lunes, 18 de noviembre de 2013

Querellas coinciden en pedir condenas y cárcel común

Los abogados querellantes David Leiva, Susana Aramayo, Gastón Casabella y Tania Kiriaco coincidieron ayer en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres que están siendo juzgados en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia.
Hubo pedidos de prisión perpetua para6 acusados: los militares Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Héctor Ríos Ereñú, Joaquín Cornejo Alemán y Miguel Raúl Gentil, yel ex policía JoaquínGuil.
En el caso del civil Juan Manuel Ovalle hubo diferentes pedidos: mientras Leiva (querellante junto a Aramayopor el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia;los familiares de Víctor Brizzi y Martín Cobos,y los de Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa) pidió que se lo condene a 6 años de prisión por el secuestro de la docente Silvia Aramayo, los abogados Casabella(Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y Kiriaco (en representación de la madre de Aramayo, Brunilda Rojas) consideraron que debe ser condenado a prisión perpetua, como partícipe en el secuestro y en el homicidio de la joven.
También hubo pedidos de penas de 6 años para los militares FernandoChaín, Marcelo Gatto y Ricardo Benjamín de la Vega, por el secuestro del soldado Brizzi. En el caso de De la Vega, Leiva solicitó que se lo comience  investigar por el homicidio del joven militante de la JP.
En general, los querellantes hicieron un repaso por las acciones del terrorismo de Estado en la provincia y acusaron a los juzgados de integrar el aparato represivo del Estado en la aplicación de un plan sistemático de eliminación de personas.
Es que los hechos objeto de este proceso fueron cometidos en distintos puntos de la provincia y los acusados son representativos de la organización de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad a los fines de la represión. Mulhall era jefe de la Guarnición Ejército Salta (y ya tiene dos condenas en su haber); Guil era el ex jefe de Seguridad de la Policía salteña (también con dos condenas); el mayor Mendíaz fue jefe de la Policía en momentos en que se cometieron varios hechos investigados en este juicio. Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, cuando se cometió el secuestro y asesinato del dirigente de la JP Jorge René Santillán. Gentil era jefe de la Policía en 1975, año en que fueron asesinados el periodista Luciano Jaime y los jóvenes Alfredo Mattioli, Marcos y Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia.
Los querellantes sostuvieron que en este proceso ha quedado claro que en la provincia existió una estructura represiva iniciada tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974 y que se acrecentó tras el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. A poco de su llegada, el primer interventor federal,Alejandro Mosquera, nombró en la Jefatura de Policía al militar Gentil y dejó a la Policía bajo la jurisdicción del Ejército, que proveía de información de inteligencia sobre los posibles blancos de la acción represiva.  La Policía de Salta, afirmó Casabella, participó de este entramado represivo “liberando zona, fraguando sumarios” y aportando personal para los operativos.
En el caso de Ovalle, los querellantes lo acusan de haberse infiltrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para realizar tareas de inteligencia.
A Mulhall lo acusaron por 9 hechos de homicidio(por Aramayo, Cobos, Brizzi, Raúl Osores,  el matrimonio Gamboa, Santillán, René Russo y Figueroa Rojas) y 8 de privación ilegítima de la libertad; a Guil, por 10 homicidios. A Mendíaz lo señalaron como partícipe de 5 homicidios, igual que Gentil.
La audiencia seguirá el 3 de diciembre, con el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos.
 
