Testigo sostuvo que Levin estuvo en la Comisaria donde fue torturado

Elena Corvalán

 

El testigo Jorge Arturo Romero aseguró ayer que vio al empresario Marcos Jacobo Levín en la Comisaría 4°, donde él y otros trabajadores de La Veloz del Norte habían sido torturados y obligados a firmar una declaración en la que reconocían una supuesta estafa a la empresa.

“Estando en la Comisaría lo vi al señor Levín, lo vi en dos oportunidades”, siempre después de las 21. Aunque desde su celda Romero no veía la puerta de acceso a la oficina del subcomisario Víctor Hugo Bocos, que también está siendo juzgado en este proceso, el testigo sostuvo que la dirección del empresario hacía pensar que iba a esta oficina.

A sus tareas de policía Bocos sumaba una ocupación incierta en La Veloz del Norte. Varios testigos han afirmado que lo veían siempre en la empresa, al punto que pensaban que era empleado. Romero afirmó que lo vio con el uniforme de La Veloz. Y Ciriaco Norberto Justiniano, otro ex empleado que declaró en la víspera, dijo que ni siquiera sabía que Bocos era policía, para él era un inspector de la compañía que solía andar en el automóvil Ford Falcon celeste de la firma.

Romero, Justiniano y otros trabajadores fueron detenidos en enero de 1977, a raíz de una denuncia de Levín, que aseguraba haber sido víctima de una estafa por parte de algunos empleados.

Justiniano contó que existía una lista, y que si bien eran muchos los empleados citados a la Comisaría, los que estaban señalados con una equis en la lista quedaban detenidos, y fueron torturados, hasta que firmaron declaraciones confeccionadas con anterioridad en las que aceptaban responsabilidad en la acusación. Justiniano afirmó que los que detenidos eran los que participaban de actividades gremiales, que acompañaban al delegado interno, Víctor Manuel Cobos, en las acciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Este juicio es precisamente para determinar la responsabilidad de Levín y de los policías retirados Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón en la detención irregular y las torturas a Cobos. Los hechos de los que fueron víctimas otros empleados de la firma están tramitándose en otra causa.

Romero fue detenido en la empresa, Cardozo y otro policía de apellido Figueroa lo llevaron a la 4°. Pasó la primera noche en una celda. Al otro día “temprano” lo llevaron a “una piecita, hicieron arrancar una moto, prendieron una radio”, le vendaron los ojos y comenzó el interrogatorio: querían que hablara del supuesto fraude, como lo negó, recibió los primeros golpes. Al otro día se repitió la escena, solo que esta vez le preguntaron también por las actividades gremiales, volvió a negarse y se repitieron los golpes. El tercer día fue interrogado, golpeado y sometido a una picana. Así siguieron “hasta que tuve que hacerme cargo para que dejaran de torturarme”. Entonces lo llevaron a la oficina de Bocos, donde firmó la primera “confesión”. Luego firmó otra en presencia del juez Trincavelli (fallecido).

Y luego fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde fue amenazado de muerte, con un arma en la cabeza, por negarse a continuar con una práctica de saltos de rana.

A Justiniano también lo torturaron desde el segundo día. Los verdugos eran Bocos, Cardozo, Figueroa y “Sapo” Toranzos: “Nos sacaban desnudos, nos mojaban, nos picaneaban por todo el cuerpo”. Y también firmó una declaración, en presencia del juez, de Bocos y Cardozo.

También el testigo Rubén Vrh contó que fue detenido y torturado en dependencias de la Comisaría 4°, y que fue obligado a firmar una declaración.

 

  

“Yo maté a San Martín”

 

Veinte o 30 días después Jorge Romero recuperó la libertad, y volvió a La Veloz del Norte para completar una paradoja: Marcos Levín le preguntó si era cierto que le había robado, Romero dijo que no, “¿Por qué te hiciste cargo entonces?”, quiso saber el empresario: “Por la tortura” fue la obvia respuesta; “si me hubiesen preguntado si yo maté a San Martín hubiera dicho que sí”, recordó Romero que le dijo.

Levín “esbozó una sonrisa, me dijo que le presentara la renuncia. Y me quedé sin trabajo”.

 

 

Inspección

 

El próximo lunes el Tribunal Oral de Salta inspeccionará el lugar donde funcionaba la Comisaría 4° de esta ciudad, en Lerma 656. Ese lugar figura en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) como un centro clandestino de detención.

Ahí fueron torturados los empleados de La Veloz del Norte denunciados por el empresario Marcos Levín.

La inspección se hará con el aporte de testigos que serán propuestos por los fiscales y las querellas.

Necedad y Estupidez

Elena Corvalán

La estupidez insiste siempre, advierte Albert Camus en La Peste. Lo comprobamos una y otra vez. La semana pasada tuvimos en Salta la visita de Alfredo D’Angelo, el escriba de gente tan insistente como Cecilia Pando, la misma que considera “presos políticos” a los criminales que asolaron al país en la década del 70, en lo que ellos llamaron Proceso de Reorganización Nacional.

