martes, 27 de noviembre de 2012

El presidente del TOF lamentó las demoras en el megajuicio


El presidente del Tribunal Oral que lleva a cabo el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Salta lamentó las demoras en este proceso, que se inició en mayo pasado y concluiría recién en marzo de 2013, según estimaciones judiciales. La audiencia seguirá hoy, a partir de las 9, con los testimonios previstos para ayer.
“Lamentamos profundamente que hoy sea un día que podamos aprovecharlo poco”, fue la frase elegida por el juez Carlos Jiménez Montilla para comenzar la jornada de la víspera, para la que se habían previsto diez testimonios pero no pudo realizarse debido a mal estado de salud del represor Carlos Alberto Mulhall, quien se encuentra internado en el Hospital Central Militar, en Buenos Aires.
La breve audiencia de ayer se hizo pasadas las 11, solo para informar que hasta esa hora los jueces habían estado esperando que el médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado para determinar si Mulhall podía ser trasladado al hospital del penal de Ezeiza les diera su informe. A las 11, sin que el informe se hubiera entregado, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, para cuando se pretende escuchar los testimonios pospuestos y los previstos inicialmente para hoy. “Vamos a tratar de escuchar la mayor cantidad de testimonios posibles”, prometió Jiménez Montilla al finalizar la audiencia. Es que los problemas de salud de los imputados vienen ralentizando aún más este proceso, que se viene desarrollando desde mayo pasado a razón de dos días por semana.
Jiménez Montilla dijo que en principio, aunque todo depende del informe médico sobre el estado de la salud del acusado, Mulhall seguiría la audiencia vía videoconferencia desde el hospital del penal de Ezeiza, una práctica que también se está llevando a cabo con acusados por delitos de lesa humanidad en Tucumán.
Esta decisión generó un entredicho entre el defensor oficial ad hoc Federico Petrina y el presidente del Tribunal. El defensor pidió que si se decidía el traslado de Mulhall a Ezeiza se informara a las autoridades del penal que el represor tiene prisión domiciliaria, “porque la vez pasada lo pusieron en una celda”, aseguró antes de relatar que Mulhall tenía que llamar a los gritos a los guardiacárceles cada vez que necesitaba algo. Jiménez Montilla trataba de explicar que eso no era posible y como Petrina insistía, cerró la discusión de manera tajante: “En el hospital de Ezeiza no hay celdas”, y luego explicó que el hospital tiene los condicionamientos lógicos de un establecimiento de salud ubicado dentro de una cárcel. 

martes, 20 de noviembre de 2012

Confirman que Ovalle trató de hablar con un testigo antes de que declarara


El abogado Gerardo Battistón dijo ayer que el testigo José Luis Salazar le dijo que había recibido una llamada de “un tal Avalle u Ovalle” pidiéndole reunirse con él antes de que declarara en el megajuicio por violaciones a derechos humanos que se lleva a cabo en esta ciudad.
Battistón declaró desde Córdoba vía videoconferencia, por pedido del fiscal Ricardo Toranzos, quien el pasado 6 de de este mes planteó al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta la revocatoria de la excarcelación del acusado Juan Manuel Ovalle, quien está siendo juzgado en este proceso por su presunta participación en el secuestro y desaparición de la docente universitaria Silvia Aramayo.
Battistón, que como integrante del Programa Verdad y Justicia se encarga de citar a testigos residentes en Córdoba que son requeridos por el TOF Salta, contó que el sábado 3 de noviembre fue a Río Cuarto a notificar a Salazar que debía venir a declarar el 6. Contó que el testigo lo recibió hablando por teléfono y por sus respuestas entendió que la persona con la que conversaba le preguntaba cuándo iría a Salta. Battistón recordó una de las respuestas: “No te hagás problemas, yo si tengo que viajar, te voy a avisar o te paso a ver”. Cuanto cortó Salazar le dijo que “la charla era con un tal Avalle u Ovalle”, quien le preguntaba, precisamente, si iba a venir a declarar en este proceso.
Battistón dijo que Salazar no se mostró asustado pero sí preocupado, porque “saben todo”. Añadió que, “por las dudas”, habló con el jefe del Programa Verdad y Justicia y se comunicó con la abogada Verónica Huber, que junto a su colega Pedro García Castiella, integran el Programa en Salta. Fue así que la novedad del llamado llegó a conocimiento del fiscal.
Salazar declaró efectivamente el 6 de noviembre. Y contó sobre la llamada de Ovalle, que lo sorprendió porque no tenían contacto desde hacía 30 años. El testigo afirmó que el acusado le pidió que se reuniera con él antes de declarar.
Para el fiscal, hay un entorpecimiento de la acción judicial, por lo que pidió se le revoque la excarcelación a Ovalle. Dado que Salazar dijo haber recibido la llamada a su teléfono celular, el fiscal pidió ese día que se revisara este teléfono para confirmar la existencia de la llamada. Ayer el querellante David Leiva quiso saber si se había realizado esta diligencia: “(Para cuando se hizo el pedido) el testigo ya se había retirado por lo que fue imposible”, fue la sorprendente respuesta. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, aseguró que la medida se llevará a cabo en estos días.
Varios testigos han señalado a Ovalle como agente de inteligencia en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y en otros ámbitos. Ayer la periodista y ex diputada nacional Silvia Troyano recordó que sabían que era hermano del comisario Abel Vicente Murúa (acusado por crímenes de lesa humanidad, ya fallecido) y que por eso se cuidaban al hablar delante de él.
 