 
Reconocible, a pesar de las medias 
 
Con la cara cubierta con una media, el abogado David Leiva sorprendió ayer a los asistentes a la sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone”, en la Ciudad Judicial. Fue en el momento de fundamentar por qué está convencido de que Juan Manuel Ovalle participó del secuestro de Silvia Aramayo, tal como viene sosteniendo, hace 37 años, su madre, Brunilda Rojas. 
La mujer sostiene que reconoció a Ovalle, por su voz y por su contextura física, en el grupo de tareas que la madrugada del 25 de septiembre de 1976, irrumpió en su casa de la calle Aniceto de la Torre al 1800, con las caras cubiertas por medias. Rojas afirma que conocía a Ovalle porque iba seguido a su casa a buscar a su hija.
“Seguramente después de haberme escuchado durante un año, a pesar de la media que tengo puesta sobre la cara, el Tribunal me va a reconocer por el contexto físico y por esta voz que es un timbre personal y es un reconocimiento de la personalidad, así como la señora Brunilda Rojas lo reconoció a Ovalle, después de haberlo conocido un año en su contexto físico y también por la voz”, sostuvo el letrado.
Más tarde, la abogada Tania Kiriaco enumeró las pruebas que en su opinión hacen caer la postura defensiva de Ovalle. Particularmente, desestimó las fotos que exhibió el acusado para mostrar que era cercano a Miguel Ragone y a los militantes por el regreso de Perón: “Las fotos no prueban nada. Astiz también tiene fotos con las Madres”, retrucó Kiriaco.
 
 

Nuevas investigaciones
 
La abogada Tania Kiriaco pidió que se investigue al ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el secuestro y desaparición de Silvia Aramayo. Recordó en tal sentido que en 1976 el entonces magistrado “archivó en 6 fojas” la denuncia presentada por la madre de la joven.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, pidió que se investigue al ex docente de la Universidad Nacional de Salta Mario Casalla por “su presunta participación en el homicidio calificado y la privación ilegítima de la libertad” de Aramayo, Víctor Brizzi y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa. El abogado aseguró que Casalla “señalaba a gente” que luego era objeto del terrorismo estatal.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Otro pedido de perpetua para Guil, en cárcel común.

 El querellante Matías Duarte pidió ayer condena a prisión perpetua para los represores Joaquín Guil y Miguel Gentil, por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime y por la matanza de los jóvenes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia. El abogado insistió en que el Tribunal Oral debe revocar las prisiones domiciliarias, y solicitó nuevas investigaciones contra los integrantes de la plana mayor del Ejército y de la Policía en Salta, los miembros del Destacamento de Inteligencia militar y el ex interventor Alejandro Mosquera, en cuyo mandato “ocurrieron crímenes de lesa humanidad que a la fecha se encuentran impunes”.
Duarte fue el único querellante que pudo completar su alegato en una jornada en que quedó trunco el alegato de los querellantes David Leiva y Susana Aramayo, quienes seguirán exponiendo el próximo lunes, día en que se prevé una doble jornada,  adelantó el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla.
Duarte recordó que el 12 de febrero de 1975, día de su secuestro, Jaime fue visto nervioso debido a que se sabía perseguido. Memoró que el periodista estaba enfrentado con la Policía por su militancia en el peronismo revolucionario y por sus publicaciones en el diario El Intransigente, entre ellas la cobertura del homicidio del militante Eduardo Fronda. “(El móvil) fue claramente ideológico” y también “fundamentalmente por el compromiso con el cual desplegaba su tarea”, sostuvo.
Para el querellante en representación de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) y la organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, está claro que el crimen fue cometido por la fuerza policial, que sabían que Jaime había visto a Fronda en la Central de Policía, y que era el autor de las notas que dieron cuenta de las torturas que sufrió este joven.
Como indicio de la responsabilidad policial el abogado reseñó las irregularidades contenidas en el sumario policial, confeccionado por la división de Contralor General, cuyo jefe era el comisario Víctor Hugo Almirón, quien no está siendo investigado por este hecho. Duarte añadió que luego el ex juez federal Ricardo Lona cerró la investigación en 95 días, y tampoco está imputado por este hecho.
Recordó asimismo que al momento del hecho Gentil, un militar, era el jefe de la Policía de Salta y que como jefe de Seguridad Guil “tenía el control operacional de la fuerza”.
Duarte también pidió la condena de Guil y Gentil por los homicidios de Mattioli, los Estopiñán y Tapia, cometidos el 20 de abril de 1975 en Villa Merced, localidad de Rosario de Lerma, un hecho que ambos acusados trataron de hacer aparecer como un enfrentamiento en un comunicado publicado el 21 de abril del 75, lo que el querellante calificó de “gran mentira institucional de la que participaron la Policía y el Poder Judicial”, con Lona y el fiscal Vicente Massafro.
También en este caso enumeró las pruebas e indicios que dejan claro que hubo un fusilamiento: entre otras, los acusados sostienen que se trató de una acción contra delincuentes comunes cuando los cuatro jóvenes militaban en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y eran buscados con el calificativo de “extremistas”; además, las víctimas recibieron un total de 108 disparos (28 Tapia, 38 Marcos Estopiñan, 19 Marcial y 26 Mattioli), muchos de ellos por la espalda.  
El abogado consideró que en este caso Guil y Gentil son autores materiales del fusilamiento, dado que ellos mismos han aceptado que estuvieron en el lugar del hecho, algo que también fue confirmado por el subjefe de la Policía, Virtom Mendíaz, quien reveló que él también estuvo, por lo que el abogado pidió que se lo investigue en relación a este hecho.
Los alegatos fueron iniciados por la abogada Susana Aramayo, quien realizó una semblanza de las víctimas en cuyos casos intervienen las querellas. Luego Leiva se refirió al contexto histórico. La audiencia se levantó cuando este abogado alegaba sobre el homicidio de Martín Cobos y los secuestros y homicidios de Silvia Aramayo, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Gamboa, Carlos Figueroa Rojas y  Víctor Brizzi.
 
