martes, 23 de febrero de 2016

Los Organismos de DDHH de Salta exigen pena de 20 años para empresario Levin

Por Elena Corvalán

Piden condena de 20 años de prisión para Levín y dos policías. 

Las querellas pidieron que el empresario Marcos Jacobo Levín sea condenado a 20 años de prisión, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos. Igual pena pidieron para los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, en su caso como coautores de estos delitos, mientras que para el policía Enrique Cardozo solicitaron 18 años de prisión, atendiendo a su condición de subordinado en enero de 1977, cuando detuvieron y torturaron a Víctor Manuel Cobos.
Los abogados querellantes Susana Aramayo, David Leiva, Grisel Kolbl y Oscar Rodríguez se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para los cuatro hombres que llegaron acusados por la detención y las torturas que padeció Cobos luego de que fuera denunciado por Levín por una supuesta estafa que nunca fue probada.
“No encontramos atenuantes”, explicó ya sobre el final de los alegatos Grisel Kolbl, y enumeró las razones para pedir estas penas: se trata de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado”; se utilizó el aparato organizado del poder estatal, sus policías, sus jueces; se valieron del gran poder empresarial. Y, del otro lado, “la indefensión de la víctima”, un simple trabajador enfrentado a estos poderes; el “doble carácter de la tortura” y el daño que sufrieron él y sus familiares. La abogada dijo que las penas tienen un “claro contenido reparatorio para Víctor Manuel Cobos”.
Kolbl sostuvo: “Se encuentra probado que Bocos dirigía las sesiones de tortura”, que “Cardozo aplicaba la picana”, que ambos instaban a los trabajadores para que se auto incriminaran bajo tortura. Y que “Levín proporcionó la lista de los trabajadores que debían ser torturados”, que “supervisaba la tortura”, “proporcionaba los medios de movilidad” y “obtuvo ganancias del disciplinamiento de sus trabajadores, que a partir de ahí se quedaron sin representación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”. Levín, Almirón, Bocos y Cardozo, escucharon en silencio, detrás de sus abogados, separados del público por las columnas de la sala.
 

“La comisaría de Levín”

Luego de que Aramayo trasara un perfil de la víctima y de que Leiva hiciera un repaso por el contexto histórico en que devino la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, Rodríguez sostuvo que la detención ilegal y las torturas de un número todavía indeterminado de trabajadores de La Veloz del Norte fue “un eslabón más” del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por la última dictadura. Afirmó que el rol del empresario fue “determinante” por el poder económico que tenía y el poder sobre los policías. “Levín ha tenido efectivo dominio de la acción”, a tal punto que “la Comisaría 4° era la comisaría de Levín”, enfatizó.
El querellante aseguró que el secuestro de Cobos y de los otros empleados (que todavía esperan una decisión de la Justicia para avanzar en el juicio) “está en un contexto de sistema de poder y tiranía” y “por eso es de lesa humanidad”; como una muestra de que estos hechos encuadran dentro de este tipo de delitos, recordó que “hace 40 años que ocurrió esto y todavía no tenemos sentencia”.
El abogado sostuvo que hubo una “empresa criminal conjunta”, por lo que los acusados son coautores. Sin embargo, como Levín no era funcionario estatal le aplicaron la figura de partícipe necesario.
Rodríguez hizo una apelación al Tribunal para que considere que no se puede aceptar que en el país haya detenciones como las llevadas a cabo por la Comisaría 4°, sin orden judicial, sin acta de detención, sin la asistencia del Estado para informar a sus familiares y darles la oportunidad de tener un abogado defensor.
 

Monstruo bicéfalo

El abogado David Leiva recordó ayer que el Estado terrorista tuvo un doble estándar. “Fue un monstruo de bicéfalo, un monstruo de dos cabezas”, uno Estado legal, a la vista de todos, que seguía con la administración, con los servicios a los contribuyentes, y otro ilegal, “que es el que sufrió Cobos” y los perseguidos por la dictadura.
Siguiendo con ese doble estándar, sostuvo que en la Comisaría 4° existía un orden legal, que el normal, habitual de una dependencia policial, “pero en determinado momento había un orden ilegal”, compuesto por Víctor Hubo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Cardozo, el “Sapo” Toranzos, Flores y otros policías que participaban de actos de terrorismo. “Decimos que la Comisaría 4° formó parte del circuito represivo en Salta”, afirmó.
 