 Sin identificar
 
“En esa época a ese personal (de la D2 de la Policía) no se lo identificaba mucho”. La frase fue vertida ayer por el policía retirado Ángel Orquera, quien en septiembre de 1976 integraba la Brigada de Explosivos de la División Bomberos de la Policía de Salta y como tal fue convocado a revisar la casa del barrio Santa Lucía de donde fueron secuestrados Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y su esposo, Héctor Gamboa.
Orquera hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta del abogado David Leiva, que intentaba obtener información sobre los policías presentes en la casa de los Gamboa. El testigo dijo que cuando llegó, no supo precisar si a la 1, las 2 o las 3 de la madrugada del 25 de septiembre de 1976, la casa “abierta, iluminada y en completo desorden” y que afuera había policías uniformados y de civil.
 

Acusan por falso testimonio al abogado Raimundo Sosa


El fiscal federal Ricardo Toranzos acusó ayer al abogado Alberto Raimundo Sosa de haber dado un testimonio falso en su declaración en la megacausa por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en esta ciudad. Y se reservó la posibilidad de hacer lo mismo con el filósofo Mario Carlos Casalla, quien declaró ayer sobre su paso por la Universidad Nacional de Salta (UNSa).  
El pedido contra Sosa es porque aseguró que el 24 de marzo de 1976 ayudó a escapar al ex ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Ragone, Enrique Pfister, y que por esto fue dado de baja de la Policía provincial, pero lo contradicen el abogado Juan Carlos Antonio Issa, que declaró ayer, y el propio Pfister, quien declaró en la primera parte de la causa por el secuestro y desaparición de Ragone y afirmó que para el 11 de marzo de 1976 ya estaba en Buenos Aires.
“Eso es totalmente falso. Pongo las manos, si quiere en el fuego, eso es totalmente falso.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Causa Ragone II: procesan a tres comisarios e indagan a otros dos



