Confirman las condenas a Menéndez, Guil y Alzugaray, por la Masacre de Palomitas

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó anteayer las condenas a  los represores Luciano Benjamín Menéndez,  Joaquín Guil  y Juan Carlos Alzugaray por la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976 a unos 50 kilómetros de la ciudad de Salta.

La condena en primera instancia fue dictada en diciembre de 2011 por el juez federal Nº 1 de la ciudad de Salta, Julio Leonardo Bavio.  El juez condenó a reclusión perpetua a Menéndez y a Guil, tras declararlos coautores mediatos de 11 homicidios doblemente agravados, por alevosía y por haberse concretado con la participación premeditada de dos o más personas. A Alzugaray le impuso una pena de 20 años de prisión, como partícipe secundario de los once homicidios agravados.

Los represores apelaron argumentando que la resolución del juez de primera instancia era nula porque carecía de motivación, la imputación era imprecisa, adolecía de fundamentación probatoria y violaba el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Pero el tribunal de la Cámara desestimó estos planteos. Sostuvo que la decisión de Bavio fue producto “de razonamientos armónicos que permitieron arribar a conclusiones que guardan correlación entre sí”. “No se advierte vicio alguno que habilite la sanción de nulidad invocada (…), resultando la sentencia suficientemente motivada”, añadió. La Cámara también sostuvo que la acusación es clara y que no se trata de una cosa juzgada.

Igual que el juez de primera instancia, el tribunal, integrado por los jueces subrogantes Carlos Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Ernesto Clemente Wayar, consideró probado que el 6 de julio de 1976, entre las 20 y 20.30, fueron sacados del penal de Villa Las Rosas los detenidos Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Droz, María Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Outes, José Víctor Povolo, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger y María Luque de Usinger. Todos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Federal.

El tribunal también consideró probado que los detenidos fueron trasladados a las cercanías del paraje Palomitas, donde fueron fusilados. Para llevar a cabo este crimen, además de la participación de miembros del Ejército para retirar a los detenidos de la cárcel, integrantes de la Policía de Salta secuestraron dos vehículos, cerca de Cobos, un Torino y una camioneta Ford F-100 que, junto a un Chevrolet secuestrado cerca de Güemes, fueron después usados para simular un intento de fuga.

En el mismo orden, el tribunal sostuvo “la mendacidad” de la versión oficial, que trató de mostrar la matanza como el resultado de enfrentamientos ocurridos en Salta, Tucumán y Jujuy, luego de que sacaran a los detenidos para trasladarlos a Córdoba. “Se encuentra probada la puesta en escena del traslado administrativo y los posteriores enfrentamientos con elementos subversivos”, afirmó.

La ex presa política Nora Leonard celebró esta decisión pero insistió en el reclamo de que los represores cumplan sentencia en cárcel común. Todos los condenados por delitos de lesa humanidad en Salta tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Nora es hermana de Celia Leonard y cuñada de Benjamín Ávila

Ex docente de la UNSa habló de las complicidades con la represión

Un ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Serna,  sostuvo en la audiencia del día martes, que hubo docentes que fueron “cómplices” de la represión que sufrieron otros trabajadores de esa casa de estudios que fueron asesinados o están desaparecidos.

José María Serra fue el primer testigo de los cuatro (del total de ocho citados) que concurrieron a declarar en la segunda y última jornada de esta semana en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, por hechos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las audiencias recién se retomarán el 10 de junio.

Desde Santa Fe, vía videoconferencia, Serra recordó que muchos docentes universitarios “que hoy llamaríamos progresistas” fueron cesanteados ya durante la intervención civil a esa casa de estudios, a cargo de Francisco Villada, que asumió el 6 de diciembre de 1974. “A (Holver) Martínez Borelli (el primer rector) lo reemplazan y entra un contador Villada que estaba más en consonancia con las autoridades educativas nacionales, que evidentemente no era democráticas”, memoró.

Entonces sobrevinieron las primeras cesantías, entre ellas la de Serra. “Sé que los profesores que tenían un perfil crítico comenzaron a ser perseguidos y cesanteados. Eso fue después que se fue Martínez Borelli”, contó el testigo, que aseguró que está vivo porque “fue cesanteado en diciembre de 1974” y se fue a Santa Fe, de donde luego salió del país.

