sábado, 21 de diciembre de 2013

Condenan a 15 represores y absuelven a dos por el beneficio de la duda

Tras más de año y medio de debate, en fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a prisión perpetua a cinco militares, un comisario y un integrante del Servicio Penitenciario Provincial, por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar. A otros 8 represores les impuso condenas que van desde los 10 años a 5 años de prisión. En todos los casos, las penas deben ser de cumplimiento efectivo, en cárceles federales, por lo que se revocaron las prisiones domiciliarias. Dos mayores fueron absueltos por el beneficio de la duda.
El fallo se dictó en una sala colmada, sobre todo por familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Acompañaron varios funcionarios nacionales, legisladores del Partido Obrero y el intendente de Hipólito Irigoyen; en cambio, no hubo funcionarios provinciales.
La lectura de la sentencia se hizo a las 12,30, hora y media antes de la prevista inicialmente. Las condenas máximas recayeron sobre Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Miguel Gentil y Héctor Ríos Ereñú; el ex comisario Joaquín Guil, y el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray.
Esta es la tercera sentencia que recae sobre Mulhall, Guil, Gentil y la segunda contra Alzugaray.
Mulhall, que fue jefe de la Guarnición Ejército Salta, fue declarado autor mediato de “homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas” en 20 hechos, homicidio simple en un hecho, “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia” reiterada en 14 oportunidades, aplicación de apremios ilegales y violación agravada, todos en concurso real.
A Guil lo declararon autor mediato de 16 hechos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad en 14 oportunidades y un hecho de tormentos agravados.
Gentil, ex jefe de la Policía salteña, fue declarado autor mediato por los homicidios agravados del periodista Luciano Jaime y los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Ricardo Tapia, Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán y Marcos Estopiñán. Y por dos hechos de privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Jaime y de Ramón Gerardo Gallardo.
Alzugaray fue declarado partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado, privación de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Eduardo Fronda.
Mendíaz, también jefe policial, fue condenado como autor mediato de cinco hechos de  homicidio agravado, por Gemma Fernández Arcieri, Héctor Gamboa, Martín Cobos, Carlos Figueroa Rojas y Silvia Aramayo. Y cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad agravada.
Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, fue declarado autor mediato de dos homicidios agravados y dos hechos de privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Jorge René Santillán y Pedro Urueña.
Cornejo Alemán fue condenado por el homicidio agravado y la privación ilegítima de la libertad agravada del conscripto Mario Brizzi. Por este hecho también fue condenado a 5 años de prisión el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los mayores Marcelo Gatto y Fernando Chaín, que estaban acusados por la privación, fueron absueltos por “el principio de la duda”.
 
Participación secundaria
Los policías Julio Correa y Víctor Hugo Almirón fueron condenados a 10 años de prisión. Correa, por su participación en 4 secuestros cometidos en General Guemes: de las hermanas Francisca y Berta Torres, del conscripto Felipe Pizarro Gallardo y Nolberto Guerrero.
Almirón fue condenado como partícipe secundario de los secuestros de Oscar Bianchini, Néstor Díaz y Ramón Gallardo, en el barrio de Tres Cerritos.
El policía Mario Pachao recibió una pena de 8 años, por la detención irregular y los tormentos infligidos a Ernesto Luis Mamaní, en la Central de Policía. El civil Juan Manuel Ovalle recibió igual condena, en su caso como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad de Aramayo.
Por la detención y torturas que sufrió el ex legislador y sindicalista Pablo Salomón Ríos, fueron condenados los policías Felipe Caucotta, a 7 años de prisión, y Ramón Vivas, a 5 años.
El policía Raúl Toledano fue condenado a 7 años de prisión como partícipe secundario del secuestro del policía Pedro Vélez.
Los familiares y querellantes esperaron la lectura gritando consignas de los organismos de derechos humanos y dando el “¡Presente!” para cada una de las víctimas. Los familiares de los acusados salieron del silencio cuando se conocieron las dos absoluciones.
Sobre el final, la pretensión del defensor oficial Federico Petrina de hablar antes de que se cerrara la audiencia, desató la reacción de los querellantes. Y la respuesta del abogado Luis Garzón, que enrostraba a los familiares violaciones de los derechos humanos.
Ya retirados los jueces, los querellantes se mezclaron en abrazos con llanto, risas y cantos. Hubo también otro cruce verbal con los familiares de los acusados.
 
