Por Horacio Verbitsky
EL LABERINTO BUROCRATICO PARA QUE NADA CAMBIE Monumento al plan Cóndor . Bajo la conducción de Puricelli, el Ministerio de Defensa ha permitido la reaparición de las tendencias militares a la autonomía, la intervención en cuestiones políticas y hasta cierta solapada reivindicación del terrorismo de Estado.
Desde que asumió como ministro de
Defensa, en diciembre de 2010, Arturo Puricelli fue reacio al deslinde entre el
terrorismo de Estado y las Fuerzas Armadas integradas al sistema institucional
que marcaron los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner,
y sus ministros José Pampuro y Nilda Garré. Puricelli no ha tenido reparo en
criticar ante personal del ministerio los juicios por violaciones a los
derechos humanos porque “algo había que hacer para pararlos. Yo los conozco, en
Ezeiza quisieron matar a Perón”. Coherente con esta línea de pensamiento,
impuso a una dependencia de Ejército el nombre de General Ernesto Fatigatti (un
empresario quebrado, ex vicepresidente de la Cruzada de Solidaridad de Isabel
Martínez). Tampoco se preocupó por mantener apartadas a las Fuerzas Armadas de
cualquier injerencia indebida en cuestiones que la ley les veda. Así, puso a
trabajar en el proyecto de submarino nuclear al vicealmirante retirado Benito
Rótolo, ex subjefe de Estado Mayor durante la gestión de Jorge Godoy, a quien
el juez federal Daniel Rafecas procesó por su participación en la actividad
“sistemática y generalizada” de espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes
de organizaciones sociales desde diversas bases de la Armada. Entre sus
asesores designó al Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad
Católica Argentina, Fabián Calle, un entusiasta de la contrainsurgencia “para
hacer frente a grupos, organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y
estrategias guerrilleras y/o terroristas”. Puricelli también revocó la
disposición que restringía el uso de la banda de Patricios y la Fanfarria de
Granaderos a ceremonias institucionales, y las envió a la Sociedad Rural, el
Círculo Militar (que expulsó al ex jefe de Estado Mayor Martín Balza), y a los
hipódromos de Palermo y San Isidro. Su equipo de colaboradores está plagado de
familiares e incluye al hermano, dos hijos, un sobrino y sus respectivas
parejas. Su primer vocero fue un suboficial de la Armada en actividad, novio de
su hija y colaborador del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, cuya
conducta durante el terrorismo de Estado es investigada por la Justicia por el
asesinato de dos delegados. Debió alejarlo cuando el vocero firmó un mensaje de
felicitación al diario La Nación celebrando “su trayectoria”. La actividad más
regular de Puricelli son los viajes al exterior, siempre con demasiados
acompañantes. Entre los oficiales retirados que actúan como asesores (según el
artículo 62 de la ley orgánica) confirmó al almirante Joaquín Stella, el jefe
de Estado Mayor de la Armada relevado por Kirchner en 2003, quien durante la
crisis de fin de siglo presentó un plan al ministro de Defensa Horacio
Jaunarena por el cual se movilizarían miles de efectivos militares en apoyo de
la Policía y la Gendarmería, bajo las órdenes de un comandante operacional de
las Fuerzas Armadas. En cambio decidió prescindir del general Juan Jaime Cesio,
despojado de su grado por la dictadura por haber denunciado la comisión de
“delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de
personas” y privilegiar “su condición de ciudadano sobre la de militar”, al
asistir a una movilización por los derechos humanos. Recién Kirchner lo reparó,
con palabras precisas, al devolverle el grado y proponer su ascenso a general:
“Que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el
dictador, con las manos manchadas de sangre, resulta juez. No hemos perdido la
capacidad de distinguir el bien del mal, lo que es honorable y lo que no lo
es”. En cambio Puricelli remitió el caso al Ejército, para que decida si
precisa o no de los servicios de Cesio. Algo equivalente hizo con la decisión
inconsulta del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, brigadier general
Jorge Chevalier, quien cubrió una placa colocada en el Centro de Estudios de
las Fuerzas Armadas, que recordaba que en ese mismo sitio funcionó la Escuela
Superior de Guerra del Ejército, donde oficiales franceses enseñaron las
“prácticas genocidas amparadas en la Doctrina de la Seguridad nacional”. Como
Chevalier ponía en duda que allí hubieran enseñado los veteranos de las guerras
coloniales de Indochina y Vietnam, Puricelli solicitó un informe a la dirección
de derechos humanos y cuando lo recibió se lo hizo llegar a Chevalier, para que
él decidiera. El caso no es dudoso. El Primer Curso Interamericano de Guerra
Contrarrevolucionaria, organizado en la Escuela Superior de Guerra con el
asesoramiento de los instructores enviados por el gobierno francés, fue
inaugurado el 2 de octubre de 1961, según la crónica que al día siguiente
publicó Clarín. Su jefe fue el coronel Alcides López Aufranc, quien contó con
el asesoramiento de los coroneles franceses Robert Bentresque y Jean Nouguès .