Es un golpe a la razón escuchar o leer a Pando, D’Angelo y compañía, incluidos tantos que aprovechan el anonimato de Internet para expectorar su odio. Dos palabras bastan para describirlos: necedad y estupidez.

Necio es aquel, o aquella, que no sabe lo que pudo o debió saber; es también el que es imprudente o falto (o falta) de razón y es terco (terca) y porfiado (porfiada), en lo que hace o dice. Es una descripción bastante certera de lo que hacen y dicen los que rodean a Pando, incluidos los que se tomaron el trabajo de presentar en Salta el libro de D’Angelo bajo el falso tamiz de un debate serio y respetuoso sobre los acontecimientos de la década del 70.

Nada más falso, porque desde el momento en que quienes detentaban la suma del poder público eligieron la ilegalidad, la mentira, el falseamiento, el robo consuetudinario, la tortura, los vejámenes, las muertes escondidas, anularon toda posibilidad de debate. Sobre el cuerpo destrozado no se puede debatir sobre si era bueno o malo, si era delincuente o buen vecino. Porque esos actos perpetrados por los criminales de la dictadura fueron, son, definitivos. Pero estas verdades no entran en ciertas cabezas, ni hablar de los corazones.

Ya lo dice el diccionario: estupidez es “torpeza notable en comprender las cosas”.

Pero también, y eso es lo más doloroso, tanto la necedad como la estupidez son expresiones de la maldad, en cuanto lo malo es lo dañoso o nocivo para la salud, o lo opuesto a la razón o la ley. Ya lo decía Cicerón: “La necedad es la madre de todos los males”. De la estupidez se puede decir otro tanto.

Como, muy a pesar de los deseos de los necios y estúpidos, se sabe lo que pasó, es bueno que la historia los refute. Lo que sigue son expresiones de los resultados de la necedad y la estupidez, de la maldad. Expresiones que deberían ser incontrastables pero que, sin embargo, los necios (las necias) y estúpidos (estúpidas) insisten en contrastar con cuestiones tan tontas como preguntar cuántas fueron las víctimas del terrorismo estatal, como si no bastara un muerto para convertir a alguien en asesino, como si no bastara un torturado para convertir a su torturador en un verdugo, como si no bastara una persona violada para convertir al autor en violador.

“Parece ser que él (Luciano Jaime) quiso escapar y lo mataron. Le pusieron una bomba en el pecho”. Estaba tan destrozado que un conocido de la familia, Juan Carlos Ríos, que era bombero y fue con la patrulla que iba a levantarlo, se descompuso y tuvo que ser traído a la ciudad en una ambulancia. Le llevó una semana reponerse de la impresión. “Yo sé que la Policía lo mató”. Del relato de Irma Rosa Chica, viuda de Luciano Jaime, secuestrado el 12 de febrero de 1975.

“Él (Eduardo Del Valle) cobraba dos sueldos en la época del Proceso: de la Dirección de Tránsito (de Metán) y de la Policía”. Del testimonio de Miguel Adolfo Morales, quien en 1984, como secretario de Gobierno de Metán, instruyó un sumario contra Del Valle, al que se lo investigó “por todas las irregularidades que él hizo en el Proceso”. Expte. N° 788/07.

La casa de la familia Bustos, en Metán, fue allanada dos días después de la desaparición de Mario Monasterio. El policía Mario Coronel encabezaba la patota: “Gritaba ‘dónde está Mario, dónde están las armas’”, patearon todo, “dieron vuelta todo, destrozaron todo en mi casa” y hasta levantaron el colchón de la abuela paterna, que estaba enferma. Del relato de Teresa Bustos. Causa Metán.

En abril de 1981 Eduardo Del Valle la hizo llevar a su oficina: le ofreció llevarla a una “fiesta de militares” en Salta Capital, le propuso que hiciera “favores sexuales, total vos, agua y jabón y listo”. Teresa se negó y él le dijo que su hermano, José Bustos, “lo iba a pagar”. En mayo su hermano fue detenido, su negocio fue allanado (“dieron vuelta todo, se llevaron plata, pagarés, cheques”) y también fue allanada la casa familiar. Del testimonio de Teresa Bustos, juicio Causa Metán.

“Así fue la vida de mi familia, de puro terror. Mi mamá se arrodillaba, ella tenía unos santitos, siempre fue muy religiosa, prendía unas velas y rezaba para que a nosotros no nos pasara nada, que no desapareciéramos como los chicos”. En su casa, que quedaba retirada, se paralizaban los corazones cuando pasaba un vehículo “porque sabíamos que en cualquier momento iban a patear la puerta”. Del testimonio de Teresa Bustos, juicio Causa Metán.

