Enrique Campos, que fuera intendente de Aguaray durante el gobierno de Miguel Ragone, fue secuestrado el 21 de julio de 1977, en las inmediaciones del Río Salí, en Tucumán, donde vivía en la clandestinidad con su familia. Un testigo afirma haberlo visto en el centro clandestino de detención que funcionaba de la Jefatura de Policía de Tucumán.
Su esposa de Enrique Campos, Lelia Gómez, y una de sus hijas, Licia Campos, declararán el jueves ante el Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán, que investiga este hecho en el marco del proceso en el que están acumuladas las causas Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía en el que juzga a 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas.
Enrique Campos, nació el 18 de mayo de 1944. Pasó su infancia y juventud en el norte salteño, se destacó por sus condiciones para el deporte y por su gran sensibilidad social. Tuvo cinco hijos.
Se desempeñó como jefe de supervisión de seguridad industrial en YPF. Concretó sus estudios secundarios como perito mercantil y obtuvo su título de asesor en seguridad industrial otorgado por la OEA.
Fue un reconocido militante de la Juventud Peronista. En 1973 asumió como intendente de Aguaray, designado por el entonces gobernador Ragone, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.
Desde entonces fue perseguido políticamente, aún antes de la intervención federal al gobierno provincial, decretado durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón, en noviembre de 1974. Tras sufrir allanamientos a su domicilio y amenazas de secuestro, Campos huyó con su familia a Tucumán, donde lo alcanzó la represión.
Se sabe que Campos fue llevado a la Jefatura de Policía tucumana en agosto de 1977, con una herida de bala en la espalda. De allí lo condujeron al Hospital Militar donde fue operado, una semana después fue llevado otra vez a la Jefatura para ser interrogado, pero como se negó a colaborar lo dejan morir.
Luciano Jaime, un crimen que todavía espera justicia
Entre el 12 y hoy (14 de febrero de 2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia en 1975. Su caso integra la lista de causas acumuladas por las que desde mayo del año pasado se está juzgado a 17 represores, entre ellos el ex comisario Joaquín Guil y el militar y ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por este hecho.
Jaime fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del diario El Intransigente, en el que trabajaba por entonces. Dos días después los restos de su cuerpo sometido a una explosicón (se cree que mediante la utilización de gelamón) fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico, a pocos kilómetros de esta ciudad.
A pesar de los años transcurridos, el crimen aún sigue impune. En el proceso oral que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta se han conocido datos que dejan en claro que del secuestro y homicidio participaron otros autores materiales, y encubridores, la mayoría de ellos integrantes de la Policía de Salta. Uno de los más complicados, sobre el que ya pesa un pedido de investigación es el comisario retirado Roberto Arredes, también involucrado en otros crímenes de lesa humanidad. No se han dilucidado responsabilidades hacia arriba en la cadena de mando.
Durante la investigación en primera instancia la Justicia Federal llegó a la conclusión de que el asesinato de Jaime estuvo enmarcado en el plan sistemático de eliminación perpetrado en el país desde los comienzos de la década del 70, que en Salta recrudeció tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974, y que alcanzó su apogeo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los testimonios dan cuenta de que en el ejercicio de su trabajo, Jaime terminó enfrentado a la cúpula policial que encabezaban Gentil y Guil.
Aún antes del inicio del debate oral y público, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta recomendó que se profundice la investigación para determinar si también deben ser imputados los comisarios Víctor Hugo Almirón y Arredes.
En el juicio ha quedado bastante claro que el asesinato de Jaime estuvo motivado en la cobertura que realizó del homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. El cuerpo de Fronda fue encontrado en Campo Belgrano, camino a Lesser, cerca de la ciudad de salta. Como periodista de la sección Policiales en el diario El Intransigente, Jaime vio el cuerpo de Fronda: la edición del 9 de enero del diario lo muestra señalando con un dedo el torturado cadáver de Fronda. Periodista y víctima se conocían desde antes. También Jaime tenía militancia en la JP, y apoyaba al gobernador Ragone, igual que Fronda.
En la edición del 9 de enero de 1975 Jaime describió el crimen de Fronda: contó de las huellas de la tortura que tenía el cuerpo, de las vendas en los ojos, la boca amordazada y las marcas de las muñecas. Luego difundió datos de una autopsia que daba cuenta de que Fronda había sufrido torturas. Además, aunque no lo publicó, Jaime informó a la familia de Fronda que lo había visto en la Central de Policía el 7 de enero.
En octubre del año pasado, por primera vez desde que fuera asesinado, su esposa, Irma Rosa Chica, se atrevió a dar testimonio ante los jueces: lo hizo para acusar a los ex jefes policiales Guil, Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa (estos dos últimos, fallecidos) de ser algunos de los autores del homicidio de su marido.
“La Policía me lo ha matado. En ese entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica.
