Comisario dijo que Ríos Ereñú era el responsable de la represión en el norte

Un comisario que al principio trató de mostrarse como desorientado, afirmó ayer que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, fue el máximo responsable de la represión en el norte provincial.

El comisario retirado Humberto Vicente González, que en 1976 era jefe interino de la IV Zona, en Tartagal, sostuvo que la Policía de la provincia estaba bajo el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 y que él debía informar directamente Ríos Ereñú, personalmente o por teléfono, sobre los hechos graves vinculados a la subversión. Para tratar de hacer caer su testimonio el defensor Martín Bomba Royo pidió que el testigo fuera sometido a un peritaje médico, que fuera careado con el general retirado y que se lo investigue por falso testimonio.

El peritaje no fue consentido por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal debido a que ya existe un informe médico, del 10 de enero pasado, que sostiene que González está “lúcido y orientado”. En cambio, el careo se realizó ayer mismo, pero el testigo se mantuvo en sus dichos, y Ríos Ereñú (el único de los 17 acusados que viene declarando) en los suyos.

El testimonio de González comenzó mal. De entrada, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, no se dejó enternecer por el aspecto de desvalido que presentaba el testigo, llevado ante los jueces en silla de ruedas por el equipo de Sanidad de Gendarmería Nacional. “¿Por qué no vino antes a declarar?”, lo recibió refiriéndose a las seis citaciones que el testigo esquivó. Balbuceando, el comisario dijo que se sentía mal, que es diabético.  

Ni bien el fiscal Ricardo Toranzos comenzó el interrogatorio, González mostró su estrategia inicial: casi no había consulta que no recibiera como respuesta el consabido “no recuerdo”. Sólo que el comisario le añadió el toque de exhibirse desorientado: llegó a decir que se retiró en el 63, a los 25 años de edad. Recién comenzó a reaccionar cuando el presidente del Tribunal lo reconvino: “trate de tener un poquito de memoria”, y el fiscal le explicó que estaba ahí como testigo y no como acusado.

“El jefe del Regimiento era el que mandaba en esa zona”, afirmó cuando comenzaron a consultarlo sobre su intervención en el procedimiento para levantar los restos del militante peronista Jorge René Santillán, secuestrado y asesinado el 10 de agosto de 1976. González aseguró que cuando el militar, que entonces era teniente coronel, se hizo cargo del Regimiento (según Ríos Ereñú, el 16 de enero de 1976, aunque asumió el 9 de diciembre de 1975), fue a la Comisaría y le indicó que notificarle sobre cualquier hecho grave que estuviera vinculado a la subversión.

González también recordó al teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Contó que el “personal de la Comisaría iba al Regimiento y el teniente primero era el que daba el orden cerrado” y que esta subordinación de la Policía al Ejército “fue dispuesta por Ríos Ereñú”.

En el expediente consta que en el procedimiento por el homicidio de Santillán estuvieron un grupo de policías, y González, que llegó acompañado por Bruno. Ayer el comisario insistió en que fueron por separado, pero reconoció que le avisó al teniente, quien como especialista levantó explosivos del lugar del hecho y, además, hasta tuvo la dirección del operativo.

Al final lo confrontaron, vía videoconferencia, con Ríos Ereñú. Cada uno se mantuvo en sus dichos.

 

 

Los blancos de la represión

 

El dirigente Armando Jaime sostuvo ayer que la represión en Salta “estaba más focalizada” en los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP, más conocido como la Tendencia Revolucionaria), en los integrantes del sindicalismo combativo y en los que adherían a la lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone.

Jaime hizo esta afirmación luego de hacer un repaso por militantes que fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados y cuya suerte es investigada en este proceso.

El testigo, que fue miembro fundador y la máxima autoridad del FRP en Salta, sostuvo que todos los integrantes de este movimiento fueron asesinados o perseguidos. De hecho, afirmó que militaban en el FRP las hermanas Berta y Francisca “Elsa” Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, todos desaparecidos o asesinados en el marco del plan sistemático de desaparición de personas.

Armando Jaime, que es primo del periodista Luciano Jaime, destacó que todos ellos apoyaban también a la Lista Verde. E incluso, las hermanas Torres ocuparon cargos durante la gestión de Ragone, igual que Luciano Jaime, que fue secretario del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.

Sobre Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia, Armando Jaime negó que estuvieran en la lucha armada. Sostuvo que estaban viviendo en una casa en Rosario de Lerma, donde fueron asesinados por miembros de la Policía de Salta el 14 de febrero de 1975, porque estaban realizando un trabajo de reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales.

