miércoles, 27 de febrero de 2013

Por inexistencia de delito, sobreseen a los abogados Kiriaco y Leiva


El juez Jorge Raúl Sosa Vallejo sobreseyó a los abogados Tania Kiriaco y David Leiva por considerar que  no cometieron ningún delito en la tramitación del juicio sucesorio del joven militante Eduardo Fronda, asesinado en enero de 1975 en el marco del plan sistemático de eliminación de personas.
En mayo del año pasado, Luis Fronda, hermano de Eduardo, acusó  –penal y públicamente- a la abogada Tania Kiriaco por un supuesto fraude, e implicó también en este hecho a Leiva, pero el juez Sosa Vallejo llegó a la conclusión de que “la conducta desplegada (por Kiriaco y Leiva) no configura el delito de estafa”.
Kiriaco y Leiva representaron a Luis Fronda y a Marcos Hugo Fronda, en el juicio sucesorio de Eduardo y en el cobro de una indemnización del Estado Nacional. Ese trámite se inició en 2004 y concluyó recién en 2011. Los hermanos Fronda aseguraban que los letrados les habían cobrado dos veces los honorarios, y le dieron amplia difusión mediática a esta denuncia, representados por el abogado Carlos “Uluncha” Saravia.
Sin embargo, en noviembre pasado los denunciantes desistieron de sus pretensiones e incluso hicieron una presentación judicial pidiendo el levantamiento del embargo que antes habían impulsado en contra de los letrados. Y expresaron que querían dejar salvado el buen nombre de los abogados actuantes y que les reconocen sus trayectorias como militantes de derechos humanos.
Para el magistrado, no hubo ningún delito: “No surge que los denunciados desplegaran conductas o maniobras que implicaran el despliegue de ardid o engaño”, afirmó en los fundamentos de su resolución, en la que enumeró que los abogados “desarrollaron distintos trámites y reclamos administrativos, juicio sucesorio y causa penal por lesa humanidad, no existiendo falsa causa de pago”, dado que estas acciones de los letrados “ocasionaron gastos y generaron honorarios conforme a derecho, siendo el legítimo ejercicio de su derecho a cobrar lo que le era debido por labor en el proceso y en los trámites administrativos como letrados”, por lo tanto “no existió doble pago por una misma tarea profesional”.
El auto de sobreseimiento es de fines de diciembre pasado y pone punto final a una campaña de difusión, en contra de Kiriaco sobre todo, que venían llevando adelante Luis Fronda, quien llegó a implicar a otras personas en una presunta red de protección de los abogados que había denunciado por un hecho inexistente.

martes, 19 de febrero de 2013

Malestar de los querellantes: No hubo audiencia por fallas en las videoconferencias


Por Elena Corvalan
La cuarta audiencia de este año en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta se frustró una vez más debido a fallas en la conexión del sistema de videoconferencias a través del cual siguen el debate los acusados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz. El fiscal Eduardo Villalba y los querellantes se mostraron molestos con esta nueva demora. El abogado David Leiva pidió al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que para evitar nuevos retardos, se traslade a los acusados a la ciudad de Salta.
Mulhall, Gentil y Mendíaz tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Mulhall y Gentil la cumplen en Buenos Aires, aunque desde fines del año pasado Mulhall está en el hospital del Penal de Ezeiza, debido a problemas de salud. Mendíaz está en Rosario. Los tres siguen las alternativas del debate por videoconferencia, lo que ya motivó suspensiones y demoras en este debate que se inició en mayo del año pasado y en el que aún restan declarar unos cien testigos, según estimaciones de las querellas.
La suspensión de la audiencia fue notificada cerca del mediodía por el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, quien “una vez más” pidió disculpas en nombre del Tribunal. Leiva solicitó entonces el traslado de los tres acusados que están fuera de la provincia (otros 14 permanecen en Salta) “ a los fines de que no se dilate tanto” el debate.
El fiscal adhirió inmediatamente e, igual que Leiva, se comprometió a revisar la lista de testigos pendientes, con el propósito de ayudar a la agilización del proceso. Y adhirieron también los abogados querellantes Gastón Casabella, Matías Duarte y Tania Kiriaco.
El defensor oficial Federico Petrina se opuso. “Mis asistidos jamás se han ausentado de las audiencias por razones que les fueran achacadas a ellos”, sostuvo antes de asegurar que su traslado a esta provincia “se convertiría en un agravamiento de las condiciones” en las que cumplen la prisión preventiva domiciliaria. Jiménez Montilla informó que el Tribunal resolverá luego a estos planteos, y dio otra mala noticia: las audiencias recién se reanudarán el 4 y 5 de marzo próximos. Explicó que uno de los jueces debe ser sometido a estudios médicos y es imposible realizar audiencias el 25 y 26 de febrero.
La novedad provocó malestar en los querellantes. “Desde que empezó (el debate), hemos tenido meses con cuatro audiencias”, lamentó Mariana Gamboa, hija de Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos el 25 de septiembre de 1976 y cuyo caso está siendo juzgado en este proceso. Gamboa destacó que el TOFSalta “eligió los lunes y martes (para realizar las audiencias), los días que tienen más feriados”.

