lunes, 21 de octubre de 2013

Inspeccionan el lugar donde secuestraron a los Gamboa

El presidente del Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por 34 delitos de lesa humanidad cometidos en Salta entre enero de 1975 y marzo de 1978 recorrerá este mediodía en el barrio Santa Lucía, el lugar de donde fueron secuestrados Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Gamboa y la pequeña hija de ambos, Mariana Gamboa.
Mariana, que por entonces era todavía bebé, estuvo brevemente secuestrada, hasta que la dejaron cerca de la casa de un vecino, Florencio Figueroa. Hoy Mariana será parte de la recorrida por la casa de sus padres, por el lugar donde ella misma fue abandonada y donde fue auxiliada por Figueroa y su esposa. El recorrido incluirá la casa de un comisario de apellido Ulloa.
Esta vivienda es de interés porque está a unos cien metros de la casa de los Gamboa. En septiembre del 76 tenía dos policías de custodia, que dijeron haber visto el secuestro, sin embargo, no intervinieron.
Para la inspección han sido citados cuatro testigos, además de Figueroa, acompañará el recorrido Lucía Madozzo, la tía política de Mariana que junto a su marido, Julio Gamboa, hermano de Héctor, la crío y la acompaña hoy en su lucha por justicia.
También fueron citados los policías retirados Oliver Alberto Corregidor y Ángel Aniceto Orquera. Este último integraba la Brigada de Explosivos de la División Bomberos de la Policía de Salta y fue convocado a revisar la casa del barrio Santa Lucía tras el secuestro de los Gamboa. Corregidor ha sido señalado por Mariana Gamboa como uno de los dos policías que intentó llevársela cuando ya Figueroa la tenía a su cuidado.
El Tribunal tiene previsto iniciar esta inspección a las 13.30.

miércoles, 16 de octubre de 2013

Un militar se involucró en las muertes de 4 jóvenes militantes. Más revelaciones en las indagatorias y postergan los alegatos para el mes de Noviembre.

El mayor Virtom Modesto Mendíaz reconoció ayer haber participado del operativo en el que fueron asesinados los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán, Marcos Estopiñán y Ricardo Tapia, el 20 de abril de 1975 en una casa de Villa Merced, en la localidad de Rosario de Lerma.
De esta manera se auto incriminó en este hecho, objeto del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad pero que no contaba al mayor entre los acusados.
Mendíaz reconoció su participación en este operativo al responder al querellante Matías Duarte. El militar dijo que llegó en el momento en que se estaba desarrollando el operativo; que los policías “fueron recibidos a balazos, (que) hubo un tiroteo”. “No sé por qué me dice supuesto enfrentamiento, porque yo ví los tiros”, recriminó.
Contó que la Policía se enteró por vecinos de la existencia de personas vinculadas a la subversión y el jefe de Policía, el también militar Miguel Gentil, ordenó el operativo del que participó también el jefe de Seguridad, Joaquín Guil, y otros jefes policiales cuyos nombres dijo no recordar.
 “El jefe de Policía va a tocar a la puerta (…), preguntan quién es, la Policía (dijo Gentil), lo que le contestaron fue un balazo y ahí comenzó el tiroteo”, sintetizó.
Como su versión dista de las constancias del sumario policial, que afirma haber dado con el paradero de Mattioli (buscado por “actividades extremistas”) y los Estopiñán, por la declaración de Tapia, al que detuvieron en Chicoana, el fiscal Ricardo Toranzos le hizo notar esas diferencias.
El sumario afirma también que cuando se acercaban a la casa, Tapia escapó y corrió alertando a los otros tres, lo que dio inicio al tiroteo. Pero Mendíaz se mantuvo en las suyas: “Yo estaba en las cercanías y vi los tiros que salían de la casa, no sé cómo no lo mataron a Gentil”, sostuvo. El fiscal le recordó que un informe de Criminalística señala que no hay tiros en la pared ni en la puerta, el militar trastabilló pero insistió en que “la balacera fue muy grande”.
El examen de los cuerpos demuestra que hubo muchos disparos, en promedio cada víctima tenía 20 tiros, y por la espalda, además de fracturas. Pero esto no le llamó la atención a Mendíaz que tras el tiroteo entró a la casa con los otros jefes policiales y vio muchas armas y estandartes, pero no recordó los cuerpos. “El sumario dice que los cuerpos estaban en el fondo, con una sola mancha de sangre”, le recordó el fiscal. Mendíaz dijo que no sabe “esos detalles”.
El mayor llegó a este juicio acusado por un homicidio (Martín Cobos) y cuatro desapariciones (de Silvia Aramayo, Carlos Figueroa Rojas, Gemma Fernández y Héctor Gamboa) cometidas en la ciudad de Salta entre el 24 y 25 de septiembre de 1976, cuando él era jefe de la Policía provincial. Ahora se descuenta que también se lo acusará por la matanza de Rosario de Lerma, por la que vienen siendo juzgados Gentil y Guil.  

