Causa Metan: Un director de Transito con comisaría propia

Cuatro testigos señalaron al ex director de Tránsito Eduardo del Carmen del Valle como un personaje emblemático del terrorismo de Estado en Metán, en donde utilizaba la estructura de tránsito para obtener información, tenía “libertad de acción” para reprimir, y hasta usaba una oficina de la Comisaría para atender a las personas que iban a verlo para pedirle que intercediera por algún detenido. Los testigos dieron cuenta también del “daño social” provocado por la violencia, un daño que todavía no fue subsanado, dijo el médico y ex intendente Alberto Astorga, cuyo cuñado, Orlando Molina, fue secuestrado el 10 de febrero de 1978, cuando estaba trabajando en una finca en el paraje Horcones, a unos 20 kilómetros de Metán.

Cinco testigos declararon en el juicio que se realiza ante el Tribunal Oral Federal de Salta por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia. Miguel Ángel Bustos contó que con Mario Monasterio Sánchez, un compositor desaparecido el 28 de enero de 1976, militaban en el peronismo y que eso los puso en la mira de los policías. Los allanamientos eran recurrentes: “Ellos entraban con ametralladoras, pistolas, pateaban puertas y hacían un desastre, atemorizaban”. Bustos dijo que de estos procedimientos participaban Del Valle y los policías Rafael Rolando Perelló y Mario Coronel, “un tal Cruz” (ya fallecido) y un cabo Luna, que “era terrible” y ahora tiene una ladrillería en Metán.

Sobre Del Valle, añadió que aparecía “como que era inspector de tránsito pero camuflado, digamos, porque era de la Policía Policía, no sé si era de la secreta o qué, pero tenía mucho poder”. Bustos conversó con Del Valle en la propia Comisaría, en una oficina ubicada al fondo, cuando recurrió a él para pedirle por un hermano detenido. Como condición para ayudarlo, Del Valle le pidió “que delatara gente”.

Bustos fue detenido el día después del secuestro de Monasterio y lo interrogaron sobre él. Luego se enteró  que policías encubiertos participaban de las reuniones partidarias. “Nos seguían a todas partes, como si fuéramos delincuentes”. “Era gente que no respetaba nada”, dijo al recordar que en los allanamientos “hasta a los chicos los apuntaban con ametralladora. (…) No sé si hoy en día tendrán conciencia de lo que hicieron. Fue algo de una maldad tal, un fratricidio”.

El empleado municipal Félix Martín López confirmó que Del Valle visitaba la sede policial, y que usaba la estructura de Tránsito para obtener información: una vez lo enviaron a hacer un control en un acto en la Iglesia del Milagro y al regreso le pidieron información sobre los asistentes. Su testimonio ayudó a pintar el clima social: “(proveniente de Córdoba) llegue a Metán en febrero de 1976 y mi padre me dice: ‘Martín, ya te vas a cortar el pelo, porque acá las cosas están que braman, así que a las 9,30 ya estaba con el pelo corto” y no volvió a usar pantalones de botamanga ancha. Otro dato: Del Valle exigía que los empleados lo saludaran haciendo la venia.

El tío de Monasterio Sánchez, Pedro Gerardo Sánchez, también militante del peronismo, ratificó que eran perseguidos por la Policía y que los ejecutores eran Del Valle y Perelló, a quienes vio en la Comisaría en la siesta del 29 de enero de 1976 (el día después del secuestro de Monasterio), cuando fue detenido, se le tomó una declaración sobre su sobrino y fue liberado, previa intervención de quien era por entonces su jefe, el juez Ricardo Martearena.

Sánchez se enteró en la Comisaría de la desaparición de su sobrino. Luego, en la casa de sus padres (los abuelos de Monasterio, donde el joven vivía), supo que un vecino, Alfredo Palacios, había visto cuando era secuestrado por policías. El fiscal Francisco Snopek pidió el testimonio de Palacios y el de una sobrina de Sánchez, María Eva Sánchez.

 

“Tenían el poder absoluto”

 

Hasta la década del 70 Metán era una ciudad tranquila, ferroviaria, tanto, que sus habitantes no necesitaban relojes: la medida del tiempo la daban entradas y salidas de los distintos turnos de los empleados del ferrocarril. El médico y ex intendente Alberto Astorga (PJ) comenzó su testimonio describiendo su ciudad antes de la dictadura impuesta el 24 de marzo de 1976, que en esa localidad dejó más de 30 desaparecidos y fue modificada de tal manera por el terrorismo de Estado que aún hoy no se han podido erradicar conductas compartimentadas.

A pesar de que ya había habido desapariciones y asesinatos, el médico destacó un hito en la vida de la ciudad: el 13 de julio de 1976, el día en que dejaron el cuerpo del profesor y referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Luis Eduardo Risso Patrón en la plaza principal: “Se paralizó Metán”, contó.

“Metán fue fuertemente golpeado (por la dictadura). Todavía no se recupera”, sostuvo el político. Dijo que en 1983 el pueblo entró a la democracia “pero no entramos del todo” y opinó que esto se debe a que  existen grupos que no creen en la democracia. Aseguró que “el daño social” sufrido por los metanenses “es muy profundo”.

Tras relatar el secuestro de su cuñado, Rolando Ronal Molina, mientras estaba trabajando en una finca en Horcones, en 1978, por un grupo de hombres que andaba en un Ford Falcon, el médico responsabilizó al inspector Eduardo del Valle: “El municipio de Metán en el Proceso fue manejado por (el capitán) Valenti Figueroa, y ahí había un personaje que tenía una tremenda libertad de acción, Del Valle. Y estaba enemistado con mi cuñado”, sostuvo. Reiteró que Molina, que simpatizaba con el peronismo, había sido amenazado por Del Valle y sostuvo que éste “ejercía el poder en forma maligna”.