  

Plantean que Mosquera sea investigado por crímenes del 75

 
El abogado Matías Duarte pidió ayer que el ex interventor de Salta, José Alejandro Mosquera, sea investigado por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, el 23 de  noviembre de 1974.
El querellante sostuvo que la represión comenzó en la provincia con la llegada de la intervención, algo que ya tiene por probado el Tribunal Oral de Salta en su sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador Ragone.
“Solo 24 horas después de la intervención federal empezaron las detenciones de las personas que habían militado y que estaban relacionadas a la Tendencia Revolucionaria, ligadas a las ideas de Miguel Ragone o vinculadas a actividades políticas que la intervención federal consideraba riesgosa”, sostuvo el abogado al alegar en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta ciudad desde mayo del año pasado.
Duarte citó archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires y enumeró una lista de detenidos durante la intervención: entre otros, el 25 de noviembre de 1974 fue detenido Farat Salim, que había sido juez de Corte durante el gobierno de Ragone; el 1 de diciembre, el militante y funcionario de Ragone Eduardo Porcel; el  21 de diciembre, Eduardo Porcel hijo. El 22 de abril, fue detenida Amaru Luque de Usinger; el 19 de junio, Evangelina Botta de Linares, y el 21 de junio, Celia Raquel Leonard y José Luis Povolo. Los cuatro fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, el 4 de julio de 1976.
“Vemos que pocas horas después de la intervención federal se inició este plan de persecución sobre la población civil. Y en menos de 45 días de sucedida la intervención federal encontramos la primera víctima fatal de este plan sistemático, que fue Eduardo Fronda. Era previsible en este marco de persecución que una de las primeras víctimas, Fronda, pertenezca al Frente Revolucionario Peronista (FRP)”, afirmó el querellante.  Añadió que la misma suerte iban a correr luego otros compañeros suyos en el tiempo “inmediatamente posterior”, como ocurrió en abril con Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán, Ricardo Tapia y más tarde con las hermanas Carmen y Francisca “Elsa” Torres.
Duarte recordó asimismo que al día siguiente de la intervención, el 24 de noviembre de 1974, fue designado Miguel Gentil en la Jefatura de Policía, “un militar en actividad”. “Fue uno de los personeros en llevar la represión a todas las personas consideradas subversivas”, igual que Guil, pero “todo esto se dio en un claro perfil antisubversivo del interventor federal”, afirmó. Como ejemplo de ese perfil refirió el decreto 01/75 de la intervención federal, en el que identifica a pueblo con Fuerzas Armadas, y la ley de prescindibilidad dictada en 1975, que dejaba cesante a empleados públicos y en la que se dijo que “el gobierno de la intervención federal combate a la subversión en todas sus manifestaciones, no solo aquellos que utilizan las armas como medios sino también a los guerrilleros económicos”.
Antes, al referirse al contexto histórico, el abogado David Leiva había afirmado que “el FRP fue el primer sector perseguido en Salta por la Policía”, y luego “le toca a Montoneros y a la JP”.
 