En Metán vivieron una etapa de terror “por todos los abusos que hacía esta gente de noche, los allanamientos, las golpeadas, todo”. Poco antes de su secuestro definitivo, Tuqui Velázquez fue detenido por Del Valle, Perelló, Soraire y otro policía, posiblemente Máximo García, lo llevaron al costado de un río y lo golpearon exigiéndole que contara “quiénes eran los zurdos” del pueblo. Del testimonio de Luis Paz, juicio Causa Metán.

El día del secuestro de Tuqui Velázquez la casa de Paz fue allanada por un grupo armado que integraban también Del Valle, Soraire, Perelló  y un tal Millán, revolvieron todas sus cosas, los golpearon e insultaron y se llevaron “del cabello” a su madre, Severina Pérez. “Del Valle me la llevó, la llevaron presa. La han maltratado verbalmente, la han golpeado” de tal manera que aún hoy, a sus 84 años, le teme a los policías. Del testimonio de Luis Paz, juicio Causa Metán.

“Me empezaron a pegar, vi mis valijas (…) tiradas ahí con todas las cosas rotas, fotos, todo lo que traía para mostrar a mi familia de mi cumpleaños, estaba todo tirado, y me golpeaban, y me decían que con quien venía. Y este señor me agarró de los pelos y me metieron en una oficina, ahí me pegaban, y me decían que diga quien más venía conmigo, quién me estaba esperando, no… no conocía a nadie, no conocía a nadie, le decía”. Del testimonio de ERG, ex detenida de identidad protegida que fue secuestrada en diciembre de 1976, a la edad de 15 años y fue reiteradamente violada y esclavizada hasta que fue vendida a un finquero. Causa Metán.

“Llegó un grupo de personas. Yo los vi cuando entraban por la fuerza a la casa, rompieron la puerta. Estaban encapuchados. Nos levantamos y nos llevaron a la galería, a cada uno nos apuntaban con armas. Después nos separaron. Me preguntaban el nombre a cada rato”. Del relato de Nimia Colqui. Juicio Expediente 3764/12.

“Yo vi que sacaron gente de la caballeriza y se la llevaron y nunca más supimos” qué pasó con ellos. “Fue familiares a preguntar, pero la guardia tenía la orden de no contestar. Teníamos que permanecer ciegos, sordos y mudos”. Del testimonio del ex conscripto Juan Carlos Herrero. Juicio Expediente 3764/12.

Fernández Nouel solo tiene retazos de recuerdos: los restos de la celebración de los asesinos, la cara de un muerto puesta frente a su rostro, ella misma contra una pared y sus captores disparando a su alrededor exigiéndole que identificara a los muertos. Del testimonio de Alicia Fernández Nouel, juicio Expediente 3764/12.

“Luego del golpe de estado (1976) se le prohibieron todas las visitas, salidas a recreos, lectura de diarios, libros o revistas y progresivamente se los aisló de a uno por celda, llegando al extremo que se les impedía hablar a viva voz, razón por la cual utilizaban el sistema de los sordomudos, o sea hablaban con la manos. Que al darse cuente de este hecho, (los carceleros) decidieron tapar con madera terciada, los ventanucos rectangulares con barrotes, por donde se venía entre los internos.” Del testimonio del ex detenido Vicente Enrique Spuches, Juicio de la Verdad, mayo de 2001.

“En la dependencia de la Policía federal, (…) el oficial (Juan Carlos) Alzugaray participaba de las sesiones de torturas a la que fue sometido y solía acompañar al jefe de la repartición el entonces comisario (Federico) Livy, quien también participaba de las sesiones de ‘picanas’”. Del testimonio del ex detenido Eduardo Tagliaferro. Juicio de la Verdad, diciembre de 2000.

La impresionó Livy “por lo bruto que parecía, y violento”. En cambio, Alzugaray “en mi caso se hacía el seductor, me sentaba en una mesa y me hablaba al oído, me susurraba: que era linda, que no permitiera que me estropearan”. Ese grotesco de seducción no impidió a Alzugaray abusar sexualmente de Julia cuando era sometida a la picana eléctrica, en una cama de hierro, desnuda, con los brazos y piernas atados. Del testimonio de Julia García, Megajuicio Salta, 2012.

Estas son apenas muestras del horror de los hechos perpetrados por los criminales que dominaron nuestro país en la década del 70. Si lo que se lee resulta duro, es todavía más horroroso pensar que quienes acometieron estas acciones, y los que los respaldaron, y respaldan, son capaces de pensar, y expresar, sin rubores, que lo suyo es justificable y, aún más, tiene una aureola de heroicidad. Solo una gran dosis de necedad y estupidez (es decir, maldad) puede llevar a realizar tal interpretación.

Fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz

 Elena Corvalán

“Nos queda la esperanza 

de encontrar sus restos”

“Han pasado más de 30 años (…) Evidentemente ya sabemos que él no está pero sí nos queda la esperanza de encontrar sus restos de que en algún momento se haga justicia”. La frase es de Gloria Copa, hermana de Sergio Wenceslao Copa, militante peronista desaparecido desde septiembre de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas que se identificó como perteneciente a la Policía.

Gloria, su hermana Teresa y otros familiares de personas que han sido víctimas del terrorismo estatal y continúan desaparecidas estuvieron ayer en el Cementerio de la Santa Cruz, esperando que comenzaran las tareas de peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que tratarán de identificar restos óseos encontrados en una fosa común ubicada en la parte de atrás del cementerio.

Todos hablaron de la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos. Y reclamaron mayor agilidad a la Justicia, que aún tiene por delante la realización de juicios sobre la mayor parte de las víctimas del terrorismo en la provincia. “Nos queda acompañar y estar en la lucha, siempre esperanzados en poder encontrar sus restos y que la justicia sea mucho más ágil, porque sabemos que existen dificultades, trabas”, sostuvo Gloria.

Sergio Copa tenía 20 o 22 años cuando fue secuestrado, en un cruento operativo que incluyó golpes al detenido y al compañero de su madre, el 2 de septiembre de 1976, cuando estaba junto a su madre Filomena León en el paraje El Ocultar, en jurisdicción de Rivadavia Banda Sur.

Días antes, en el barrio El Portezuelo de la ciudad de Salta, un grupo de hombres con uniformes verde oliva, “tremendas armas” y linternas potentes ingresó al domicilio de su padre, Justo Copa, y lo golpeó y amenazó con matarlo.

Ese procedimiento fue recordado ayer por Gloria y Teresa. “Hasta el día de hoy puedo recordar el momento en que llegaron estas personas, militares, a mi casa (y) lo que hicieron. Eso es algo que nos quedó a todos los hermanos en nuestra familia muy presente”, memoró Teresa. Precisamente porque estos hechos son imposibles de olvidar y “siempre está latente el dolor, el sufrimiento, el pensamiento por ellos, (…) encontrar los restos de mi hermano sería para nosotros también como recuperar algo de vida de mi hermano para nosotros la familia, y que se llegue a un juicio también, y llegar a conocer parte de lo que él vivió”, sostuvo Gloria.  Agradeció a los militantes de derechos humanos que están “permanentemente en la lucha” y pidió a “aquellas personas que tienen conocimiento de que han ocurrido hechos, que podrían ser testigos” que “se acerquen y brinden su testimonio porque estoy segura de que hay gente que sabe y que no quiere hablar, pero para nosotros sería una gran ayuda”.

Los peritos del EAAF comenzarán hoy sus tareas en el Cementerio de la Santa Cruz. 

Snopek se apartó del juicio a Levín por violencia moral

Elena Corvalán 

La jueza Marta Liliana Snopek se excusó ayer de continuar al frente del Tribunal que desde hace tres semanas juzga al empresario Marcos Levín y a tres policías retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Aunque la magistrada alegó razones de violencia moral con el querellante David Leiva, su apartamiento se produjo luego de que se difundieran denuncias de la abogada Rosana Rivas Vázquez que la vinculan con el letrado René Gómez, defensor del empresario.

En una jornada caliente, en la que se anticipaba que los querellantes y los fiscales iban a recusarla, la jueza se adelantó con un escrito ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta excusándose por “causal sobreviniente” y en el que acusó a Leiva de “hacerse eco” de “falacias carentes de todo asidero” y de hacer afirmaciones “injuriosas” hacia su persona, que la colocan “en una situación de imposibilidad de seguir actuando” en este proceso.

Refiriéndose siempre a Leiva y no a la abogada denunciante, ex esposa de Gómez, la magistrada negó las acusaciones y sostuvo que su relación con el defensor de Levín no le impide desempeñarse con imparcialidad. El Tribunal aceptó la excusación, dejando asentado su respeto por la “idoneidad profesional y cualidades personales que tiene la doctora Snopek para el ejercicio de la magistratura”.

Snopek no había abandonado la sala cuando ya Leiva objetaba la decisión afirmando que la excusación se hizo para evitar que se ventilaran las acusaciones en un incidente de recusación. Contó que los querellantes se reunieron con Rivas Vázquez, y comenzó a reseñar las afirmaciones de la denunciante: que el defensor y la jueza tenían una frecuencia de trato tal que aquél concurrió al casamiento de ésta, que se intercambiaban regalos, que el defensor le prestó o regaló a la jueza 2.000 dólares. 

Gómez lo interrumpió en ese punto, pero el presidente del Tribunal, Federico Díaz, le indicó que debía permitir que Leiva hablase. Sin embargo, enseguida, luego de consultas con el juez Gabriel Casas, anunció un cuarto intermedio. La corta espera estuvo animada por una discusión entre Gómez y Leiva; el defensor llegó a las malas palabras y tuvo expresiones que terminaron por provocar que familiares de víctimas del terrorismo le exigieran “respecto por las víctimas”.