Serra recordó que “había tensiones de tipo ideológico” en la UNSa, que “había personas que ofrecían información totalmente distorsionadas” a los responsables de los organismos a cargo de la represión. Dijo que entre los que no estaban de acuerdo con la gestión de Martínez Borelli había dos sectores: uno que no actuaba como informante de los represores y otro sector que sí lo hacía. “Éramos controlados y vigilados”, afirmó.

Serra habló de las cesantías y de los infiltrados de inteligencia casi sin mencionarlas, pero fue concreto a la hora de asegurar que esas cesantías fueron el paso previo a las detenciones de docentes que luego fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos, entre ellos la docente Georgina Droz.

“Algunos (de los que se quedaron con la intervención de Villada) fueron cesanteados cuando llegó el golpe pero mientras tanto fueron cómplices” de la represión, sostuvo Serra. Aunque rechazó dar nombres, excusándose en su avanzada edad (83 años), su falta de memoria y porque “no quisiera imputar a nadie sobre el que no tuviera seguridad”, el ex decano recordó, que el grupo que se quedó “era el que estaba en torno a (Mario) Casalla”, filósofo que en diciembre de 1974 fue nombrado interventor en Humanidades. Casalla era, dijo el testigo, “seguro de los que en la primera etapa de la intervención de la Universidad fueron bien acogidos. (…) Tenía una relación muy especial con ciertos sectores del poder”.

Martínez Borelli fue el primer rector de la UNSa, fundada en 1972. Había llegado al cargo cuando el Ministerio de Educación de la Nación estaba en manos de Jorge Taiana (p). Tras la muerte de Juan Domingo Perón, los cambios en el gobierno nacional permitieron que en agosto asumiera en Educación el cirujano Oscar Ivanissevich, un nacionalista que dispuso la primera intervención de la Universidad salteña. La segunda fue tras el golpe de Estado.

  

“Ragone me advirtió que me cuidara de Ovalle”  

El ex intendente de la ciudad de Salta y cofundador del Partido Peronista Auténtico, Gerardo Bavio, aseguró ayer que el ex gobernador Miguel Ragone le advirtió que se cuidara de Juan Manuel Ovalle, el único civil que está siendo juzgado en este proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro  y desaparición de la docente Silvia Aramayo.

Bavio fue intendente de Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 9 de febrero de 1974, durante el gobierno provincial de Ragone. Por entonces los intendentes eran nombrados por los gobernadores.

Ovalle fue nombrado en la Dirección de Personal de la municipalidad, cargo que lo obligaba a tener un contacto muy fluido con el sindicato municipal. Pero duró apenas tres meses. El intendente le pidió la renuncia por “omisión” en sus funciones.

Bavio contó que al principio las relaciones con el sindicato iban muy bien, incluso se había acordado trabajar en conjunto, pero surgió un conflicto un tanto grave, que el ex jefe atribuyó a fallas de Ovalle, “daba la idea de que no había habido un buen desempeño del funcionario municipal”.

El conflicto se superó con la intervención del gobernador. Fue al salir de esa reunión, contó Bavio, que recibió la advertencia de Ragone: “Me dijo: ‘mirá, tratá de cuidarte de Ovalle’”.

Bavio precisó que por aquella época en el peronismo salteño había dos expresiones preponderantes: la tendencia, de izquierda, y el grupo Reconquista, a la derecha. Sin embargo, no pudo precisar en qué lugar se ubicaba Ovalle. Dijo que durante la campaña electoral en pro de la fórmula Ragone-Olivio Ríos, y Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima a nivel nacional, parecía que todos tenían ideas más cercanas a la izquierda, pero que tras la Masacre de Ezeiza, en junio de 1973, comenzaron a notarse diferencias y un sector del peronismo empezó a atacar abiertamente a Ragone. “Entiendo que Ovalle fue corriéndose a la oposición a Ragone”, opinó.

Ahora Ríos Ereñú denunció “un complot” para implicarlo en la represión

Con la declaración de solo tres de los once testigos previstos por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta se desarrolló ayer una nueva jornada en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las novedades vinieron más bien por el lado de los acusados: el general Héctor Ríos Ereñú denunció un complot para implicarlo en la represión, y reconoció la existencia de detenidos en el Regimiento de Monte 28, algo que había negado hasta ahora. Otro acusado, el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray pidió declarar, por primera vez en lo que va del debate (que cumplió un año), para defenderse de una vecina que lo fotografió en aparente violación de la prisión domiciliaria.

La jornada, en la que testimonió por primera vez un familiar del joven Ricardo Tapia, asesinado en abril de 1975 en Rosario de Lerma, finalizó con la declaración de Ríos Ereñú. El militar denunció “un complot o una persecución de mi persona que pretende hacerme responsable de delitos que no he cometido y no he conocido”.