lunes, 18 de febrero de 2013

Citan a un ex soldado que vio a su madre detenida en el Regimiento


Un hombre que en 1976 cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería 141 de esta ciudad será convocado a dar su testimonio en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se sustancia en Salta desde mayo del año pasado. La Fiscalía y las querellas creen que puede aportar más datos sobre detenidos que fueron alojados en la sede del Regimiento de Caballería 141, en el que se sospecha que funcionaron centros clandestinos de detención.
El nuevo testigo es Héctor Baffa Trasci, hijo de Lidia Yolanda Barros de Baffa Trasci, quien ayer contó ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que el 24 de marzo de 1976 fue detenida junto a su marido, el también docente Vicente Baffa Trasci, y que ambos fueron llevados, tabicados (vendados) a la sede del Regimiento, donde su primogénito, que por entonces estaba haciendo el servicio militar, abrió el portón de entrada para permitir el paso del automóvil en el que eran llevados. El matrimonio recuperó la libertad dos semanas después, luego de una reunión de la que participaron 6 militares, entre quienes la testigo reconoció a Juan Carlos Grande (fallecido) y a Joaquín Cornejo Alemán, que era segundo jefe del Regimiento y está siendo juzgado en este proceso. Los militares tenían exigencias: a su esposo le dijeron que ya no sería el rector del Colegio Nacional, ni docente, y que no podría jubilarse ni seguir trabajando; y ella no podría seguir dando clases en la Universidad. “Mañana cuando salga de aquí me haré cargo del Rectorado y seguiré mi trámite jubilatorio”, se resistió Baffa Trasci. Lo propio hizo la testigo.

domingo, 17 de febrero de 2013

Un imputado por apropiador, citado como testigo

 Con la novedad de que vendría a declarar en calidad de testigo un coronel retirado procesado por la apropiación de un niño, continuarán hoy y mañana las audiencias en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta.
Entre los testigos convocados para el martes se cuenta un “teniente primero Ernesto Salvador Girbone”, a quien se menciona como jefe de la Agrupación de Instrucción. Aunque el primer nombre de pila no coincide, otros datos indican que se trata del actual coronel retirado Héctor Salvador Girbone, quien registra en su legajo un paso por el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña 141 en Salta, donde habría cumplido funciones entre el 1 de diciembre de 1975 y el 5 de diciembre de 1977 y habría sido jefe de escuadrón, con el grado de teniente primero.
En octubre pasado Héctor Girbone fue procesado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires. La magistrada también procesó al primo del coronel retirado, Salvador Girbone, y a la esposa de éste, Raquel Ali Amhed, por la sustracción, retención y ocultamiento de Pablo Javier Gaona Miranda, inscripto como Leandro Daniel Girbone, y nieto 106 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. La jueza dictó la prisión preventiva para los tres acusados y les impuso embargos de 850 mil pesos para el matrimonio, y de 1.350.000 pesos a Héctor Girbone, a quien se atribuye haber entregado el niño a sus primos. El 14 de mayo de 1978, cuando tenía un mes de vida, Pablo Javier fue secuestrado junto a sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda (militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP). Ambos permanecen desaparecidos.
El testimonio de Girbone fue propuesto por el defensor oficial Federico Petrina, quien también pidió que se cite a declarar al militar retirado Marcelo Ranfagni, que a mediados de la década del 70 también prestaba servicios en el Regimiento de Caballería Ligero (C5).
Para hoy están previstos 20 testimonios, entre ellos los del dirigente justicialista Santos Jacinto Dávalos, entre otros destacados. 


