Un simulacro de investigación montado para asegurar la impunidad de la propia fuerza policial. Esa es la impresión que quedó ayer (01-10-12) tras la audiencia en el megajuicio que por crímenes de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta. Tres testigos declararon, los tres hicieron aportes para comprender la trama de irregularidades que la Policía de Salta, a cargo entonces de los represores Miguel Gentil y Joaquín Guil, acometió para asegurarse que el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime quedara sin ser esclarecido y no se hiciera justicia.
LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS-MAR DEL
PLATA hace saber su más enérgico rechazo a los actos de violencia y amenazas de
las que fueron objeto, recientemente, el Dr. Antenor Ferreira y su familia, en
la ciudad de Santiago del Estero, a través de un robo simulado en su domicilio
y estudio y de amenazas a su familia comunicándoles su presunto secuestro.
El Dr. Ferreira participa como abogado de la querella
(APDH-Santiago del Estero) en la megacausa actualmente en trámite en dicha
ciudad, y representa, conjuntamente con otros abogados del organismo, a la
familia Aredes en Jujuy, en juicio que se sigue contra directivos de la empresa
Ledesma, por su responsabilidad como participes de la dictadura cívico-militar.
A través de estos procesos, se pone de manifiesto, no solo
la responsabilidad de personal militar, policial y penitenciario sino también
de un grupo de civiles (jueces-políticos-empresarios, etc.) en la gestión y
ejecución del terrorismo de estado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del ex juez federal Ricardo Lona en la causa en la que se lo investiga en relación al fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976 cerca del paraje Palomitas, a unos 50 kilómetros de esta ciudad.
“Corresponde revocar el sobreseimiento dictado con respecto al imputado Lona”, resolvió el máximo tribunal en una sentencia que se conoció anteayer. La Corte decidió enviar la causa al juez de primera instancia, Miguel Medina, del Juzgado Federal Nº 2 de Salta, “para que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe qué medida corresponde adoptar con respecto las imputaciones que fueron -al menos en principio- indebidamente excluidas” y determine “cómo deben conjugarse éstas con el reproche relativo a la omisión de investigar”.
Esta causa se inició con una acusación a Lona por omisión de investigar la Masacre de Palomitas, se lo acusó de haber incurrido en los delitos de encubrimiento y de violación de los deberes de funcionario público. El juez Medina le dictó la prisión preventiva por violación de los deberes de funcionario público pero lo sobreseyó por el encubrimiento.
Luego la Cámara de Apelaciones declaró extinguida la acción penal por prescripción (debido al tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos) y lo sobreseyó.
Para esta decisión, la Cámara hizo un razonamiento un tanto difícil de seguir: sostuvo que la acusación contra Lona era solo por omisión de investigar el fusilamiento en su calidad de juez, que no entraba en consideración si había tenido otro grado de participación en estos hechos (como la sospecha de que fue parte del montaje perpetrado para matar impunemente a los presos políticos), y por lo tanto se trataba de un simple ilícito, no de un delito de lesa humanidad, que es imprescriptible.
Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada entonces por el actual concejal Martín Avila, y de Elia Fernández, representada por el abogado Daniel Tort, y el fiscal general José Pérez presentaron recursos extraordinarios contra esta resolución por considerarla arbitraria. Así la causa llegó a la Corte Suprema.
En junio de 2009 el entonces Procurador General Esteban Righi acompañó los recursos. Rescató las expresiones del fiscal Pérez para resaltar que la Cámara salteña había “prescindido” de la forma procesal al “sobreseer definitivamente al imputado con relación al hecho histórico investigado, cuando aún se hallaba pendiente de discusión en el sumario la hipótesis de una eventual complicidad –y no un mero encubrimiento-” de Lona en la Masacre de Palomitas. “En tales condiciones, no cabe sino concluir que la sentencia resulta arbitraria”, sostuvo.
Con la firma de los jueces Carmen Argibay, Luis Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema acogió las razones del Procurador y revocó el sobreseimiento de Lona. Resta ver qué hará la Justicia Federal de Salta con las acusaciones que pesan contra el ex juez.