El defensor oficial Oscar Tomás del Campo, que insistía en preguntarle si conocía a los autores materiales del hecho, le dio la oportunidad de explayarse más sobre los autores mediatos del crimen de su cuñado: “Ya lo dije, el poder de Del Valle, el poder superior. Quien tenía el poder absoluto en Metán”, explicó. 

Ex detenida identificó a policías que la secuestraron y violaron

Una ex detenida política acusó ayer al policía Andrés del Valle Soraire, a los comisarios  Eduardo Zona, Mena y Geria y a al director de tránsito Eduardo del Carmen del Valle por el secuestro, la reducción a la servidumbre y las violaciones reiteradas a las que fue sometida desde principios de diciembre de 1976 hasta noviembre de 1977.

Esmeralda Guerrero, la primera testigo de la audiencia de la víspera en el marco del juicio que se sigue contra seis hombres acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 y 1977 en el sur de la provincia, declaró a puertas cerradas, por una decisión de los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Casas.

Quienes debieron esperar en la entrada a los tribunales federales tuvieron la primera confirmación de la terrible historia de la mujer en los ojos enrojecidos de un federal de la guardia y en la descompostura de uno de los abogados querellantes.

Se conocieron retazos del testimonio de Esmeralda, de los sufrimientos que padeció a manos de esos “degenerados”, como los llamó, en cuyas manos cayó a los 15 años de edad, cerca de las 6 de la mañana de un día de principios de diciembre de 1976, en un parador cerca de Metán Viejo, sobre la ruta, donde esperaba un colectivo para ir a El Galpón. El comisario Eduardo Zona encontró la excusa para detenerla en un libro de Pablo Neruda y otro del Che que descansaban en su valija. “Sos una manzana podrida, maldita guerrillera”, recordó que le dijeron.

Fue alojada a la Comisaría de Metán, desde donde la llevaron a distintos lugares: la casa de un policía, Salta Capital (adonde su hermana Mercedes le llevó ropa, aunque no la vio), la casa de Del Valle (en Metán), un albergue u hotel en Rosario de la Frontera y un hospital público, al que fue llevada por una hemorragia que le provocaron a golpes.

De sus torturadores, solo Soraire y Del Valle están vivos, y están siendo juzgados en este proceso. Estos hombres la violaron reiteradamente, durante más de un año. La mantuvieron en una celda, sin permitirle ninguna higiene y alimentándola con sobras que debía recoger del piso con la boca, porque sus manos estaban inutilizadas debido a las torturas. “Ellos me decían que eran dioses”, “ellos eran dioses y yo era una niña”, sostuvo Esmeralda. De las frases sueltas que se conocieron una pinta las secuelas de las torturas: “(En sueños) todos los días me corren, me despierto y me están corriendo. Ellos siempre están”, contó ante jueces y abogados que apenas atinaban a preguntarle.

La palabra “suciedad” se repitió en el largo testimonio de Esmeralda. Recordó que a tal punto le faltaba higiene que una vez que la llevaron al río Piedras para que reconociera una persona muerta creyó identificar su propio olor en el hedor del cadáver. “Si ustedes vieran, pateaban a los muertos. Ellos eran dioses”, les dijo a los jueces.

Los accesos de llanto motivaron que el testimonio fuera suspendido, pero tras unos minutos, siempre en compañía de la sicóloga Natalia Baumann (del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Doctor Fernando Ulloa”), logró recomponerse y concluyó su declaración.

Esmeralda no pudo precisar el tiempo que estuvo en cautiverio. Sí recordó que las condiciones de su detención se atenuaron un poco cuando la compró el comerciante Fermín Chaile, un hombre que rondaba los 70 y del que dependió hasta que falleció, en 1983 o 1984. Entonces recién recuperó su libertad.

 

No a todo

Aunque no han sido señalados con nombre y apellido, es evidente que hubo más partícipes de los vejámenes de los que fue víctima: Esmeralda Guerrero contó que una vez la llevaron a una fiesta en la casa de Eduardo del Carmen, donde fue obligada a estar desnuda. Allí conoció a la que entonces era la esposa del director de Tránsito municipal, Francisca Celia Aguirre: “De ella nunca me olvidé, ella me dio de comer”, recordó.

Años después fue a ver a Aguirre en su trabajo y como no la reconocía, le mostró una foto, entonces la mujer pareció recordar, pero se ocultó rápidamente.

Aguirre, que se separó de Del Valle hace 28 años, declaró también ayer: negó que Esmeralda haya estado en su casa, negó que Del Valle se reuniera con policías o compañeros de trabajo, tan afanada estaba en negar que hasta dijo no haber conocido a ningún amigo de su marido.

El debate continuará el 5 de mayo, a partir de las 14. 

Megacausa: Fiiscales apelaron las absoluciones de Chaín y Gato

Los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila presentaron ayer un recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Salta en la conocida como Megacausa, en la que durante más de un año y medio se juzgó a 17 hombres por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas. Entre otros pedidos, insistieron en la condena a los militares retirados Marcelo Diego Gatto y Fernando Chaín, quienes fueron juzgados acusados por el secuestro del conscripto Víctor Brizzi, que se encuentra desaparecido, y resultaron absueltos por el beneficio de la duda. También reclamaron que el civil Juan Manuel Ovalle, condenado a 6 años de prisión, reciba una pena de prisión perpetua por homicidio agravado, por la desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo.

Los fiscales sostuvieron que la sentencia, dictada el 20 de diciembre de 2013 por un tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, es arbitraria, no observa las formas procesales y aplica erróneamente el Código Penal.

Antes de este recurso, y tras conocer los fundamentos de la sentencia, los fiscales pidieron que el Tribunal aclarara algunos puntos.

A fines del año pasado el Tribunal condenó a 15 de los 17 acusados, los militares Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Cornejo Alemán, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Héctor Ríos Ereñú y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, los policías Joaquín Guil, Mario Reinaldo Pachao, Julio Oscar Correa, Jacinto Ramón Vivas, Raúl Eduardo Toledano, Felipe Caucotta y Víctor Hugo Almirón, el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray y el civil Juan Manuel Ovalle. Las penas van desde la prisión perpetua a los 5 años de prisión.