martes, 15 de octubre de 2013

Gatto y De la Vega cargan culpas sobre Mulhall

Los militares retirados Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que están siendo juzgados como partícipes de la desaparición del soldado Víctor Mario Brizzi, descargaron responsabilidades en el jefe de la Guarnición Ejército Salta y el Regimiento 5º de Caballería, Carlos Alberto Mulhall, que también es juzgado en este proceso y ya cuenta con condenas por crímenes de lesa humanidad.
Gatto y De la Vega prestaron declaración indagatoria ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad.
Durante unas 9 horas, 5 ocupadas por Gatto, trataron de convencer sobre su inocencia respecto del terrorismo de Estado en general y, en particular, en relación al secuestro y desaparición de Brizzi, el 8 de marzo de 1976, cuando estaba en la instrucción básica en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “Martín Miguel de Güemes”, en esta ciudad.
Gatto está imputado porque integraba el grupo de oficiales instructores y la esposa de Brizzi, Cristina Cobos, lo señala como uno de sus interrogadores, y De la Vega, porque era jefe de Personal (S1), como tal integraba la plana mayor y era ayudante “de confianza” del jefe del Regimiento, Mulhall, que además era jefe de la Guarnición Ejército Salta. Tras la desaparición de Brizzi, el Ejército adujo que había salido con un permiso especial y no había regresado, por lo que lo declaró desertor.
Ayer ambos acusados (con ayudas memoria) mostraron elocuencia al exponer sus conocimientos sobre las formas y los usos militares; sin embargo, adujeron desconocer las directivas y reglamentos referidos a la lucha contra la subversión. Y ambos negaron la existencia de detenidos en dependencias del Ejército, y negaron participación en el secuestro y desaparición de Brizzi.
Gatto, que lamentó tener que defenderse “de una acusación tan vil”, hizo un croquis de las dependencias militares. Quería mostrar la diferencia entre los cuarteles y el sector dedicado a la instrucción básica de los conscriptos.
El militar basó su defensa en dos pilares: su juventud e inexperiencia al momento de la desaparición de Brizzi, dijo que era “el de menor jerarquía” y no podía otorgar un permiso especial a los soldados, algo que solo podía hacer, “el jefe de Unidad, que para mí no era otro que Mulhall”. Por otra parte, sostuvo que para cuando Brizzi desapareció él ya no estaba en Instrucción, sino que se le había ordenado armar una Sección de combate para participar en el Operativo Independencia en Tucumán.
El discurso del oficial comenzó a perder ilación con las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos, lo que siguió con los otros interrogatorios: al abogado Orfeo Maggio, defensor de De la Vega, llegó a pedirle que no hiciera preguntas “tan largas, porque me puede hacer decir cosas que no son ciertas o que no quiero decir”.
A su turno, De la Vega sostuvo que “los únicos” que podían autorizar un franco entre los conscriptos recién ingresados eran “el jefe de Unidad (Mulhall) o el segundo jefe (Joaquín Cornejo Alemán, también juzgado en este proceso)”.
Dijo que no conoció a Brizzi ni sabía de sus antecedentes, pero reconoció haber recibido “varias veces” a Cobos, quien concurría al Ejército a preguntar por su marido. A pesar de que empezó negando “absolutamente” haberla interrogado, ante el querellante David Leiva reconoció que le preguntó sobre los lugares donde podría encontrarse Brizzi.
Cobos sostiene que De la Vega la interrogó reiteradamente y que la hizo pasar a una sala llena de oficiales que también la interrogaron. Ayer De la Vega concedió que pudo haberla “contactado” con otros oficiales.
 
