Inspeccionan la plaza de Metán donde fue dejado el cuerpo de Risso Patrón

El Tribunal Oral en lo Federal que adelante el megajuicio por delitos de lesa humanidad en Salta visitará hoy la ciudad de Metán para inspeccionar la plaza San Martín, donde el 13 de julio de 1976 fueron abandonados los restos del ex diputado provincial Luis Risso Patrón, asesinado por un grupo de tareas que antes había secuestrado a su hijo de 15 años, como señuelo para obligarlo a entregarse.

Dentro de la serie de inspecciones que viene realizando, el Tribunal tiene previsto visitar hoy la plaza y el monumento a San Martón en Metán, donde fue dejado el cuerpo de Risso Patrón, acribillado a tiros y rodeado de explosivos.

Este Tribunal escuchó testimonios sobre este hecho a mediados del año pasado, entonces declararon una hija de Risso Patrón, Gabriela, y su hermano, Daniel Risso Patrón, que durante la dictadura sufrió la cárcel en Santiago del Estero.

Risso Patrón era conocido como “el profesor”. Nacido en Santiago del Estero, había empezado la docencia como maestro en Metán y más tarde enseñaba en el secundario metanense. En su secundaria había sido amigo de Roberto Santucho, el líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Luis Risso Patrón fue diputado durante el gobierno de Miguel Ragone, después de la intervención, y el golpe de Estado, ya con amenazas en su contra, y luego de una larga clandestinidad, había conseguido trabajo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, adonde, el 12 de junio de 1976, lo fueron a buscar sus secuestradores, con su hijo mayor.

Fue visto en centros clandestinos de detención de Santiago del Estero y de Tucumán hasta que el 13 de julio de 1976 los habitantes de Metán despertaron con su cuerpo torturado en la plaza principal.

Por este hecho están siendo juzgados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, y el policía retirado Roberto Puertas

 

En El Gallinato

El Tribunal ha dispuesto que mañana inspeccionará el paraje El Gallinato, lugar donde fueron sometidos a explosión varios detenidos políticos, entre ellos el matrimonio integrado por Gemma Fernández Arcieri y Héctor Domingo Gamboa.

Más adelante se harán inspecciones en la casa donde fueron asesinados los hermanos Estopiñán, Alfredo Mattioli y Ricardo oTapia, además de El Encón Chico, donde se encontraron los restos del periodista Luciano Jaime, y el camino a Lesser, donde fue dejado el cuerpo de Eduardo Fronda.

Sobre la responsabilidad empresarial en la dictadura militar. La Cámara Federal de Salta consideró al empresario instigador de la imposición de tormentos a Víctor Cobos, uno de los choferes de la compañía. Pero los jueces no consideraron “víctimas” a otros trabajadores secuestrados.

Marcos Jacobo Levin, ex propietario de La Veloz del Norte.

Por Alejandra Dandan

No hay duda de que es un primer avance. La Cámara Federal de la provincia de Salta confirmó el procesamiento del empresario de trasportes Marcos Jacobo Levin, propietario de La Veloz del Norte, por instigar a la imposición de tormentos a Víctor Cobos, uno de los choferes de la compañía durante la dictadura. El fallo tiene el mérito de ser el primero en el país que confirma la responsabilidad empresaria en crímenes de lesa humanidad y elabora una interpretación valiosa sobre la articulación entre empresa y Estado represivo. Sin embargo, dejó varias cuentas pendientes. La más importante e “inentendible”, a ojos de la fiscalía, es que dejó fuera del carácter de “víctimas” a otros catorce trabajadores de la empresa secuestrados y sometidos a tormentos en la misma comisaría que funcionó como centro clandestino.

Se afirma la existencia de un centro de detención en campos del Ejército

Cada vez se suman más datos para apuntalar la sospecha de que en los campos, y montes, del mismo Ejército funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Testigos que declararon en el megajuicio por delitos de lesa humanidad contaron haber sido trasladados a un campamento en medio del monte, donde había un curso de agua o arroyito, y donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes, incluidas las violaciones.