Otra suspensión en la causa por la UNSa o Masacre del 24 y 25 de Setiembre
El represor Carlos Alberto Mulhall se encuentra en delicado estado de salud. Esa es la razón por la que el lunes próximo el megajuicio por crímenes de lesa humanidad no seguiría con el tratamiento de los secuestros y desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
Según informaron fuentes vinculadas al proceso, el Tribunal Oral en lo Federal de Salta recibió un informe médico que indica que el ex militar sufrió una caída el miércoles último, lo que le provocó una recaída en su salud, que –de acuerdo con los partes médicos- ya venía resentida desde el año pasado, cuando el represor fue sometido al juicio oral por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y el intento de asesinato de Margarita Martínez de Leal.
El informe médico señala que Mulhall no está en condiciones de ser trasladado a la Cámara de Casación Penal, desde donde seguía por videoconferencia las alternativas del debate que se desarrolla en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial salteña. Tampoco estaría en condiciones de seguir las audiencias por teleconferencia desde el hospital donde se encuentra internado.
Las fuentes indicaron que de todos modos la audiencia del lunes próximo se llevará a cabo, aunque se convocará a los testigos que están pendientes en la causa por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime, una de las pocas en la que Mulhall no está imputado.
Por su parte la Comisión de apoyo a la mega causa y los familiares quienes asumieron la querella de esta causa solicitan al tribunal revisar la decisión de no tener audiencias los días martes posteriores a los feriados, a fin de que las audiencias sean semanales y posibiliten con una mejor planificación su culminación en este año, ya que en lo que va de setiembre solo hubo cuatro audiencias.
Adhieren: Radio Nacional Salta, JP Desacamisados, Secretaría de Género y Derechos Humanos en el Frente Grande, Movimiento Nacional Campesino Indiguena.
Finalmente, a más de cuatro años de su creación formal, el Archivo Provincial de la Memoria comenzará a funcionar hoy, cuando la flamante coordinadora general del Archivo, Cristina Cobos, visite su nuevo lugar de trabajo, en la sede de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos de la provincia.
La novedad se conoció ayer, cuando se difundió el decreto 2870, del 18 de septiembre, por el cual el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, designan a Cobos coordinadora general del Archivo Provincial de la Memoria.
El Archivo fue creado formalmente en abril de 2008, mediante el decreto 174, entonces dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En mayo pasado, mediante el decreto 1842, el Poder Ejecutivo lo pasó a la órbita del Ministerio de Gobierno. El Archivo Provincial de la Memoria es un organismo descentralizado cuyo objetivo es “contribuir a mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en la historia de nuestra provincia”, según consigna el artículo 3º del decreto 1741.
Con ese objetivo el Archivo reunirá y organizará la documentación que pasará a “conformar el fondo documental del Archivo”, explicó su coordinadora.
Indicó que el Archivo aportará “documentación que va a servir para prueba en los juicios de lesa humanidad que se están sustanciando en la provincia. Se va a recabar información de todos los organismo”, señaló antes de resaltar que el Archivo tiene facultades para ingresar “a todos los organismos donde se puede recoger información, el Servicio Penitenciario, la Policía, los hospitales públicos, los archivos del Poder Ejecutivo, los archivos del Poder Judicial Federal, y del Poder Judicial provincial. Y todo esto va a servir para prueba”. El Archivo también recibirá testimonios. Todo la documentación estará a disposición de quien la desee consultar.
Cobos destacó que la puesta en funcionamiento de este Archivo ayudará a “mantener la memoria, es contribuir a mantener la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en las dictaduras militares que hubo en la provincia”.
Dado que hasta el momento no existía un lugar donde se reuniera la información referida al terrorismo de Estado en Salta, para Cobos, que además de ser archivista sufrió la pérdida de su esposo (Víctor Brizzi) y de su hermano (Martín Miguel Cobos) en manos de la represión, “institucionalmente es muy importante” que se haya creado este Archivo: “Hay personas que tienen documentación pero son todos archivos personales, desde el Estado no se institucionalizó nada. Esto es muy importante para que la gente que tiene documentos lo pueda entregar a la provincia que van a quedar guardados ahí para la historia”, explicó.