A su regreso el Tribunal anunció que no permitiría que Leiva siguiera hablando porque el Código Procesal no prevé que se recurra la decisión del Tribunal en cuanto a la excusación de uno de sus miembros. Y ahí nomás anunció que comenzaría a escuchar a los dos testigos convocados para la víspera que, para completar el cuadro, eran dos ex empleados de La Veloz del Norte propuestos por la defensa de Levín.

Junto a tres policías retirados el empresario está acusado de haber instigado la detención ilegal y torturas que en 1977 sufrió Víctor Manuel Cobos, por aquel tiempo también empleado de La Veloz y que fue detenido, junto a otros 21 trabajadores, tras una denuncia de Levín por una supuesta estafa en su empresa.

 

 

 

 

Contradicciones y desmemoria

 

Seis afirmaciones de Antonio Solivellas Servole explicaron que fuera convocado por la defensa de Marcos Levín: dijo que en la década del 70 hubo “un robo, un desfalco” en la empresa; que en La Veloz “no existía el delegado sindical” y que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) recién se formó después del golpe, en 1984; que los empleados “no tenían problemas de pagos”; que la empresa no tenía un automóvil Ford Falcon y que nunca vio al subcomisario Víctor Hugo Bocos.

Estas expresiones contradicen la acusación, dado que Víctor Cobos asegura que en 1977 era delegado gremial en La Veloz del Norte (que entonces pertenecía a Marcos Levín) e integraba la comisión directiva de la UTA (que comenzó a constituirse en 1972), que había medidas de fuerza por reivindicaciones laborales, que fue detenido acusado por una inexistente estafa, que Bocos estaba siempre en la empresa al punto de que varios testigos han dicho que creían que era empleado de Levín, y que andaba siempre en Ford Falcon celeste que era de la empresa.

Sin embargo, Solivellas Servole dijo que por comentarios supo que a los detenidos los llevaban a la Comisaría Cuarta y no pudo explicar cómo, si no lo conocía, solo recordaba el nombre de Bocos en ese contexto.

“No me pregunte por fechas”, es la frase que puede sintetizar el testimonio de Néstor Arturo Marrupe, quien de entrada aseguró que no tenían buen concepto de Cobos. Crítico con la UTA, contó que con otros compañeros organizaron una comisión gremial interna, que negociaba los salarios con la patronal, que la UTA aceptaba porque no había podido nombrar delegados propios. Sin embargo, la falta de memoria con las fechas provocó que no quedara claro a qué época se refería, al parecer esta parte de su relato era sobre la década del 80. También sostuvo que la UTA nunca fue intervenida por la dictadura, cuando es sabido que toda la comisión directiva fue detenida el día del golpe.

Y dijo que tiene un “muy buen concepto” de Levín, porque “siempre ayudaba” a los trabajadores, que se rifaban casas y automóviles entre los empleados, aunque no pudo recordar el nombre de ningún ganador de un inmueble.

Igual que Solivellas Servole, recordó la existencia de la Federación Salteña de Empresarios del Transporte (FESTAP) y dijo que Levín la presidió por un tiempo. En 1975 esta Federación pidió a los militares que reprimieran a los miembros de la UTA.  

“Creo que tenían una lista de los que iban al Sindicato”

Elena Corvalán 

Un testigo ratificó ayer que en 1977 fue torturado en la Comisaría 4° y obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía, bajo amenaza de hacerlo desaparecer. Acusó a los policías Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo, Flores y Figueroa. Y dijo que vio en la Comisaría al empresario Marcos Jacobo Levín, de quien dijo que tenía un gran poder e “impunidad”. Dijo que lo interrogaron por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que cree que “tenían una lista de todos los que concurrían al Sindicato” y los detuvieron.

“Yo no sé si él (por Levín) nos habrá hecho pegar, pero de que estábamos ahí por la denuncia que él hizo, estoy seguro”, afirmó Carlos Lídoro Aponte. En 1977 tenía 22 o 23 años y trabajaba en la transportista La Veloz del Norte. Una denuncia de Levín lo involucró en una presunta estafa a la empresa.

Aponte abrió la lista de solo tres testimonios que se escucharon ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad a Levín y los policías retirados Bocos, Cardozo y Víctor Hugo Almirón, por la detención ilegal y los tormentos a Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz y era delegado gremial. En 1977, luego de una medida de fuerza, una veintena de trabajadores de la transportista fueron detenidos, acusados por Levín. Tras la intervención policial, la lucha obrera se desarticuló.

Aponte fue uno de los acusados. Espontáneamente se presentó en la Comisaría 4°. Ni bien entró encontró a un compañero, Báez, esposado, la cara contra la pared, llorando. Quiso saber qué le pasaba, pero Flores le dio una cachetada. Lo guió atrás, le puso una capucha y lo llevó a una pieza oscura donde fue recibido a golpes; enseguida alguien hizo arrancar una moto y se encendió una radio a todo volumen.