domingo, 10 de noviembre de 2013

Lunes 11 de Noviembre seguirán los alegatos de los querellantes

El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta desde mayo del año pasado seguirá hoy, con la continuidad de los alegatos de las querellas que participan de este proceso.
El Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este debate por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y el cuarto juez Gabriel Casas, pretende concluir con los alegatos de las querellas en esta semana, y escuchar al fiscal federal Ricardo Toranzos el lunes 18.
Sin embargo, no se informó si esta semana habrá dos días de audiencia, que se presumen necesarios para escuchar las exposiciones de los abogados Matías Duarte, Tania Kiriaco, Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva, representantes de los querellantes.
En este juicio se acumularon unas 18 causas abiertas para investigar crímenes perpetrados entre enero de 1975 y marzo de 1978 en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales han sido asesinadas o se encuentran todavía en calidad de desaparecidos. Hay querellas constituidas solo en algunas de las causas acumuladas, por lo que es de suponer que las exposiciones de los abogados querellantes serán más breves que las de la Fiscalía, que debe referirse a la totalidad de hechos vinculados a las 34 víctimas y a los 17 hombres que están siendo juzgados por su supuesta responsabilidad en estas acciones.
Teniendo en cuenta “que se trata de un debate que por diferentes circunstancias se ha prolongado más de un año”, el Tribunal consultó a las partes (la Fiscalía, los querellantes y los defensores) y resolvió otorgar un plazo de dos horas para los alegatos de cada querellante, de 8 horas para el fiscal y de 2 horas para los defensores, salvo el defensor oficial Federico Petrina, que asiste a 13 de los imputados y al que se le otorgó la posibilidad de explayarse durante 6 horas. Sin embargo, ni bien se conoció la decisión del Tribunal, el abogado David Leiva (que representa a la querella de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a los familiares del soldado Víctor Brizzi y a los del matrimonio integrado por Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa) planteó que necesita al menos 6 horas para poder referirse a las causas en las que interviene. “Que se nos limite a 2 horas nos parece que es desigualdad de armas”, se quejó tras recordar que los militares imputados Fernando Chaín y Marcelo Diego Gatto tuvieron la posibilidad de hablar por 5 horas cuando se decidieron a prestar declaración indagatoria.
Al parecer, la idea del Tribunal es que los alegatos vayan siguiendo un orden cronológico (el primer alegato, el 4 e este mes, fue sobre el secuestro y homicidio de Eduardo Fronda, cometidos el 8 de enero de 1975), se espera que el primer alegato de hoy sea del abogado Matías Duarte, quien junto a Kiriaco representa a la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), constituida en querellante en la causa por el secuestro y asesinato del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido entre el 12 y 14 de febrero de 1975. 