El primo que ofició de entregador

Abuelas de Plaza de Mayo pidió la elevación a juicio oral de la causa, y entre los acusados figura Héctor Salvador Girbone, quien se desempeñó en el Ejército durante la dictadura e incluso hasta septiembre del año pasado.
Pablo Javier Gaona Miranda es el 106º nieto recuperado por las Abuelas.


Por Alejandra Dandan

miércoles, 13 de febrero de 2013

En Tucuman, causa Arsenal y jefatura investigan la desaparición del intendente Campos, de Aguaray. Nuevo aniversario de la desaparición de Jaime.


Enrique Campos, que fuera intendente de Aguaray durante el gobierno de Miguel Ragone, fue secuestrado el 21 de julio de 1977, en las inmediaciones del Río Salí, en Tucumán, donde vivía en la clandestinidad con su familia. Un testigo afirma haberlo visto en el centro clandestino de detención que funcionaba de la Jefatura de Policía de Tucumán.
 Su esposa de Enrique Campos, Lelia Gómez, y una de sus hijas, Licia Campos, declararán el jueves ante el Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán, que investiga este hecho en el marco del proceso en el que están acumuladas las causas Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía en el que juzga a 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas.
Enrique Campos, nació el 18 de mayo de 1944. Pasó su infancia y juventud en el norte salteño, se destacó por sus condiciones para el deporte y por su gran sensibilidad social. Tuvo cinco hijos.
Se desempeñó como jefe de supervisión de seguridad industrial en YPF. Concretó sus estudios secundarios como perito mercantil y obtuvo su título de asesor en seguridad industrial  otorgado por la OEA. 
Fue un reconocido militante de la Juventud  Peronista.  En 1973 asumió como intendente de Aguaray, designado por el entonces gobernador Ragone, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.
Desde entonces fue perseguido políticamente, aún antes de la intervención federal al gobierno provincial, decretado durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón, en noviembre de 1974. Tras sufrir allanamientos a su domicilio y amenazas de secuestro, Campos huyó con su familia a Tucumán, donde lo alcanzó la represión.
Se sabe que Campos fue llevado a la Jefatura de Policía tucumana en agosto de 1977, con una herida de bala en la espalda. De allí lo condujeron al Hospital Militar donde fue operado, una semana después fue llevado otra vez a la Jefatura para ser interrogado, pero como se negó a colaborar lo dejan morir. 

