras imágenes. Algunos compañeros que recibieron de rebote algunos disparos, recogieron eso y los tenemos como prueba”.

El abogado Enrique Wandschneider se reunió con los jefes del operativo policial y, según informó Olivera, les prometieron que por esta noche no va habrá más represión, pero el secretario general descree de esta promesa.

 “Acá han venido a reprimir y han disparado balas de plomo, y el tipo que dispara balas de plomo sabe que puede matar. Han utilizado toda la artillería que tenían y están esperando eso. ¿Qué quieren, que haya muerte acá? porque tengo que pensar eso. Estos (por los nuevos efectivos que estarían llegando) vienen a reprimir”, aseguró. “Y si creían que tenían policías en Güemes, esta es peor, policías asesinos que vienen. Porque el tipo que dispara una bala de plomo sabe que puede matar. Acá han disparado varias balas de plomo y por suerte no  han matado, a uno solo le dieron en la pantorrilla, pero está a salvo”, añadió.  

Olivera confirmó que hubo ocho heridos y que todos ya han sido dados de alta. Aseguró que uno de ellos recibió un disparo de bala de plomo en la pantorrilla. Otras informaciones sostienen que entre 20 y 40 personas han sido atendidas en los distintos lugares dispuestos para tal fin, la mayoría de ellas con problemas respiratorios. Entre estos hubo un niño de unos cinco o seis años.

Una vecina que se acercó a acompañar el reclamo de los trabajadores del Ingenio contó que la Policía intentó llevar aparentemente detenidos a los heridos y lesionados que eran atendidos en los hospitales de Orán, Yrigoyen y en el de la obra social de la Asociación de Trabajadores del Azúcar. La intervención de mujeres familiares de los trabajadores posibilitó que solo les tomaran los datos.

La misma vecina aseguró que los ataques de los policías se frenaron cuando “se acabaron las balas”. Dijo que en este momento todo el pueblo está expectante porque “hay comentarios de que están entrando balas y más efectivos”.

Por ahora los policías se mantienen sobre la ruta nacional 50, a distancia de los trabajadores. Y también mantienen tomado el camino alternativo, aunque no estarían permitiendo el tránsito de particulares por esa vía.

También hay efectivos de Gendarmería Nacional, que custodian la ruta nacional 50, apostados a unos 200 metros al sur del acceso a El Tabacal.

Hubo tres sucesos de represión. De acuerdo al relato de vecinos que acompañan la protesta: a media tarde la “policía montada entró por la ruta y ahí se enfrentaron con los trabajadores. Duró casi una hora. Después arremetió la policía del lado de la fábrica hacia la ruta. Y el tercero, por el costado, por el campo deportivo entró la montada a reprimir”.

Los trabajadores reclaman estabilidad laboral y la reincorporación de 57 obreros. La empresa sostiene que los reincorporará si el gremio acata una nueva conciliación dictada luego de que se venciera el término de una primera conciliación. En el medio, el gobierno provincial recurrió a la Justicia para pedir que se habilitara un camino alternativo. El juez de la Cámara Civil y Comercial de 4 Nominación, José Ruiz, ordenó “al Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA permitir la circulación de vehículos, personas y bienes transportados, por los caminos internos de su propiedad de manera tal de posibilitar el libre tránsito desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán hasta tanto se restablezca la normal circulación por la ruta nacional Nº 50”.  El juez también habilitó al Ministerio de Seguridad de la provincia a tomar medidas para “garantizar la seguridad y la protección de personas y bienes transportados y evitar daño al patrimonio de la propietaria”. En este cometido autorizó “a allanar el domicilio y (a) hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario”.

Repudio a la represión de los trabajadores y al pueblo del Ingenio El Tabacal

Hasta esta noche la represión policial en el Ingenio San Martín de El Tabacal dejó un número indeterminado de heridos, informó el abogado Enrique Wandschneider, asesor de los trabajadores. 
El abogado precisó que en la primera oleada de disparos que poco antes de las 18 realizó la Policía de Salta, cuatro trabajadores resultaron con heridas en la cabeza. Añadió que, sin embargo, la continuidad de la represión hace imposible contar la cantidad de heridos. “Hay cinco ambulancias que van y vienen con heridos”, contó. 
Se calcula que unos 300 policías participan de la represión, frente a las instalaciones que el Ingenio tiene en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán, a unos 270 kilómetros de la ciudad de Salta. 
Wandschneider sostuvo que los policías arrojan gases y disparan con balas de goma. Además, se han encontrado perdigones de metal. Los trabajadores rechazan a los policías con un tractor. 
El abogado aseguró que los trabajadores del Ingenio están ejerciendo su derecho constitucional de huelga. “Es una medida legítima de huelga, notificada al Ministerio de Trabajo y a la empresa”, afirmó. En este marco criticó “la actitud del gobierno de la provincia, de reprimir tan salvajemente, no se entiende, no sé qué quiere, si quiere repetir otro Ledesma”, sostuvo.