En 12 de estos 15 casos los fiscales encontraron razones para apelar, y pidieron penas más duras. Solicitaron que se revea la absolución a los mayores Gatto y Chaín, para los que solicitaron la pena de 3 años y 8 meses de prisión, como partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, pedida en el alegato del juicio por el fiscal federal Ricardo Toranzos. Para ahorrar tiempo, Snopek y Sivila pidieron a la Cámara Nacional de Casación Penal (que deberá entender en este recurso) que dicte ella misma las condenas, en vez de remitir nuevamente la causa al TOF de Salta para que dicte una nueva sentencia.

La condena a Mulhall (a prisión perpetua por 20 homicidios agravados, un homicidio simple, 14 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, un hecho de apremios ilegales, violación en perjuicio de una persona e imposición de tormentos a otra) fue apelada también. Los fiscales cuestionaron la falta de agravantes para el asesinato del ex policía Pedro Bonifacio Vélez, calificado por el tribunal como un homicidio simple; entre otros aspectos, cuestionaron que, aun cuando el fiscal Toranzos describió la práctica de secuestro, torturas y disposición final (lo que implicaba pasar al detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o su desaparición), el Tribunal haya condenado a Mulhall por los homicidios de algunas víctimas y no se haya pronunciado sobre el pedido de condena por las privaciones ilegítimas de la libertad y la imposición de tormentos.

Snopek y Sivila observaron que Gentil y Guil hayan sido condenados como autores mediatos de la matanza de los jóvenes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Liendro y Marcial Estopiñán. Pidieron que se respete el pedido de Toranzos y se los condene como autores directos.

Solicitaron también revisiones de la sentencia sobre Correa, Almirón, Pachao, Toledano.

También los querellantes, y los defensores, han anunciado que apelarán la sentencia, aunque en su caso lo harían en el transcurso de la semana próxima.

Hospital Militar: piden informes a los ministros Alak y Cansino.

El Tribunal Oral Federal de Salta resolvió enviar oficios al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, y a la ministra de Derechos Humanos de Salta, Marianela Casino, requiriéndoles que aseguren que organismos del Estado Nacional y provincial respondan a pedidos de informes solicitados por este Tribunal.

La resolución, conocida ayer, se tomó en el marco del juicio contra los ex militares Juan Manuel Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozetto Arias, por la tentativa de destrucción de dos libros de guardia del Hospital Militar Salta, un hecho que data del 15 de mayo de 2008.

En marzo pasado los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Marta Liliana Snopek pidieron a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CONADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Salta y la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy que compulsaran los registros de los libros en cuestión  e informaran si existía alguna vinculación con hechos de terrorismo de Estado.

A pesar de que se reiteró el pedido, la única que respondió fue la Secretaría de Jujuy, que no encontró coincidencias, pero propuso una serie de líneas investigativas. Los otros organismos no respondieron hasta ahora, por lo que el Tribunal decidió recurrir a las máximas autoridades de la cartera nacional de Derechos Humanos y su homóloga provincial. Y resolvió esperar esta respuesta para convocar a la próxima audiencia, en la que deberían producirse los alegatos, ya con vistas a dictar la sentencia.

Gestoso Presas está acusado de tentativa de destrucción de documentos que podrían servir como prueba, porque el 15 de mayo de 2008, cuando era jefe de la Compañía de Inteligencia 5 Salta, ordenó la destrucción de los libros de las salas de Maternidad y de Suboficiales del Hospital Militar Salta. Estos documentos le fueron acercados por Tozetto Arias, que era director del Hospital y los había encontrado en el Lavadero durante una recorrida. El ex director está acusado de incumplimiento de los deberes a su cargo porque, en lugar de seguir el procedimiento establecido y resguardar los libros en el archivo, los llevó primero a su despacho y luego los entregó a Gestoso Presas, con quien habría decidido la destrucción, que fue evitada por el capitán Silvio Manino Leal, el que denunció este hecho y dio origen a esta causa.

Causa Metán: más testimonios sobre los hermanos Toledo.

El juicio oral y público que se lleva a cabo en Salta por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1976 y 1977 en la zona sur de la provincia continuará hoy en los Tribunales Federales de esta ciudad.

Para esta jornada de hoy el Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek y el cuarto juez Gabriel Casas, tiene previsto continuar escuchando testimonios referidos al atentado que sufrieran el 22 de septiembre de 1976 los hermanos Ángel y Carlos Toledo, por parte de un grupo de tareas que habría estado integrado por miembros de la Policía de la provincia de Salta.

La noche del 22 de septiembre de 1976 los hermanos Toledo fueron atacados a tiros por cuatro hombres que se conducían en un automóvil modelo Chevy. Este hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de Metán y a una hora (alrededor de las 21) en que todavía había mucha gente en la calle. Ángel murió dos días después; Carlos estuvo dos meses internado y fue sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas y cuando recuperó su salud se exilió en Buenos Aires hasta el retorno de la democracia, cuando pudo regresar a su ciudad.

Antes del atentado Ángel había recibido amenazas de muerte. Había militado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y era amigo de Luis Eduardo Risso Patrón, un personaje emblemático del sur salteño que reunía todas las condiciones para ser odiado por los grupos represores: militaba en el FRP, era amigo de Roberto Santucho y en las elecciones de 1973 había acompañado la candidatura de Miguel Ragone (que fuera desaparecido en marzo de 1976), con cuya lista alcanzó una diputación provincial.

Aunque para cuando fue atacado Ángel ya había dejado las líneas del PRT y había pasado al peronismo, es obvio que no había salido de la mirada de los ejecutores del terrorismo estatal y paraestatal, que en los departamentos Metán y Anta (igual que ocurrió en otros lugares) se ensañaron con los cercanos a Risso Patrón (que en la zona encarnaba al PRT y al ERP) y con los jóvenes militantes del peronismo.