 
 
Cárcel común y juntas médicas
 
El Tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek dispuso que las penas sean de cumplimiento efectivo, tal como lo habían solicitado el fiscal federal Ricardo Toranzos y los querellantes.
En consecuencia revocó  revocó las prisiones domiciliarias de Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Ríos Ereñú, Mendíaz,  Guil y Alzugaray. Y dispuso la inmediata detención de los policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Raúl Toledano, Mario Pachao, Felipe Caucotta y Ramón Vivas, del militar Ricardo de la Vega y del civil Juan Manuel Ovalle.
El Tribunal dispuso que Mulhall seguirá alojado en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Y ordenó “el inmediato traslado de Miguel Raúl Gentil, Héctor Luis Ríos Ereñú y Virtom Modesto Mendíaz” a ese mismo Hospital; y el “inmediato traslado de Joaquín Cornejo Alemán, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray al Complejo Penitenciario Federal III –Güemes”. También los nuevos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Guemes.
La decisión fue saludada con aplausos por los familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos. Pero enseguida comenzaron las exclamaciones de desaprobación cuando el secretario Mariano García Zavalía leyó la disposición de que una junta médica “de tres profesionales de la salud designados por el Cuerpo Médico Forense” examine a Mendíaz, Mulhall, Gentil y Ríos Ereñú “e informe fundadamente respecto de si las condiciones de salud de los nombrados permiten que continúen alojados en una unidad penitenciaria”. Es que los querellantes tienen experiencia en detenciones efectivas que duran un suspiro con la aparición de rápidas dolencias que obligan a las prisiones domiciliarias, como lo recordó luego el abogado Matías Duarte. El Tribunal también dispuso que una junta médica del sistema de salud provincial examine a los alojados en la cárcel de Guemes, con el mismo objetivo.
 
 
 
Todos a Casación
 
Aunque los querellantes se manifestaron contentos con la sentencia, la abogada Susana Aramayo adelantó que irán a Casación por las absoluciones de los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, que estaban acusados de haber participado del secuestro de Víctor Brizzi.
También la Fiscalía informó extraoficialmente que casará la sentencia solicitando la revisión de estas absoluciones.
Del otro lado, los defensores oficiales Martín Bomba Royo informó que ya hizo reserva de ir a la Cámara Nacional de Casación Penal insistiendo con la absolución de Ríos Ereñú. El defensor oficial Federico Petrina, también dejó planteada la casación, en representación de 13 de los condenados, entre ellos Mulhall y Guil.
El abogado Dardo Verchán, que asiste a Toledano, dijo que hará lo propio.
 
Ausencias y presencias
El abogado David Leiva lamentó la ausencia de funcionarios provinciales, a pesar de que habían sido invitados. Por contraposición, destacó la presencia de funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el director del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler; la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, organismo que fue querellante en este proceso. También estuvieron el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz; la coordinadora local de la AFSCA, Josefina Adrover.
De Salta concurrieron los legisladores del Partido Obrero Claudio del Plá y Gabriela Cerrano, y el intendente de Hipólito Irigoyen.
 

martes, 17 de diciembre de 2013

Defensor planteó que familiares buscan venganza

El defensor oficial Federico Petrina provocó ayer expresiones de enojo y dolor en los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado al afirmar que algunos de ellos confunden “justicia con venganza” y terminan pareciéndose a “lo mismo que dicen combatir”.
El abogado hizo esta afirmación al referirse al testimonio de la querellante Cristina Cobos, esposa del conscripto Víctor Brizzi (desaparecido el 8/3/76 del Regimiento de Caballería). “Los familiares víctimas, por el dolor, ven tergiversada la realidad”, afirmó. “La declaración de la señora Cobos es errónea, fruto del dolor, que la lleva a confundir justicia con venganza” y se acerca a prácticas que ella misma dice combatir, aseguró levantando murmullos en el público. Más adelante advirtió que “una mentira” es “grave”.
Además de a otros 11 imputados, Petrina asiste a los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, para quienes el fiscal Ricardo Toranzos pidió condenas de 3 años y 8 meses de prisión por la privación ilegítima de Brizzi.  
El defensor pidió la absolución para todos sus asistidos. En cuatro casos alegó que los hechos que se les imputan no constituyen delitos de lesa humanidad; en otros tres concluyó que son crímenes cometidos “por la derecha peronista, cuyo brazo armado era la Alianza Anticomunista Argentina” (Triple A), afirmación en la que no tuvo en cuenta las redes que esta organización parapolicial había tejido con miembros de las policías provinciales y la Federal y la continuidad que tuvo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En dos casos sostuvo que las denuncias no son veraces y en los restantes aseguró que faltan pruebas para vincular a los imputados con estos hechos.
Además de los tres casos previsibles, las desapariciones de los ex policías Pedro Bonifacio Vélez (27/5/77) y Juan Carlos Parada de Mallo (17/3/78) y la esposa de este último, Marta Cascella (29/3/76), el defensor planteó que los homicidios de los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia (20/4/75, en Rosario de Lerma) no son delitos de lesa humanidad. “Mattioli era una persona de extrema peligrosidad. Un delincuente común”, alejado de toda ideología y que aprovechaba el momento de ebullición política para cometer crímenes “junto a su grupo de secuaces”, afirmó, antes de asegurar que el operativo policial en el cual fueron muertos de 108 disparos fue un “procedimiento legítimo”, avalado incluso por la presencia del fiscal federal Vicente Masafra, de una carrera “intachable”.
Entre los casos faltos de prueba Petrina incluyó el secuestro “en buenos términos”, según su expresión, del estudiante Carlos Enrique Mosca Alsina (4/8/76), por el que se responsabiliza a Joaquín Guil y Carlos Mulhall. El primero era jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta. El segundo era la autoridad máxima de la provincia, jefe de la Guarnición Ejército Salta. Los dos reúnen la mayor cantidad de acusaciones (18 homicidios Guil, 21 Mulhall, además de otros delitos) en este proceso en el que se juzga a 17 hombres, por delitos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978 en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas. El defensor incluyó en este grupo también al homicidio del ex diputado Luis Risso Patrón (secuestrado el 13/7/76 en Chaco y cuyo cuerpo fue dejado en Metán, donde residía) y el secuestro del estudiante Carlos Figueroa Rojas (25/9/76).
Entre los crímenes de la “derecha peronista” reseñó el homicidio del estudiante Martín Miguel Cobos (25/9/76) y los secuestros y homicidios de la docente Gemma Fernández Arcieri y de su marido, Héctor Gamboa (25/9/76), ambos (dijo) estaban “en las listas negras del gobierno de María Isabel Martínez de Perón”.
Petrina descreyó de los relatos de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Juana Isabel López (secuestrada en Metán el 2/7/76) y Ernesto Luis Mamaní (detenido en Salta Capital, el 26/3/76). Las afirmaciones del defensor eran bien recibidas por los familiares de los acusados y generaban rechazo en los querellantes, sobre todo al referirse a López, quien denunció haber permanecido secuestrada alrededor de un mes, lapso durante el cual fue torturada y violada reiteradamente.
Petrina tiene a su cargo la defensa delos militares Mulhall, Miguel Gentil, Virtom Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Marcelo Gatto y Fernando Chaín; los policías Guil, Julio Correa, Ramón Vivas, Felipe Caucotta y Víctor Hugo Almirón; el guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray y el civil Juan Manuel Ovalle.
 