 
“Asesoramiento y contribuciones”
 
El coronel Ricardo de la Vega negó ayer que la plana mayor, que él integraba,  tuviera conocimiento sobre la represión estatal; sostuvo que el Ejército “estaba empeñado en la lucha contra la subversión” pero afirmó que sus acciones se llevaban a cabo en Tucumán, no en Salta. Este argumento se desdibujó cuando Leiva lo confrontó con la declaración que prestara Mulhall en la Causa 13, el juicio a las Juntas, en la que dijo que comandó la lucha contra la subversión y para este fin su plana mayor le brindaba “asesoramiento y contribuciones”.
El ex jefe de la Guarnición describió también el uso de un cuerpo de interrogadores. Ayer De la Vega empezó su declaración negando haber recibido instrucción sobre inteligencia, interrogatorio y torturas, aunque reconoció que como cadete participó de una capacitación en la Escuela de las Américas. Y terminó negando haber participado de actividades de inteligencia durante toda su carrera, a pesar de lo cual en 2001 fue jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
Sobre el final, tuvo que soportar una andanada de datos que le tiró el fiscal, luego de que el coronel negara insistentemente la existencia de detenidos en el Ejército y su presencia en la cárcel de Villa Las Rosas. Toranzos le recordó que en el libro de guardia del penal consta que el 27 de enero de 1976 ingresó a la cárcel en compañía del director y subdirector, y enumeró también una lista de constancias que dan cuenta del ingreso de detenidos provenientes del Ejército. De la Vega se limitó a balbucear que nunca fue al Penal.
La audiencia seguirá hoy. Ya se adelantó que otros acusados pretenden declarar, entre ellos el civil Juan Manuel Ovalle. Se sabe que también declararían los militares Virtom Mendíaz y Joaquín Cornejo Alemán, y los policías Raúl Toledano y Felipe Caucota. Si todos deciden hablar, es evidente que los alegatos no comenzarán hoy.

lunes, 14 de octubre de 2013

Siguen las indagatorias a acusados

El juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad desde mayo del año pasado seguirá hoy con la continuidad de las indagatorias a los acusados que han decidido hablar antes de que comiencen los alegatos. Si hay tiempo, comenzarán los anunciados alegatos.
Los tenientes Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega ya adelantaron que pretenden hablar. Y es posible que otros hagan lo mismo.
Para esta semana el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Marcelo Juarez Almaraz y el cuarto juez Gabriel Casas, tiene previsto sesionar en dos jornadas, con lo que es de esperar que puedan comenzar los alegatos.
Comenzarán las querellas, los abogados Carlos Saravia, Matías Duarte, Tania Kiriaco, Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva, y seguirá el fiscal Ricardo Toranzos.
Las previsiones del Tribunal llegan hasta el alegato del fiscal.
Este juicio reúne varias causas acumuladas por delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, solo cuatro de ellas sobrevivieron. El proceso se inició con 20 acusados pero durante su transcurso quedó con 17 imputados, debido a que fallecieron el teniente Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y el comisario Abel Vicente Murúa y un tercero, el comisario Roberto Puertas, fue apartado después de que sufriera un ACV.
Los hechos sobre los que se indagó en este proceso se cometieron entre enero de 1975 y marzo de 1978 en todo el territorio de la provincia de Salta.
En el norte, se investigan las detenciones y desapariciones del sindicalista rural Raúl Osores y del militante comunista René Russo, y los secuestros y homicidios de los militantes peronistas Jorge Santillán y Pedro Urueña.
En el sur, de Metán, se investigan el secuestro y homicidio del ex diputado provincial Luis Rizo Patrón, el secuestro y desaparición de Reynaldo Isola y la detención ilegal y vejámenes que sufriera Juana López, que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Y se juzgan los secuestros y desapariciones del soldado Nolberto Guerrero y de su amigo Rodolfo Pizarro Gallardo, que residían en General Güemes, localidad de donde fueron secuestradas también las hermanas Francisca “Elsa” Torres y Carmen Torres.
De Cafayate se investiga la detención ilegítima del dirigente sindical Pablo Salomón Ríos. En Rosario de Lerma, los asesinatos de los militantes revolucionarios Eduardo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia; en Campo Quijano, el secuestro y desaparición del ex funcionario provincial y dirigente rural Felipe Burgos;
También se investigan hechos cometidos en la ciudad de Salta: los homicidios del militante peronista Eduardo Fronda y del periodista Luciano Jaime, las desapariciones de los jóvenes Oscar Bianchini y Néstor Díaz (ambos presuntos militantes del peronismo revolucionario); las detenciones y desapariciones del arquitecto y militante Ramón Gallardo, el soldado y militante de la JP Víctor Brizzi, los estudiantes universitarios Carlos Figueroa Rojas y Enrique Mosca Aslina, las docentes Susana Aramayo y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y de su marido, Héctor Gamboa, ambos militantes del peronismo revolucionario, el homicidio del estudiante de secundaria Martín Miguel Cobos, y las detenciones ilegales y las torturas que sufrieran el militante peronista Aldo Víctor Bellandi y Ernesto Luis Mamaní.
También son parte de este proceso las desapariciones del ex policía provincial Pedro Bonifacio Vélez, el ex policía federal Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella; sin embargo, todavía se discute si se trata de delitos de lesa humanidad o de ajustes de cuentas entre los propios represores. 