Carlos Toledo y sus familiares no denunciaron este hecho ni bien fue cometido. Tampoco fueron al Poder Judicial. Para el contexto de la época, era lógico: “Qué vamos a hacer (presentación judicial), si sabíamos que no tenía valor”, explicó Carlos en la audiencia pasada.

En este proceso, conocido como Causa Metán, se acumularon cuatro expedientes por hechos en perjuicio de 12 personas, diez de las cuales están desaparecidas o han sido asesinadas. Seis hombres están siendo juzgados por estos hechos: los ex militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil (que cumplen prisión convictos por otros delitos de lesa humanidad); los policías retirados Andrés del Valle Soraire (con prisión preventiva domiciliaria), Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina (ambos excarcelados) y el ex director de Tránsito de la Municipalidad de Metán, Eduardo del Carmen del Valle (con prisión preventiva domiciliaria).

La audiencia de hoy ha sido convocada para las 9,30. Las dos primeras audiencias no pudieron empezar en el horario previsto debido a demoras de los acusados. La última vez llegaron tarde Soraire y Del Valle, por lo que el Tribunal tomó una serie de medidas tendiente a que no haya nuevas demoras.

Mulhall y Gentil siguen el debate vía videoconferencia, ese el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Del resto, Medina, Perelló y Del Valle permanecen en la sala de audiencia. En la última audiencia Soraire pidió ir a otra sala, familiares de víctimas del terrorismo y militantes de organismos de derechos humanos lo despidieron mostrándole sus fotos y un grito: “Cobarde, asesino”. 

Causa Archivo Militar: acusado intentó desmentir al principal testigo

En la continuidad del juicio que se le sigue por tentativa de destrucción de documentos, el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas sostuvo que no tenía una red interna que le permitiera conocer lo que pasaba puertas adentro del Ejército y que se enteró por los carriles normales que su subordinado, el capitán Silvio Manino Leal, había concurrido al Estado Mayor del Ejército con los libros de registro de la guardia de las salas de Maternidad y Suboficiales del Hospital Militar Salta.

Gestoso Presas está acusado por tentativa de destrucción de documentos destinados a servir de prueba. Es porque en mayo de 2008, cuando era jefe de la Compañía Inteligencia 5, de Salta, ordenó destruir los dos libros, que guardan registros de las atenciones en el Hospital Militar en el período que va desde principios de 1975 a mediados de 1990, es decir que comprenden toda la dictadura cívico militar.

Junto a Gestoso Presas, el Tribunal Oral Federal de Salta juzga también  al ex coronel y ex director del Hospital, el médico Carlos Fernando Tozzeto Arias, a quien se le atribuye incumplimiento de los deberes a su cargo. La acusación sostiene que tras el hallazgo de los libros se saltó el procedimiento establecido y los entregó al jefe de Inteligencia, con el que decidieron la destrucción. Esto se hizo a pesar de que los dos oficiales sabían que organismos del Estado Nacional estaban tratando de obtener datos sobre nacimientos producidos en este Hospital en septiembre de 1975, años en que ya imperaba el terrorismo de Estado. Los libros se salvaron porque Manino Leal, que recibió la orden de incinerarlos, incumplió la orden y los guardó e intentó entregarlos a la Jefatura del Ejército, aunque finalmente terminó depositándolos en el Ministerio de Defensa de la Nación. Así se inició este proceso que ahora está en su etapa final.

En una audiencia que se celebró el martes último, Gestoso Presas intentó debilitar el testimonio de Manino Leal y para ello recurrió a la figura del actual jefe del Ejército, César Milani.

Le reprochó a su otrora subordinado que no le hubiera expresado que la orden de destrucción de los libros era “improcedente”. Le reprochó también que no hubiera respetado la cadena de mando, sostuvo en este aspecto que (ya que no confió en él) pudo haber recurrido al otro oficial superior que seguía en esta línea, que entonces era Milani.  En la misma línea, aseguró que se enteró de la presencia de Manino Leal en el Comando Superior por la vía formal, porque Milani llamó a su jefe inmediato, Horacio Piazza y éste lo consultó sobre esta situación.

En cuanto a los dichos del testigo acerca de que Gestoso Presas mandaba correos electrónicos con injurias a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, y que distribuía notas del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot (que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad), el ex militar dijo que se ocupaba de los partes de prensa del Ejército, que esto era parte de sus quehaceres y que ejercía su libertad de prensa.

Contra la que se preveía, todavía no se conoce la fecha de finalización de este debate. La próxima audiencia será el martes 15, a las 8,30. Ese día se realizará un careo solicitado por la Fiscalía. El Tribunal aún espera la respuesta de pedidos de informes.

Causa Metán: tres policías acusados por falso testimonio.

Los primeros testimonios en el marco del debate en el marco de la conocida como Causa Metán, en la que se acumulan cuatro expedientes por delitos cometidos en perjuicio de 12 personas en 1976 y 1977 en el sur de la provincia, ya dejaron algunas certezas: está extraviado el sumario policial realizado tras el ataque del que fueron víctimas los hermanos Ángel Federico Toledo y Carlos Lucas Toledo, el 22 de septiembre de 1976, y se ha extraviado también la memoria de los tres policías convocados a declarar.

Para tratar de remediar lo primero, el Tribunal Oral Federal de Salta decidió, a instancias del abogado querellante Andrés Ruarte, remitir un nuevo oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal Federal, el tribunal donde se realizó el Juicio a las Juntas, conocido como Causa 13, para que se informe si el sumario se encuentra ahí. Es que en el expediente un informe del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Metán detalla que el sumario fue enviado como prueba para la Causa 13 pero a éste se lo opone un informe de la Cámara Nacional diciendo que el caso de los hermanos Toledo no fue considerado en ese proceso y que el sumario no ingresó allí.