Defensores piden absoluciones para todos los imputados

 Los cinco abogados defensores que participan del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la ciudad de Salta coincidieron ayer en pedir absoluciones para todos los imputados, aunque el defensor oficial ad hoc Federico Petrina, que asiste a 13 de los 17 acusados, no concluyó su alegato y seguirá exponiendo hoy.
Los defensores hablaron en una sala en la que las diferencias entre los familiares de las víctimas y los de los imputados se sintieron más que nunca. A los parientes del represor Joaquín Guil, que asisten a todas las audiencias, se sumaron familiares del coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, que mostraron energía a la hora de celebrar los que consideraban aciertos verbales de los defensores. Cada alegato se cerró con aplausos.  
Sin embargo, algunos alegatos retrotrajeron el debate a expresiones ya dejadas de lado por políticamente incorrectas. “Todos somos seres humanos, acá no importa si se cometió delitos de lesa humanidad o no”, sostuvo el abogado Luis Garzón, que asiste al policía y ex futbolista Mario Reinaldo Pachao, acusado por supuestas torturas al detenido Ernesto Luis Mamaní, tras afirmar que veía en el alegato del fiscal Ricardo Toranzos el peligro de abandonar la legalidad. Luego se adentró en la teoría de los dos demonios al asegurar que comprende el dolor “de todos los seres que sufrieron, sin distinción de bandos”. Garzón afirmó que la acusación contra Pachao “es falaz” y que Mamaní la hizo con el solo objetivo de cobrar una indemnización.
El abogado Orfeo Maggio, que defiende a De la Vega, revivió la estrategia de los represores de afirmar que los desaparecidos están vivos fuera del país: “¿Y si (Víctor) Brizzi está vivo? ¿Y si Brizzi está en otro país? Es algo que no lo sabemos”, sostuvo al tratar de desacreditar el testimonio de Cristina Cobos, la esposa del conscripto desaparecido el 8 de enero de 1976 del Regimiento de Caballería y por cuyo hecho está siendo juzgado el militar. El letrado negó el secuestro del joven militante peronista y sostuvo que “no se puede condenar a nadie” porque se podría caer en “la injusticia de que se condene a personas por un hecho que no sabemos siquiera si existió”.
El defensor oficial Martín Bomba Royo afirmó, entre otras consideraciones, que hay quienes buscan involucrar al general Héctor Ríos Ereñú por su paso como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Se valió para ello de una falsificación en el libro histórico del Regimiento de Monte 28, del que Ríos Ereñú fue jefe en 1976, por lo que se le imputa participación en los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y el dirigente de la JP Jorge René Santillán. Tras afirmar que la viuda de Urueña, Nicolasa Tristán, está afectada en “su sique” por los sucesos que vivió, el defensor sostuvo que no hay pruebas de la participación del militar en estos hechos.
Ya pasadas las 16, Petrina empezó planteando la prescripción de la acción penal, y la “nulidad de todas las acusaciones por la indeterminación” de esas acusaciones. En ambos casos, sostuvo que la consecuencia lógica es la “absolución y la inmediata libertad” de sus defendidos los militares Carlos Mulhall, Miguel Gentil, Virtom Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Marcelo Gatto y Fernando Chaín;  los comisarios Joaquín Guil, Julio Correa, Ramón Vivas y Víctor Hugo Almirón y el policía Felipe Caucotta; el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alsugaray  y el civil Juan Manuel Ovalle.
Luego comenzó a desgranar cada expediente. Iba por el octavo cuando el presidente del Tribunal interrumpió la audiencia hasta hoy, a las 8.
 
