Es más difícil juzgar a los funcionarios judiciales que a
los propios militares, autores directos e indirectos de los hechos”, señaló en
la puerta de Tribunales Federales Luis Miguel “Vitin” Baronetto, querellante en
la causa conocida como “de los magistrados”, el sábado pasado. Baronetto viene
batallando hace años, contra propios y extraños, para que se juzgue a quienes
desde el Poder Judicial permitieron que presos a disposición de la propia
Justicia fueran fusilados, en 1976, en operativos enmarcados en la llamada “ley
de fuga”, aplicados alevosamente en Córdoba.
Su esposa fue una de las víctimas, junto a otros 30
detenidos, entre los que se encuentra Miguel Ángel Ceballos, padre del abogado
Miguel Ceballos que patrocina a Baronetto en la causa.
Así concluyó la semana más intensa que se recuerde en la
Justicia Federal cordobesa, donde cinco funcionarios judiciales resultaron
detenidos por su complicidad sistemática con el terrorismo de Estado. Se trata
de quienes al momento de producirse los fusilamientos de presos políticos
confinados en la Penitenciaria de barrio San Martín, en 1976, cumplían
funciones como juez federal, fiscal federal, secretario de juzgado y dos
defensores públicos. La causa que derivó en la detención de Miguel Ángel Puga,
Antonio Sebastián Cornejo, Carlos Otero Álvarez, Ricardo Haro y Luís Eduardo
Molina, respectivamente, es un desprendimiento de la conocida como UP1, que
llevó a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y a un una veintena de
oficiales y policías a condena por delitos de lesa humanidad en 2010.
Se trató de una situación inverosímil para estos
funcionarios que esperaban terminar sus días bajo la sombra de la impunidad. De
hecho, al terminar su indagatoria Miguel Ángel Puga, el magistrado no daba
cuenta de que su día terminaría en el penal de Bower. “Va a quedar detenido”,
le dijo el juez Daniel Piedrabuena. “¿Cómo, a dónde voy a quedar?”, preguntó
Puga, como si desconociese un procedimiento que ordenó infinidad de ocasiones
como titular de juzgado. En el papel de delincuente, Puga estaba desconcertado.
De la misma forma, el policía que estaba a su lado no atinaba a reaccionar,
Piedrabuena debió insistir. “Espóselo”, ordenó.
Los funcionarios están acusados, según cada caso, de
encubrimiento, abuso de autoridad, e incumplimiento de la obligación de
promover la persecución penal, que van desde privación ilegítima de la
libertad, tortura, rapiña, aborto inducido a homicidio calificado. Puga
enfrenta cargos por siete hechos, Cornejo por seis, Molina por dos, Haro por
15, y Otero Álvarez por 93 hechos. Puga y Otero Álvarez compartían pabellón, al
cierre de esta edición, con los militares y policías condenados en juicios
anteriores, en uno de los cuales el propio Otero Álvarez ofició de juez del
tribunal. En tanto, Cornejo, Molina y Haro cuentan con prisión domiciliaria
debido a problemas de salud.
Paradójicamente, las pruebas aportadas por la fiscalía se
basan en las recabadas para el juicio de la UP1, pero al momento de la
instrucción la jueza Cristina Garzón de Lascano resolvió separar la causa de
los magistrados de la que sentó en el banquillo de los acusados a Videla &
Cía. Era necesario evitar esa foto y hundir las denuncias en una maraña de
chicanas judiciales que acabaran con la esperanza de justicia que horrorizaba a
la familia judicial.
Una corporación. Debió llegar un juez asentado en La Rioja
para que la instrucción avanzara en una causa que, como papa caliente, nadie
quería sostener en Córdoba. El juez Alejandro Sánchez Freytes fue apartado en
primera instancia, tras retrasar lo posible la investigación, porque tomó
resoluciones sin notificar a la querella.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, quien tomó la
instrucción tras apartarse los fiscales Graciela López de Filoniuk y Enrique
Serestrari por su relación íntima con los acusados, debió apartarse también por
los reproches que le realizó la Cámara Federal de Apelaciones por su trabajo.
Sólo cuando se resolvió designar al fiscal Carlos Gonella
para subrogar (reemplazar) a Vidal Lascano, la instrucción avanzó rápidamente.
Si en principio los funcionarios adujeron que su accionar no consistía en
delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto estaban prescriptos,
posteriormente intentaron desligarse aduciendo que se ajustaron al derecho
vigente en ese momento, que incluyó las disposiciones de la dictadura.