Para tratar de solucionar lo de la mala memoria, o la memoria selectiva, de los policías, Ruarte, que representa a Carlos Toledo, sobreviviente del tiroteo, y los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, pidieron que Juan Edgardo Navarro, Américo Placeriano y Absalón Julio Domingo Vega sean investigados por falso testimonio. Pero el Tribunal decidió entregarles copia de las testimoniales para que hagan las denuncias. Snopek, que había pedido la inmediata detención Placeriano, retirado con el grado de cabo primero, informó que harán las denuncias en el transcurso de esta semana.

Placeriano colmó la paciencia cuando se supo, luego de mirar a los asistentes, afirmó que Toledo no se encontraba ahí, a pesar de que el aludido lo miraba desde la primera fila y de que poco antes se habían saludado. “Puedo no haberlo visto”, intentó explicar cuando el fiscal pidió su detención. Y pidió que se deje constancia de que había recibido un tratamiento siquiátrico y que el médico le dijo que “a veces yo voy a recordar cosas y a veces no”.  

De los otros dos, Navarro, retirado como sargento ayudante, cansó la frase: “No recuerdo”, con variantes en el mismo sentido. Tanto insistía con la falta de memoria que el presidente del Tribunal, Federico Díaz, quiso saber si al menos se había enterado de que hubo una dictadura militar en el país: fue la única vez que admitió recordar algo.

A pesar de sus reticencia, el fiscal Sivila logró extraerle algunos datos que pueden resultar de interés para la causa: realizaba “tareas invesgativas” y lo hacía de civil. Vega confirmó que “había un grupo” de policías que andaba de civil y contó que si bien la mayoría usaba pistolas calibre 45, había algunos pocos que tenían 9 mm. Este dato es de interés porque Carlos Toledo informó que los disparos que mataron a su hermano y lo hirieron a él fueron de armas calibres 38 y 9 mm.

 

 

Perelló y Del Valle,  nombres repetidos

 

El querellante Carlos Lucas Toledo sostuvo ayer ante el Tribunal Oral Federal de Salta que varias personas le contaron que el policía retirado Rafael Orlando Perelló y el ex director de Tránsito de la Municipalidad de Metán, Eduardo del Carmen del Valle, participaron del atentado en el que fuera asesinado su hermano Ángel Federico Toledo y él mismo recibiera tres disparos.

Toledo dijo que estas personas le confiaron estas afirmaciones pidiéndole expresamente que no les mencionara, debido a que temían, “todavía tienen miedo”, por sus vidas. Dijo que por otra persona supo que el cantante Mario Mercado, integrante del grupo folclórico Vale 4, afirmaba públicamente que sabía quiénes habían cometido ese hecho. El Tribunal hizo lugar a un pedido de la Fiscalía para que este hombre sea convocado a declarar en el juicio.

Toledo contó que su hermano había sido alumno del profesor Eduardo Risso Patrón y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, cuyo brazado armado fue después el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP) pero luego se pasó al peronismo. Por esta militancia Ángel había recibido amenazas de muerte: “Que lo iban a hacer desaparecer decían, pero no pensábamos que iba a ser tan grave”, recordó.

Respresentantes del Ministerio Público

Toledo, que es veterinario, contó que el miércoles 22 de septiembre de 1976, a eso de las 21, estaban en los quehaceres para operar a una perrita cuando fueron sorprendidos por cuatro hombres con las caras cubiertas con medias que bajaron de un automóvil Chevy blanco. Carlos advirtió el ataque cuando su hermano forcejeaba con los hombres, se unió a la lucha y recibió dos disparos que lo tumbaron en la vereda. Alcanzó a ver que Ángel cruzaba la calle, corría hasta el Cine Radar, donde cayó, siempre seguido por los hombres. El cuarto hombre, que estaba en el asiento de atrás, bajó y trató de rematar a Carlos. “Fue tan corto y violento”, recordó el testigo y víctima. No pudo escuchar si hubo conversación entre los agresores, ni ver hacia dónde huyeron, después supo que les habían disparado con armas calibre 38 y 9 mm. La joven María Julia Posadas, ayudante de Ángel en la academia de dactilografía que tenía, buscó ayuda y lo llevaron a una clínica, donde también fue llevado su hermano. De ahí fueron trasladados de urgencia a Salta capital, donde Ángel falleció dos días después.

El debate continuará el próximo lunes 14, a las 9,30, con más testimonios. 

Comienzan los testimonios en la Causa Metán

El debate en la denominada Causa Metán, en la que el Tribunal Oral Federal de Salta juzga a seis hombres por acciones de terrorismo de Estado cometidas en perjuicio de 12 personas, continuará hoy, con el inicio de las testimoniales.

Es de prever que la audiencia, convocada para las 8,30, se inicie con la identificación del acusado Miguel Raúl Gentil y la pregunta de si desea declarar. Gentil fue el único de los seis imputados que no pudo ser identificado ni consultado en la primera audiencia (realizada el lunes pasado), debido a inconvenientes para ser trasladado desde la cárcel de Marcos Paz, donde cumple sentencia a prisión perpetua ordenada por el mismo Tribunal, al Hospital Penitenciario de Ezeiza, desde donde se estableció la conexión vía videoconferencia para que tanto él como el otro acusado que ya está condenado, Carlos Alberto Mulhall, puedan seguir las alternativas del debate.

Aparte de este contratiempo, el Tribunal ya previó que hoy se comenzará a avanzar con el primero de los cuatro expedientes que se acumularon para este debate. Se trata del expediente Nº 3799, en el que Mulhall está imputado como autor mediato de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, por el asesinato de Ángel Federico Toledo y las graves heridas que recibiera su hermano, Carlos Lucas Toledo, que ahora es querellante en este proceso.

Este ataque se cometió el 22 de septiembre de 1976, cuando los hermanos Toledo se encontraban en la vereda de su casa, al 371 de la Avenida 9 de Julio, en Metán. Cuatro hombres con los rostros cubiertos con medias bajaron  de un automóvil Chevy e intentaron secuestrar a Ángel, como no pudieron, les dispararon y huyeron.