 
Un delito común
 
El abogado Dardo Verchán sostuvo ayer que la desaparición del ex policía Pedro Bonifacio Vélez, ocurrida el 27 de mayo de 1977, “no tiene nada que ver con delitos de lesa humanidad”. Si se trata de un delito común, está prescripto y su defendido, el policía Raúl Eduardo Toledano, debería ser absuelto.
Para el fiscal Ricardo Toranzos este hecho quedaba comprendido en el plan sistemático de eliminación de personas, y pidió que Toledano sea condenado a prisión perpetua. Vélez fue secuestrado cuando se encontraba en un hotel con su pareja, Rosa Muruaga, quien refirió que el hombre le había contado que temía por su vida y que si le pasaba algo, el responsable era Joaquín Guil. Los hermanos del policía contaron que Toledano anduvo buscándolo la noche de su desaparición.
Verchán afirmó que no hay pruebas de que Toledano haya participado de este hecho. Además, sostuvo que en mayo de 1977 Toledano “no revestía” estado policial dado que había sido suspendido preventivamente en diciembre de 1976 y reingresó en junio de 1977.
El abogado recordó que Vélez era “un aliado, un integrante de una fuerza de elite” que dirigía Joaquín Guil. “Debe de haber ocurrido una interna entre ellos y esa interna haber terminado con la vida de Vélez”, especuló.
 
 
De vacaciones en la escuelita
 
La extensa jornada de alegatos tuvo también momentos de distensión. Uno lo provocó el abogado Orfeo Maggio cuando reconoció que Ricardo de la Vega fue a la Escuela de las Américas en Panamá de vacaciones, como viaje de fin de curso. “No fue a hacer un curso de inteligencia. (…) Fue a la playa, a descansar”, afirmó el defensor. La Escuela imparte instrucción militar de los Estados Unidos y es considerada una base de formación para la desestabilización de América Latina.
La risa franca la despertó el defensor oficial Federico Petrina, que en un momento de fervorosa defensa del comisario Julio Correa se refirió a los jueces como “señores comisarios”. 

domingo, 15 de diciembre de 2013

El turno de las defensas en la Megacausa

El juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde mayo del año pasado continuará hoy con los alegatos de los abogados defensores, los defensores oficiales Federico Petrina y Martín Bomba Royo y los abogados particulares, Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón.
El Tribunal Oral Federal de Salta tiene previsto que haya audiencias hoy y mañana, día en que se supone que se les permitirá a los 17 acusados que digan sus últimas palabras antes de que los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek pasen a deliberar para dar a conocer su sentencia el próximo 20 de este mes.
La Fiscalía y las querellas han pedido condenas para todos los acusados, si bien las penas solicitadas van desde la reclusión perpetua hasta los 3 años y 8 meses, según el tipo y la cantidad de delitos que se les imputan a los militares Carlos Alberto Mulhall, Héctor Ríos Ereñú, Joaquín Cornejo Alemán, Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; los policías Joaquín Guil y Raúl Toledano; el civil Juan Manuel Ovalle,  el guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray; los policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta y Mario Pachao, y los militares Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Marcelo Gatto y Fernando Chaín.
Mulhall, Gentil, Guil y Alzugaray ya cuentan con condenas por delitos de lesa humanidad. Los demás son juzgados por primera vez por su participación en el terrorismo de Estado.
 
 
Más denuncias por delitos de lesa humanidad
 
El abogado David Leiva denunció al militar retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y al policía Oliver Corregidor, por su supuesta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La denuncia fue presentada el 3 de este mes ante el fiscal federal Eduardo Villalba. Esta vez Leiva acusó a De la Vega por los secuestros y las desapariciones del matrimonio integrado por Gemma Ana María Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, la docente Silvia Aramayo y el estudiante Carlos Figueroa Rojas. También lo responsabilizó por el homicidio del estudiante Martín Miguel Cobos. Todos hechos cometidos en la madrugada del 25 de septiembre de 1976, en la ciudad de Salta.

martes, 10 de diciembre de 2013

“Una recuperación de la memoria, necesaria para el crecimiento”