El juez federal  Julio Leonardo Bavio procesó a otros tres comisarios por distintos delitos cometidos en el marco del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976 en esta ciudad. Además, el magistrado citó a prestar declaración indagatoria a otros dos comisarios, que deben presentarse entre hoy y el lunes próximo.
Los procesados son Antonio Saravia, que en 1976 era jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP, inteligencia) la Policía de Salta, hoy jubilado; el comisario general retirado Néstor Liendro, subjefe de la Comisaría 1º de Salta, y el comisario mayor retirado Abel Guaymás, que era inspector de zona y tenía injerencia sobre la Comisaría 1º de Salta, la que intervino ni bien se cometió el secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976. En esa circunstancia los secuestradores asesinaron al almacenero Santiago Arredes e intentaron lo propio con Margarita Martínez de Leal, que presenció el secuestro desde la oficina de la empresa Betella.
Los citados a indagatoria son el comisario Santiago Pedroza, que en 1976 era jefe de la Comisaría 1º, convocado para hoy, y que será buscado por la fuerza si no asiste por sus propios medios, y el comisario general retirado Roberto Arredes (hermano de Santiago), citado para el próximo lunes.
De los tres procesados, Saravia enfrenta una acusación más grave y, de hecho, anteanoche mismo fue detenido, y alojado en la cárcel federal de Güemes. El juez lo procesó por homicidio doblemente agravado, por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas, en perjuicio del ex gobernador; por homicidio doblemente agravado por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr su impunidad, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes, y por similar delito en grado de tentativa, en perjuicio de Martínez de Leal.
El secuestro de Ragone se cometió en la jurisdicción de la Comisaría 1º, pero ni bien iniciado el sumario policial fue derivado a la DIP (que habitualmente no tramitaba sumarios), por orden del entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil. Para el juez, este direccionamiento se habría realizado para “tener el control de la situación”. Liendro intervino inicialmente, como subjefe de la 1º, y Guaymás, como jefe de zona con injerencia sobre esta Comisaría. Para el magistrado, ambos “colaboraron (…) para que el hecho y sus responsables permanecieran en la impunidad”.
En el procesamiento Bavio enumeró una larga lista de irregularidades cometidas en el sumario policial, “falencias que en modo alguno pueden ser entendidas como torpeza, impericia y/o negligencia (…), sino todo lo contrario”.  
Guil fue condenado en octubre de 2011 por estos mismos hechos. “Se advierte con claridad que Guil y el imputado Antonio Saravia participaron de consuno en pos de evitar la aprehensión de los responsables. De las actuaciones prevencionales salta a la vista la manera coordinada y en conjunto en la que actuaron”, afirmó el juez.  
El jefe de la Policía en marzo de 1976, el ex militar Miguel Gentil, también condenado el año pasado. El subjefe era Virtom Mendíaz, sobre el que pesa un pedido de investigación. En la línea de mando seguían los comisarios Saravia, Arredes y Abel Murúa (fallecido) y, más abajo, Liendro, Guaymás y Pedroza. Con estas acusaciones se estaría cubriendo a gran parte de la plana mayor de la Policía salteña que actuó concertadamente en el secuestro de Ragone. También sigue la investigación en relación a la totalidad de la plana mayor del Ejército.
Por el cargo que ocupaba en la estructura de la plana mayor de la Policía de Salta, Arredes, que por entonces era jefe de la Dirección de Personal, está acusado por los mismos delitos que Saravia. 

martes, 6 de noviembre de 2012

Policía dio datos sobre otro posible centro clandestino de detención


Hay sospechas de que en el paraje El Gallinato, en el departamento La Caldera, a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial, existió un centro clandestino de detención. De a poco se van reuniendo datos que dan fuerza a esta presunción: en el megajuicio que se lleva a cabo en Salta ayer el policía retirado Juan Carlos Gutiérrez recordó que en ese lugar encontraron en octubre de 1976 los restos de un hombre y una mujer. Hay casi certeza de que eran de Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa y de su marido, Héctor Domingo Gamboa, que habían sido secuestrados, por un grupo de tareas en el que había policías, en la madrugada del 25 de septiembre de 1976.
Se sabe que El Gallinato era usado para someter a explosiones a presos políticos. ¿A quién pertenecían/pertenecen estas tierras? Fue la pregunta que inquietó a la abogada querellante Susana Aramayo. Tomando como referencia el lugar donde se encontraron los restos, Gutiérrez dijo que a medio kilómetro había una casa habitada “por alemanes” y que unos 3 kilómetros había otra casa “donde vivía un sacerdote, Saravia”. Se refería a Carlos Escobar Saravia, capellán del Ejército, y que está sospechado de haber tenido participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Indagarán sobre una fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz


En 1977 los agentes del terrorismo de Estado en Salta depositaron restos óseos de personas que presumiblemente habían sido explosionadas en el paraje El Gallinato en una fosa común en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz. El dato era conocido porque en ese lugar se encontró el maxilar de la antropóloga Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, desaparecida desde el 24 de septiembre de 1976, cuando fue secuestrada junto a su marido, Héctor Gamboa, pero ahora se agregó una novedad: fueron los propios policías los que señalaron el lugar exacto de la fosa donde buscar los restos del matrimonio.
La existencia de esta fosa fue confirmada ayer por un testigo directo, el odontólogo Manuel José Costello, quien en 1977 recibió el pedido de los familiares de Gemma y Héctor para que tratara de reconocer los restos de la mujer.