Mientras le pegaban escuchó a su compañero Alonso, tirado en el piso, lo reconoció “por la voz”: “Pedía por favor que no le peguen más”. “Veo una lucecita así y era la picana (a Alonso), entonces me aplican a mí aquí (señalándose el estómago). Me acuerdo clarito porque me oriné. Me preguntaban qué hacía en el Sindicato”.

Aponte contó que “una sola vez” le preguntaron por el supuesto robo a La Veloz y que luego, durante la hora y media de tortura, lo interrogaron siempre sobre el Sindicato (la Unión Tranviarios Automotor, UTA), que querían saber quiénes iban a sus reuniones, qué hacían. De esa tortura participaron “Bocos (que daba las indicaciones) Cardozo, Toranzos, Figueroa y un tal Flores”.

A los dos días fue conducido ante un juez y le ordenaron firmar una declaración. Cardozo y Bocos le advirtieron que si no firmaba lo llevarían “para el lado de San Cayetano, al mirador, y me iban a hacer desaparecer”.

Días después, junto a otros compañeros detenidos, fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde los sometieron durante una hora a la acción de una manguera de alta presión. “A los que se caían los golpeaban”, a tal punto que a Miguel Rodríguez “le han partido el paladar de una patada”.

Aponte dijo que mientras estuvo en la Comisaría vio dos veces a Levín, cerca de la medianoche, cuando entraba a la oficina de Bocos, y dijo que éste “andaba por lo general” en el Ford Falcon celeste de La Veloz del Norte, que solía ir a la empresa de civil, con “un sombrero grande tipo cow boy”.

 

 

 

Rechazan nuevos testigos y pedidos de informes

 

El Tribunal Oral, integrado por los jueces Marta Snopek, Federico Díaz y Gabriel Casas, rechazó ayer dos pedidos de prueba de la acusación y que tendían a comprender mejor el contexto en el que fueron detenidos y torturados una veintena de trabajadores de La Veloz del Norte, que junto con Atahualpa eran en la década del 70 las dos empresas de transporte de pasajeros de larga y media distancia más importantes de la provincia.  

Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila habían pedido que se permitiera declarar a cuatro personas que durante la última dictadura cívico-militar fueron detenidas y torturadas. Tres fueron sometidas a tormentos en la Comisaría 4°, y también refirieron el uso de una moto y de la radio para tapar los gritos de dolor. Un cuarto afirma haber sido torturado en dependencias de La Veloz del Norte. El Tribunal consideró que el pedido era “extemporáneo”, y lo rechazó.

En otro caso el Tribunal se negó a solicitar al Ministerio de Trabajo de la Nación que informara si Marcos Levín participó en 1976 de las negociaciones paritarias con la UTA. El pedido era del querellante David Leiva, en un intento por probar que Levín integraba la Federación de Empresarios del Transporte (FESTAP), y que esta entidad propiciaba la represión al gremio. Es que en su edición del 20 de marzo de 1976 el diario El Intransigente da cuenta de que la FESTAP envió una carta al jefe de Policía, el represor Miguel Raúl Gentil, “solicitando se aplique a la UTA la ley de seguridad del Estado”, cuando el gremio estaba inmerso en una medida de fuerza. Esta ley permitía la represión a las actividades comunistas. El Tribunal tampoco lo permitió, pero el testigo Carlos Aponte recordó que la FESTAP pidió “que se reprimiera a los choferes” y añadió que si no recuerda mal “Levín era el presidente de FESTAP”.

 

 

Una camilla para Bocos

 

El acusado Víctor Hugo Bocos tuvo que abandonar su casa ayer y asistir a Tribunales, para permitir que se escuchara a 3 de los 5 testigos que se presentaron a declarar.

Es que, luego de los planteos y respuestas del Tribunal, la audiencia estuvo a punto de naufragar porque no se establecía la conexión de la videoconferencia. El abogado querellante David Leiva pidió que se trajera a Bocos a la sede del Tribunal, con atención médica. El defensor oficial Federico Petrina se opuso, recordó que el médico forense Raúl Zóccoli no lo aconsejaba y que ayer mismo su médico particular le había dado 15 días más de reposo, dado que fue intervenido quirúrgicamente el 10 de julio último.

