Por Elena Corvalan
El Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Salta condenó ayer a 12 años de prisión al
empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo
Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía retirado Enrique
Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los cuatro fueron
declarados responsables de los delitos de privación ilegítima de la
libertad agravada e imposición de tormentos agravada, por la detención y
las torturas de las que fue víctima Víctor Manuel Cobos en enero de
1977.
En una decisión por
mayoría, con los votos de los jueces Federico Díaz y Carlos Jiménez
Montilla, el Tribunal declaró al empresario partícipe necesario de
estos hechos. Almirón fue declarado coautor mediato y Bocos y Cardozo,
coautores materiales, es decir que fueron los ejecutores de la detención
y torturas. El juez Gabriel Casas no estuvo de acuerdo en la
calificación de privación ilegítima de la libertad y votó por penas
sensiblemente menores.
En enero de 1977 una
quincena de empleados de La Veloz del Norte fueron acusados por una
presunta estafa a la patronal y fueron detenidos, torturados y obligados
a firmar confesiones falsas. El juicio se hizo solo por la detención de
Cobos, los hechos sobre los otros empleados esperan una decisión de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el proceso.
La sentencia fue leída
por la secretaria de Derechos Humanos del TOF, Denise Blajent Bent,
pasadas las 16:30, la hora que había fijado el presidente del Tribunal,
Díaz, para dar a conocer el veredicto. Una sala colmada escuchó la
lectura en un silencio que permitió escuchar la ovación de los
militantes políticos y de derechos humanos que escuchaban desde la calle
cuando se leyó el punto que daba cuenta de la condena a Levín.
Por mayoría los jueces
rechazaron primero las peticiones de las defensas: “no hacer lugar a la
prescripción de la acción penal y en consecuencia declarar a los hechos
juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa
humanidad”, “no hacer lugar al planteo de nulidad en relación del
requerimiento de elevación de la causa a juicio” y en cuanto a las
acusaciones por indeterminación de la acusación.
Enseguida se
enumeraron las penas: condena de 12 años de prisión para Almirón en
calidad de “coautor mediato”; de 12 años para Bocos, como “coautor
material”; 12 años para Levín, en calidad de “partícipe necesario”, y de
8 años para Cardozo, como “coautor material”. Los fundamentos de la
decisión se conocerán el 25 de mayo, a las 12, informó la secretaria y
concluyó la sesión. Entonces en la sala prorrumpió el grito: “¡30 mil
compañeros desaparecidos! ¡Presentes!”.
Levín se convirtió así
en el primer empresario condenado en el país por su participación en
actos de terrorismo de Estado. Se lo acusó de haberse valido del aparato
represivo estatal para disciplinar a los trabajadores de La Veloz del
Norte, que por entonces le pertenecía, y obtener también beneficios
económicos, como la explotación de más rutas comerciales.
Una puerta a nuevos procesos
La sentencia fue bien
recibida por Víctor Cobos, quien participó de este proceso como
querellante, junto a la organización Encuentro Memoria Verdad y
Justicia. También los abogados David Leiva, Susana Aramayo y Oscar
Rodríguez, de las querellas, consideraron positivo el fallo. En términos
parecidos se expresaron los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel
Sivila, si bien aclararon que esperarán a conocer los fundamentos para
decidir si apelan. Las defensas ya habían adelantado que apelarían un
posible fallo de condena.
Cobos consideró que el
fallo “abre las puertas a mucha gente que ha sufrido en manos del
terrorismo de Estado” y cuyos ejecutores “estaban amparados por
empresarios”. “Espero que esto sirva para que muchos empresarios (sean
juzgados), y muchos que fueron afectados en aquella época salgan a
denunciar y no tengan miedo, porque van a tener el apoyo de los derechos
humanos”, se esperanzó.
Ni bien se levantó la
audiencia Cobos se abrazó con abogados y los militantes cercanos.
Enseguida alabó a los dos jueces que fallaron a favor de la condena por
ambos delitos: “No tuvieron miedo de dictar una sentencia como la que
realmente esperábamos”, festejó. “Agradezco
a dios y a toda la justicia. No hay que bajar los brazos para que se
haga justicia por todos los desaparecidos”, convocó.
Similares expresiones
tuvo minutos después al hablar en el acto que se improvisó en la calle
Deán Funes, donde bandas locales amenizaron la espera, y donde también
hablaron, y festejaron los abogados querellantes. “Hoy este sentencia
vino a traer una verdad escrita y formal”, afirmó David Leiva, quien
explicó que los empresarios que formaron parte de la dictadura se
beneficiaron quedándose con la mayor parte de la renta, con la
derogación de gran parte de la ley de contrato de trabajo y con la
cesación de los reclamos laborales.
“Totalmente inocentes”
Los cuatro acusados
coincidieron ayer en declamar su inocencia ante el Tribunal Oral Federal
de Salta. Fue al comienzo de la audiencia, que comenzó puntualmente a
las 15, cuando el presidente, Federico Díaz, cumplió con el rito de
preguntarles si querían decir algo antes de que el Tribunal pasara a
deliberar. Los cuatro dijeron que sí.
Víctor Hugo Almirón
fue el primero: Pidió disculpas “por las molestias que he podido
ocasionar” y enseguida se declaró inocente: “En toda esta causa no tengo
nada que ver”, aseguró antes de afirmar que confía “en la Justicia” y
“sobre todo, confío en Dios”.
“Me siento totalmente inocente”, aseguró a continuación Víctor Bocos, y pidió que “realmente se haga justicia”.
Enrique Cardozo
también aseguró que no tiene “nada que ver” con la acusación. Levín
cerró las intervenciones: “Soy totalmente inocente”, sostuvo.
Público
El coordinador del
Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler, se contó entre los
funcionarios nacionales que escucharon la lectura de la sentencia.
Entre el público se
destacó la presencia de Sonia Rey, ex empleada de La Veloz del Norte que
se contó entre los detenidos de enero de 1977 y ha sido una de las
testigos que sustentó la acusación. También participaron militantes de
organismos de derechos humanos de Metán, Jujuy, Tucumán y La Plata.
No hubo detención irregular
El juez tucumano
Gabriel Casas votó en disidencia, considerando que no hubo privación
ilegal de la libertad. Aunque no se conocieron las razones para esta
decisión, se supone que interpretó que la actuación de los policías de
la Comisaría 4° estuvo enmarcada en las normas legales de la época, que
permitían a la Policía realizar allanamientos y detenciones sin
participación de un juez.
Casas sí estuvo de
acuerdo en que los cuatro acusados son responsables de la aplicación de
tormentos, pero votó por penas sensiblemente menores, sobre todo para
Levín, para quien votó por una pena de 3 años de prisión en suspenso, en
calidad de “cómplice secundario”.
Para los policías votó por penas más duras: 8 años de prisión para Almirón y Bocos, y 6 años para Cardozo.
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