Este hecho será recordado hoy por Carlos Toledo, cuyo testimonio sería el primero de la lista de diez testigos convocados para la jornada. En relación a este hecho se han previsto 30 testigos.

Además, en este juicio se investigan otros hechos reunidos en otros tres expedientes. Además de Mulhall y Gentil, ex jefe del Ejército en Salta y ex jefe de la Policía de la provincia al momento de los hechos, están siendo juzgados los policías retirados Andrés del Valle Soraire, Juan Carlos Perelló y Marcos Honorio Medina y el ex director de Tránsito de la Municipalidad de Metán, Eduardo del Carmen del Valle.

Las otras víctimas son Pedro Francisco Núñez Apaza, Gerónimo Concha Conseca, Orlando Ronal Molina, Mario Monasterio Sánchez, Hugo Velázquez, Esmeralda Ramona Guerrero, José Lino Salvatierra, Oscar Ramón Rodríguez y los hermanos Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega. De éstos, solo Guerrero logró sobrevivir y ahora es querellante y actora civil.

Mulhal dijo que no tiene idea de lo que pasó en Metán

“No tengo nada que declarar sobre hechos que no tengo la menor idea”, insistió ayer el represor Carlos Alberto Mulhall ante la consulta del juez Federico Díaz acerca de si iba a decir algo sobre las acusaciones por las que comenzó a ser juzgado ante el Tribunal Oral Federal de Salta.

Imputados Causa Metan

 Junto a otros cinco hombres, Mulhall comenzó a ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Metán, en perjuicio de 12 personas. Los otros acusados son el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil y los policías retirados Andrés del Valle Soraire, Eduardo del Carmen del Valle, Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina. Todos actuaban en la zona de Metán en la época de la dictadura. Ayer ninguno quiso hablar.

Aunque los dos únicos sobrevivientes de esos hechos, Carlos Lucas Toledo y Esmeralda Ramona Guerrero, se habían propuesto seguir las alternativas de la primera audiencia, solo el primero pudo hacerlo: a Esmeralda la emoción la venció cuando el presidente del Tribunal comenzó a mencionar a los acusados anteponiendo la palabra “señor”. “No son señores, no son señores”, empezó a repetir Esmeralda; el llanto, que al principio era silencioso, le impidió seguir en la sala.

En diciembre de 1976, cuando tenía 15 años y había ido a visitar a familiares en Metán, Esmeralda fue secuestrada por un grupo de policías. Fue sometida a torturas y violaciones reiteradas hasta 1977, cuando recuperó su libertad luego de ser vendida a vecino de la zona. Por estos hechos están acusados Soraire (el mismo que fuera juzgado y absuelto por el beneficio de la duda por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone) y Del Valle, que era director de Tránsito de la Municipalidad de Metán. Esmeralda es querellante en este proceso, representada por el abogado Oscar Pedro Guillén, e impulsa también una acción civil contra el Estado Nacional y el Estado Provincial, porque no recibió las indemnizaciones previstas por ley para las víctimas del terrorismo de Estado.

La primera audiencia comenzó mucho más tarde de lo previsto debido a que hubo dificultades para el traslado de Gentil desde la cárcel de Marcos Paz al Hospital Penitenciario de Ezeiza (donde está alojado Mulhall), desde donde se estableció una comunicación por videoconferencia con el TOF Salta. Al final, Díaz obtuvo el acuerdo de las partes para iniciar la audiencia sin Gentil.  

Tras la lectura de la requisitoria de los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, de la identificación de los acusados y de la negativa a declarar, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 7 de abril, cuando comenzarán los testimonios, sobre el asesinato de Ángel Federico Toledo y la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Lucas.

En total se han previsto casi cien testigos, repartidos en los cuatro expedientes que se tratarán en este proceso. 

Se entregaron los fundamentos de la Setencia de la Mega Causa.

Con muchas desprolijidad en la comunicacion con quereyantes, y familiares de las victimas de la Mega Causa, el dia lunes, pasada las 17 hs se entregaron los fundamentos de la sentencia realizada el dia 20 de diciembre del 2014. Con un cambio de lugar por razones de espacios, ya que en Ciudad Judicial se encuentra ocupado por juicio al terrible aseinato de las turistas francesas (en tribunales de la provincia de Salta), el tribunal dipuso la audiencia en el recinto de juzgados federales el mismo dia y hora. Tambien dispuso ampliar el plazo para la presentacion de los recursos de casación a 20 dias.

Comienza el Nuevo Juicio: Crimenes de Lesa Humanidad de Metan

Elena Corbalan

Hoy Lunes 31, comienza en Salta un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia en los años 70. Se trata de la conocida como Causa Metán, que reúne cuatro expedientes acumulados sobre hechos perpetrados en la jurisdicción de esa localidad (en el sur de la provincia) de los cuales fueron víctimas 12 personas, diez de ellas asesinadas o desaparecidas. Serán juzgados seis hombres, dos ex militares y cuatro policías retirados.

El Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, convocó para las 8,30 de hoy, en la sala de audiencias de los Tribunales Federales, sobre la calle Deán Funes, en pleno centro de la ciudad.

Dos de los acusados ya cuentan con condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall y el ex jefe de la Policía de Salta, comisario Miguel Gentil. En virtud de la sentencia que recibieron en diciembre último, en el marco de la Megacausa, ambos están en prisión, el primero en Ezeiza y el segundo en Marcos Paz.

Los policías acusados esperan el debate en sus casas, sea porque cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria, como es el caso de Andrés del Valle Soraire y Eduardo del Carmen del Valle, o porque están excarcelados, como es el caso de Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina.

Las víctimas de los crímenes que se juzgarán a partir de hoy eran en su mayoría militantes políticos.