Luciano Jaime, un crimen que todavía espera justicia

 
Entre el 12 y hoy (14 de febrero de 2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia en 1975. Su caso integra la lista de causas acumuladas por las que desde mayo del año pasado se está juzgado a 17 represores, entre ellos el ex comisario Joaquín Guil y el militar y ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por este hecho.
Jaime fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del diario El Intransigente, en el que trabajaba por entonces. Dos días después los restos de su cuerpo sometido a una explosicón (se cree que mediante la utilización de gelamón) fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico, a pocos kilómetros de esta ciudad.
A pesar de los años transcurridos, el crimen aún sigue impune. En el proceso oral que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta se han conocido datos que dejan en claro que del secuestro y homicidio participaron otros autores materiales, y encubridores, la mayoría de ellos integrantes de la Policía de Salta. Uno de los más complicados, sobre el que ya pesa un pedido de investigación es el comisario retirado Roberto Arredes, también involucrado en otros crímenes de lesa humanidad. No se han dilucidado responsabilidades hacia arriba en la cadena de mando.
Durante la investigación en primera instancia la Justicia Federal llegó a la conclusión de que el asesinato de Jaime estuvo enmarcado en el plan sistemático de eliminación perpetrado en el país desde los comienzos de la década del 70, que en Salta recrudeció tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974, y que alcanzó su apogeo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los testimonios dan cuenta de que en el ejercicio de su trabajo, Jaime terminó enfrentado a la cúpula policial que encabezaban Gentil y Guil.
Aún antes del inicio del debate oral y público, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta recomendó que se profundice la investigación para determinar si también deben ser imputados los comisarios Víctor Hugo Almirón y Arredes.
En el juicio ha quedado bastante claro que el asesinato de Jaime estuvo motivado en la cobertura que realizó del homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. El cuerpo de Fronda fue encontrado en Campo Belgrano, camino a Lesser, cerca de la ciudad de salta. Como periodista de la sección Policiales en el diario El Intransigente, Jaime vio el cuerpo de Fronda: la edición del 9 de enero del diario lo muestra señalando con un dedo el torturado cadáver de Fronda. Periodista y víctima se conocían desde antes. También Jaime tenía militancia en la JP, y apoyaba al gobernador Ragone, igual que Fronda.
En la edición del 9 de enero de 1975 Jaime describió el crimen de Fronda: contó de las huellas de la tortura que tenía el cuerpo, de las vendas en los ojos, la boca amordazada y las marcas de las muñecas. Luego difundió datos de una autopsia que daba cuenta de que Fronda había sufrido torturas. Además, aunque no lo publicó, Jaime informó a la familia de Fronda que lo había visto en la Central de Policía el 7 de enero.
En octubre del año pasado, por primera vez desde que fuera asesinado, su esposa, Irma Rosa Chica, se atrevió a dar testimonio ante los jueces: lo hizo para acusar a los ex jefes policiales Guil, Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa (estos dos últimos, fallecidos) de ser algunos de los autores del homicidio de su marido.
 “La Policía me lo ha matado. En ese entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica.

martes, 12 de febrero de 2013

Causa Arsenal y jefatura de Tucumán: Este jueves declara la Familia de Enrique Campos ex intendente de Aguaray


Este jueves 14 de febrero, en la ciudad de San Miguel de Tucumán,  a partir de las 9 de la mañana  declararan Lelia Gómez de Campos y  Licia Campos, esposa  e hijas de Enrique Campos. En el marco del proceso se encuentran acumuladas las causas Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. Se juzga a 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas, este juicio oral y público que dio inicio el 12 de noviembre del 2012.

Enrique Campos, nació el 18 de mayo de 1944. En el norte salteño pasó su infancia y juventud, conocido como "el asmao", se destacó por sus condiciones para el deporte y por su gran sensibilidad social. Se enamoró de Lilí y juntos formaron una familia con sus 5  hijos.
 Siempre perseverante trabajó y estudió; desempeñándose como jefe de supervisión de seguridad industrial en Y.P.F. Concretó sus estudios secundarios como perito mercantil y obtuvo su titulo de Asesor en Seguridad Industrial  otorgado por la O.E.A. 

 Abrazó la causa popular  y su compromiso lo llevó a ser un reconocidomilitante de la Juventud  Peronista.  En 1973, asumió como Intendente del municipio de Aguaray, Departamento San Martín de la provincia de Salta, en el mandato del Dr. Miguel Ragone (único Gobernador desaparecido de la República Argentina) con el compromiso de producir las transformaciones que debía realizar el gobierno votado por la mayoría popular. Desde entonces fue perseguido políticamente, aún antes de la intervención federal al gobierno provincial, decretado durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón en noviembre del 74'.    En el contexto de una exacerbada persecución política; la desaparición forzada y ejecutoria de compañeros de la región; el acoso de las fuerzas de seguridad, en la vía pública y numerosos allanamientos a su domicilio, ante un anunciado e inminente secuestro, se  vio obligado a dejar su hogar y su pueblo.