 La Violencia de una Empresa frente legitimas acciones gremiales.

Intentos de manipular y enfrentar a los trabajadores con falsos piquetes que justifiquen la represión en una justa acciones de lucha por las fuentes de trabajo.

La empresa norteamericana Seabord Corporation[1] instalada en el norte de la Provincia de Salta, está llevando a cabo medidas que atentan contra la paz, la justicia, la convivencia y la armonía entre los trabajadores y los pobladores de la zona.  Es de público conocimiento que el día jueves 24 intentó enfrentar a los trabajadores con un corte de ruta  paralelo al corte que inició la mayoría de los trabajadores acompañados por el Sindicato de Trabajadores Azucareros.

Este corte de ruta armado por la Seabord Corporation para poner en riesgo la integridad de los trabajadores revela una vieja práctica de los grupos poderosos de enfrentar pobres contra pobres, quedando ellos inmunes y libres de toda responsabilidad ante el conflicto generado por ellos mismos, esta medida fue apoyada por todas las fuerzas de seguridad: gendarmería,  policía y civiles informantes, quienes desaparecieron del lugar, dejando la zona liberada para que se cometan actos de violencia, ya que los mismos estaban armados.

Bajo la excusa de pérdidas millonarias la empresa solicita la intervención del Estado en sus diferentes estamentos como por ejemplo: Desde el poder local por ejemplo el intendente de Orán, que desde el año 1996 es un acérrimo defensor de los intereses de esta empresa extranjera, pide represión a los trabajadores, como una forma de acabar con el conflicto.

Por otro lado el Gobierno Provincial en el año 2.007 le otorgó exenciones impositivas en atención a la importancia del incremento de la producción y al alto impacto en la riqueza y en la creación de fuentes de mano de obra en la zona (Decreto 3165/07 bis - Boletín oficial 15 de Noviembre 2.007. También la exención fue otorgada por considerar que el Ingenio puso en marcha el proyecto a desarrollarse entre el 2.004 al 2.012, a través del cual se prevé incrementar un 40 % su capacidad de producción de azúcar que pasaría de 185 mil toneladas anuales a 240.000, de una molienda diaria de 11.500 TN a 16.000.

Lo cierto es que esta empresa que se ha enriquecido año tras año con altísimas ganancias y tiene a su alrededor cada vez más campesinos despojados de sus tierras conformando los cinturones de pobreza en las ciudades de Oran, Pichanal e Irigoyen, este año se desmontaron 5.000 hectáreas para producir mas azúcar, alcohol, bioetanol y energía. La voracidad puesta de manifiesto se expresa en  la presión, persuasión y amenazas que ejercen sobre los campesinos y productores para arrendar o adueñarse a la fuerza de las pocas tierras que quedan, las cuales se destinan hoy para producir alimentos, como protección de la biodiversidad y donde se arrinconan la poca fauna y flora que quedan en las yungas oranenses. El mentado desarrollo regional o el derrame de las ganancias es hoy un espejismo, ya que mientras ellos destinan millones de pesos a Norteamérica, según informe de la misma empresa para el año 2.009 sobrepasó los 700 millones en ingresos) y la zona va quedando con desocupados, hambre y desnutrición.

La situación de los trabajadores es muy precaria, para dar una idea de los 6.500 trabajadores que tenia trabajando la empresa antes del arribo de los norteamericanos, quedan 1.300 hoy por hoy, la mayoría precarizados. Solo 320 son de planta, el resto es contratado por unos cuantos meses en algunos casos por la misma empresa o a través de empresas tercerizadas y el resto del año vive de un plan social o pasa a engrosar la lista de desocupados, poniendo en riesgo la reproducción de la propia vida  y de la familia, quedando para el Estado la tarea de dar contención  trasvasando la obligación de la empresa a los municipios, gobiernos provinciales y gobierno nacional, también el sindicato esta obligado a hacerse cargo de la salud de los mismos  y otras necesidades. Sin mencionar los efectos de las fumigaciones aéreas, la contaminación de las aguas y la proliferación de enfermedades tropicales fruto de los desmontes a las que son sometidas diariamente las familias.