Entre los asesinatos, hay dos casos que se destacan: el homicidio del joven Ángel Federico Toledo y la tentativa de asesinato de su hermano, Carlos Lucas Toledo, quienes fueron baleados cuando se encontraban en la vereda de su casa. El otro caso es el del crimen, en 1977, de Los Arbolitos, el apodo con el que eran conocidos los jóvenes José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, muertos a tiros en la zona rural de Metán. Durante años este último hecho se investigó como un delito común, e incluso se llegó a una sentencia, pero finalmente fue declararlo delito de lesa humanidad, por lo que será juzgado Soraire, uno de los sospechosos que hasta ahora había logrado evadir dar una respuesta por este hecho.

De las otras víctimas se encuentran desaparecidos Pedro Francisco Núñez Apaza, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca, Orlando Ronal Molina, Mario Monasterio Sánchez y Hugo Velázquez.

Esmeralda Ramona Guerrero es la otra sobreviviente de la represión en Metán y participará de este proceso en calidad de querellante y actora civil, representada por el abogado Oscar Pedro Guillén, que fuera secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Lucas Toledo, el otro sobreviviente, también será querellante, representado por el abogado Andrés Ruarte, ex detenido político. Y los hermanos de Oscar Rodríguez, Domingo Nolasco y Segundo Bernabé, participarán representados por el abogado Juan Carlos Galli. Los hermanos Rodríguez fueron los impulsores de la investigación del crimen de Oscar y de Lino Salvatierra.

Del juicio participarán los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.

En las defensas, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo tendrá el mayor trabajo: asistirá a Mulhall, Gentil, Perelló, Soraire y Medina. El abogado Gustavo Martínez será el defensor de Del Valle.

En esta primera audiencia se leerá la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que incluye la acusación, y se escucharán planteos preliminares, si los hubiera. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 7 de abril, día en que empezarán los testimonios en relación a los delitos en perjuicio de los hermanos Toledo.

Breve audiencia en el juicio por archivos del Hospital Militar

El Tribunal Oral Federal de Salta tiene previsto llevar a cabo hoy una breve audiencia en el marco del juicio que se sigue contra dos ex militares acusados por el intento de destrucción de dos libros del archivo del Hospital Militar Salta.

El Tribunal, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz, prevé comenzar la audiencia a las 8 de la mañana, para escuchar a los dos últimos testigos que restan declarar en este proceso contra el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, que en mayo de 2008, cuando ocurrieron los hechos que se investigan, era jefe de la Compañía de Inteligencia 5 en Salta y el ex coronel Carlos Fernando Tozzeto Arias, que era jefe del Hospital Militar.

Se pretende que la audiencia sea brevísima porque los defensores de Tozzeto Arias, Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz Saravia, deben participar del juicio por el homicidio de las turistas francesas, en el que son querellantes en representación de sus familiares.

Tozzeto Arias está acusado de incumplimiento de los deberes a su cargo, mientras que Gestoso Presas está siendo juzgado por tentativa de destrucción de elementos que pueden servir de prueba. La acusación surgió luego de que se supiera, por informe del capitán Silvio Manino Leal, que el director del Hospital había encontrado dos libros de la guardia de la sala Maternidad y de la sala de Suboficiales, con registros de la época de la última dictadura, y (en lugar de archivarlos e informar a sus superiores) los entregó al jefe de Inteligencia, el que decidió destruirlos, a pesar de que existían pedidos del Ministerio de Defensa de la Nación para que se informaran datos sobre nacimientos producidos en la Maternidad en septiembre de 1975.

Los defensores (a Gestoso lo representa el defensor oficial Oscar Tomás del Campo) vienen planteando que se trata de delitos comunes que están prescriptos, pero los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila afirman que son delitos conexos a los cometidos en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto son imprescriptibles. 

Este Lunes 24 de Marzo a las 16:30 Hs. Acto Por El Día de La Memoria en "El Portal de La Memoria" Ubicado en Av. San Martín e Hipólito Yirigoyen

Se elevó a juicio la

El juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio la causa en la que se investiga al empresario Marcos Levín por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado imperante en la década del 70.

A Levín se le atribuye haber instigado la persecución, detención irregular y torturas de las que fuera víctima Víctor Manuel Cobos, cuando trabajaba en la firma La Veloz del Norte y era representante gremial de sus compañeros. Junto con el empresario están acusados también los policías retirados Víctor Manuel Bocos, Enrique Víctor Cardozo, y Víctor Hugo Almirón. A los dos primeros se los acusa como coautores materiales de  torturas. Y a Almirón, que era jefe de la Comisaría 4°, se le atribuye participación primaria en estos mismos hechos.

En la resolución de elevación a juicio el juez rechazó un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa oficial de Bocos, Cardozo y Almirón y rechazó también un planteo del abogado René Gómez, que asiste a Levín.

Entre fines de enero y principios de febrero de 1977, los policías participaron en la detención de una veintena de empleados de La Veloz del Norte, los que fueron trasladados a la Comisaría 4° de esta ciudad (donde funcionó un centro clandestino de detención), donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa.

Para los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, de esta manera Levín se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de mejoras laborales y reivindicaciones laborales de sus empleados. Entre los detenidos se contaron Cobos, que integraba la directiva de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y era delegado de los empleados de La Veloz en Salta, y Enrique Vázquez, delegado de los empleados en Tucumán.

El juez sostuvo que el análisis de la responsabilidad de Bocos se halla ligada a la de Levín, dado que  “está fehacientemente acreditado que el primero de los nombrados cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, a la vez que también trabajaba para la firma La Veloz del Norte”. La relación era tal, que Levín fue visto, u oído, en la Comisaría por varios de los empleados detenidos.

“Levin usó como nexo para reprimir a sus empleados (…), a Víctor Bocos” que “a su vez era subjefe de la Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Salta”.

En el entendimiento de Bavio, Bocos le fue funcional a Levín para obtener “confesiones” de sus empleados con el fin de despedirlos sin indemnización. Los testimonios señalan que Bocos dirigió las sesiones de tortura, y que Cardozo, Ramón Inecio Figueroa y el “Sapo” Toranzos (fallecido) eran los ejecutores.