martes, 5 de febrero de 2013

Acusan a Ovalle de ser partícipe del secuestro de Silvia Aramayo


 La testigo Nora Aramayo acusó a Juan Manuel Ovalle de ser partícipe del secuestro de su hermana, la docente Silvia Aramayo, de apenas 23 años, que fue sacada de su casa en la madrugada del 24 de septiembre de 1976 y desaparecida desde entonces.
Nora sostuvo ayer que Ovalle “fue puesto en la Universidad (Nacional de Salta, donde conoció a Silvia) justamente para hacer eso, para controlar a los estudiantes. Eso lo sabían todo, que era un infiltrado”. Reiteró que Ovalle visitaba frecuentemente a su hermana, “en calidad de novio” y que su madre, Brunilda Rojas, lo reconoció como uno de los secuestradores. También el testigo Rubén Darío Mayta, militante de la JP; aseguró que Ovalle era una espía, y que integraba la Juventud Sindical, agrupación de derecha que se oponía al gobierno de Miguel Ragone.
Ovalle es uno de los 17 acusados por delitos de lesa humanidad que están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta.  Es el primer civil juzgado en la provincia por violaciones a los derechos humanos.
Nora memoró que la madrugada del 24 de septiembre de 1976 cuatro o cinco hombres armados, con pelucas y anteojos, y de civil, golpearon la puerta de la casa de su casa diciendo que eran de Gendarmería Nacional. Por la manera en que se comportaron, parecían conocer la vivienda y a sus habitantes: “Mi mamá se acercó a la puerta, evidentemente sabían cómo se abría porque le pegaron un manotazo y entraron”, relató. Mientras unos amenazaban a su madre y a su hermano, dos hombres fueron directo al dormitorio que compartían las hermanas, arrancaron de su cama a Silvia, y se la llevaron en camisón (“de plush rosa”), sin siquiera darle tiempo a calzarse.
Nora narró lo que vió y lo que le dijo su madre, quien buscó por años a su hija y está ahora imposibilitada de declarar, por razones de salud.
Por lo que contó, la irrupción y el secuestro no les dio tiempo a reaccionar: “Fue una cosa de segundos. Fue como un viento que abrió las puertas y se volvieron a cerrar”. Igual, su madre alcanzó a ver el automóvil en el que se llevaron a Silvia: un Ford Falcon “grande, sin patente” que rato después vio estacionado frente a la Central de Policía, cuando fueron a pedir al jefe, el represor Joaquín Guil, que investigara el secuestro de la docente.

lunes, 4 de febrero de 2013

Refugiados políticos chilenos salieron de su país por Salta


En 1973, tras la caída del gobierno socialista de Salvador Allende, en Chile (el 11 de septiembre de 1973), militantes peronistas de Salta colaboraron en la huida de perseguidos por la dictadura que en el país transandino encabezaba Augusto Pinochet.
El dato lo trajo al presente ayer el testigo Eduardo Fernández Muiños al declarar en la primera audiencia de 2013 del juicio que se sigue en esta ciudad en contra de 17 hombres, entre militares, policías y un civil, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y mediados de 1978.
Siete testigos declararon en el reinicio de las audiencias en este proceso que comenzó en mayo del año pasado.
Fernández Muiños sostuvo que en 1973 colaboró con la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa en un grupo que ayudaba a refugiados políticos chilenos que salían de Chile por Salta. “Se les buscaba habitación y comida. (…)  Sé que se quedaban poco tiempo acá en Salta; adónde iban, no lo sé, pero sé que esa actividad (de colaboración con los que escapaban de Chile) se desarrollaba en Salta muy fuertemente”, recordó.

domingo, 3 de febrero de 2013

Se reinicia el megajuicio por delitos de lesa humanidad


Por Elena Corvalan 
Con la continuidad de la recepción de testimonios se reiniciará el lunes 4 de febrero, el juicio oral y público que se sigue contra 17 hombres acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas, antes y durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta ha previsto que reiniciará el debate con más testimonios sobre las desapariciones de Silvia Aramayo, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Héctor Domimgo Gamboa, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, y el asesinato del estudiante secundario Martín Miguel Cobos, hechos por los que están acusados Carlos Alberto Mulhall (ex jefe del Ejército en Salta), Virtom Modesto Mendíaz (militar, ex subjefe y ex jefe de la Policía de Salta), Joaquín Guil (ex comisario general, ex jefe de Seguridad de la Policía salteña), Juan Manuel Ovalle (civil), Ubaldo Tomislav Vujovich Villa (militar), Ricardo Benjamín Isidro de la Vega (militar), Fernando Antonio Chaín (militar), Marcelo Diego Gatto (militar) y Joaquín Cornejo Alemán (ex segundo jefe del Ejército en Salta).