 

 

 

El bueno

 

El sindicalista Mario Amelunge Vargas trajo ayer el recuerdo de los roles que, se dice, suelen cumplir a veces los miembros de fuerzas de seguridad que pretenden obtener información de detenidos: el del policía bueno y el malo.

El rol de malo, en el relato del ex dirigente de la CGT Salta, lo cumplieron los miembros del Ejército que lo detuvieron, lo esposaron y vendaron y lo arrojaron en un galpón del cuartel donde lo interrogaron y torturaron por 10 días al menos, preguntándole sobre unas armas, y luego lo sometieron a un Tribunal Militar acusándolo de tener armas de guerra. El papel del bueno lo cumplió, contó el testigo, el capellán del Ejército Normando Requena, ya fallecido.

Amelunge Cargas contó que del cuartel fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde lo traían de vuelta al Ejército para ser sometido al juicio ante el Tribunal Militar, al que calificó como “una parodia”. Una noche lo llevaron antes y “un oficial joven me dice: ‘Usted va a ser fusilado a las 5 de la mañana. Ahí tiene papel y lápiz, escriba a su familia’. Después viene el capellán, el cura Requena y me dice: ‘Hijo, dónde están las armas, te van a fusilar si no decís dónde están las armas’”. Tras varios intentos del sacerdote, cerca del amanecer fue sometido a dos simulacros de fusilamiento. 

Carearán a policías por contradicciones en el sumario por el homicidio de Jaime

Un simulacro de investigación montado para asegurar la impunidad de la propia Policía de la provincia. Esa es la impresión que quedó en octubre pasado cuando declaró el policía retirado Inocencio Roberto Medina, uno de los que intervino tras el hallazgo de los restos del periodista Luciano Jaime, en la siesta del 14 de febrero de 1975 (dos días después de su desaparición), en el paraje El Encón Chico, jurisdicción del municipio de Campo Quijano.

Esa percepción quedó reforzada ayer tras el testimonio del policía retirado José Carrasco, que también era parte del Departamento de Criminalística de la Policía de Salta y que en el operativo tras el hallazgo de los restos acompañó a Medina tomando fotografías. Los testimonios de ambos policías no coincidieron y el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, que lleva a cabo el juicio por delitos de lesa humanidad en la capital provincial, decidió someterlos a un careo en fecha a determinar.

El careo, “en virtud de las evidentes contradicciones”, fue solicitado por los abogados querellantes Tania Kiriaco y Matías Duarte, que representan a la Asociación de Periodistas de Salta (APeS). La diferencia más notable es que Medina afirmó que él, que entonces era un suboficial especializado en realizaridentikits, y la perita Marta Tabarcachi fueron los dos enviados por Criminalística. Carrasco, que era agente, dice que fueron él y Medina, y que es imposible que Tabarcachi haya estado en ese procedimiento porque recién se incorporó a Criminalística “un año o dos después” de este hecho. Tabarcachi no aparece en los informes incorporados al sumario policial, que están firmados por Medina y por el oficial Ramón Luna, que era jefe de Criminalística.

Piden que Ríos Ereñú sea investigado por detenciones ilegales en Tartagal

El abogado querellante David Leiva pidió ayer al Tribunal Oral en lo Federal Criminal que el general en retiro Héctor Ríos Ereñú sea investigado por las detenciones ilegales de más de 170 personas en dependencias del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Ríos Ereñú es uno de los 17 acusados que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas, 30 de ellos asesinados o desaparecidos. Ríos Ereñú está imputado por los homicidios de los militantes peronistas Pedro Urueña y René Santillán, cometidos en el norte provincial en diciembre de 1975 y agosto de 1976, respectivamente.

La petición del querellante se hizo luego de escuchar los testimonios de otros dos militantes políticos que el 24 de marzo de 1976 fueron detenidos por miembros de fuerzas de seguridad y permanecieron secuestrados en el Ejército en Tartagal, sin que se les informara sobre su situación legal ni se los pusiera a disposición de una autoridad judicial o del Poder Ejecutivo.

Los testimonios de ayer, de Ángel Antonio “Negro” Juárez y Oscar Hugo Fernández, se suman a la declaración que prestara el lunes último Moisés Villagrán, otro militante peronista y dirigente gremial que estuvo detenido en el Regimiento 28. Y a estos relatos se agregan los de otras personas que vienen declarando en otras causas por delitos de lesa humanidad y afirman haber estado detenidos en el Regimiento tartagalense. Ríos Ereñú, que en 1985 llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército, niega vinculación con la represión ilegal y viene realizando sucesivas declaraciones ante el Tribunal.