lunes, 7 de octubre de 2013

Causa Palomitas: el juez Bavio ordenó detener a Cornejo Alemán

El titular del Juzgado Federal Nº 1de Salta, Julio Leonardo Bavio, ordenó la detención del militar Joaquín Cornejo Alemán, aunque le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplirá en la localidad de Vaqueros, donde reside actualmente, y donde ya cumple prisión domiciliaria dictada en otra causa, en la que está siendo juzgado en estos momentos, por la desaparición del soldado Víctor Brizzi.   
Cornejo Alemán en la Mega Causa 
La nueva medida se tomó en la continuidad de la investigación de la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976, a poco más de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas, cerca de la pequeña localidad de Las Palomitas.
A Cornejo Alemán se le imputa la “coautoría mediata o la participación necesaria” en el delito de homicidio doblemente calificado, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, del que fueron víctimas Pablo Eliseo Outes, Celia Leonard de Ávila, Benjamín Ávila, José Víctor Povolo, Rodolfo Usinger, Maru Amarú Luque de Usinger, Norberto Luis Oglietti, María del Carmen Alonso de Fernández, Alberto Simón Savransky, Evangelina Botta de Linares y Georgina Droz.
Este hecho fue perpetrado por un grupo de tareas del que (al menos) participaron miembros del Ejército, la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario provincial. Cornejo Alemán resultó imputado “en virtud del cargo que desempeñaba en la cadena de mando”, recordó el juez Bavio en la resolución por la que le negó la libertad, que había sido solicitada cuando el militar fue indagado, el 26 de septiembre último.
En julio de 1976 Cornejo Alemán era segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada Nº 141, con asiento en Salta capital, y era jefe de la Plana Mayor. Como tal ejercía el control operacional “sobre todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas de seguridad de actuación en la provincia de Salta”: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia de Salta y Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.
Para explicar la detención de Cornejo Alemán, el juez Bavio sostuvo que el militar participó de la planificación del retiro de las víctimas del penal de Villa Las Rosas, donde estaban alojados, y asistió también al jefe de la Guarnición Ejército Salta, el coronel Carlos Alberto Mulhall, aportándole “infraestructura, armamentos, vehículos y personal de los distintos campos de conducción del Estado Mayor a su cargo” para que se pudiera concretar el fusilamiento de 9 de los presos políticos y la desaparición de otros dos.
El magistrado afirmó que estas “circunstancias (…) determinan que no sea procedente” el pedido de libertad “atendiendo a la gravedad de la acusación”, dado que podría ser condenado a cumplir prisión efectiva y, debido a esto, “de mantenerse en libertad, es presumible que eluda la acción de la justicia” o “perturbe la investigación”.
 

miércoles, 2 de octubre de 2013

Atilio Borón en Salta


Por Cambio de Actividades el Dia Jueves esla Inaguracion a las 19:00 hs y el dia viernes las actividades comienzan 9:20 a 13:00 y de 15:00 a 21 hs.