Ríos Ereñú, que fue jefe del Estado Mayor del  Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín, está siendo juzgado por los secuestros y homicidios de los militantes peronistas Pedro Enrique Urueña y Jorge René Santillán, cometidos en diciembre de 1975 y en agosto de 1976, en el norte provincial.

Por entonces Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, cabecera de la Subárea 322-1, según la división del país que hicieron las Fuerzas Armadas a los fines represivos. El militar asumió la jefatura el 9 de diciembre de 1975, aunque asegura que recién se hizo cargo efectivamente el 5 o 16 de enero de 1976.

Se reanuda el debate con testimonios sobre distintos hechos

Con las intermitencias ya establecidas por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, continuará hoy el juicio por delitos de lesa humanidad que desde mayo del año pasado se lleva a cabo en esta ciudad y en el que son juzgados 17 hombres, por crímenes cometidos en perjuicio de 34 personas.

Para las dos jornadas de esta semana se han previsto 19 testigos, pero es de esperar que, como ha ocurrido desde que se iniciara este debate, no todos los convocados se presenten a declarar.

Para la jornada de hoy se han convocado testigos en relación a nueve causas: la abierta por el secuestro y homicidio del trabajador ypefiano y dirigente de la juventud peronista Jorge René Santillán; la causa por el homicidio del vendedor ambulante militante peronista Eduardo Fronda, vinculada a la causa por el secuestro y asesinato del periodista Luciano Jaime, que a su vez se tramitó junto con la causa por la matanza de los militantes Alfredo Mattioli, Liendro Marcial Estopiñán, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia.

Se abrirá una nueva investigación tras la declaración de un nuevo testigo de la mega causa

Una nueva investigación por detención ilegítima y torturas durante la época de la represión será abierta tras haberse recibido ayer en una declaración que señala esta denuncia. Ocurrió en el marco de las audiencias que se siguen en la llamada "mega causa", que se sigue en contra de 17 imputados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 víctimas. 

En el marco de la causa que investiga la desaparición del estudiante universitario, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, es que se presentó al testigo Ricardo Hugo Altamirano. 
Altamirano era compañero en la universidad de Figueroa Rojas además de haber estado dentro del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. 
Recordó que la militancia del Centro de Estudiantes, en ese momento en manos de la Juventud Unida Peronista (JUP), acompañó el gobierno de Miguel Ragone y como integrantes de esa militancia participaron de los actos de la recuperación de la Casa de Gobierno mientras el desaparecido gobernador aún estaba en funciones.
Ya desde entonces comenzaron a tomar recaudos para protegerse ante enfrentamientos que habían comenzado a suscitarse en esa época, para empeorar en la intervención de la Universidad que se inició en 1975. Ya en 1976 comienzan a haber las primeras desapariciones, entre las que sindicó las de los hermanos Pedro y Gregorio Tufiño, de Tartagal, también de la militancia universitaria. Ya el 25 de septiembre, Figueroa Rojas es secuestrado y desaparecido. El mismo día, un grupo de tareas que fue a buscar a Enrique Cobos (militante peronista), terminó fusilando a su hermano menor, Martín Cobos, de 18 años. 
Un día antes la docente universitaria Gemma Fernández Arcieri, su esposo, el comerciante Héctor "Guido" Gamboa, y Daniel Loto Zurita son secuestrados y desaparecidos, al igual que la docente universitaria Silvia Aramayo. Los referentes de Derechos Humanos sostienen la teoría de la "Masacre del 24 y 25 de septiembre". 

Ha muerto el genocida Videla.

Responsable de la dictadura militar genocida, de la barbarie, de la infrahumanidad y de la muerte que la caracterizó. La muerte, su propia muerte, lo encontró en la soledad de una fría celda donde cumplía su condena. Sus familiares podrán velarlo y enterrarlo.