Baronetto recuerda que “cuando se realizaron las primeras
denuncias de complicidad de los funcionarios judiciales, la reacción del Poder
Judicial fue mayoritariamente corporativa. De hecho costó mucho tiempo insertar
esa complicidad como parte del terrorismo de estado. En los inicios del proceso
democrático la mayoría de los funcionarios eran los mismos que habíamos
padecido durante la dictadura. Las denuncias se hicieron igual. Pero se avanzó
sólo centrando en la responsabilidad militar y policial, que ciertamente era
fundamental porque se trataba de los ejecutores. Pero se relegó la
investigación del brazo judicial, sin el cual no se podrían haber consumado
tantos crímenes”.
“Partamos de los hábeas corpus denegados, sin instrumentar
ninguna investigación, quedándose sólo con la respuesta formal de las fuerzas
de seguridad, que ya para entonces mucha gente sabía, y ellos con mayor razón,
que eran los autores de las detenciones ilegales, las torturas y los
asesinatos. Aquellas omisiones no fueron casuales o inocentes. Funcionaban los
lazos familiares o de amistad entre los funcionarios de ayer y de hoy”, agrega
el referente de los derechos humanos en Córdoba, quien sufrió en carne propia
el secuestro y la tortura, simultáneamente a lo sucedido con su mujer.
Sagrada Familia.
Conocida como “La
Sagrada Familia”, la corporación judicial cordobesa se basa en relaciones
familiares, de amistad o recomendación que son determinantes para los
nombramientos. “En su gran mayoría están delimitados por un corsé ideológico
que les permitió trabajar durante la dictadura. Pero el problema es de raíz y
está ligado a una elite beata, monacal y patricia de Córdoba que se asentó en
el fuero y lo maneja como si fuera propio. Si no vas a las fiestas, a los
asados donde se arreglan los nombramientos, a los casamientos donde se
reconocen como exclusivos miembros de una feligresía con derecho único para
impartir justicia, sos un bicho extraño”, señaló una fuente judicial que conoce
los pormenores de la causa.
Vale como ejemplo que en su momento los querellantes
acusaron al fiscal Gustavo Vidal Lascano de desestimar la denuncia contra el
juez Carlos Otero Álvarez, a cambio de que este hiciera nombrar a Julieta Vidal
Lascano, hija del fiscal, en el Tribunal Oral Federal Nº 1, donde el detenido
era vocal.
En ese sentido, Gonella explicó a esta revista que su
intervención como tal “se produce porque todos los fiscales de la jurisdicción
se apartaron por amistad íntima con los acusados o fueron recusados por las
querellas por motivos similares. Lo mismo sucedió con los jueces de
instrucción, motivo por el cual tuvo que intervenir el juez federal de La
Rioja. Con esto quiero decir que, al igual que lo que sucede en otras
jurisdicciones, se trata de un medio atravesado por lógicas corporativas muy
densas que ha generado sus anticuerpos para intentar repeler a quien ejerce el
rol acusador sin estar comprendido dentro de esas lógicas”.
El fiscal, de 36 años, expresa a una nueva camada de funcionarios
que vienen trabajando para romper esa lógica, tal como lo hiciera en su
oportunidad el actual juez del Tribunal Oral Nº 2, Fabián Asis, al recusar a
Otero Álvarez en uno de los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en
Córdoba. Gonella se desempeña en ese mismo TOF desde 2009, subrogando a Asis,
pero ha rendido y se encuentra en primer lugar de cuatro concursos para el
mismo cargo en otras jurisdicciones. También fue ternado, previo concurso, para
el cargo de defensor oficial ante los tribunales de primera y segunda instancia
federales de Córdoba, paradójicamente el cargo que dejó vacante el acusado Luís
Eduardo Molina.
Que aparezcan funcionarios judiciales dispuestos para juzgar
a sus pares, pasadas más de tres décadas de sucedidos los hechos, marca que la
Justicia Federal en Córdoba comienza a asumir una política de Estado que
reclamaron los organismos de derechos humanos durante años. “Yo no diría que el
sistema esté actualmente destrabado. Es cierto que se han abierto brechas y
existen intersticios, pero no creo que eso sea producto de un proceso de
autodepuración, sino más bien de los cambios culturales que se están
produciendo desde hace unos años en nuestro país”, describe el fiscal.