Por todo esto, la Asociación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Oran REPUDIA estos hechos de despojo, violencia y explotación a la que son sometidos diariamente los trabajadores y familias del departamento, DENUNCIA los artilugios que utiliza en estos días de justo reclamos de la clase trabajadora a través del Sindicato de Trabajadores del Azúcar para enfrentar a los trabajadores entre sí, la manipulación de las fuerzas de seguridad, de los funcionarios públicos y de la población para que defienden sus  intereses particulares.

Apoyan también la lucha de los trabajadores la Asociación Lucrecia Barquet, la Comisión Mega Causa Salta 2012, Hijos Salta.

Contactos de Prensa

Martín Olivera: (03878) 15573725

David Leiva: (03878) 15629524

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[1] La Seaboard Corporation es un conglomerado agroindustrial integrado verticalmente, con sede en EEUU y con negocios diversificados en todo el mundo, entre ellos productos agrícolas, ganaderos, alimentos y transporte marítimo, entre otros, y desde el 1996 a la agroindustria Argentina.

DECLARARON EN JUJUY TRES HIJOS DEL EX INTENDENTE DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN LUIS AREDEZ

Por Adriana Meyer

Un acusado a la cárcel por insultar. 

Uno de los represores involucrados en el juicio oral perdió el beneficio de la prisión domiciliaria por amedrentar a una testigo. Ricardo, Olga y Adriana Arédez hablaron sobre la participación de la empresa Ledesma en el secuestro de su padre.

“Pusimos plata para sacar del medio gente molesta.” La frase habría sido pronunciada por altos gerentes de Ledesma y quedó plasmada ayer ante la Justicia. Esto, sumado a la existencia de listas de personas a detener en manos de personal jerárquico del Ingenio de los Blaquier y la descripción de prácticas ilegales de la medicina en el hospital que manejaba esa empresa, fueron los aportes más impactantes que hicieron los hijos de Luis Arédez, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy en el juicio oral por su desaparición. En el demorado proceso, que unificó cinco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia, hubo una agitada y extensa audiencia que incluyó la identificación de un imputado in situ, quien insultó a las hermanas Arédez y terminó perdiendo el arresto domiciliario. “Siento que termina una parte muy importante y empieza otra, es el comienzo de un final porque éstos son los esbirros de la dictadura, luego viene la parte brava que es Blaquier, la pata empresaria que como vemos da pelea, no se queda quieta así nomás”, dijo a Página/12 Adriana Arédez en un cuarto intermedio.