Que reflexión nos produce este hecho? … … Que no festejamos la muerte porque estamos convencidos –desde hace muchas décadas- que lo que diametralmente nos distingue de los genocidas es nuestra valoración de la vida; porque la vida es esperanza, es futuro y es alegría. Que sentimos alivio porque fue juzgado y condenado -aunque no por todas sus responsabilidades .
Que durante el proceso judicial al que fue sometido tuvo todos los derechos y garantías que nuestra constitución otorga, los mismos que el dictador negó sistemáticamente a nuestros familiares, hijos, hermanos, compañeros y compañeras a quienes mantuvo en centros clandestinos de detención hasta su asesinato. 
Que tuvo la oportunidad de reivindicarse con la humanidad reconociendo sus crímenes y aportando la información que tenía sobre a quienes fueron entregados los niños de las mujeres secuestradas y asesinadas y a donde fueron a parar los restos de miles y miles de desaparecidos/as. No lo hizo, al contrario, se reafirmó como genocida en su última declaración en la sala donde se juzga el Plan Cóndor. Su discurso apelando a la paz y la reconciliación resultó patético y muestra la perversidad de su ideología.

A la justicia apelamos: hay que apurar el paso. No más dilaciones. Aún muchos de sus cómplices civiles no han sido juzgados. El proceso de reconstrucción y reparación de la memoria colectiva así lo exigen. Los responsables de la destrucción del aparato productivo, los que cometieron delitos económicos amparándose en la impunidad que les brindaba el estado terrorista, aún no rindieron cuentas ante la justicia.
Porque amamos la vida esperamos que sus crímenes no se olviden para que NUNCA MAS en nuestro país se permita un genocidio.

Ratifican que el Ejército tenía una fosa común en el Cementerio municipal

Inspección Ocular en Cementerio 

El testigo Nicanor Guaymás, que en 1976 era operario en el Cementerio de la Santa Cruz, ratificó ayer que por aquella época el Ejército habilitó una fosa común donde por las noches enterraba cuerpos traídos en un camión Unimog.

Guaymás, uno de los diez testigos que declararon ayer en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad, dijo que vio esta maniobra “tres o cuatro veces”, pero no pudo precisar cuántos cuerpos fueron sepultados en cada ocasión. “No sé si llevaban cuatro, cinco, diez o dos”, se excusó. Recordó que vio las descargas a unos 20 metros, de noche, con poca luz, pero que a pesar de ello pudo distinguir que algunos cuerpos eran llevados en bolsas y otros en cajones.

Esa fosa común ya ha sido señalada por el testigo en las inspecciones realizadas en abril pasado por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, que desde mayo del año pasado juzga a 17 hombres por crímenes cometidos entre enero de 1975 y 1978 en perjuicio de 34 personas.

Guaymás recordó que el administrador y el capataz los hacían quedar “hasta tarde” cuando iba a venir el camión del Ejército con los cuerpos. Dijo que el mismo Ejército había cavado con una máquina –algo que no era común en la época- una zanja en el sector sur del Cementerio, donde se depositaban estos cuerpos, que eran cubiertos de tierra por los mismos militares.

La existencia de esta fosa se conoce ya desde 1977. Fue ubicada por Julio Gamboa, cuando buscaba a su hermano, Héctor Gamboa, y a la esposa de éste, Gemma Fernández Arcieri, que habían sido secuestrados en septiembre de 1976.

En ese lugar Julio Gamboa encontró el maxilar de Arcieri, identificado al pie de la fosa, en presencia del médico policial, por el odontólogo Manuel José Castello.

Ayer el fotógrafo Alejandro Ahuerma, que en 2007 entrevistó a Guaymás y fotografió el lugar de los enterramientos colectivos, recordó que en 1984 hubo una intervención judicial y se exhumaron 13 cuerpos, según publicó entonces el diario El Tribuno. Pero la investigación se detuvo, según denunciaron los organismos de derechos humanos, por una orden directa del entonces gobernador, Roberto Romero.

En 2007 hubo un nuevo intento de investigar esa fosa, pero no avanzó. Los querellantes pretenden que la investigación continúe ahora.

 

No daban la orden de operar

El último testigo de la jornada, Edgar Castellano Oliva, aseguró  que la Policía impidió que se le brindara asistencia médica a Martín Miguel Cobos, quien había recibido unos 30 balazos la madrugada del 25 de septiembre de 1976, cuando fue atacado por grupo de tareas, aparentemente integrado por policías, que buscaban a su hermano mayor, Enrique Cobos, militante de la JP.

Los atacantes también golpearon a su padre, Víctor Manuel Cobos. Castellano, que es primo del docente Néstor Oliva, también desaparecido, recordó que “don Cobos” tenía la cabeza lastimada.

Martín Cobos fue llevado al Instituto Médico, donde los médicos decidieron intervenirlo de urgencia. Sin embargo, recordó ayer Castellano, “no lo operaban porque no autorizaban. La Policía no autorizaba”.

