miércoles, 7 de octubre de 2015

Noveno juicio. Se abrió el debate en cinco de los seis expedientes

 Elena Corvalán
El debate en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia se abrió parcialmente ayer, en cinco de los seis expedientes acumulados, debido a que el militar retirado Héctor Ríos Ereñú planteó que no se encontraba “en condiciones” de presentarse a la convocatoria de la víspera.
La novedad fue informada por el presidente del Tribunal Oral Federal, Marcelo Juárez Almaraz, quien aclaró que la apertura del debate en relación a Ríos Ereñú se hará en la próxima audiencia. En esta causa está también acusado el oficial de policía retirado, Arturo Madrigal, otro para el que se abrirá el debate recién dentro de dos semanas.
En cambio, sí se leyeron las acusaciones de la Fiscalía en los expedientes en los que están acusados los ex jefes de Policía, los militares retirados Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, y el ex jefe del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional, Diego Alejandro Varas.
La lectura fue seguida por un público robustecido con la presencia de los familiares de los detenidos desaparecidos Raúl Benjamín Osores (su hermano Francisco y su compañera, Pía Asunción Vilte), Sergio Wenceslao Copa (su padre, Justo Copa, y sus hermanas Teresa y Gloria Copa) y Sylvia Ruth Sáez de Vuistaz (sus sobrinos Federico y Alejandra Vuistaz).
 
De los acusados, solo Guil estuvo en la sala de audiencias. Los otros dieron el presente por videoconferencia: Gentil, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mendíaz, desde Rosario, y Varas, desde Córdoba.
Luego de la lectura de la acusación del primer expediente, que tiene como único acusado a Gentil (por 13 hechos de homicidios agravados), el presidente del Tribunal le preguntó si iba a declarar: dijo que no. Cuando se leyeron las otras acusaciones el defensor oficial Juan Pablo Lauthier se adelantó para informar que ningún acusado iba a declarar.
La Fiscalía, y las querellas, acusan a Gentil por las privaciones ilegítimas de la libertad y los homicidios agravados de Mario Bernardino Luna Orellana, Santos Garnica Abraham Rodríguez, David Reina León Paz, Reynaldo Isola, Felipe Burgos, Carlos Enrique Mosca Alsina, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, las hermanas Carmen Berta y Francisca Delicia Torres, Luis Eduardo Risso Patrón, y Osores, Copa y Sáez de Vuistaz. Y también por las detenciones ilegales y tormentos a Juana Isabel López, Aldo Víctor Bellandi y Luis Ernesto Mamaní.
http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/l/loto/lotod.jpgAdemás Gentil comparte con Mendíaz y Guil la acusación por las desapariciones forzadas de Carlos García, Nora Saravia, Carlos Alberto Rivero, Raúl Humberto Machaca, Pedro José Tufiño y Roberto Loto Zurita. Esta es la conocida como Causa UNSa II, porque García, Saravia, Machaca y Tufiño eran docentes de esa casa de estudios, y Rivero estudiaba ahí. A estos se suman Sáez de Vuistaz y Gregorio Tufiño (hermano de Pedro), que también estudiaban en la UNSa.  Y Gentil está imputado también, junto a Varas, en la causa por la desaparición de Raúl Benjamín Osores.La audiencia continuará el 19 de octubre, cuando se leerá la acusación contra Ríos Ereñú y Madrigal, y comenzarán a escucharse testimoniles.
 
La audiencia continuará el 19 de octubre, cuando se leerá la acusación contra Ríos Ereñú y Madrigal, y comenzarán a escucharse testimoniles.
 
 

Ex empleados de La Veloz del Norte identifican la sala de torturas en la 4°

Elena Corvalán
Cuatro ex empleados de La Veloz del Norte reconocieron ayer las dependencias donde en 1977 fueron torturados, la sede por entonces de la Comisaría 4°, que funcionaba como un centro clandestino de detención. El lugar fue remodelado y ahí funciona un hotel.
Víctor Manuel Cobos, Jorge Arturo Romero, Carlos Lídoro Aponte  y Sonia Rey reconocieron y señalaron las habitaciones en donde estuvieron detenidos y se detuvieron particularmente en una pequeña pieza ubicada en el fondo de la construcción: “Aquí nos torturaban”, recordó el primero. Al lado, en una galería, estaba la moto que los represores encendían para tapar los gritos de dolor, contó. Aponte asintió. Romero añadió que la radio que también se encendía al momento de los golpes y la picana estaba dentro de la habitación (que ahora es un lavadero); “aquí (señalando un punto en la galería) estaba la pileta grande donde me traían a mí a lavarme”, sumó Rey, quien por las noches permaneció detenida en una “piecita” (que ubicó con claridad), y durante el día era llevada a una oficina cerca de la entrada.
La inspección se dispuso en el marco del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta se sigue contra el empresario Marcos Levín, propietario de La Veloz en 1977, y los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón, quienes se desempeñaban en la Comisaría 4°.
La jornada fue calificada como altamente positiva por los querellantes, no solo por la nitidez de los recuerdos de los testigos y la facilidad con que complementaron sus relatos, sino porque, de entrada nomás, en la espera del inicio de la inspección, la vecina Herminia Puppi, que se acercó creyendo que alguien había escuchado sus denuncias por un supuesto ejercicio de prostitución en el hotel, terminó aportando datos que sustentan la acusación: dijo que vive desde hace 50 años al lado de la Comisaría y que durante la dictadura a veces los vecinos no podían dormir: “escuchábamos gritos y las torturas. Ponían la radio a todo lo que da”, afirmó ante los jueces Federico Díaz, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla.
Más tarde Romero, ubicado donde funcionaba el calabozo, graficó desde donde vio ingresar a Levín, dos veces, luego de haber sido torturado. Y luego Aponte, ubicado en la oficina de entrada, donde fue golpeado ni bien se presentó, recordó que él también vio entrar al empresario. Y añadió otro dato: cuando fue obligado a firmar una supuesta confesión, ante el juez Trincavelli, la joven que lo acompañaba y que se levantó aparentemente molesta con lo que estaba pasando ahí era la jueza Sylvia Bustos Rallé.
Más tarde Cobos y Aponte aportaron datos que confirmarían las detenciones irregulares: el primero dijo que su hermana Cristina Cobos fue a verlo al menos dos veces y que en la Comisaría negaron que estuviera ahí. Lo mismo hicieron con la madre de Aponte, Balbina Elba Soria, que venía caminando a buscar a su hijo. La querellante Susana Aramayo pidió que se convoque a declarar a Cristina Cobos y a Balbina Soria, y el querellante Martín Avila solicitó la declaración de Puppi.