Por el momento el único personal del Archivo lo constituye su coordinadora general pero se sabe que se está evaluando afectar a otros trabajadores del Estado para que cumplan funciones en ese organismo. Uno que puede ser número puesto es Federico Vuistaz, cuya familia también sufrió el terrorismo de Estado y que es empleado de la provincia.
Cristina Cobos sostuvo que su familia fue víctima del terrorismo de Estado por su tradición de militancia peronista. Dijo que su marido, sus hermanos y sus propios padres sufrieron las consecuencias del terrorismo estatal. “Trabajábamos por los que menos tenían, alfabetizábamos. Esa era nuestra militancia política. Eso era por lo que éramos perseguidos”.
Tanto Cobos como el otro testigo que declaró en la víspera, Néstor Finetti, aportaron datos sobre la vinculación entre elEjército, la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario Provincial a los efectos de la represión.
En el caso de Cobos la persecución provino desde el Ejército y la Policía provincial. Cobos ratificó ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta que su marido, Víctor Brizzi, fue desaparecido del Destacamento de Exploración de Caballería Montaña 141 de Salta, a principios de marzo de 1976, cuando cumplía el servicio militar. Aseguró que el Ejército montó una mentira para mostrar a Brizzi como un desertor. Responsabilizó por estos hechos al entonces jefe del Destacamento, Carlos Alberto Mulhall; al segundo jefe, Joaquín Cornejo Alemán, y a los oficiales Isidro Benjamín de la Vega, Marcelo Diego Gatto y Fernando Antonio Chaín.
La testigo se refirió también al ataque que sufrió su familia la madrugada del 25 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas de la Policía de Salta entró a la casa buscando a un hermano suyo, Enrique Cobos, militante de la JP. Además de maltratar a toda la familia, de romperle los dedos de la mano derecha a su padre, de destruirle el automóvil que usaba para trabajar de taxista, despertaron a los golpes a otro hermano, Martín Miguel Cobos, y terminaron matándolo a tiros cuando el joven intentó escapar.“Dos o tres (hombres) recorrían la casa y encontraron a Martín. Empezaron a golpearlo: ‘Hijo de puta, vos sos Enrique’, le decían”. El joven logró zafar, saltó a la terraza, ganó la calle y, a pesar de ser tiroteado, alcanzó a llegar a un garaje que estaba en construcción, “ahí lo acribillaron. Martín tenía alrededor de 30 balazos. Con la bayoneta le habían roto el labio… Estaba destrozado, pobrecito. Martín tenía 18 años”, recordó su hermana, con la voz quebrada.
Cobos aseguró que los integrantes de este grupo eran policías, tenían las caras cubiertas con medias, a excepción del jefe, a quien dijo que podría reconocer. Como uno de los partícipes de este hecho identificó al comisario Víctor Hubo Bocos, que está siendo investigado por otros crímenes de lesa humanidad. Recordó que este policía se destacaba del resto porque parecía conocer a todos los miembros de su familia, y “tenía una ansiedad, una necesidad de quedar bien con el que andaba a cara descubierta”. Años después, ya en democracia, lo volvió a ver, y lo identificó, en la Casa de Gobierno, donde por comentarios supo que era un “apretador” al servicio del entonces gobernador Juan Carlos Romero. Ordenanzas de la Casa de Gobierno le contaron que solían compartir asados con el comisario y que cuando se emborrachaba “se jactaba de lo que hacía durante la dictadura. Y que también lloraba y una vez nombró alchiquito Cobos”, como una de sus víctimas.
Persecución política
Víctor Brizzi y Cristina Cobos compartían la militancia en la JP con otros perseguidos políticos: su hermano Enrique, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Guido Gamboa, Osvaldo Seggiaro, Francisco Corbalán, Carlos Urrutia. “La mayoría de los militantes fueron detenidos el 24 de marzo”, recordó Cristina.
En 1972, y 73, la JP había apoyado la candidatura a gobernador de Miguel Ragone, Lista Verde, con la condición de que investigara a los policías responsables de la persecución política. Cobos recordó que este grupo estaba encabezado por el comisario Joaquín Guil (que ya cuenta con dos condenas y está siendo juzgado ahora) y que, entre otros, estaban Abel Vicente Murúa, “Sapo” Toranzos, Misael Sánchez (fallecidos) y el propio Bocos. Ragone cumplió con esa promesa y la detención de estos comisarios fue también un motivo para que el ex gobernador fuera secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.
