Indagan al ex juez Lona por su participación en el Terrorismo de Estado en Salta

Juez Federal Fernando Poviña

El juez federal Fernando Poviña tiene previsto indagar hoy al ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone (hecho en el que fue asesinado el comerciante Santiago Arredes y se intentó matar a la empleada Margarita Martínez de Leal) y en la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas.

En la década del 70, cuando se cometieron estos hechos, en el marco del terrorismo de Estado, Lona era el único juez federal de la provincia, y se le atribuye activa participación para la comisión de estos delitos de lesa humanidad.

Se sabe que la indagatoria en relación a la causa Ragone está prevista para las 11.30. No trascendió el horario en que fue convocado para ser indagado por la causa Palomitas, pero se sabe que será cerca del mediodía. Organismos de derechos humanos y familiares tienen previsto concentrarse sobre la calle España para esperar que se produzca la tanta veces pospuesta indagatoria del hombre fuerte del Poder Judicial Federal de Salta, quien desde 2005 viene esquivando presentarse ante la Justicia.

Ragone, que llegó el gobierno en 1973, como parte de la primavera camporista, fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, cuando se preparaba para participar de las elecciones internas en el PJ de Salta con vistas a postularse para un nuevo mandato como gobernador.

La Masacre de Palomitas se cometió en la noche del 6 de julio de 1976. Once detenidos políticos en el penal de Villa Las Rosas fueron sacados de la cárcel con la excusa de que iban a ser trasladados a una cárcel de mayor seguridad y fueron asesinados en el trayecto, a un costado de la ruta nacional 34, unos 50 kilómetros al sur de Salta Capital, cerca de la pequeña localidad de Palomitas.

 En ambos casos se han acumulado datos y pruebas que dan cuenta de la posible participación de Lona en estos hechos.

Además, el ex juez está imputado en relación a otros crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia, aunque esa causa, conocida como Expediente 627, está todavía en espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta decida quién actuará como juez.

 

Hospital Militar: un testigo dijo que los libros no ingresaron al archivo

El suboficial Carlos Valentín Quiroga confirmó ayer que se incumplió la normativa vigente con el tratamiento que sus superiores le dieron a dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta, correspondiente a la época del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que fueron encontrados en el sector de Lavandería.

Quiroga fue el único testigo que declaró ayer en la continuidad del juicio que ante el Tribunal Oral Federal de Salta se sigue contra los ex militares Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, acusados por el intento de destrucción de dos voluminosos libros de registro de enfermos de las Salas III (Maternidad) y IV (Suboficiales) del Hospital Militar, correspondientes al periodo comprendido entre principios de 1975 y mediados de 1990. En mayo de 2008, cuando se encontraron los libros y se los trató de destruir, Tozzeto Arias era el director del Hospital y Gestoso Presas era el jefe de la Compañía de Inteligencia 5, a quien recurrió el primero solicitándole ayuda para incinerar la documentación.

Quiroga dijo que en 2008 “no” recibió estos libros, contrariamente a lo que preveía el procedimiento: que ante el hallazgo de cualquier documentación debía labrarse un acta, clasificarla y remitirla de inmediato al archivo que se estaba formando por entonces.

Desde abril de 2008 Quiroga era el encargado del incipiente archivo central del Hospital. Recordó que fue puesto en funciones por el director Operacional del Hospital, el coronel Oscar Antonio Baenas, que fue sobreseído en relación a estos hechos.

Como Baenas estuvo también en el hallazgo de los libros, en el sector de Lavandería del Hospital, amontonados entre unos trapos viejos en un carro usado para transportar ropa, el fiscal Guillermo Snopek pidió, y el tribunal le concedió, que sea convocado a dar su testimonio. En la instrucción el militar confirmó la versión de Tozzeto Arias sobre el presunto mal estado de los libros que habría motivado la decisión de no seguir el procedimiento habitual y, en cambio, llevarlos ante el jefe de Inteligencia,  quien terminó ordenando su incineración.

Los libros se salvaron porque el capitán Silvio Manino Leal, a quien Gestoso Presas ordenó esta acción, los guardó y los entregó luego al Ministerio de Defensa de la Nación. Así se inició, el 11 de junio de 2008, un sumario interno y esta causa penal.