Juárez, que era changarín, militaba en la Juventud Peronista Eva Perón. Fue detenido el 24 de marzo de 1976 a la mañana, en la calle. Un grupo de tareas, integrado por el cabo primero Laguna y Santos Luza, lo cargó en un camión Unimog y lo llevó al Ejército, donde permaneció 64 días en un galpón.

Juárez calculó que había más de 170 detenidos, varios de ellos conocidos, como Marta Juárez, Zelarrayán, Jerez, Clemente Ávila (que fuera intendente de Tartagal), y Pereyra. Dijo que había un pabellón de hombres y otro de mujeres, donde había seis o siete detenidas. Juárez fue liberado el 7 de junio, aunque hasta diciembre de 1976 tenía un régimen de libertad vigilada.

La detención de Fernández ilustra la colaboración de las fuerzas represivas: fue detenido el 24 de marzo de 1976, por los gendarmes Cisneros y Agüero, quienes lo llevaron a la Comisaría de Tartagal, de donde fue trasladado al cuartel, donde lo depositaron en una cuadra “dividida en armarios”. Allí había “muchas personas”. Fernández recuperó la libertad 20 días después, cuando quedó claro que lo habían confundido con el protesorero del sindicato municipal. Nunca, en todo ese tiempo, le notificaron el motivo de la detención, ni lo llevaron ante un juez.  

 

Testimonios sobre Fronda

Los otros dos testigos se refirieron al homicidio de Eduardo Fronda. Eduardo Moisés, que fue médico legal de la policía en 1975, repitió la ya conocida excusa de la falta de memoria. Se lo convocó porque en enero de 1975 firmó el informe sobre el cuerpo de Fronda, encontrado en el camino a Lesser, en la jurisdicción de San Lorenzo, el 8 de enero de 1975. Nada valioso pudo recordar. La excusa: en la década del 70 vio tantos casos violentos que solo recuerda el secuestro de su amigo y colega, Miguel Ragone. Sin embargo, reconoció la firma en el informe y ratificó que es certero, porque dijo que sin duda escribió lo que vio. En ese informe se da cuenta de la existencia de lesiones y fracturas en el cuerpo de la víctima.

El testimonio de la ex presa política y militante de derechos humanos Mirta Torres vino a aclarar más el panorama sobre Fronda: recordó que en 1975, Virginia Guzmán, una compañera de detención, le contó que había visto a Fronda en la delegación local de la Policía Federal: “Lo identifica ahí de muchas sesiones de tortura que le habían practicado y ella dice que producto de la tortura lo dejan muerto”, relató.

Torres también declaró en la causa Ragone, por lo que se incorporará ese testimonio a este proceso.

Torres contó que conoció a Guzmán a fines de 1974 cuando integraba la Comisión de Detenidos Políticos. Guzmán, todavía menor de edad, había sido detenida en 1974, por su trabajo con los sacerdotes tercermundistas en las barriadas de la ciudad de Salta. En enero de 1975 Torres fue detenida también y compartió la detención con Guzmán. La chica le contó que no había sido tortura físicamente, pero la habían obligado a presenciar la tortura a otros detenidos.  

Después de recordar a otras víctimas de la represión, entre ellos a Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán, Raúl Osores y a su pareja Pía Vilte, Torres concluyó su testimonio con la lectura de una poesía dedicada “a los compañeros desaparecidos”.

Causa Santillan: Militares y policías aportaron su cuota de falta de memoria

“Desconozco” y “no recuerdo” fueron tal vez las afirmaciones que más se repitieron ayer en la sala de grandes juicios “Doctor Miguel Ragone”, en la que se desarrolla el megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas antes y durante la última dictadura cívico militar. De todas maneras, quedó claro, una vez más, que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) prestó colaboración con vehículos y choferes para las tareas de la represión en el norte provincial. También quedó claro que los oficiales del Ejército ejercían mando sobre los policías.

El primero en declarar fue el teniente coronel retirado Héctor Fernando Petricic, que el 24 de marzo de 1976 prestaba servicios en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, y que fue nombrado interventor de la municipalidad de General Mosconi, por disposición del entonces jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado en este proceso por las muertes del médico Pedro Urueña y del dirigente peronista René Santillán.