Su testimonio duró casi seis horas. Empezó pidiéndole a uno de los imputados, el oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Braga, que se quitara los lentes, la bufanda y las curitas que usa para disimular una cicatriz que permite a las víctimas reconocerlo. En ese momento, la testigo aseguró que lo vio en el penal de Gorriti cuando fue con su madre a visitar a su padre, que estaba allí detenido. “Ese es Braga”, dijo Adriana que le dijo Olga, su mamá, que lo conocía porque era quien atendía a las víctimas en una dependencia del Ejército. Braga no estaba ahí de casualidad, revistaba como segundo del principal imputado, el teniente del Ejército e interventor del penal, Antonio Orlando Vargas.
No sería el único incidente con Braga. Durante el testimonio de las hermanas Arédez lo escucharon decir “esta vieja de mierda” y otros insultos cada vez que lo nombraban. Por ese motivo, al finalizar las declaraciones, los abogados querellantes Juan Manuel Sivila y Oscar Alberto Rodríguez, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, respectivamente, pidieron que le fuera revocado el beneficio del arresto domiciliario por “obstrucción de prueba, dado que intimidó a una testigo” y lo enviaran a una cárcel común. Se abrió un “incidente” en el que tuvo que declarar el diputado provincial Miguel Angel Tito, quien en su condición de víctima estaba presenciando la audiencia, y como se ubicó detrás de Braga pudo confirmar sus insultos hacia las Arédez. La decisión del tribunal llegó pasadas las 20 y fue festejada por los Arédez y sus abogados como un triunfo.
Otro de los tramos salientes de la jornada fue cuando Adriana Arédez relató que escuchó decir a personal de alta jerarquía de la empresa Ledesma que hicieron importantes aportes económicos antes del golpe de Estado de 1976. “Pusimos mucho dinero a cambio de sacar del medio a gente que molestaba”, dijo la testigo que dijeron los gerentes del ingenio. Y también de esas mismas fuentes supo de la existencia de las “listas de personas a detener que estaban en poder de personal jerárquico de la empresa”. Adriana Arédez estuvo casada con Raúl Paz, que era sobrino de Mario Paz, el ex capataz del ingenio que de no haber fallecido estaría en el banquillo junto a los demás imputados. Además, la existencia de estas nóminas la comprobó a través de su madre, a quien Paz le dijo: “Déjese de andar moviendo gente que usted está en la lista y también va a desaparecer”. Adriana aportó cartas que su padre escribió en prisión en la que les pedía que vieran a Paz y a Alberto Lemos, porque ellos sabían sobre su situación.
Cuando fue el turno de Olga Arédez, contó lo que su padre le había dicho en reiteradas oportunidades, cuando ella era estudiante de medicina, sobre lo que sucedía en el hospital de Ledesma. “Médicos recién recibidos realizaban prácticas antiéticas, sin respetar el consentimiento y la información al paciente, que no eran necesarias y las hacían sólo como entrenamiento y aprendizaje sobre el cuerpo de los zafreros”, dijo Olga a Página/12 reconstruyendo sus palabras ante el tribunal. “Ellos no se animaban ni a preguntar y los médicos se iban especializando a costa de tomarlos como conejillos de indias, y como mi padre cuando fue intendente quiso poner normas a ese servicio hospitalario, le pasó todo lo que le pasó”, agregó. La mayor de los cuatro hermanos, que es psiquiatra, afirmó que era un hospital privado que recibía dinero de organizaciones internacionales para investigación, que hay médicos que lo saben y podrían ser citados, y que algunas prácticas sobre el mal de Chagas se hicieron allí. Consultada sobre si hay alguna constancia escrita de estas prácticas, la mujer respondió: “Era todo ilegal, no dejaron huellas”. Según el abogado Rodríguez, “usaban a los obreros y sus hijos, llegaban con dolor de cabeza y los suturaban para practicar”. El letrado anticipó que pedirán que estas declaraciones sean incorporadas a la causa que tiene el juez Fernando Poviña, en la que está imputado Blaquier.
La audiencia había comenzado temprano, con la negativa del tribunal a incorporar varias declaraciones de Olga Márquez de Arédez, la fallecida esposa del ex intendente de Libertador General San Martín. Pero la presión de la querella logró que fuera leída al menos una de esas testimoniales. Sus hijos reiteraron ayer la participación del ex entrenador Juan Kairuz como chofer de la camioneta de Ledesma con la que secuestraron a su marido.
“Me siento aliviado, queremos justicia sin odio, hasta los defensores de Braga se conmovieron porque relaté todo lo que sufrí cuando hice el servicio militar en 1978, y ni me hicieron preguntas”, dijo Ricardo Arédez, del brazo de sus hermanas y ya camino a descansar tras la jornada que esperaron durante tres décadas.
Fuente: Pagina 12

Alerta en el Consejo

El camarista Renato Rabbi Baldi Cabanillas llamó a la Policía de Seguridad Aeronáutica para pedirle que “allanen con cuidado” la casa de su cuñado. El cuñado es el represor Alejandro Osvaldo Marjanov, a quien la Justicia federal de Bahía Blanca estaba buscando en el marco de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado. La Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración denunció ese hecho en marzo de este año ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo tiene previsto tratar hoy ese expediente, de acuerdo con la orden del día. Entre quienes impulsaron la denuncia anoche había cierta preocupación porque creían que el episodio puede ser desestimado por los consejeros.