La vicedirectora de la Escuela Juana Moro de López, Vilma Leal de Ruiz, sostuvo ayer que la señalización del abra Cuesta de El Gallinato como un sitio de exterminio antes y durante la última dictadura cívico-militar es un acto que ayuda a la “recuperación de la memoria, tan necesaria para el crecimiento con justicia y equidad”.
La docente fue una de las oradoras en el acto de colocación de una placa en la intersección de la ruta nacional que conduce a Jujuy, por la cornisa, con el camino vecinal que comunica con General Guemes, pasando por El Gallinato. Organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el municipio de La Caldera, el Archivo Provincial de la Memoria y organismos de derechos humanos, la actividad contó con la participación de funcionarios municipales y legisladores de La Caldera encabezados por el intendente, Luis Gerardo Mendaña, además de vecinos. Participaron también funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezados por el coordinador del área Sitios de la Memoria, Gonzalo Vázquez; y el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz. Entre los organizadores se contaban familiares de personas asesinadas en ese lugar, como Mariana Gamboa; y otros integrantes de organismos de derechos humanos, como Cristina Cobos y Nora Leonard.
El acto se realizó en el marco de las celebraciones por los 30 años de la democracia y durante su transcurso hubo un repudio a las medidas de fuerza que llevan adelante las policías de distintas provincias, y a los saqueos que hubo en diversos puntos del país.
Cristina Cobos sostuvo que es lícito preguntarse por la reiteración de este tipo de acciones cada diciembre y por el hecho de que estas medidas de fuerza se lleven a cabo justo cuando “los minoritarios grupos de poder económico y político redoblan sus esfuerzos para desestibilizar y, por qué no, para destituir al gobierno nacional”. El ex senador provincial Juan Moreira, testigo de la Mega Causa, sobre los crímenes en El Gallinato, pidió a sus vecinos “gallinateños” que cuenten lo que saben de los cuerpos dinamitados en ese lugar, “a los jóvenes les quiero decir que no conocen lo que es la dictadura, no quiero nunca más una dictadura, en ningún lugar, la democracia es lo mejor”, remató. Vázquez y Mendaña también valoraron este acto de memoria y la democracia.
La celebración tuvo momentos emotivos, sobre todo por la presencia de chicos de cinco escuelas de La Caldera y La Calderilla, que vienen trabajando en talleres sobre democracia y derechos humanos y presentaron sus dibujos relativos al tema. La vicedirectora que habló ayer, “en representación de la comunidad educativa” de la Escuela Juana Moro, contó que la adhesión al acto y la señalización no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un programa pedagógico. A tono, Mariana Gamboa destacó “la gran capacidad que tienen los niños de querer un mundo más justo”.
Otro toque de emoción lo dio la nieta de Gemma Ana María Fernández Arcieri, asesinada en El Gallinato. Gemma Malen Pez Gamboa, la niña nieta, leyó un poema de otra nieta,María Julia Anguita, dedicado a su abuela, Matilde Vara de Anguita. “Hoy nos juntamos, tus hijos, y los hijos de tus hijos,/ a invocar la memoria,a reconstruir nuestra historia,a recordarte quienes tuvieron la dicha de verte sonreíry a no olvidar que aún nos falta tu cariciaporque unos hombres, que todavía nos asustan por las noches,/te llevaron dejándonos un desgarro profundo,/ una impotencia infinita y una marca/ que por siempre nos recuerda tu partida.” Dice en un verso.





lunes, 9 de diciembre de 2013

Fiscalía pidió condenas para todos los acusados

 El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió ayer condenas para los 17 hombres que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Para seis de los imputados solicitó condenas de reclusión perpetua, para otros tres pidió prisión perpetua mientras que para los restantes pidió penas que van desde los 18 años a  3 años  y 8 meses. Y planteó que deben revocarse las prisiones domiciliarias y que las sentencias se cumplan en cárceles comunes.
En un alegato que se extendió por más de 11 horas, el fiscal hizo una distinción entre reclusión y prisión perpetua (a pesar del fallo de la Corte Suprema que no diferencia entre ambas figuras) para diferenciar los pedidos.
Pidió que se aplique reclusión perpetua para el militar Carlos Alberto Mulhall (por 21 homicidios, 2 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, 8 hechos de tormentos agravados y violación) y el comisario Joaquín Guil (18 homicidios, 14 hechos de privación ilegal de la libertad y 2 de imposición de tormentos). Igual pena solicitó para los militares Héctor Ríos Ereñú (2 homicidios y privación de la libertad en 2 hechos), Joaquín Cornejo Alemán (1 homicidio y privación de la libertad), Miguel Gentil (6 homicidios y 2 hechos de privación ilegal de la libertad) y Virtom Modesto Mendíaz (5 homicidios y 4 hechos de privación ilegal de la libertad).
Los seis integraban la cadena de mando del Ejército y la Policía de la provincia en los años en que se cometieron varios de los hechos que se investigan en este proceso, en el que se acumularon 19 causas por 24 “plataformas fácticas” de delitos en perjuicio de 34 personas (6 de las cuales fueron dinamitadas; 7, asesinadas; 17, desaparecidas y 4 sufrieron detenciones ilegales y torturas).
Para el civil Juan Manuel Ovalle solicitó prisión perpetua, como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad de la docente Silvia Aramayo y como partícipe necesario de su homicidio. Igual pena pidió para el ex federal y guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, por el homicidio, la privación de la libertad y los tormentos aplicados al militante Eduardo Fronda. Y lo propio pidió para el policía Raúl Eduardo Toledano, por la privación ilegal de la libertad y el homicidio del ex policía Pedro Bonifacio Vélez.  
Para el policía Julio Oscar Correa pidió una condena a 18 años de prisión como partícipe necesario de la privación de la libertad de las hermanas Francisca y Berta Torres, el conscripto Nolberto Guerrero y su amigo Felipe Pizarro Gallardo, hechos cometidos en General Guemes. Para el comisario Víctor Hugo Almirón pidió de 15 años (por 3 hechos de privación ilegal de la libertad);
12 años para el comisario Jacinto Ramón Vivas (por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos al sindicalista Pablo Salomón Ríos); 8 años para el policía Felipe Caucotta (por el mismo hecho), y 9 años para el policía Mario Reinaldo Pachao (privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de Ernesto Luis Mamaní).
Al teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega lo acusó por la privación de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y pidió que se lo condene a 6 años de prisión. En cambio, solicitó penas de 3 años y 8 meses para los tenientes Marcelo Diego Gatto y Fernando Chaín, como partícipes secundarios de la privación de libertad de Brizzi. Estos fueron los dos únicos imputados para los que consideró atenuantes, por el grado y la edad que tenían al momento de este hecho, el 8 de marzo de 1976.
El debate continuará el 16, con los alegatos de las defensas. El 20 de diciembre se dará la sentencia.
 