Entre las pocas cosas que recordó, Petricic memoró que estuvo en el Regimiento hasta el 17 de mayo de 1976, cuando fue destinado a Tucumán, y que como interventor militar dictó una ordenanza “para preservar a la población de armas de fuego”.

A otras preguntas importantes, como quién era el interventor de YPF, o dónde eran alojados los detenidos o quiénes integraban la comunidad informativa para la represión o si sabía que René Santillán había sido dinamitado en Mosconi, el testigo solo respondió con el repetido “desconozco”.  Tanto repitió que, fastidiado, el querellante David Leiva le preguntó: “Por qué desconoce todo”.  Petricic dijo que no entendía algunas referencias como qué quería decirle cuando le preguntaba sobre “dispositivos contra la subversión”.  Y se defendió recordando que ya en su declaración en el juicio por el escribano Melitón Bustos había informado que perdió la memoria desde 2000 hacia atrás, por causa de una esquirla que recibió en Tucumán. Y desde entonces, dijo, su estado, su mala memoria, sigue agravándose. 

Leiva pidió entonces que se acredite la enfermedad del testigo. El defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Ríos Ereñú, sostuvo que Petricic sufrió siete tumores cerebrales y que se lo curó con una droga que le hizo perder el recuerdo de los hechos anteriores a 2000, año de su tratamiento. El fiscal Ricardo Toranzos retrucó que el testigo tenía que haber aclarado esto en lugar de repetir “desconozco”, y atacó: quiso saber cómo es que recuerda que el teniente Luis Arnaldo Bruno integraba la plana mayor, una afirmación que el militar había realizado momentos antes. Petricic dijo que lo recordaba porque lo había charlado luego con Bruno, pero no pudo evitar que el fiscal siguiera marcándole recuerdos que son anteriores a 2000.

Más tarde, a instancias de las partes, el Tribunal intimó a Petricic a que entregue toda la documentación referida al Regimiento. Pero no hizo lugar a un pedido de Leiva para que se allanara su domicilio.

Se reinicia el juicio por delitos de lesa humanidad

Tras semanas de paralización, motivada por el mal estado de la salud del militar Joaquín Cornejo Alemán, se prevé que el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Salta se reiniciará hoy, con testimonios referidos al secuestro y homicidio de Jorge René Santillán.

Precisamente, debido a que aún no se ha resuelto cómo seguirá el debate en relación a Cornejo Alemán (que fue segundo jefe del Regimiento en Salta cuando fue desaparecido el soldado Víctor Brizzi), el debate continuará con testimonios referidos a otros hechos, y que tienen a otros imputados. Por la desaparición de Santillán están siendo juzgados Carlos Alberto Mulhall (que fuera jefe del Ejército en Salta y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos) y Héctor Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal.

Santillán, que era dirigente de la Juventud Peronista, fue secuestrado de su casa en General Mosconi el 10 de agosto de 1976. Los hombres que lo buscaron dijeron ser de la Policía, pero se sabe que eran del Ejército. Ese mismo día restos de su cuerpo, que había sido sometido a una explosión, fueron encontrados en el camino a Acambuco.

El Tribunal Oral en lo Federal Cirminal ha convocado a 22 testigos para hoy, pero es casi una costumbre que nunca concurran todos los declarantes previstos. Una de las testigos convocadas debe declarar sobre la represión en la zona de Metán, de donde fue secuestrado el joven Reynaldo Isola, fue secuestrada  y torturada Juana Isabel López y fue asesinado el ex diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón.

También para mañana el TOF ha previsto testigos sobre otras causas: en este caso sobre los homicidios de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Liendro Marcial Estopiñán, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia y las desapariciones hermanas Carmen Berta y Francisca Delicia Torres. También declarará un testigo sobre la detención ilegal y las torturas sufridas por Pablo Salomón Ríos.