 

Causa Oran: Gentil enfermó y no hubo audiencia

 
El noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta tuvo una audiencia fallida ayer debido a que el acusado Miguel Raúl Gentil, que fuera jefe de la Policía de Salta, se enfermó y hubo que suspender las testimoniales previstas.
Gentil cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires. Ayer el Tribunal Oral Federal de Salta informó que el jueves sufrió un episodio “cardiológico” y tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Militar, donde le practicaron estudios y, si las condiciones de la salud del ex militar lo permiten, iba a ser trasladado a otro centro asistencial.
Esto se debe a que una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación prohíbe que los acusados, procesados o condenados por actos de terrorismo de Estado sean atendidos en el Hospital Militar, una medida que se tomó luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, en 2013.
No había ayer mucha información sobre la dolencia que padece Gentil, ni el tiempo que le demandará componer su salud y estar en condiciones de escuchar las audiencias de debate, por lo que las querellas y los fiscales insistieron para que el Tribunal requiera esta información.
De todos modos, para que no haya más demoras en el proceso, el Tribunal decidió que la próxima audiencia, el lunes venidero, tratará sobre la desaparición de Juan de Dios Ortiz, hecho por el que Gentil no está acusado. 

miércoles, 17 de febrero de 2016

Audiencia Juicio La Veloz: "Boco y Levin eran chanchos amigos"

Por Elena Corvalan. 
 
“(Víctor Hugo) Bocos entraba a la empresa (La Veloz del Norte) como dueño. Decía: ‘Hola che; che, Marcos’”. De esta manera describió el testigo Jorge Alberto Alonso la relación entre Marcos Jacobo Levín, el dueño de La Veloz  y el subcomisario señalado como activo represor: “Bocos iba a la empresa y pasaba a la oficina del dueño, (…) entre ellos eran chanchos amigos”, sostuvo.
Alonso, ya fallecido, fue chofer de La Veloz del Norte. En enero de 1977 quedó entre los empleados acusados por Levín de un fraude a su empresa. Fue detenido, llevado a la Comisaría Cuarta de esta ciudad y torturado con picana exigiéndole que confesara el delito que se le atribuía. Es todo lo que se puede decir de su estancia en la Comisaría porque en 2008, cuando declaró en la Justicia Federal, cerró toda descripción afirmando que vivió momentos que “no desea recordar”, según se asentó en el acta de su testimonio.
Sí dijo que en la Comisaría vio detenido a su compañero de trabajo Víctor Manuel Cobos, y que luego de la detención siguió trabajando en La Veloz, con lo cual entendió que su dueño “tan malo no fue”.
En su testimonio, leído ayer en la última audiencia de incorporación de pruebas en el juicio que ante el Tribunal Oral Federal de Salta se le sigue a Levín y a tres policías retirados por la detención ilegal y los tormentos sufridos por Cobos en 1977, Alonso también recordó que el jefe de la Cuarta era el comisario Víctor Hugo Almirón y que el segundo era el subcomisario amigo de Levín, tanto, que el empresario le había regalado una cupé Torino.
Esto fue todo lo que dijo de Bocos, porque enseguida aclaró que “no quiere recordarlo ni verlo nunca más”.
 

Por amigo de Cobos

También por lectura se corporizó el testimonio del chofer Miguel Ángel Rodríguez (fallecido), quien en 2011 aseguró que su detención en 1977, las torturas y el hostigamiento que padeció en su trabajo, se debieron a que era muy amigo de Cobos y a que simpatizaba con el gremio.
Entre los policías que lo detuvieron estaban Bocos, Enrique Cardozo (el tercero que está siendo juzgado en este proceso) y Figueroa. Lo subieron a un automóvil Ford celeste y le pusieron una capucha. Una vez en la Cuarta lo ataron de pies y manos con una lonja de cuero, lo arrojaron en una pieza oscura y prepararon el ambiente para la tortura: una radio encendida a todo volumen y el ruido de una motocicleta. “Me picanearon en los testículos, en la boca, en los lagrimales”, detalló.
Durante los 17 días que estuvo secuestrado en la Comisaría vio a Levín, y escuchó que preguntaba si ya había confesado. El décimo tercer día lo visitó el juez Jorge Trincavelli y le dijo que “confesara” el fraude. También Cardozo lo apremiaba: “Firmá y te damos la libertad”. Y contó que cuando por fin fue liberado y volvió al trabajo, Levín lo perseguía.
En enero de 1977 Levín denunció ante la Policía a 22 empleados de su empresa. Los acusó de cometer un fraude. Esa denuncia posibilitó a la Policía detener a una quincena de empleados de La Veloz del Norte que fueron torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Cuarta, y obligados a firmar declaraciones incriminándose.
Este es el primer caso de un empresario acusado de cometer delitos de lesa humanidad que llega a juicio en el país. El debate continuará el 22 de este mes, con los alegatos.
 