 
Peligro de fuga
 
El fiscal Ricardo Toranzos sostuvo ayer que las condenas que dicte el Tribunal Oral Federal de Salra en la Megacausa deben cumplirse en una cárcel común.
Recordó que se han pedido prisiones preventivas para los 17 imputados porque existe peligro de fuga y “existe un concreto riesgo de que no se cumplan las penas” si los convictos siguen con prisiones domiciliarias, por lo que pidió que se las revoque y “se aloje a la totalidad de los imputados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”. “Requiero que las prisiones sean efectivas. Este grupo hizo previsión de impunidad, quedando en sus casas lo único que se cumple es esa previsión de impunidad”, sostuvo.
 
 
Nuevas investigaciones
 
El fiscal Ricardo Toranzos pidió también que se resuelvan los pedidos de falso testimonio que quedaron pendientes en relación a Alejandro Chilinguay y Segundo Guerra. Y que se envíen copias a la Fiscalía Federal para investigar buen número de delitos que se develaron en este proceso, entre ellos los abusos en perjuicio de Griselda Benegas, la participación de Virtom Mendíaz en la Masacre de Rosario de Lerma, las detenciones irregulares de Juana López y su madre, Niscéfora Paz, la posible participación de una mujer en el secuestro de Reinaldo Isola, las detenciones de varios de los testigos que declararon en este proceso. Y que se investigue a los militares Héctor Girbone y Luis Dubois por el secuestro y desaparición del soldado Víctor Brizzi, algo que ya fue denunciado por los querellantes. También pidió que se investigue al comisario Humberto González en relación al homicidio del médico Pedro Urueña y la posible participación del comisario Perona en los homicidios del ex federal Juan Carlos Parada de Mallo y su mujer, Beatriz Cascella. 

domingo, 8 de diciembre de 2013

El Tribunal cedió y habrá audiencia el lunes 9 a partir de las 8:30 en Ciudad Judicial.

Audiencia desde las 8.30
 
Si no surgen nuevas sorpresas, hoy habrá audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad. Toda la jornada estará destinada a escuchar el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos.
En este proceso se juzga a 17 hombres, entre militares y policías, y un civil, por su participación en hechos de terrorismo estatal cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales fueron asesinadas o desaparecidas.
Se espera que en la audiencia de hoy se conozca también el cronograma de las restantes audiencias para escuchar los alegatos de los defensores, las palabras de los acusados y el fallo del Tribunal.
La Fiscalía ya ha dicho que pretende que el debate concluya este año, tal como se había previsto inicialmente, antes de que el faltazo de la jueza Marta Snopek trastornara todas las previsiones. 
Finalmente, después de presentaciones de las querellas y de los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, el Tribunal Oral Federal de Salta dio marcha atrás y el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta seguirá este mismo año. La próxima audiencia será el lunes próximo, a partir de las 8.30, con el alegato del fiscal.
En un breve decreto, con la firma del juez Marcelo Juárez Almaraz, el Tribunal pretendió desconocer la reacción que generó la suspensión del debate hasta el año venidero y solo se remitió a “los informes que anteceden” y a la “naturaleza del juicio que se ventila y su estado actual” (en la etapa de alegatos) para convocar a audiencia para el próximo lunes.
La nueva decisión del Tribunal se tomó al día siguiente de que los fiscales plantearan revocar la suspensión y convocar a audiencia a la mayor brevedad, suplantando a la jueza Marta Liliana Snopek (cuya ausencia desencadenó la suspensión) por el juez sustituto Gabriel Casas.
En su nueva resolución el Tribunal no mencionó esta presentación, ni la que realizaron, ayer mismo, los querellantes ante la Cámara Nacional de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo, el sitio web Fiscales.org informó que “desde la Fiscalía de Salta” se les informó que la frase “los informes que anteceden” contenida en el decreto de los jueces refiere a “dos informes actuariales labrados por secretarios del tribunal, que dejaron constancia que mantuvieron contacto con la jueza Snopek, quien les informó que el próximo lunes podrá retomar su actividad laboral. Uno de los informes señala que la información le fue solicitada a la jueza por mensaje de texto”.
El portal del Ministerio Público Fiscal, fiscales.gob.ar, precisó también que el fiscal Villalba realizó una nueva presentación para que el Tribunal informe cuál será el nuevo cronograma del debate, dado que antes de la polémica suspensión se había previsto que el 9 de diciembre se iban a escuchar los alegatos de los abogados defensores, y el 16 y 17 iban a estar destinados a que hablaran los 17 acusados antes de que el Tribunal pasara a deliberar para decidir su sentencia. “La intención de la Fiscalía es que, tal como estaba previsto, el juicio concluya antes de fin de año”, sostuvo fiscales.gob.
El alegato fiscal estaba previsto inicialmente para el 3 de este mes pero fue frustrado por la ausencia de Snopek, quien informó vía teléfono que había sufrido un “pico de estrés” estando fuera de la provincia (en Villa Alcaraz, Entre Ríos) y no sabía cuándo podría reincorporarse al trabajo.
En ese momento, a pesar de los pedidos del querellante David Leiva y del fiscal Toranzos para que permitieran seguir con el juicio, los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz se mantuvieron en la decisión de suspenderlo por 30 días hábiles y convocar a la próxima audiencia recién para el 11 de febrero del año venidero.
La suspensión provocó indignación. Los querellantes analizaban pedir que la jueza fuera sometida a un juicio político por mal desempeño en sus funciones. El mismo mediodía del martes último se supo que el Tribunal había decidido la suspensión sin tener a la vista el certificado médico que justificaba el faltazo de la magistrada. Esto motivó que los querellantes hicieran presentaciones ante la Cámara Nacional de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
 