La Fiscalía adhirió al planteo de las querellas y añadió que Gendarmería Nacional estaba lista para ir a buscar al imputado. El Tribunal accedió. Hubo que esperar hasta las 18 pero al final Bocos llegó. Sin embargo, cuando el testigo Carlos Aponte estaba a punto de comenzar a declarar, el defensor oficial Juan Pablo Lauthier, interrumpió para recordar que su defendido “tiene que estar en reposo” y por lo tanto correspondía que se le diera una camilla para que estuviera en la sala contigua, escuchando las alternativas del debate. La presidenta del Tribunal, Marta Snopek, le hizo notar que desde su casa Bocos seguía el juicio sentado, pero los defensores insistieron, Lauthier llegó a inferir que “al Tribunal no le importa” el estado de salud del acusado; la secretaria Denise Blajent Bent recordó que un médico había dicho que Bocos estaba en condiciones de permanecer en el Tribunal, y Snopek le recordó que estaba acompañado permanentemente por un médico del SAMEC, le recomendó al defensor ir a hablar con él para interiorizarse de su estado de salud y cerró la discusión. 

Cobos responsabilizó a Levín por la detención y torturas

Elena Corvalán 

El ex detenido político Víctor Manuel Cobos responsabilizó al empresario Marcos Jacobo Levín por la persecución, la detención y los tormentos a los que fue sometido entre enero y abril de 1977 por parte de efectivos de la Comisaría Cuarta de esta ciudad, que en los años de la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención.

Víctor Cobos ex detenido político

Cobos declaró ayer mismo, tras el inicio formal del juicio oral y público, el octavo por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, al empresario del transporte y la rama hotelera.

“La persecución que sufrí fue por las luchas en contra de la explotación de los trabajadores de La Veloz”, afirmó. Para ejemplificar, enumeró cuatro hechos de persecución: en una ocasión que verificaba el acatamiento a una medida de fuerza fue seguido por ocupantes de un automóvil que “acribillaron a tiros” su auto. En otro paro, “el señor Levín ordenó a la Policía que nos llevaran detenidos” y llevó gente del Ejército para que condujeran los colectivos. Otra vez fue detenido por el policía Víctor Hugo Bocos, que es juzgado en este proceso, y lo llevaron al galpón de la transportista, donde lo golpearon en presencia del empresario; entonces Bocos lo amenazó: le dijo que la próxima “iba a ir más allá”.

Finalmente el 22 de enero de 1977 fue detenido por Bocos, otro policía de apellido Figueroa y Enrique Cardozo, otro juzgado en este juicio. En un automóvil Ford Falcon celeste, que pertenecía a la empresa, fue llevado a la Comisaría 4°, donde lo torturaron e durante 3 días para que firmara una declaración asumiendo responsabilidad en una supuesta estafa. Cobos, que durante todo su testimonio se mostró firme, se quebró en el momento de narrar la tortura: “no la puedo describir”, se excusó. “Lloraba de impotencia (…) En una de las sesiones (de tortura) yo les pedí que me mataran porque no aguantaba más”, contó.

Igual que su ex compañera de trabajo, Sonia Rey, que declaró a continuación, recordó como un elemento más de la tortura la radio encendida a todo volumen y una moto sin escape que también se encendía para tapar los gritos de los torturados. Cuando no estaba en la sala de tormentos, escuchar que se encendían la radio y la moto era el aviso de que iban a torturar a alguien, a alguno de los compañeros detenidos. “¿Qué sentía en esos momentos’”, quiso saber el abogado querellante Oscar Rodríguez: “Lástima por los compañeros torturados, bronca por los torturadores e impotencia por no poder hacer nada”, respondió. Entre lágrimas, Rey dijo que aquella música la persigue aún hoy.

Esos 3 días Cobos los pasó en una celda sucia, sin posibilidad de higienizarse, sin baño y sin comida. Al cabo, con una pistola en la espalda y en presencia del juez Jorge Trincavelli (fallecido) firmó la declaración y recomendó a sus compañeros hacer lo mismo, convencido de que de lo contrario los matarían. En esas circunstancias el traslado a la cárcel de Villa Las Rosas “fue como una liberación”, aunque ahí también recibió maltratos.  

En abril, tras ser liberado, Cobos fue exonerado de La Veloz y tuvo que exiliarse. Y aunque algunos de los otros detenidos mantuvieron su puesto de trabajo, los reclamos gremiales fueron desarticulados.

 

Trabajadores vs ortodoxia

Los hechos que se investigan en este proceso se cometieron en 1977. Veinticuatro trabajadores de la empresa La Veloz del Norte fueron acusados por Levín de una supuesta estafa, 21 fueron detenidos y al menos 15 fueron torturados y se los obligó a firmar “confesiones”; entre ellos estaba Cobos, que era delegado gremial e integraba la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un gremio que venía enfrentado con el peronismo ortodoxo y la burocracia sindical desde los tiempos del gobierno de Miguel Ragone, intervenido en noviembre de 1974.

En la UTA militaban miembros de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista). Cobos, proveniente de una familia peronista y que había ingresado a La Veloz por 1972, se integró a la UTA y en 1974 fue elegido delegado gremial. Ayer recordó que los conflictos más duros los tuvieron con La Veloz, porque con Levín “no se podía conversar, no se podía llegar a ningún acuerdo”.