                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Reynaldo Isola

 

Mañana Audiencia por la Causa de Santillán

Jorge René Santillán, nació el 23 de abril de 1943, era el sexto de ocho hermanos, José Alfredo Santillán y Carmen Waldina Moya eran sus padres. “Atilio, el apodo político o de lucha era un hombre muy lindo “el más hermosos de los Santillán”,  dice Irma,  le gustaba jugar al futbol era arquero del el Club Tablillas perteneciente a YPF. Mucho antes con Irma Prado, él trabajaba organizando a los jóvenes, no tenía horarios se entregaba por completo a la tarea militantes, llego a ser Concejal de Mosconi y donaba su sueldo para que los empleados del gremio puedan desayunar. Era Secretario de la Juventud Peronista, de la línea “Ragone – Cámpora” y se desempeñaba como gremialista ya que trabajaba en YPF. Se caso con Irma el 5 de enero 1967, con una gran fiesta para 300 personas. Como planificación tenían ganas de tener doce hijos y una casa que compraron fruto de su trabajo que pensaban ampliar, “Fui tan feliz así con él, los últimos dos años, dedicada al trabajo en YPF y al cuidado de mis familia, estábamos siempre juntos ” tuvimos cuatro hijos Rosa Mercedes, Silvio Rene, Miriam Karina y Estela del Valle.  El 10 de agosto de 1976 fue secuestrado, de su domicilio donde estaba junto a su compañera Irma Prado en General Mosconi, por personal del Ejército y militares de la zona. Su cuerpo despedazado fue encontrado camino a Acambuco y llevado luego al Hospital Zonal de Tartagal, en donde lo reconocieron sus familiares. El 11 de agosto de 1976 fue sepelio y el entierro muchísima gente de la zona acompaño la memoria y a la familia. Por Jorge pedimos Justicia, y a los genocidas le decimos ¡No nos han vencido!

Recordando a Miguel Ragone

Emprendió acciones para entregar la tierra a campesinos e indígenas. Planteó crear una industria provincial; impulsó un seguro de salud universal. Echó a los policías represores. Se ganó el odio de la derecha, que persiguió a todo su gabinete.

 

ELENA CORVALÁN

Son casi las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976 y en la calle Apolinario Saravia no quedan más que una mancha de sangre y un zapato, los restos del ataque a Miguel Ragone. La curiosidad ha comenzado a vencer el miedo y ya hay un pequeño remolino de gente cuya mirada va del zapato mocasín marrón al cuerpo de Santiago Arredes, ya en la esquina con el pasaje Saravia.

Una mancha de sangre y un zapato, un automóvil ensangrentando y otro zapato, otro automóvil con sangre arrojado a un precipicio. Instantáneas del secuestro. No son lo único que queda del ex gobernador, como lo verán sus asesinos años después. Ahora mismo.

Los años demuestran que es imposible matar las ideas. Y Ragone prevalece sobre sus asesinos.

Ragone es el único gobernador constitucional secuestrado y desaparecido por la represión estatal y paraestatal iniciada en la década del 70. También es el primer gobernador salteño que pensó en entregar títulos de tierras a las comunidades aborígenes, y que inició un trabajo con los campesinos.

Los testimonios de la época muestran que el sino de la gestión de Ragone, de poco más de año y medio, fue la dificultad para conformar a la derecha y a la izquierda peronista. Durante su breve gobierno (asumió el 11 de marzo de 1973 y fue intervenido en noviembre de 1974) encargó un diagnóstico de los pueblos originarios, luego visitó algunas comunidades –con lo que se constituyó en el primer gobernador en llegar hasta esos lugares- e intentó poner en práctica acciones para sacarlos de la extrema pobreza.

“Ragone tenía dentro de su plataforma política propuestas bastante radicales sobre los pueblos originarios y las tierras, pero cuando llega al gobierno no lo cumple. Tal vez lo podría haber hecho si hubiera tenido más tiempo. Él planteaba que se esperara. Él manifestaba la presión” que recibía de algunos sectores, recordó un testigo de la época, Armando Jaime, integrante del Frente Revolucionario Peronista (FRP), que decidió no integrar su gabinete.

Nueva suspensión en el juicio por delitos de lesa humanidad

Como se preveía, el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta tendrá una nueva demora, esta vez debido problemas de salud del coronel Joaquín Cornejo Alemán, quien está imputado en relación a la desaparición del soldado Víctor Brizzi. La otra novedad de la jornada de la víspera la ofreció la abogada Verónica Huber, del Programa Verdad y Justicia, quien informó al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que el testigo Eduardo Sángari se niega a concurrir a declarar por temor, luego de que fuera “conversado” por el acusado Juan Manuel Ovalle, imputado en relación a la desaparición de la docente Silvia Aramayo.

Por lo pronto, en la audiencia de ayer no hubo mayores avances; la sesión de hoy (en la que debían seguir declarando testigos) fue suspendida y fueron suspendidas también las audiencias del 11 y 12 de marzo, por lo que el debate recién continuará el 18 de este mes.