martes, 3 de diciembre de 2013

Tribunal suspenden el juicio hasta febrero de 2014

El juicio oral y público por crímenes del terrorismo de Estado que viene desarrollándose en Salta desde mayo de 2012 fue suspendido hasta el 11 de febrero de 2014. La razón: la jueza Marta Liliana Snopek no asistió a la audiencia de ayer; en cambio, se comunicó para informar que estando fuera de la provincia (en un lugar de descanso en Entre Ríos) sufrió un pico de estrés y el médico le recomendó guardar reposo, con la particularidad de que no fijó una fecha para este descanso.
La decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este caso solo con los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (en presencia del cuarto juez, Gabriel Casas) causó indignación en los familiares de víctimas y abogados querellantes, quienes adelantaron que pedirán un juicio político contra la jueza, por mal desempeño de sus funciones. También quedó frustrado el fiscal federal Ricardo Toranzos, que una vez más no pudo presentar su alegato.
A las 9.40, cuando comenzó la audiencia, la novedad sobre el faltazo de la jueza recorría la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Ni bien se notificó que el debate iba a ser suspendido hasta el 11 de febrero del año próximo, el abogado David Leiva planteó la nulidad de esta resolución, porque se tomó con solo dos de los jueces, a la vez que calificó la ausencia de Snopek de una “falta de respeto” hacia los familiares. Enseguida el fiscal pidió el apartamiento de la jueza y que el tribunal se integrara con el juez sustituto, de manera de poder continuar sin más demoras.
En un intento por “clarificar” la situación, Jiménez Montilla hizo leer el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación, referido a la continuidad y suspensión del debate, que en su última parte prevé que el juicio podrá suspenderse “hasta 30 días hábiles” en casos en que el juez, el fiscal o el defensor “no tengan posibilidad de reemplazo”. El Tribunal entendió que este era el caso, pero para las querellas y el fiscal, se está en la situación de reemplazar a Snopek por Casas. 
La muestra de que la suspensión era una buena noticia para los acusados la dieron los abogados defensores Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón al defender la decisión del Tribunal.
Leiva pidió también que se revocaran las prisiones domiciliarias de las que gozan algunos de los 17 acusados. El Tribunal pasó a deliberar y regresó para confirmar su decisión: “No ha lugar”, al planteo de nulidad realizado por Leiva y al que adhirió la querellante Tania Kiriaco, y al pedido del fiscal, al que también adhirió la abogada. Y ni siquiera hubo mención a la cuestión de las prisiones domiciliarias.
Leiva pidió una fotocopia del certificado médico sobre el que se basó la decisión de suspender el juicio: “Se tiene presente”, le respondió el presidente del Tribunal. “¿Cuándo podemos tener el certificado médico?”, insistió el abogado. “Se tiene presente”, reiteró el juez. Para los querellantes quedó claro que el certificado no estaba en poder del Tribunal. Mientras el abogado daba batalla, entre el público algunos familiares desfallecían, como le ocurrió a Luisa Madozzo, cuñada de Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976. 
A esas alturas el término “vergüenza” iba de boca en boca. La usaban los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, pero también varios funcionarios de la Justicia Federal que habían ido a escuchar a Toranzos. 
La sorpresa máxima la dio el hecho de que se estaba a solo tres audiencias de que finalizara este extenso proceso. 
Al final, en los pasillos que dan a la sala desde donde siguen el debate los imputados, se pudo ver a algunos de ellos palmeándose los hombros, con la certeza de que pasarán otras fiestas en sus casas, como desde hace 37 años.