lunes, 4 de noviembre de 2013

Comezaron los Alegatos: piden perpetua para Guil y Alzugaray

El abogado querellante Carlos Saravia pidió ayer condenas de prisión o reclusión perpetua, en cárcel común, para los represores Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray, a los que consideró responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad con aplicación de tormentos en concurso real con homicidio calificado por alevosía”, por el asesinato del militante peronista Eduardo Fronda, cometido en Salta el 8 de enero de 1975.
De esta manera comenzaron los sucesivamente pospuestos alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta provincia desde mayo  del año pasado y en el que se juzga a 17 hombres, por delitos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Saravia habló luego de que se escuchara la última declaración indagatoria, del civil Juan Manuel Ovalle, que es juzgado en relación al secuestro y desaparición de la docente Silvia Aramayo.
Saravia, que representa a los hermanos de Fronda, consideró probado que el joven fue detenido el 4 de enero de 1975. Se basó para ello en el testimonio de Humberto Fronda, policía, hermano de Eduardo, y en las publicaciones periodísticas de la época, que dan cuenta de operativos policiales llevados a cabo en los barrios Villa Primavera y Villa 20 de Junio, lugares de “residencia alternativa” del joven que militaba en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y en 1973 había acompañado la candidatura a gobernador de Miguel Ragone.
El letrado describió el derrotero al que fue sometido Fronda: primero en la Central de Policía, donde “estuvo 3 días y medio” y donde fue visto por el periodista Luciano Jaime (cuyo secuestro y asesinato, en febrero de 1975, también es objeto de este proceso); luego fue llevado  a la Delegación de la Federal, donde fue sometido a torturas, posteriormente “por lo menos 6 o 7 personas” lo acribillaron a balazos y lo abandonaron en el camino a Lesser, cerca de la entrada al paraje Buena Vista, que pertenece a tierras del Ejército.
El abogado recordó que la ex presa política Mirta Torres contó que otra detenida, Virginia Guzmán, fue obligada a presenciar la tortura a Fronda, aplicada por el jefe de Federal en Salta, el comisario Federico Livy (fallecido) y Alzugaray. Sostuvo que el joven fue torturado para que diera información sobre Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán y Ricardo Tapia, militantes del FRP y de su brazo armado, el Ejército de Liberación del Norte (ELN) luego renombrado Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que eran buscados por las fuerzas de seguridad. “Está claro que los verdugos cumplieron su objetivo”, añadió, refiriéndose a que en abril de 1975 estos últimos cuatro fueron asesinados por la Policía de Salta en Rosario de Lerma, un hecho que también es objeto de este juicio.
Saravia afirmó que ya durante el “gobierno constitucional de Isabel Perón, (existía) un plan sistemático de eliminación de opositores políticos” y que, en ese marco, Fronda fue “víctima de un atentado de fuerzas de seguridad”. Recordó que el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, y el subjefe, Luis Margaride, mantenían una “estrecha relación con José López Rega”, con el que integraban la organización paramilitar Triple A.
Dijo que en Salta la persecución política se hizo notar tras la intervención al gobierno de Ragone, en noviembre de 1974, que en ese lapso antes del golpe la Policía de la provincia estaba subordinada a la Federal y que el Ejército colaboraba aportando información de inteligencia.
En enero de 1975 Guil era jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, era el hombre fuerte de la represión. Alzugaray, por su parte, “integraba la cúpula de la Delegación Salta de la Policía Federal”, que realizaba sus operativos con ayuda de la Policía salteña.
El juicio seguirá el próximo 11 de noviembre, con los alegatos de los otros querellantes.
 