La UTA representaba a trabajadores de las dos principales empresas transportistas de la provincia: La Veloz y Atahualpa. El interventor de la provincia Alejandro Mosquera, del peronismo de derecha cordobés, declaró ilegal las medidas de fuerza del gremio.

Ayer Cobos recordó que Levín integraba una Federación de Empresarios del Transporte (FESTAP) que el 20 de marzo de 1976 (seis días antes del golpe) pidió a las fuerzas de seguridad que tomaran “acciones directas” contra los miembros de la UTA.

En este proceso también se juzga al ex jefe de la Comisaría 4°, Víctor Hugo Almirón. Ayer, junto a Cardozo, fueron los primeros acusados en llegar. De Bocos ya se sabía que no iba a asistir, y Levín se hizo esperar un poco pero se quedó durante toda la audiencia, mirando con insistencia a Cobos.

El comienzo no estuvo exento de tropiezos: la audiencia empezó una hora después de la prevista por dificultades en la conexión por videoconferencia mediante la que Bocos siguió el debate. Una sala llena, en la que se destacó la presencia de una única funcionaria, la directora del Centro de Atención a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, Julieta Calmels, esperó con paciencia y expectativa.

 

 

 

Gómez, enojado

 

René Gómez, que asiste técnicamente a Marcos Levín, se molestó ayer cuando el testigoVíctor Cobos recordó que el abogado fue defensor de unos empleados tucumanos de La Veloz que también fueron detenidos en enero de 1977.

Como Cobos dijo que conocía este dato por la lectura del expediente (al que tuvo acceso porque es querellante) el abogado comenzó un interrogatorio puntilloso sobre el contenido de la causa, lo que motivó la oposición de las querellas y del fiscal Francisco Snopek. La presidenta del Tribunal, Marta Snopek, rechazó las objeciones y se trenzó en una discusión con el fiscal, quien exigió una decisión del pleno del Tribunal. Entonces se pasó a un cuarto intermedio que Gómez aprovechó para quejarse ante el fiscal: “Yo quisiera ver si a vos te acusan públicamente en un juicio”, dijo antes de afirmar que no permitirá algo así.

Tras el cuarto intermedio, el querellante David Leiva explicó que en 1977 Gómez no aceptó la defensa de los tucumanos.

El defensor había empezado la jornada fastidiado porque en el reparto de lugares (escasos para los 2 fiscales con sus ayudantes, 5 querellantes y 3 defensores), se había quedado sin escritorio: “Por un principio de igualdad de las partes necesito tener algo. No puedo tomar notas”, reclamó. Marta Snopek le prometió darle comodidad en próximas audiencias. 

Confirman que hoy se iniciará el juicio al empresario Levin en la Ciudad de Salta.

Elena Corvalán 

 

El Tribunal Oral Federal confirmó que hoy a las 14,30 comenzará el juicio oral y público al empresario Marcos Levín, quien está acusado de haber participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. También comenzarán a ser juzgados los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

Imputado Empresario Marcos Levin

Los cuatro están acusados por la detención ilegal y los tormentos sufrió Víctor Manuel Cobos, quien se desempeñaba como chofer en la empresa La Veloz del Norte, de propiedad por entonces de Levín, y era delegado gremial e integrante de la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor. Entre enero y abril de 1977 Cobos estuvo detenido en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Cuarta de esta ciudad, donde fue torturado y obligado a firmar una falsa confesión asumiendo haber estafado a la empresa donde trabajaba. Los policías están acusados de ser los autores materiales de estos hechos y a Levín, que tenía como empleado también al policía Bocos, se le atribuye la instigación para cometer estos delitos.

El debate iba a comenzar el lunes pasado pero un planteo de Bocos motivó que el inicio se aplazara para este lunes. Bocos presentó un certificado médico aduciendo que se encuentra en un posoperatorio y no puede asistir a la sala de audiencias. Tras hacerlo revisar por un médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Díaz y Gabriel Casas, decidió comenzarlo hoy, utilizando un sistema de videoconferencia para que Bocos siga la audiencia desde su casa, donde se encuentra dado que cuenta con el beneficio de la detención domiciliaria.

El aplazamiento de la audiencia despertó críticas en los querellantes, sobre todo porque el testigo principal ha recibido amenazas. El Tribunal respondió a estas críticas con un comunicado en el que explicó en detalle los motivos de la suspensión, y aseguró que el debate comenzará este lunes. Además, el secretario de derechos humanos del Tribunal Oral de Tucumán, Mariano García Zavalía (que colabora con el TOF Salta en el proceso a Levín), sostuvo que el Tribunal actuó con la mayor celeridad posible ante el planteo de Bocos, que recién presentó el certificado el penúltimo día hábil antes del comienzo del juicio, es decir, el jueves 20, a pesar de que fue operado el 10 de julio.