Entre los profesores figuraban algunos sacerdotes, como Victorio Bonamín,
intelectuales laicos, como el ex seminarista Mariano Grondona, y jefes y
oficiales que tendrían actuación destacada en las dictaduras de las dos décadas
siguientes. También algunos asistentes latinoamericanos adquirirían notoriedad
en el derrocamiento de gobiernos electos y la instauración de regímenes
criminales, como el boliviano Alfredo Ovando Candia, el hondureño Alonso Flores
Guerra y el chileno Sergio Arellano Stark. El director de la Escuela, general
Carlos Túrolo dijo que el curso versaría sobre el nuevo tipo de guerra interna,
que se libra sin escrúpulos ni principios éticos. En su artículo “Radioscopia
subversiva en la Argentina”, publicado en el No 344, enero-marzo de 1962, de la
Revista de la Escuela Superior de Guerra, el instructor francés Jean Nouguès
sostuvo que el enemigo de sus discípulos argentinos sería constituido por el
peronismo y los intelectuales. En mi libro La Violencia Evangélica publiqué un
memorandum del embajador Armand de Blanquet du Chayla y una nota del agregado
militar y naval de Francia, coronel Notelle, sobre el curso para treinta y
nueve oficiales de catorce países. El conde Blanquet du Chayla, miembro de una
familia de militares y obispos, destacó en el informe a su gobierno la
importancia de que también participaran como alumnos oficiales estadounidenses,
cuyos celos destacaba. El último episodio que caracteriza el estilo de
Puricelli está en pleno desarrollo y se refiere a la demolición de un monumento
al Plan Cóndor erigido en 1978 en la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, de
Salta. Es una pirámide, coronada por un globo terráqueo en el que la Argentina
resalta en color rojo, sobre el que aletea un cóndor. A propuesta del Frente
para la Victoria, el Concejo Deliberante solicitó al ministerio de Defensa que
lo destruyera. El pedido fue avalado por el secretario de derechos humanos de
la Nación, Martín Fresneda, en un dictamen que menciona el repudio expresado por
el Mercosur a “las Coordinaciones Represivas del Cono Sur y en particular de la
Operación Cóndor”. Agregó que de acuerdo con la política de Memoria, Verdad y
Justicia iniciada por Kirchner, que colocó a los derechos humanos como nota
distintiva del proyecto nacional y popular, “no puede el Estado democrático
asignar denominaciones honoríficas, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de carácter público, a situaciones que constituyeron
una participación activa en la represión ilegal y en el quebrantamiento de la
institucionalidad democrática”. Como el pretexto del monumento fue el Combate
de Manchalá, “si existiera alguna placa rememorativa de algún soldado
conscripto”, muerto en aquel enfrentamiento con fuerzas del ERP en Tucumán, “la
misma podrá ser trasladada a otro lugar de la Guarnición”. Puricelli remitió la
cuestión a la justicia federal. El juez Miguel Medina preguntó al ministerio si
había alguna resolución para demoler el monumento. La directora de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Defensa, Stella Segado,
dictaminó que para preservar posibles pruebas deberían conservarse los 50
centímetros de la base, ya que una versión sostenía que debajo del monumento
habría restos de detenidos-desaparecidos. Puricelli no aceptó ese dictamen y se
propone responder que no hay resolución alguna del ministerio, con lo cual
permitiría a la Justicia salteña ignorar la decisión de los ediles y prolongar
por tiempo indefinido el homenaje al terrorismo de Estado.
Fuente: Pagina 12
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