Castellano Oliva, que era compañero del secundario de Martín Cobos, recordó que en el Instituto “se veía mucha gente que caminaba, entraban, salían, parecían policías”.

También subrayó que, por la tarde, luego de que Martín muriera, “no nos entregaban el cuerpo” y tampoco les permitían verlo, por lo que tuvieron que esperar “todo el día”.

 

Fuimos nosotros

En otro orden, la testigo María Beltramino aseguró que los gendarmes que la detuvieron en septiembre de 1976 en la ciudad de Córdoba le aseguraron que también habían detenido a su marido, Daniel Loto Zurita, y al matrimonio integrado por Héctor “Guilo” Gamboa y Gemma Fernández Arcieri, cuyas desapariciones se investigan en este proceso.

Beltramino vivía en Salta junto a Loto pero para finales de septiembre del 76 había viajado a Córdoba a visitar parientes. La madrugada del 24 de septiembre de 1976, su marido, Gamboa y Arcieri fueron secuestrados.

Los matrimonios estaban vinculados por su militancia en la JP y en Montoneros y porque Loto y Beltramino trabajaban en la zapatería de Gamboa. Días después de los secuestros en Salta, Beltramino fue detenida en Córdoba. “Me dicen: ‘nosotros lo detuvimos a tu esposo y a los que les daban trabajo a ustedes, a Gamboa y a Arcieri”, contó ayer vía videoconferencia desde Córdoba.  

Marìa Jose Loto declaro, "tengo mas preguntas que respuestas" dijo "esta es la  primera que alguien me escucha en un tribunal, en un juicio oral y publico", describió como hizo para reconstruir la historia de su familia paterna a partir del secuestro de su padre que, conjuntamente con la del matrimonio Gamboa, fue detenido en Setiembre de 1976. Por su parte  relato como en la Perla tenían información sobre lo que acontecía en la ciudad de Salta. De esta manera estos testimonios aportaron mas información sobre el circuito de la represión y plan sistemático que comprometía a toda la zona del Tercer Cuerpo de Ejercito, comandado por Luciano Benjamín Menendez.

Se retoman las audiencias con más testimonios

 Hoy, después de más de un mes dedicado a las inspecciones, se retomarán las audiencias con testimonios en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad desde mayo del año pasado.

Para hoy el Tribunal Oral en lo Federal de Salta tiene previsto continuar indagando sobre las desapariciones de las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, de los estudiantes Martín Miguel Cobos y Carlos Figueroa Rojas, el conscripto y estudiante Víctor Mario Brizzi y el comerciante Héctor Domingo Gamboa, hechos por los que están siendo juzgados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; los militares retirados Virtom Modesto Mendíaz, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Alemán, que fue segundo jefe del Regimiento. También están acusados por estos hechos el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, y el civil Juan Manuel Ovalle. Todos gozan de la prisión domiciliaria, incluso Mulhall y Guil, que ya están condenados por su participación en la represión estatal.

Si las expectativas del TOF se cumplen, la de hoy será una jornada extensa, dado que se ha previsto citar a 14 testigos, entre ellos a María Beltramino, ex presa política que dará su testimonio desde Córdoba, donde reside desde hace años.

Junto a  su marido, Daniel Loto Zurita, Beltramino era compañera de militancia de Héctor Gamboa. Según los testimonios, Gamboa y Loto Zurita habían militado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y luego en Montoneros.

Loto Zurita residía en Santiago del Estero, llegó a Salta huyendo de la persecución de la que ya era objeto junto a su familia. Aquí fue empleado de la zapatería de Gamboa.

Loto Zurita, Gamboa y su mujer, Gemma Fernández, fueron secuestrados la madrugada del 24 de septiembre de 1976 y permanecen desaparecidos. Beltramino estaba por esos días en Córdoba, adonde había viajado para visitar a familiares. Allí fue secuestrada, estuvo en los centros clandestinos de detención La Perla, La Ribera, El Buen Pastor y la Unidad Penal Nº 1 de Córdoba, hasta que fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y estuvo más de seis años en la cárcel de villa Devoto, en Buenos Aires. También está previsto que declare la hija de Beltramino y Loto Zurita, María José Loto.

La última testigo prevista para hoy es por la desaparición de Reynaldo Isola, en Metán.

La lista de testigos de mañana incluye al histórico dirigente montonero, cofundador del Partido Peronista Auténtico, Gerardo Bavio, que fuera intendente de la ciudad de Salta durante la gestión del ex gobernador Miguel Ragone, también desaparecido.