Por Elena Corvalán
“El 28 de marzo Salta no duerme la siesta. Todos al Juzgado Federal a escuchar la sentencia en el primer juicio a un cómplice civil de la dictadura”.La invitación es de los organismos de derechos humanos de Salta, que están realizando una campaña de difusión de la finalización del juicio oral y público que desde agosto del año pasado se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levín y tres policías retirados, acusados por el secuestro y los tormentos a Víctor Manuel Cobos, en enero de 1977.
La frase es parte de un afiche, en el que Levín aparece con ropa de presidiario, que se promociona en las redes sociales, una acción que se complementa con spots y comunicados de difusión de la lectura del fallo que daráel Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el lunes 28, a partir de las 15.
La campaña, llevada adelante por la agrupación HIJOS Salta, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet y la Agrupación Oscar Smith, ha recibido la adhesión de Cobos, quien usó la red social Facebook para afirmar que en este juicio se ha aportado una “inmensa cantidad de pruebas” de la responsabilidad de Levín y de los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo en su detención y torturas. El querellante sostuvo que los jueces solo “tienen que actuar con total justicia y acabar con la impunidad de los poderosos”.
Los querellantes, Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia, han solicitado penas de 20 años de prisión para Levín, Almirón y Bocos, y de 18 años para Cardozo, por su condición de subalterno en el momento en el que se cometió el hecho objeto de este proceso.
Para las querellas, el rol de Levín, al que se juzgó por instigar estos hechos, fue más grave aún que los ejecutores materiales, porque en su posición de presidente de la Federación de Empresarios de Transporte (FESTAP) y propietario de la empresa de transporte más importante de la región y que realizaba aportes a las fuerzas de seguridad, se valió de la estructura represiva estatal para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar las rutas comerciales de su firma.
La Fiscalía coincidió en la gravedad de los hechos pero pidió penas de 18 años de prisión para Levín, 17 años para Almirón y Bocos, y 16 años para Cardozo.
En cambio, las defensas insistieron en que estos hechos pueden considerarse delitos contra la humanidad y pidieron la absolución de sus defendidos. Hubo matices: el abogado Marcelo Arancibia, que asiste a Levín y Cardozo, solicitó que se declare la incompetencia del tribunal federal para entender en este proceso y se remita la causa a la justicia federal (donde debería ser cerrada sin más, por haber prescripto el plazo que prevé la ley para perseguir el delito que se investiga). El defensor oficial Federico Petrina pidió que, de rechazarse el planteo de prescripción de la causa, Almirón y Bocos sean condenados al mínimo de la pena prevista para la tortura, y si el Tribunal considera que debe aplicarles una pena mayor, que sea en prisión domiciliaria.
Para la acusación, los hechos que se investigan en este proceso se remontan a principios de la década del 70, cuando se organizó el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Salta y otras provincias del NOA y comenzó una serie de reclamos por mejoras laborales en las compañías de transporte. La efervescencia de los reivindicaciones obreras, y las condiciones de trabajo no siempre buenas, llevaron a que pocos días antes del golpe la FESTAP pidiera a la Policía de Salta y otras fuerzas que aplicaran la ley antisubversiva a los gremialistas de la UTA. En ese marco de confrontación, que se mantuvo aún después del golpe del 24 de marzo de 1976, aunque con menos ímpetu, se llegó al 21 de enero de 1977, día en que Levín denunció ante la Comisaría 4° de Salta un supuesto fraude a su firma. Para la acusación, el empresario entregó la lista de los trabajadores que debían ser detenidos, más de 20. Al menos 16 empleados de La Veloz fueron alojados en la Comisaría y obligados a firmar confesiones bajo tortura. Almirón fue acusado porque era el jefe de la 4°; Bocos, que cumplía el doble rol de subcomisario y empleado de La Veloz, porque todos lo mencionan como el autor de las detenciones y las torturas, junto a Cardozo. Aunque varios trabajadores pidieron que se investiguen estos hechos, solo la denuncia de Cobos llegó a juicio porque en primera instancia la justicia federal de Salta consideró que solo en su caso, por ser gremialista, se trató de una persecución política. Los demás esperan todavía un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para saber si sus casos llegan a juicio oral.
Las defensas afirman que Levín no tenía ninguna vinculación con la represión estatal y solo denunció a empleados infieles que estaban robándole con una maniobra con los boletos. Y que los policías detuvieron a los trabajadores en el marco de las facultades que les daban las normas de la época, y llegan a la conclusión de que no hubo torturas porque el médico que revisó a los detenidos no consigna lesiones en sus cuerpos.
El 28 de marzo se sabrá que dice el Tribunal.
Mes emblemático
La sentencia en el juicio a Levín llega en un mes emblemático para los ex detenidos políticos y familiares de víctimas del terrorismo estatal. Por eso la lectura el acompañamiento a la lectura de la sentencia ha sido incluída en la serie de actividades que vienen llevándose a cabo en el marco del Marzo de la Memoria.
Entre estas acciones, el 23 se hará una vigilia con el Recital por la Memoria, en el anfiteatro del Parque San Martín, a partir de las 17.
El 24 de marzo, a las 15, se desarrollará la marcha bajo la consigna “Todos por una sola plaza”, en la plaza 9 de Julio de esta ciudad. Por la tarde, a partir de las 18, se hará un acto conmemorativo del día nacional de la memoria, en el Portal de la Memoria, en el Parque San Martín.
El mes cerrará con la lectura de la sentencia en el juicio a Marcos Levín, el 28, a partir de las 15, en la calle Deán Funes, entre Belgrano y España.
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