Por estos hechos también estaba imputado quien fuera jefe de Personal de La Veloz, José Antonio Grueso, pero obtuvo un sobreseimiento que fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que ahora Bavio formó otra causa para investigar la presunta responsabilidad del directivo, a quien los empleados señalan como quien habría armado las listas de quienes eran problemáticos para la empresa.

También debe continuar la investigación sobre los tormentos sufridos por 15 trabajadores de La Veloz, que también fueron detenidos y torturados en la Comisaría 4°, algunos de ellos fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones de Tucumán y trasladados a Salta en un colectivo de La Veloz del Norte. Como al resto, se los llevó a la Comisaría 4 y fueron torturados.

Juicio por los libros

El juicio contra dos ex militares acusados por el intento de destrucción de dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta continuará hoy. Si las previsiones se cumplen, debería dar su testimonio el capitán Silvio Manino Leal y luego se producirían los alegatos y el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Marta Snopek, daría a conocer su sentencia.

Manino Leal es quien en 2008 desobedeció una orden presuntamente irregular y salvó de la incineración estos documentos.

En este proceso están siendo juzgados el ex coronel Carlos Fernando Tozzetto Arias y el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas.

El 15 de mayo de 2008, cuando era director del Hospital, Tozzeto encontró los libros de la guardia de la sala de Maternidad y de la sala de Suboficiales, que registran la memoria de los nacimientos y enfermos atendidos en ambas salas desde principios de 1975 hasta mediados de 1990. En lugar de seguir el procedimiento habitual, el coronel resolvió entregar los libros al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Gestoso Presas, quien dispuso destruirlos, tarea que ordenó a Manino Leal. Por estos hechos Tozzeto Arias está acusado de incumplimiento de los deberes a su cargo y Gestoso Presas, de tentativa de destrucción de documento destinados a servir como prueba.

Los dos acusados alegan que los libros estaban en malas condiciones y que por eso consideraron oportuno destruirlos. Sin embargo, su estado es muy bueno, según pudo apreciarse durante las audiencias. Por eso existe una sospecha de que los militares intentaron incinerar los libros para ocultar pruebas de actos de terrorismo perpetrados antes y durante la última dictadura cívico-militar. La sospecha se hace más fuerte si se tiene en cuenta que por esos días Tozzeto Arias tenía pedidos de informes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que intentaba dar con datos sobre nacimientos producidos en septiembre de 1975. 

Ultiman detalles para realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Salta realizó ayer una audiencia preliminar con el fin de ultimar detalles con vistas a realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Salta. Esta vez se trata de la conocida como “Causa Metán”, que reúne cuatro expedientes acumulados en los que se investigan crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado en jurisdicción de esa localidad en perjuicio de 12 personas, diez de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Entre estos hechos, se juzgará los homicidios de “Los Arbolitos”, los jóvenes fusilados en 1977 en la zona rural de Metán por un grupo de policías.

Según señala el fiscal Eduardo Villalba en uno de los requerimientos de elevación a juicio, se trata de hechos que “tienen en común un conjunto de elementos que permiten concluir que fueron cometidos en el marco del plan sistemático y organizado con el que se ejecutó la represión en nuestro país”. En otros casos intervino el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El debate comenzará el próximo 31 de este mes.  Seis personas, dos ex militares y cuatro policías, serán juzgados por estos hechos: el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall (ya condenado por la Masacre de Palomitas, el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y en la Megacausa tramitada el año pasado), el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil (también condenado por Palomitas, Ragone y en la Megacausa) y los policías Rafael Rolando Perelló, Eduardo del Carmen del Valle, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire, que fue juzgado por el asesinato de Ragone y en octubre de 2011 fue absuelto por el beneficio de la duda.

Ahora Soraire debe responder por el crimen de Los Arbolitos, una acusación que lo persigue desde 1977 y de la que zafó en reiteradas oportunidades hasta que el hecho fue encuadrado como un delito de lesa humanidad. El ex oficial de policía debe responder también por la detención irregular y los tormentos (incluidas violaciones) que sufrió Esmeralda Ramona Guerrero.

A Mulhall se le imputa participación como autor mediato (que dio la orden para que otros ejecutaran los hechos) de los homicidios agravados de Ángel Federico Toledo, la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Lucas Toledo, y los homicidios (en realidad se encuentran desaparecidos) de Pedro Francisco Núñez, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca y Hugo Velázquez, además de la detención y tormentos a Guerrero.

Mario Monasterio Sánchez  y Velázquez.

Perelló, Del Valle y Medina están acusados por la desaparición de Núñez. Del Valle enfrenta acusaciones por las desapariciones de Orlando Ronal Molina y Concha Canseco y también se le atribuye responsabilidad en los tormentos que padeció Guerrero.  Y Medina está acusado de haber participado del secuestro y desaparición de Núñez.

En la audiencia de la víspera el juez Federico Díaz, que presidió el Tribunal acompañado por Marcelo Juárez Almaraz (la otra integrante del Tribunal, Marta Liliana Snopek estuvo ausente con aviso), propuso medidas para tratar de agilizar el debate: se acordó que cuando no se encuentre un testigo, se incorporará su testimonio anterior sin lectura en la audiencia, así también se incorporarán las indagatorias a los acusados; en el caso de testigos que hayan declarado antes en otros procesos ante este Tribunal, se incorporarán esos testimonios . Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila  presentarán una versión sintetizada, que “contenga el hecho y la calificación legal”, del requerimiento de elevación a juicio. Lo mismo harán los querellantes (los abogados Juan Carlos Galli, por los familiares de Rodríguez, y Andrés Ruarte, por Guerrero) con sus acusaciones.

Los alegatos, sobre el final del debate, serán presentados en un soporte digital en toda su extensión y oralmente solo se expondrán las partes salientes referida a la acusación, o defensa, y al pedido.  

El Tribunal ya decidió que el primer día el 31 de marzo, habrá audiencia de 9 a 17, y que luego se intentará escuchar entre 8 y 10 testimonios por día.