Trabajo de tiempo completo

Entre la prueba documental, se incorporó un informe que da cuenta de la relación de dependencia que tenía el subcomisario Víctor Hugo Bocos con la empresa La Veloz del Norte, para la que cumplía funciones de inspector, según la propia firma lo reconoció en un informe a la Justicia Federal.
Bocos hacía convivir este empleo con el de policía de la provincia. Por entonces era subcomisario y subjefe de la Cuarta, que figura en la lista de centros clandestinos de detención de la CONADEP. En este juicio se han incorporado testigos que dan cuenta de que el policía contaba con apoyo logístico del empresario para realizar su supuesta tarea de inspector en La Veloz. La empresa colaboraba con vehículos para la Policía, y también con otras atenciones, como cajas de vino.
Sobre la participación de Bocos en actos de terrorismo estatal, además de los testigos incorporados en este proceso, ha sido señalado por Cristina Cobos (hermana de Víctor) como uno de los que comandaba al grupo de tareas que el 25 de septiembre de 1976 entró a su casa y mató a su hermano menor, Martín Cobos, que entonces tenía 18 años.
En noviembre de 2012 Cristina declaró en el juicio conocido como Megacausa Salta y recordó que volvió a ver a Bocos en democracia, en el Grand Bourg, donde se comentaba que era “apretador” al servicio del entonces gobernador, Juan Carlos Romero. Y dijo que ordenanzas de la Casa de Gobierno le contaron que solían compartir asados con el subcomisario y que cuando se emborrachaba “se jactaba de que hacía durante la dictadura. Y que también lloraba y una vez nombró al chiquito Cobos” entre sus víctimas. 

jueves, 11 de febrero de 2016

Martes 10 de febrero: Juicio Acumulado Oran y Causa La Veloz

Por Elena Corvalan

" Lo único que pido es  justicia para mi hijo”
 