Ayer el fiscal Snopek, acompañado por el fiscal ad hoc, Juan Manuel Sivila, puso en palabras la sospecha que cae sobre los dos ex militares: mandaron incinerar los libros para destruir pruebas del terrorismo estatal de la década del 70. “¿Se guardó alguna documentación de presos políticos ahí?”, le requirió a Quiroga cuando hablaba del archivo del Hospital Militar: “No”, contestó el testigo, con un hilo de voz.

Según Manino Leal, cuando Gestoso Presas ordenó la destrucción de los libros, tenía en su poder una nota en la que el Ministerio de Defensa de la Nación requería información correspondiente al periodo comprendido entre el 5 y 15 de septiembre de 1975 o 1976.

El mismo Tozzeto Arias reconoció que en 2007 había recibido un pedido de informes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación sobre registros de nacimientos ocurridos en el Hospital Militar Salta en septiembre de 1975. El director contestó que no podía dar esa información porque había sido incinerada, y adjuntó como prueba de ello un acta de una incineración realizada en 2003.

Lona debe declarar el 27, por Ragone y Palomitas.

Ex Juez Federal Imputado Ricardo Lona

El ex juez federal Ricardo Lona está convocado a prestar declaración indagatoria el próximo 27 de este mes, en las causas en las que se investiga el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y la Masacre de Palomitas. En ambos casos, el ex magistrado está acusado de haber participado de estos delitos de lesa humanidad.

Lona viene siendo citado a indagatoria desde 2005, pero hasta ahora la Justicia Federal salteña no lo ha indagado. Esta vez la citación la hace un juez tucumano, Fernando Poviña, quien subroga el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, donde quedaron radicadas estas dos causas en lo que respecta a Lona.

El fiscal federal Horacio Azzolín informó ayer que la indagatoria está firme a pesar de otro planteo de la defensa del ex magistrado con la intención de suspender este trámite una vez más.

A Lona se le reprocha ser parte del engranaje represivo en la provincia de Salta, antes y durante la última dictadura cívico-militar. En la causa Ragone está imputado por dos hechos de homicidio, por el ex gobernador y por el comerciante Santiago Arredes (asesinado durante el secuestro, la mañana del 11 de marzo de 1976), y de tentativa de homicidio, en perjuicio de Margarita Martínez de Leal (otra testigo del secuestro que intentó ser eliminada). En la causa Palomitas se le atribuye participación en el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976.

Además, está acusado en otra causa, conocida como 627, que agrupa investigaciones por buen número de secuestros, tormentos y desapariciones cometidas en la provincia durante la vigencia del terrorismo de Estado. Por esos años Lona era el único juez federal en Salta. Esta causa espera una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, luego de que la defensa del ex magistrado apelara la decisión del juez Miguel Medina, del Juzgado Federal N° 2 de Salta, de remitir también este expediente a Poviña.

 

Sigue juicio por archivos del Hospital Militar

 

El juicio oral y público contra dos ex militares acusados de haber intentado destruir archivos del Hospital Militar de Salta continuará hoy, a partir de las 10, con la declaración testimonial del militar Carlos Quiroga.

Luego el debate pasará a un cuarto intermedio hasta el 28 de febrero, a las 8.30. El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado para este caso por Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz, está juzgando a los ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas y al ex coronel Carlos Fernando Tozzeto Arias. Al primero se le atribuye la tentativa de destrucción de los libros de la guardia de la sala de Maternidad del Hospital, que guardan registros desde principios de 1975 hasta mediados de 1990. Tozzeto Arias responde por incumplimiento de los deberes a su cargo.

Esta causa se inició en mayo de 2008, cuando Tozzeto Arias, que era director del Hospital encontró los dos libros, en momentos en que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaba requiriendo información sobre nacimientos producidos en ese centro asistencial, con la sospecha de que pudo haber niños apropiados ilegalmente en el marco del terrorismo estatal.

En lugar de informar el hallazgo, el director entregó los libros al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Gestoso Presas, quien ordenó la destrucción. Los libros fueron salvados porque el oficial que recibió esta orden, Silvio Manino Leal, los escondió y denunció este hecho ante el Ministerio de Defensa de la Nación.