Cobos recordó que la persecución a los militantes se reinició ni bien cayó el gobierno de Ragone, intervenido en noviembre de 1974, y que ya en 1975 Brizzi y Enrique Cobos fueron detenidos varias veces.
Sobre la desaparición de Brizzi, recordó que tenía una prórroga porque era estudiante de abogacía. Sin embargo, en los primeros días de febrero de 1976 fue citado a prestar el servicio militar. Brizzi se presentó varias veces antes de que fuera incorporado. Cobos no lo vió nunca más, sí habló con él en al menos tres oportunidades. La segunda vez el joven le dijo que había “algo raro”. “Estoy incómodo porque los instructores a mí me tratan mal. Hay un instructor que me tiene entre ojos”, le relató. Cobos recordó que Brizzi identificó al instructor con el apellido Chaín. “Creo que la preocupación de él era ésa, como que lo estaban marcando, el acoso venía por el costado político”, añadió.
Ella recién supo de la desaparición el 9 de marzo, cuando una patrulla del Ejército fue a preguntarle por Víctor informándole que la noche anterior había salido del Destacamento porque tenía a su padre enfermo. Esa misma noche, acompañada por sus padres, Cristina fue a hablar con el jefe del Ejército en Salta. “Mire señora, a su marido le dimos permiso porque hubo una llamada de su hermano que su papá estaba grave y por buen comportamiento le dimos permiso”, le aseguró Mulhall. La insistencia de Cobos asegurando que Brizzi estaba en el Destacamento le valió que el militar llamara a la guardia para que los retiraran.
“A partir de ahí yo fui todos los días a preguntar por Víctor y me atendía el teniente De la Vega, en una habitación muy chiquita”, recordó. De la Vega reiteraba la versión del jefe hasta el 24 de marzo, cuando cambió el discurso militar: el oficial le dijo que Brizzi pertenecía a “una organización subversiva y esa organización se lo llevó”. Desde entonces las visitas de Cobos trocaron: en lugar de ser ella quien inquiriera por el destino de su marido, terminó siendo interrogada por un grupo de seis o siete hombres. “Ahí yo ya tenía la certeza de que Víctor Brizzi no había salido del Ejército, de que eran ellos mismos los que sabían lo que había le había pasado”.
La testigo recordó que hizo la denuncia policial y que presentó un hábeas corpus en el Juzgado Federal, entonces a cargo de Ricardo Lona, pero que este juez “se declaró incompetente”, por entender que le correspondía intervenir a la justicia militar “por estar bajo bandera”.
“Mi suegro llegó hasta el Vaticano, Naciones Unidas. Hizo todo lo que pudo y más para saber por Víctor Brizzi. Nunca se supo nada”, contó. Dijo que por eso “quisiera que de este juicio surja qué hicieron con Víctor Brizzi y qué hicieron con su cuerpo”.
“No se meta porque esto es una guerra”
En abril de 1976 Cristina Cobos y sus padres, Gregoria y Víctor Manuel, fueron a ver al arzobispo de Salta, Mariano Pérez, para pedirle que los ayudara a conocer el paradero de Enrique Cobos, detenido desde el 24 de marzo de 1976.
“Monseñor Pérez marcó un número (…) y pidió hablar con Cornejo Alemán”, narró la testigo. Dijo que le preguntó por su hermano: “Mire, monseñor, Cobos está vivo pero usted no intervenga porque esto es una guerra”, le respondió el militar. La respuesta pudo ser escuchada por los visitantes porque el arzobispo acercó el parlante del teléfono. “No se meta, no intervenga, porque esto es una guerra”, reiteró Cornejo Alemán ante la insistencia de Pérez para saber algo más del joven.
Enrique estuvo detenido en la cárcel de Villa Las Rosas. Según contó, la libertad se la dio el propio Cornejo Alemán, con una advertencia: “Mirá chango, vos estás bailando un tango muy jodido. A ver si cambiás el paso porque ahora salís, pero después, no sé”.