“Lo único que pido es que se haga justicia”. “Pido justicia por mi hijo”. Así empezó y terminó su testimonio Ruperta Rodríguez, madre del joven Santos Abraham Garnica, secuestrado y desaparecido la madrugada del 3 de septiembre de 1976, a la edad de 20 años.
La anciana dio una declaración breve, que le salió casi a borbotones, entre el llanto y los nervios, después de esperar por tres horas hasta que pudo constituirse el tribunal que juzga a seis hombres por delitos contra la humanidad cometidos, la mayoría de ellos, en la jurisdicción de Orán.
Ahí vivía Santos, en una piecita en el mismo terreno de la casa de su padre, Policarpo Garnica, que había constituido una nueva familia después de separarse de su madre.
Poco se sabe de Santos: trabajaba en un aserradero junto a su padre, estudiaba en una escuela técnica y “tenía una chica”, Amanda.  Sus familiares casi no tenían contacto con él y no sabían que tuviera militancia alguna que lo prefigurara como un objetivo del terrorismo estatal. Sin embargo, el hilo conductor parece estar en la escuela técnica, ahí había conocido a Mario Bernardino Luna, un joven de 23 años que militaba en la Federación Juvenil Comunista y que fue secuestrado la misma madrugada de septiembre del 76, y por un grupo de tareas integrado por unos diez hombres que tenía ropas militares, igual que el grupo que secuestró a Santos. Los dos fueron intensamente buscados por sus familiares, los dos están desaparecidos.
Ayer Rodríguez aportó poco. Solo sabía del secuestro por el relato de su ex marido: “Lo único que me contó fue que él estaba afuera mirando como lo sacaron de los cabellos”. Una vecina, Blanca Lobos, le dijo que los secuestradores “estaban vestidos con ropa de militar”.
De su vivencia recordó que le había escrito a su hijo diciéndole que tenía trabajo en Salta capital, pero él no le contestaba. Y que después del secuestro supo que estaba amenazado, “por eso no me podía contestar a mí. Pobrecito”. “No puedo soportar esto de mi hijo. Todas las noches lo sueño. Es doloroso perder a un hijo. (…) Porque con 2, 3 pesos que me van a dar no me van a devolver a mi hijo”, reiteró.
Su hija, Gladys Ester Garnica, también fue conmovedora: recordó que su hermano fue secuestrado el mismo día en que ella cumplía 15 años. “Mi papá me dijo que vinieron en una camioneta muchos hombres, que lo sacaron encapuchado. Y le pregunté por qué él no salió a ayudarlo. Me dijo que tenía miedo porque eran muchos. Que vio cómo lo sacaron…”, intentó seguir contando pero se quebró al memorar el dolor por el secuestro y la falta de reacción de su padre.
Cuando pudo recomponerse recordó que este año Santos cumpliría 60 años y sintetizó el drama de las desapariciones: “Es el dolor que llevamos nosotros, sin saber dónde está, sin tener dónde prenderle una vela”. “Lo único que pido es justicia por mi hermano. Lo único que nos queda es pedir justicia. Pasaron ya 40 años de todo esto”. Por este hecho está acusado Héctor Ríos Ereñú.
Gladys contó que por su madrastra, Elena Guzmán, supo que uno de los vehículos que participó del secuestro fue visto desde temprano rondando. Y recordó que la Policía le informó a su madre del secuestro y le dijo que debía viajar urgente a Orán.
 
“No recuerdo”
¿Adivinaron? El testigo al que hace referencia el título era un policía, el comisario principal retirado Abel López, que en 1976 cumplía funciones en la Comisaría de Embarcación, donde en septiembre de 1976 se realizaron actuaciones por la desaparición de Ruth Sáez de Vuistaz.
López entonces era un oficial y estaba bajo las órdenes del inspector mayor retirado Arturo Madrigal, quien está siendo juzgado por este hecho. Por eso fue convocado como testigo, y se lució repitiendo la consabida frase de los policías en estos procesos: “No recuerdo”. Ni siquiera pudo recordar cuándo fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Mucho menos pudo recordar nada en relación al secuestro de Sáez de Vuistaz, solo que se había producido este hecho, el único de esta envergadura (eso sí recordó) que le tocó en toda su actuación en la fuerza.
 
 