En ese sentido, el periodista Hernán Vaca Narvaja, hijo del
fusilado Hugo Vaca Narvaja –un abogado que fue procurador fiscal durante el
gobierno de Obregón Cano y apoderado del Partido Peronista Auténtico (brazo
político de Montoneros cuando la organización guerrillera pasó a la
clandestinidad)–, entiende que “la actitud de los magistrados y defensores
allanó el camino para las torturas y asesinatos. No sólo fueron funcionales,
sino que fueron cómplices, porque no se limitaron a hacer la vista gorda, sino
que incluso sugirieron a los presos que no denunciaran los apremios ilegales
porque su situación empeoraría. El caso de los defensores oficiales fue
patético, al sugerirle a una de las presas que “aflojara la bombachita” si
quería mejorar su situación carcelaria (se refiere a Luis Eduardo Molina y el
hecho se conoció tras el testimonio de una ex presa durante el juicio de la
UP1). Al no pedir explicaciones sobre crímenes aberrantes como los de Francisco
Bauducco o René Moukarzel, los magistrados garantizaron la impunidad de los
asesinos, tanto los autores materiales como los que daban las órdenes”.
El periodista, que dirige la revista El Sur desde Río
Cuarto, sostiene que “fueron los magistrados los que convirtieron a la cárcel
de San Martín en tierra liberada para que los militares torturaran y asesinaran
con total impunidad, sabiendo que no serían investigados por sus abusos ni por
sus crímenes”.
Un cambio de época se abre ahora en la Justicia Federal de
Córdoba. Vaca Narvaja aportó desde su revista, casi en soledad al igual que
Baronetto, una cobertura que sumó una luz sobre la matanza de los presos
políticos y las complicidades judiciales. Por eso afirma que las detenciones
“son un soplo de aire fresco en una Justicia Federal que sumó a los
impresentables funcionarios que fueron cómplices del terrorismo de Estado a los
no menos impresentables que entraron por la claraboya durante la década
menemista. La torre federal de Córdoba todavía alberga magistrados emblemáticos
como Ricardo Bustos Fierro, que han consentido con sus fallos o su inacción
situaciones gravísimas que van desde la existencia de una virtual aduana
paralela al incremento del costo del cable desconociendo la normativa vigente.
Afortunadamente en los últimos años han ingresado funcionarios probos, honestos
y capaces que de alguna manera han comenzado a compensar la balanza. Igual
sería imprescindible que el gobierno nacional termine de cubrir las vacantes
con gente idónea y democrática”
Fundamentos y conclusiones
En el pedido de indagatoria, la fiscalía consideró que las
acusaciones contra los funcionarios detenidos no se trataron de hechos
aislados, “sino de un patrón común de trabajo. Lo demuestran la cantidad de
procesos abiertos contra ex magistrados y funcionarios por su actuación en casi
todas las jurisdicciones del país, conforme surge de los registros de la
Procuración General de la Nación, en virtud de los cuales se ha informado a la
opinión pública que hasta ahora hay más de 50 personas imputadas”.
En ese sentido, Gonella sostuvo ante el juez Piedrabuena que
“el resultado de la investigación (…) permite afirmar que el terrorismo de
Estado contó en Córdoba con la complicidad del Poder Judicial Federal que se
adecuó y consintió sin más el plan sistemático de represión y aniquilamiento de
la denominada ‘subversión’ imperante en aquellos años, acompañando sea por
acción u omisión ese proceder delictivo”.
“Así, se cuenta con elementos de prueba suficientes que
permiten afirmar, con el grado de probabilidad requerido, que la actuación de
los imputados fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la
responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial
Federal de la provincia omitiera investigar los delitos que se cometieron, los
encubriera, y hasta incluso, tomaran parte en los mismos”, abunda el escrito.
Esta situación fundamentó, antes que la causa tomara cuerpo,
que Baronetto se presentara en el Consejo de la Magistratura para reclamar que
se evaluara a Otero Álvarez por la complicidad en el asesinato su esposa.
“Cuando presentamos el caso, entendimos que restaba calidad institucional que
un juez sospechado de complicidad fuese el mismo que juzgara a los represores.
Había pruebas –y todavía están en los expedientes– de sus actuaciones como
secretario penal en los años de la dictadura”.
Baronetto recibió fuertes críticas por su presentación ante
el Consejo de la Magistratura, que hoy se ven desacreditadas, a la luz de los hechos.
“Creían que se retrasarían los juicios, cosa que no sucedió, porque para eso
están los mecanismos de reemplazos. Quienes sosteníamos una perspectiva más
integral, y por tanto más política, pensamos que tan importante como la ley, en
el camino de consolidación de la democracia, era la conducta ética de los
encargados de aplicarla. Esas garantías procesales, que con marchas y
retrocesos caracterizaron los juicios de lesa humanidad en nuestro país, son
derechos que no tuvieron las víctimas de la Penitenciaria. Eso también es
justicia.
Fuente: Revista 23