“Han vuelto a matar a nuestros compañeros” 

Organismos de derechos humanos emitieron una declaración en la que sostuvieron que con la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta de suspender el juicio por delitos de lesa humanidad hasta febrero del año próximo  “han vuelto a matar” a los “compañeros desaparecidos” porque “a pesar de los 37 años de esperar este juicio, con la actitud irresponsable de la jueza Marta Liliana Snopek”, se los dejó “sin posibilidad de obtener la sentencia, tanta veces soñada en este año y 7 meses” que lleva este debate.
La declaración, que suscriben la Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS Salta, la Agrupación Oscar Smith Luz y Fuerza y otras organizaciones que integran la Comisión Megacausa, sostiene que Snopek “no tiene entidad moral para ser jueza federal” y anuncia que recurrirán a “todas las instancias jurídicas para que ninguna víctima dependa  de la irresponsabilidad e inhumanidad de semejante persona”.
La declaración devela que la jueza pidió licencia por teléfono, “sin presentar un certificado médico”, desde la localidad de Villa Alcaraz, en Entre Ríos. Se informa también que el abogado David Leiva y la querellante Cristina Cobos pudieron constatar que la “resolución del Tribunal (de suspensión del juicio hasta el 11 de febrero de 2014) se adoptó sin tener el certificado correspondiente, el que llegó a las 12.56 del día de la fecha (3 de diciembre)”.
La jueza Snopek se caracterizó por  su total desinterés por los juicios de lesa humanidad. La vimos muchas veces atendiendo su celular sin prestar atención a los testimonios desgarradores que se escucharon en las audiencias. Cuando el doctor Leiva la recusó ante el Tribunal sobre el particular, ella con total soberbia respondió que atendía asuntos atinentes a su función de los presos federales de la cárcel de General Güemes”, se recuerda en la declaración. A lo largo de este debate la jueza ha demostrado una constante atención a su teléfono celular, al principio lo usaba abiertamente, incluso luego del planteo del querellante, pero terminó por usar la cartera para cubrir sus manos de las miradas cuando un realizador audiovisual comenzó a realizar tomas de las audiencias.
Los familiares afirmaron que lo de ayer “supera todos los  límites de lo que podría acontecer en un juicio”, que tuvo reiteradas suspensiones y demoras por todo tipo de razones, desde el mal funcionamiento del sistema de videoconferencia por el que siguen el debate varios imputados hasta la falta de citaciones a testigos.
Sobre el final de la declaración, los familiares dejaron una pregunta inquietante: “Si esto nos ocurre a nosotros que pertenecemos a una organización de DDHH que tenemos  37 años de lucha, ¿qué podría pasarles a las mujeres, niños y niñas víctimas de trata que esperan que el Poder Judicial actúe en defensa de sus derechos?”

lunes, 2 de diciembre de 2013

El turno del fiscal Ricardo Toranzos

Fiscal Toranzos en inspección al Regimiento
El juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta continuará hoy, a partir de las 8.30, con el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos. La Comisión Megacausa, integrada por querellantes en este proceso, convocó a asistir a la sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone”, en la Ciudad Judicial, con las consignas de “Memoria, verdad y justicia”, “Los desaparecidos nos faltan a todos”, “Cárcel común perpetua y efectiva” y “Ningún genocida suelto por las calles de Argentina”.
El Tribunal Oral en lo Federal de Salta tiene previsto dar a conocer su sentencia antes de fin de año. De acuerdo al cronograma anunciado por el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, toda la jornada de hoy estará dedicada a escuchar el alegato del fiscal, que deberá exponer en relación a las 34 víctimas y sobre los 17 imputados que tiene este juicio. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, cuando se producirán los alegatos de los abogados defensores Federico Petrina, Martín Bomba Royo, Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón. El juicio seguirá el 16 y 17 de este mes, cuando se les dará la oportunidad a los acusados para decir las últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar para dar a conocer su sentencia.
Los abogados que representan a las querellas, David Leiva, Susana Aramayo, Tania Kiriaco, Matías Duarte, Gastón Casabella y Carlos Saravia, ya pronunciaron sus alegatos y todos, con matices, han pedido condenas. Sin embargo, como no todos los hechos cuentan con querellantes, el peso de la acusación, sobre la totalidad de los imputados y por todos los hechos que son objeto de este proceso, recae sobre el fiscal Toranzos, por eso el Tribunal le concedió la posibilidad de hablar durante 8 horas.
Los querellantes pidieron condenas para 11 de los acusados: Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Miguel Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Héctor Ríos Ereñú, Joaquín Cornejo Alemán, Juan Manuel Ovalle, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Marcelo Gatto y Fernando Chaín.
En este juicio se investigan crímenes cometidos en perjuicio de 34 personas, víctimas del terrorismo de Estado que imperó en la década del 70 y que en el caso de Salta se inició en noviembre de 1974. Treinta de esas personas están desaparecidas o han sido asesinadas y solo 4 lograron sobrevivir.