" Lo único que pido es justicia para mi hijo”
“Lo único que pido
es que se haga justicia”. “Pido justicia por mi hijo”. Así empezó y
terminó su testimonio Ruperta Rodríguez, madre del joven Santos Abraham
Garnica, secuestrado y desaparecido la madrugada del 3 de septiembre de
1976, a la edad de 20 años.
La anciana dio una
declaración breve, que le salió casi a borbotones, entre el llanto y
los nervios, después de esperar por tres horas hasta que pudo
constituirse el tribunal que juzga a seis hombres por delitos contra la
humanidad cometidos, la mayoría de ellos, en la jurisdicción de Orán.
Ahí vivía Santos,
en una piecita en el mismo terreno de la casa de su padre, Policarpo
Garnica, que había constituido una nueva familia después de separarse de
su madre.
Poco se sabe de
Santos: trabajaba en un aserradero junto a su padre, estudiaba en una
escuela técnica y “tenía una chica”, Amanda. Sus familiares casi no
tenían contacto con él y no sabían que tuviera militancia alguna que lo
prefigurara como un objetivo del terrorismo estatal. Sin embargo, el
hilo conductor parece estar en la escuela técnica, ahí había conocido a
Mario Bernardino Luna, un joven de 23 años que militaba en la Federación
Juvenil Comunista y que fue secuestrado la misma madrugada de
septiembre del 76, y por un grupo de tareas integrado por unos diez
hombres que tenía ropas militares, igual que el grupo que secuestró a
Santos. Los dos fueron intensamente buscados por sus familiares, los dos
están desaparecidos.
Ayer Rodríguez
aportó poco. Solo sabía del secuestro por el relato de su ex marido: “Lo
único que me contó fue que él estaba afuera mirando como lo sacaron de
los cabellos”. Una vecina, Blanca Lobos, le dijo que los secuestradores
“estaban vestidos con ropa de militar”.
De su vivencia
recordó que le había escrito a su hijo diciéndole que tenía trabajo en
Salta capital, pero él no le contestaba. Y que después del secuestro
supo que estaba amenazado, “por eso no me podía contestar a mí.
Pobrecito”. “No puedo soportar esto de mi hijo. Todas las noches lo
sueño. Es doloroso perder a un hijo. (…) Porque con 2, 3 pesos que me
van a dar no me van a devolver a mi hijo”, reiteró.
Su hija, Gladys
Ester Garnica, también fue conmovedora: recordó que su hermano fue
secuestrado el mismo día en que ella cumplía 15 años. “Mi papá me dijo
que vinieron en una camioneta muchos hombres, que lo sacaron
encapuchado. Y le pregunté por qué él no salió a ayudarlo. Me dijo que
tenía miedo porque eran muchos. Que vio cómo lo sacaron…”, intentó
seguir contando pero se quebró al memorar el dolor por el secuestro y la
falta de reacción de su padre.
Cuando pudo
recomponerse recordó que este año Santos cumpliría 60 años y sintetizó
el drama de las desapariciones: “Es el dolor que llevamos nosotros, sin
saber dónde está, sin tener dónde prenderle una vela”. “Lo único que
pido es justicia por mi hermano. Lo único que nos queda es pedir
justicia. Pasaron ya 40 años de todo esto”. Por este hecho está acusado
Héctor Ríos Ereñú.
Gladys contó que
por su madrastra, Elena Guzmán, supo que uno de los vehículos que
participó del secuestro fue visto desde temprano rondando. Y recordó que
la Policía le informó a su madre del secuestro y le dijo que debía
viajar urgente a Orán.
“No recuerdo”
¿Adivinaron? El
testigo al que hace referencia el título era un policía, el comisario
principal retirado Abel López, que en 1976 cumplía funciones en la
Comisaría de Embarcación, donde en septiembre de 1976 se realizaron
actuaciones por la desaparición de Ruth Sáez de Vuistaz.