La Veloz, clara responsabilidad empresarial  en delitos de lesa
Horacio Verbisky

 
El periodista Horacio Verbistky sostuvo ayer que de los 20 patrones comunes encontrados en las prácticas represivas de la década del 70, en relación a la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, en el caso de La Veloz del Norte hay por lo menos 14, por lo que consideró a este uno de los casos más claros.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declaró por videoconferencia desde Buenos Aires en el juicio que se sigue al empresario Marcos Jacobo Levín y se refirió al informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado”, publicado el año pasado.
Marcos Levin -Imputado
Levín, y tres policías retirados que en los 70 prestaban servicios en la Seccional 4° de esta ciudad, están acusados por la detención ilegal y las torturas a Víctor Manuel Cobos, en enero de 1977. Esa misma suerte corrieron al menos otros 15 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, que por entonces le pertenecía a Levín, pero esos casos no llegaron a juicio todavía. Se estima que 22 trabajadores fueron denunciados por Levín.
Verbistky sostuvo que este hecho es parte del plan represivo ideado con el objetivo de disciplinar a los trabajadores para aplicar un plan que beneficiara a los grandes grupos empresariales. Interrogado por una hora, el periodista repasó conceptos del informe y propios (dado que ha sido un militante del campo de organizaciones de izquierda y ha publicado investigaciones sobre esa época).
En el informe, en cuyo Tomo se toman 22 empresas que participaron en la represión, se detallan algunos patrones que se cumplen en el caso de La Veloz: la entrega de listas de empleados acusados de subversivos, el señalamiento de blancos o delegados, el facilitamiento de direcciones, fotos, legajos personales, el apoyo de logísticas.
En La Veloz la denuncia por defraudaciones que realizó Levín el 21 de enero de 1977 “brindó las herramientas formales necesarias para efectuar las detenciones a los trabajadores supuestamente involucrados en la estafa”.  El primer detenido fue el guarda Ciriaco Nolberto Justiniano, quien habría señalado al resto de los acusados.
Para llevar a cabo estas acciones la empresa proveyó la logística: vehículos personales y micros de media y larga distancia y galpones para la ejecución de los secuestros; organizó los turnos para facilitar las detenciones y entregó listados. Además, abonaba un salario al subcomisario Víctor Hugo Bocos (que ahora está siendo juzgado) y los mismos ejecutivos de la empresa (Levín y su jefe de Personal, Grueso, concurrieron al lugar de detención y torturas).
Como contrapartida, Levín exigía a las fuerzas de seguridad que “actuaran protegiendo sus intereses”. El informe reseña en apoyo a esta afirmación la nota publicada en el diario El Intransigente el 20 de marzo de 1976, que da cuenta de que los empresarios del transporte enviaron una carta al Jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, solicitando que se aplicara la Ley de Seguridad del Estado a los miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuya directiva integraba Cobos. Los empresarios también mandaron notas a la Guarnición Militar de Salta y al delegado de la Policía Federal.
Asímismo, Verbistky recordó además que durante la dictadura la empresa de Levín empresa habría sacado provecho de este vínculo con las fuerzas represivas ganando nuevas rutas de circulación. Y el terror le permitió reorganizar el trabajo y limitar la participación gremial.
 

Sentencia el 14 de marzo

Este fue el último testimonio en este proceso. El debate se retomará el próximo 16 de este mes, a partir de las 16, con la lectura de prueba documental. Los alegatos comenzarán el 22, por las querellas, y concluirán el 7 de marzo.  Si los plazos previstos se mantienen, la sentencia se conocerá el 14 de marzo.

martes, 2 de febrero de 2016

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!


Desde un amplio arco de organizaciones populares de la provincia de Salta, las y los carreros, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores de la economía popular, militantes organizaciones de derechos humanos, de la comunicación popular, hacemos un enérgico llamado conjunto para exigir la inmediata liberación de la compañera Milagro Sala, de la organización Túpac Amaru, injustamente detenida en Jujuy en un acto de clara criminalización de la 0rganización popular. La visibilidad de la compañera, y el hecho de  que haya sido electa como representante del Parlasur, no hacen más que agravar este caso de indiscutible persecución política.
 En el actual contexto de feroz ajuste y devaluación, achicamiento del Estado, reinicio de las "relaciones carnales", ataques a la democratización de la comunicación, deslegitimación de la militancia popular, todas señales que nos traen a la memoria las dolorosas horas de la década neoliberal, desde las organizaciones abajo firmantes repudiamos estas acciones que intentan disciplinar al pueblo organizado, justamente en una provincia donde la organización popular logró importantes conquistas que por otra vía nunca se habrían logrado.
Denunciamos también el accionar de la Justicia, cuya Cámara
Federal de nuestra provincia desestimó el pedido de excarcelación de la compañera.


¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
 

Visita al Acampe de San Salvador de Jujuy - 28 de enero 2016
 Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina Salta; Corriente Peronista Descamisados Salta; Agrupación de Carreros Salteños; Movimiento de Trabajadores Excluidos; 
Cooperativa de cartoneros y recicladores "Ceferino Namuncura"; CTA Salta; CTEP Salta; La Cámpora; Movimiento Evita; Movimiento Popular La Dignidad; Movimiento Popular Patria Grande
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita; Ateneo Arturo Jauretche; Encuentro Memoria, Verdad y Justicia Orán; Centro Cultural Antonio Cortez Familiares de Detenidos Desaparecidos Orán;  Agrupación Oscar Smith de Luz y Fuerza; HIJOS Salta, Asoc Lucrecia Barquet,Comision Provincial de la Memoria, Cooperativa de Trabajo Coyuyo, Partido Nuevo Encuentro Salta,  Partido Comunista Orán.