El expediente está en manos del senador radical Mario Cimadevilla. Y esta tarde posiblemente se defina. La Unidad fiscal a cargo de Jorge Auat viene cuestionando al Consejo de la Magistratura porque, dicen allí, los jueces más cuestionados suelen dejar sus cargos corridos por el desgaste público, más que por el trámite que llevan adelante los consejeros. Rabbi Baldi es el presidente de la Cámara Federal de Salta. Con sus decisiones avaló la inacción de la Justicia federal de Jujuy que durante años frenó las denuncias y causas de lesa humanidad. “Fue el principal protector del juez Carlos Olivera Pastor”, ha señalado Pablo Parenti, segundo de la Unidad. Y es un hombre ahora cuestionado además porque pasó a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, no sólo integrada por históricos procesistas, sino que entre sus miembros está el empresario Pedro Blaquier no sólo como numerario, sino como Tesorero, una persona investigada en Jujuy y sobre la que él deberá evaluar las causas.

Gracias a un informe del Programa "Verdad y Justicia" Se estableció con certeza quiénes fueron los espías del Ejército que actuaron en Salta y Jujuy

Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta

Un informe oficial intenta cubrir el vacío que ha permitido hasta ahora que los agentes de inteligencia no sean vinculados con los hechos de represión, a pesar de estar claro que fueron partícipes. Una estructura de vigilancia compuesta por oficiales, suboficiales del Ejército y de otras fuerzas de seguridad y una larga lista de “civiles”, funcionaron como agentes del Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta, durante la última dictadura cívico-militar, y otro tanto ocurrió con el denominado Grupo Adelantado de Inteligencia que funcionó en Jujuy, dependiente de aquél.

Un informe realizado por el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, destaca que, como en el resto del país, estas unidades de inteligencia estuvieron “en el centro del dispositivo represivo”, dado que “habrían diseñado y controlado el accionar represivo”, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando destinos.

El informe, al que Otros Territorios* tuvo acceso, se propone “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en estos hechos, quienes siendo parte de la estructura organizativa (de la represión), no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero, sin embargo, compartieron estructuras, espacios, tiempos, con aquellos que sí han sido identificados”, por lo que no pudieron ser ajenos a los hechos.

Precisa el informe que las acciones realizadas por estas dependencias “formaron parte de un plan nacional represivo practicado contra la población durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983 y cuyos fundamentos y doctrina están expuestos en las directivas del Consejo de Defensa y del Comando en Jefe del Ejército, elaboradas y distribuidas en octubre de 1975”.

Esas directivas establecieron las prioridades operacionales, los organismos responsables, los niveles de coordinación y subordinación para llevarlas a la práctica, y “la hegemonía del Ejército, al cual se subordinaron las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura y organismos vinculados como, por ejemplo, la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)”.

La importancia de vigilar

Estas directivas determinaron que la actividad de inteligencia era prioritaria para el “combate a la subversión”.La tarea de inteligencia, precisa el informe, “fue especializada y requirió personal entrenado técnica y sicológicamente; también fue siempre encubierta”. De hecho, todos los oficiales y suboficiales que integraron el Destacamento 143 y su Grupo Adelantado en Jujuy estuvieron en otros destacamentos de inteligencia y asistieron a “cursos técnicos de inteligencia” y a “cursos de inteligencia para jefes”. Algunos fueron también a la Escuela de las Américas, la ahora formalmente disuelta organización de la US Army destinada a instruir a los militares latinoamericanos en el combate al enemigo interno, incluyendo interrogatorios con aplicación de tormentos y desaparición de cadáveres.

Los suboficiales hicieron cursos de “técnico de inteligencia” y el de “perfeccionamiento para auxiliar de inteligencia”, llamado “Interrogadores”.

Precisamente, los miembros de inteligencia tenían a su cargo “el interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate”, ordenaba el Reglamento ROP 30-5. Complementando, el Reglamento RE 9-51, “Instrucción de lucha contra elementos subversivos”, consignaba: “El capturado es una fuente de información que debe ser aprovechada por el nivel de inteligencia”.

El trabajo del Programa Verdad y Justicia también cita el Reglamento RC 16–1, "Inteligencia Táctica", en el que se detallan las actividades a desarrollar para la obtención de información, la inteligencia y la contrainteligencia, los sabotajes, las actividades sicológicas secretas y las operaciones especiales.

La importancia que tenía la inteligencia queda explicitada en el "Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Mayores" RC 3-1: el jefe de inteligencia, dispone, será el principal miembro del Estado Mayor, quien “tendrá responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo”.

En suma, la normativa general y los reglamentos implantaron las directivas que debían seguir los oficiales y suboficiales “aptos en inteligencia e interrogación, que han sido entrenados para esta tarea”.