López entonces era
un oficial y estaba bajo las órdenes del inspector mayor retirado
Arturo Madrigal, quien está siendo juzgado por este hecho. Por eso fue
convocado como testigo, y se lució repitiendo la consabida frase de los
policías en estos procesos: “No recuerdo”. Ni siquiera pudo recordar
cuándo fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Mucho menos pudo
recordar nada en relación al secuestro de Sáez de Vuistaz, solo que se
había producido este hecho, el único de esta envergadura (eso sí
recordó) que le tocó en toda su actuación en la fuerza.
La Veloz, clara responsabilidad empresarial en delitos de lesa
Horacio Verbisky
El periodista
Horacio Verbistky sostuvo ayer que de los 20 patrones comunes
encontrados en las prácticas represivas de la década del 70, en relación
a la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, en el
caso de La Veloz del Norte hay por lo menos 14, por lo que consideró a
este uno de los casos más claros.
El presidente del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declaró por
videoconferencia desde Buenos Aires en el juicio que se sigue al
empresario Marcos Jacobo Levín y se refirió al informe “Responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a los trabajadores
durante el terrorismo de Estado”, publicado el año pasado.
 |
| Marcos Levin -Imputado |
Levín, y tres
policías retirados que en los 70 prestaban servicios en la Seccional 4°
de esta ciudad, están acusados por la detención ilegal y las torturas a
Víctor Manuel Cobos, en enero de 1977. Esa misma suerte corrieron al
menos otros 15 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, que por
entonces le pertenecía a Levín, pero esos casos no llegaron a juicio
todavía. Se estima que 22 trabajadores fueron denunciados por Levín.
Verbistky sostuvo
que este hecho es parte del plan represivo ideado con el objetivo de
disciplinar a los trabajadores para aplicar un plan que beneficiara a
los grandes grupos empresariales. Interrogado por una hora, el
periodista repasó conceptos del informe y propios (dado que ha sido un
militante del campo de organizaciones de izquierda y ha publicado
investigaciones sobre esa época).
En el informe, en
cuyo Tomo se toman 22 empresas que participaron en la represión, se
detallan algunos patrones que se cumplen en el caso de La Veloz: la
entrega de listas de empleados acusados de subversivos, el señalamiento
de blancos o delegados, el facilitamiento de direcciones, fotos, legajos
personales, el apoyo de logísticas.
En La Veloz la
denuncia por defraudaciones que realizó Levín el 21 de enero de 1977
“brindó las herramientas formales necesarias para efectuar las
detenciones a los trabajadores supuestamente involucrados en la estafa”.
El primer detenido fue el guarda Ciriaco Nolberto Justiniano, quien
habría señalado al resto de los acusados.
Para llevar a cabo
estas acciones la empresa proveyó la logística: vehículos personales y
micros de media y larga distancia y galpones para la ejecución de los
secuestros; organizó los turnos para facilitar las detenciones y entregó
listados. Además, abonaba un salario al subcomisario Víctor Hugo Bocos
(que ahora está siendo juzgado) y los mismos ejecutivos de la empresa
(Levín y su jefe de Personal, Grueso, concurrieron al lugar de detención
y torturas).
Como
contrapartida, Levín exigía a las fuerzas de seguridad que “actuaran
protegiendo sus intereses”. El informe reseña en apoyo a esta afirmación
la nota publicada en el diario El Intransigente el 20 de marzo de 1976,
que da cuenta de que los empresarios del transporte enviaron una carta
al Jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, solicitando que se aplicara la
Ley de Seguridad del Estado a los miembros de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA), cuya directiva integraba Cobos. Los empresarios también
mandaron notas a la Guarnición Militar de Salta y al delegado de la
Policía Federal.
Asímismo,
Verbistky recordó además que durante la dictadura la empresa de Levín
empresa habría sacado provecho de este vínculo con las fuerzas
represivas ganando nuevas rutas de circulación. Y el terror le permitió
reorganizar el trabajo y limitar la participación gremial.
Sentencia el 14 de marzo
Este fue
el último testimonio en este proceso. El debate se retomará el próximo
16 de este mes, a partir de las 16, con la lectura de prueba documental.
Los alegatos comenzarán el 22, por las querellas, y concluirán el 7 de
marzo. Si los plazos previstos se mantienen, la sentencia se conocerá
el 14 de marzo.
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