 
El verdugo  
 
El abogado Carlos Saravia señaló ayer al ex comisario general Joaquín Guil (ya convicto) como la figura central de la represión previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “Él comandaba. Era el jefe de la Policía, más que (Miguel) Gentil (que era el jefe), más que (Virtom) Mendíaz (que era el subjefe)”, afirmó.
Joaquin Guil 
“Joaquín Guil no es un improvisado dentro del marco de la represión en Salta”, afirmó. Y enumeró: en 1965, cuando la visita de los reyes de Bélgica, ya estaba en el área de Contralor Político de la Policía y fue el encargado de detener a Juan Carlos Salomón, Armando Jaime y Julio José Suárez. En 1973 fue detenido junto a otros jefes policiales por apremios ilegales a militantes peronistas, fue acusado de haber realizado 52 allanamientos en la casa de la dirigente peronista Hortensia Porcel. Posteriormente “las presiones de la derecha peronista llevaron a que fueran reincorporados” los comisarios cesanteados y Guil volvió a la represión tras la caída del gobierno de Ragone. “Él dirigía Control Policial, él dirigía la inteligencia policial. El día 24 de marzo de 1976 fue el que allanó la sede de la CGT destruyendo con una Itaka los retratos de Perón y Evita”, afirmó el abogado.
Sobre el cierre de su alegato ratificó que “esa organización delictiva que había invadido y contaminado  al Estado tenía la figura sobresaliente del señor Joaquín Guil. Él fue el verdugo, él fue el que decidió sobre la vida y el honor de cada uno, él fue el que optó por tener ese rol de asesino, de cómplice de asesinatos o de intermediario entre la vida y la muerte”.
 
 
 
 
Ovalle: “No tengo ningún  nexo con la Policía”
Juan Manuel Ovalle primer civil imputado
 
El último imputado en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Salta, Juan Manuel Ovalle, negó ayer responsabilidad sobre el secuestro y la desaparición de la docente Silvia Aramayo. Asimismo, dijo que era de confianza del desaparecido gobernador Miguel Ragone, y que en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde está sospechado de haber realizado inteligencia, era “un estudiante vulgar y corriente” que aprobó 18 materias en dos años.
“No tengo absolutamente nada que ver ni con la Policía ni con Gendarmería”, “ningún contacto, ningún nexo con la Policía”, aseguró Ovalle, quien se presentó ante los jueces con una caja en la que guardaba, dijo, 10 carpetas, producto de una investigación sobre la Universidad Nacional de Salta que puso a disposición del Tribunal.
La madre de Aramayo, Brunilda Rojas, sostiene que Ovalle integró el grupo de tareas que secuestró a la joven la madrugada del 25 de septiembre de 1976. Dijo que lo reconoció porque era amigo de su hija y que había ido varias veces a cenar a su casa. La sospecha que mantiene la acusación es que hacía tareas de inteligencia y que aportó los datos para que Aramayo fuera blanco de la represión.
Ayer el señalado negó todo, y solo concedió haber conocido a la docente en la Universidad, que la llevaba a su casa (junto a otros docentes y estudiantes) y que había conocido a su madre en la vereda.
En una declaración nerviosa, que fue definitivamente interrumpida por un acceso de tos (cuando comenzaba a interrogarlo el fiscal Ricardo Toranzos), Ovalle aclaró la relación que lo unía con su medio hermano, el comisario Abel Vicente Murúa (acusado por delitos de lesa humanidad, fallecido) y contó su trayectoria laboral y su militancia sindical y política. “Yo he luchado siempre por el estado de derecho, por la democracia y por la vuelta del general Perón”, insistió y lamentó que “durante diez años”, desde que fue imputado, soportó “una persecución mediática y jurídica” que trastornó su vida.
Para contrarrestar  los testimonios que ponen en duda su militancia en el PJ, incluido el del ex intendente de Salta, Gerardo Bavio, que contó que el propio Ragone le advirtió que se cuidara de él, Ovalle insistió en que conocía a Ragone desde chico, porque “era asiduo concurrente” a su casa”, y que el mismo gobernador lo convocó para que colaborara con la campaña para el regreso de Perón, por lo que estuvo en un acto con el ex presidente (entonces delegado de Perón) Héctor Cámpora. “Tengo relación política con el doctor Ragone desde la época en que yo era sindicalista (en la municipalidad de Salta), en el año 64”, sostuvo antes de afirmar: “Participé en superficie, señor presidente, haciendo política”, y reiterar que tiene “tres fotos públicas al lado del doctor Cámpora. Lo digo porque a mí la acusación dentro de la causa me hace aparecer como un colado dentro del peronismo”.