Para los autores del informe, “resulta razonable y lógico suponer que estas directivas fueron cumplidas a cabalidad por el personal del Destacamento de Inteligencia 143 y su Grupo Adelantado de Jujuy”, dado que fueron propuestos para reconocimientos y ascensos.

Métodos

El Destacamento 143 funcionaba en la calle Belgrano al 400 de Salta. Dependía del Área 322, comprendida en la Subzona 32, perteneciente a la Zona III del III Cuerpo de Ejército.

El Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy estaba en el Área 323, funcionaba en unas oficinas frente a la plaza central en un edificio lindante con la Central de Policía.

La central de inteligencia funcionaba dentro del Regimiento 20.La Subzona 32 estaba bajo la jurisdicción del Comando de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán.

El informe precisa que la actuación de los destacamentos de inteligencia estuvo comprendida en las directivas impartidas en el plan nacional represivo. La Directiva 1 del Consejo de Defensa, de 1975, daba “libertad de acción para el empleo de los medios en zonas calientes”, en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Las unidades de inteligencia eran las “responsables de interrogatorios, tormentos de detenidos, con el propósito de mantener la secuencia operacional de las unidades a partir de la información que se obtenía y que ellos mismos procesaban”.

El Reglamento RE -10-51, “Instrucción para operaciones de seguridad”, detallaba los elementos que los represores debían llevar a los operativos: “Se recomienda contar con palos, cuerdas y capuchones o vendas para el transporte de detenidos”.

Sobre el tratamiento a los detenidos, en el juicio a las Juntas, quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, dijo que “en todos los casos, se efectuaba un primer interrogatorio, se los derivaba ya sea a la delegación de la Policía Federal, o a la Jefatura de Policía” y luego se decidía si continuaba detenido. Para estas decisiones “siempre se daba intervención a personal que nuestras organizaciones militares tienen, especialistas en inteligencia, para poder determinar si el individuo está o no dentro de una organización subversiva”.

Quiénes fueron

 A continuación, el listado de los oficiales y suboficiales que se desempeñaron en inteligencia en Salta y Jujuy:

Teniente coronel Osvaldo Mario Baudini	Teniente coronel Roberto Jesús González
Teniente coronel Juan Messina	Teniente coronel  Osvaldo Lucio Sierra
Mayor Miguel Ángel Cornejo García	Capitán Sidney Edgar Page
Capitán Hugo José Schierano	Capitán Rodolfo Antonio Aguilar
Capitán Roberto Jones Tamayo	Capitán Enrique Federico Gentiluomo
Capitán Julio César de la Barrera	Capitán Antonio Gaspar Viana
Capitán Duilio Raúl Martínez	Capitán Néstor de la Vega
Capitán Aldo Carlos Checchi	Capitán Carlos Alberto Feijoo
Capitán Ricardo Ernesto Elicabe	Teniente primero Jorge Julio Affanni
Teniente primero Rafael Mariano Braga	Teniente primero Eduardo Jorge Coaker
Teniente primero Julio César de la Barrera	Teniente primero José Eduardo Bulgheroni
Teniente primero Guillermo Eduardo del Pino	Teniente primero Pedro Edgardo David

Suboficiales

José Federico Marcial	Máximo Rubén Chávez
Jacobo Eduardo Gómez	Benancio Celestino Cardozo
Amado Salim Osman	Alberto Raúl López
Salvador Américo Aredes	Hilario Romaniello
Julián Nicolás Quispe	Eduardo Amércio Nicolini
Miguel Andrés Mendoza	Roberto Montero
Domingo Orlando Cejas	Juan Heriberto Cruz
Juan José Maciel	Tehodolo Adolfo Aztorga
Raúl Alberto Salas	Martín Eugenio Arapa
Pedro Horacio Aguilera	Roberto Aquilino Barbosa
Alfonso Díaz	Martín García
Víctor Rivero	Oscar Humberto Blas
Aldo Julio César Díaz	Carlos Nicolás Gómez Argüello
Saturnino Orlando Durán	Víctor Cruz González
Raúl Guillermo Rivero	Luis Alejo Martínez
Norberto Carrizo	Héctor Argentino Gerónimo
Héctor Enrique Méndez	Fabián Sivila
Oscar José Paredes

*Esta nota fue publicada originalmente en dicho suplemento del Nuevo Diario de Salta con el título "Alma de buchón" y difundida por la Agencia de Noticias DH.