En la primera audiencia Gestoso Presas se manifestó arrepentido de haber ordenado la destrucción. 

Militar se manifestó arrepentido de ordenar destruir archivos

El ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas expuso ayer su “profundo arrepentimiento” por haber ordenado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, que contienen registros de nacimientos comprendidos desde principios de 1975 y mediados de 1990, pasando por toda la etapa de la última dictadura. El ex militar dijo que esta decisión fue “un error” y “una imprudencia” de su parte.

Gestoso Presas hizo estas afirmaciones ante el Tribunal Oral Federal de Salta que lo juzga por tentativa de destrucción de elementos de prueba. También se está juzgando al ex coronel Carlos Fernando Tozzeto Arias, en su caso por incumplimiento de los deberes a su cargo.

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, que era director del Hospital Militar, encontró dos libros de la guardia y los entregó al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Gestoso Presas, quien ordenó al entonces capitán Silvio Manino Leal que los destruyera. Los libros se salvaron porque este último incumplió la orden y los ocultó para luego entregarlos al Ministerio de Defensa de la Nación. Así se inició esta causa.

Asistido por los abogados particulares José Spuch y Nicolás Ortiz Saravia, Tozzeto Arias reiteró que los libros “no estaban en condiciones, tenían las tapas con moho. No estaban chorreando pero tenían algunas hojas pegadas” y por eso decidió llevarlos al jefe de Inteligencia, para que los revisara y determinara si debían conservarlos o los destruían. Añadió que Gestoso Presas le dijo que se los dejara y luego, “informalmente”, le informó que había ordenado incinerarlos porque consideró que su contenido era “intrascendente”.

Mientras el militar hablaba los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila hojeaban los grandes libros: se los veía en muy buenas condiciones, con las hojas legibles y sus tapas forradas con papel azul tipo araña. El juez Federico Díaz quiso saber cuál era el que tenía las hojas pegadas, pero el acusado no pudo señalarlo.

La declaración de Tozzeto Arias motivó a Gestoso Presas, asistido por el ex fiscal federal Oscar Tomás del Campo, a hacer aclaraciones: “Cada jefe es responsable de lo que ocurre en su unidad y del personal a su cargo”, recordó, dijo que el área de Inteligencia no tiene ninguna injerencia en la documentación de otras. Añadió que desconocía que había un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que el director del Hospital informara si se había producido algún nacimiento en determinada fecha de 1975. Sostuvo que respecto del tratamiento que debía dar a los libros le indicó al médico tres opciones: enviarlos al Comando de Sanidad, guardarlos en el archivo del Hospital o destruirlos, si consideraba que su contenido era irrelevante. Aseguró que Tozzeto Arias eligió incinerarlos y le pidió que lo hicieran en la Compañía de Inteligencia porque en su unidad no tenía “gente de confianza” para hacerlo. “Ahí fue cuando cometí el error de ordenar su destrucción”, sostuvo. Y remató: “No solo cometí una imprudencia (…), además fui sorprendido en mi buena fe respecto del contenido de esos libros”.

Ayer declararon cinco testigos, uno de ellos, Rodolfo Retamozo, que era encargado del sector donde se encontraron los libros, incurrió en tantas contradicciones que los fiscales terminaron pidiendo que su detención y que sea investigado por falso testimonio. El Tribunal decidió remitir copias para iniciar una investigación. La audiencia continuará el 18 de febrero.

Nuevo Juicio: Juzgan a dos militares que trataron de destruir pruebas del terrorismo

El lunes próximo, 10 de febrero, comenzará el juicio contra los militares retirados Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, acusados de haber intentado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, cuyas anotaciones comienzan en 1976, año en que imperaba el terrorismo estatal, y se prolongan hasta la década del 90.

El inicio de la audiencia está previsto para las 8,30. Se descuenta que comenzará con un debate acerca de si corresponde juzgar a los dos militares. Es que los defensores públicos Oscar del Campo (por Gestoso Presas) y Pablo Lauthier (por Tozzeto Arias) ya han intentado frenar el proceso con el argumento de que se trata de delitos comunes, que están prescriptos y corresponde absolver a los imputados.

Del otro lado, el fiscal general federal Francisco Snopek y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila sostienen que son delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad, dado que se intentó destruir prueba vinculada a esos hechos, y son imprescriptibles, por lo que corresponde juzgarlos.

El Tribunal, integrado por los jueces locales Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek y el santiagueño Federico Díaz, ha preferido no hacer lugar al planteo de prescripción y discutir esta cuestión en el debate.

Este proceso se remonta al 15 de mayo de 2008, cuando Tozzeto Arias (por entonces director general del Hospital Militar) junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital. El hallazgo se dejó asentado en un acta. Tozzeto Arias, quien asegura que los libros eran ilegibles debido a la humedad y el moho, los entregó al teniente coronel Gestoso Presas,que por entonces era jefe de la Compañía de Inteligencia 5, para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.

Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió. La destrucción le fue ordenada al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio, hasta que pudo entregarlos al Ministerio de Defensa.

Así se inició un sumario interno y una investigación penal. En lo administrativo, Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron pasados a disponibilidad primero y luego, a retiro. En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba. 

Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado. El otro libro es el registro de enfermos de la sala de Varones del Hospital. 

Piden elevar a juicio la causa contra Marcos Levín

Marcos Levin 

Los fiscales federales de Salta Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga al empresario Marcos Levín por su supuesta participación en el terrorismo estatal que imperó en la década del 70 en el país. Es el primer caso de un empresario civil que llega a juicio por crímenes de lesa humanidad.

A Levín se lo acusa de instigar la detención ilegal (con una falsa acusación) y la aplicación de tormentos a Víctor Manuel Cobos, quien el 22 deenero de 1977, cuando fue detenido, era delegado gremial en empresa de transporte La Veloz del Norte, de propiedad del empresario, e integraba la directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Junto a Cobos fueron detenidos otros 21 trabajadores de la empresa, al menos 15 de ellos fueron torturados y obligados a firmar “confesiones” en las que se responsabilizaban por una supuesta estafa. Sin embargo, todavía se discute si sigue la investigación sobre estos últimos hechos, por lo que la elevación a juicio comprende solo los delitosen perjuicio de Cobos, quien estuvo detenido hasta el 19 de abril de 1977.

A su actuación gremial Cobos añade su pertenencia a una familia de militancia peronista. En marzo de 1976 fue desaparecido su cuñado, en septiembre de ese año un hermano suyo, Martín Cobos, fue asesinado por un grupo de tareas, y otro hermano debió exiliarse.

En la requisitoria de elevación a juicio, del 3 de este mes, los fiscales sostienen que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 buscaba imponer un modelo económicoque beneficiara al capital financiero, para lo que era necesario reprimir a los trabajadores y sus organizaciones. Y por ello la dictadura contó con el apoyo de un sector del empresariado que se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus trabajadores. Es lo que ocurrió en el caso de La Veloz del Norte, cuyos trabajadores“fueron víctimas del plan sistemático y generalizado de represión ilegal” que estaba dirigido “en particular contra aquellas fracciones más combativas de la clase obrera o que se alinearon con ellas”.

Por las detenciones ilegales y torturas están acusados tambiénlos policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo, como autores materiales, y el comisario Víctor Hugo Almirón, que era jefe de la Comisaría 4°, donde fueron torturados los empleados, es acusado como autor mediato.

El dictamen fiscal destaca la “especial imbricación” que existía entre las estructuras de La Veloz y las estructuras represivas ilegales. Levín aportaba vehículos a la Policía y Bocos tenía el doble rol de funcionario policial y empleado de la empresa, por un lado subordinado al comisario Almirón en la denominada lucha contra la subversión y por el otro “dependiente de Levín”. Este vínculo era tal que durante las sesiones de torturaLevín “mantenía entrevistas recurrentes con los funcionarios policiales, en particular con Bocos, con el fin de supervisar el desarrollo de las tareas de represión de los trabajadores que previamente había denunciado”.

Como parte de la estructura de poder de la empresa, los fiscales sostienen que el entonces jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, “fue una pieza fundamental para la individualización, selección y sistematicidad que tuvieron las acciones respecto de las víctimas”. Grueso fue beneficiado con una falta de mérito.