La descripción se condice con el extremo sur de los campos del Ejército, que linda con Castellanos, conocido como Bella Vista, donde ahora se encuentra un salón de fiestas, que antes pertenecía a la familia Sola y que en la década del 70 era la casa del segundo jefe. “Hay un curso de agua muy pequeño hacia Bella Vista”, describió el actual jefe del Vto de Caballería, Juan Carlos Canpisano, que colaboró con la inspección que realizó el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad. Cerca del casco hay un polvorín con una caseta para los guardias, y no hay más edificaciones militares, agregó el militar de apellido Zelaya.

El testigo Aldo Bellandi, que participó ayer de las inspecciones en la Central de Policía y en el Regimiento de Caballería V, aportó más datos que apuntalan la sospecha de un centro clandestino en los campos del Ejército. Bellandi, que fue jefe de Movilidad durante el gobierno de Miguel Ragone, fue detenido el 24 de marzo de 1976, alojado y torturado primero en la Central de Policía y llevado luego a un centro de torturas que él identifica como el Regimiento, porque se lo dijo otro compañero de detención (Elejalde) y porque esa es la percepción que tuvo al ser trasladado encapuchado.

Bellandi dijo que desde la Central hubo un viaje de varios minutos, que hubo una parada (que podría ser la Guardia del Regimiento) y luego el vehículo siguió “como 15 cuadras” por un camino que le pareció de tierra por “los barquinazos” que daba el auto, hasta que lo depositaron en un lugar con piso de tierra, donde había otros detenidos. Recordó que escuchaba sus quejidos y gritos de dolor, y él mismo fue torturado, sometido al submarino y a simulacros de fusilamiento. Otros dos testigos, Rodolfo Villalba Ovejero y Santiago Pérez Alsina, que ayer participaron de la inspección y que en 1976 estaban haciendo el servicio militar, recordaron que en esa época el camino que conduce a los fondos del Regimiento no estaba pavimentado.

A principios de 1976 estaba cumpliendo el servicio militar Víctor Brizzi, que fue desaparecido del mismo Regimiento de Caballería V, un hecho que también es parte de este proceso judicial.

Villalba Ovejero confirmó que compartía la instrucción con Brizzi. Dormían en unos galpones ubicados al fondo de las edificaciones. Una mañana, a eso de las 10, mientras recibían instrucción de teoría sobre tiro, vinieron de la Guardia de Caballería diciendo que lo buscaban a Brizzi y lo llevaron caminando “en diagonal”. “Nunca más lo vi”, sostuvo Villalba Ovejero.

Detrás de los galpones donde dormían solo había (y aún hay) un polvorín y campos. Delante ahora hay dos grandes galpones (de Logística), pero en 1976 no estaban y era “todo descampado”, confirmaron ambos testigos. En los alrededores de los galpones hacían la instrucción. Esos galpones están a unos 8 kilómetros de Bella Vista, el antiguo casco de estancia que linda con Castellanos.

Para los querellantes en ese lugar “funcionó como un centro clandestino de detención, lo que nos falta es especificar el lugar preciso en donde estuvieron, y se presume que de ahí también fue la desaparición de Víctor Brizzi y todas las detenciones clandestinas del 24 de marzo de 1976 que se probaron en la causa que estuvieron en el Ejército”, sostuvo Mariana Gamboa, hija de Gemma Fernández Arcieri y de Héctor Domingo Gamboa, cuyos secuestros y desapariciones se investigan en este proceso.

Cornejo Alemán pidió ser apartado y ex presos reconocieron lugares de detención

Una cal y una de arena en el megajuicio por violaciones a los derechos humanos: por un lado, Joaquín Cornejo Alemán mostró las cartas y pidió ser apartado del debate; por el otro, los ex detenidos políticos Carlos Holmquist, Nora Leonard, Pía Asunción Vilte y Néstor Finetti reconocieron los lugares donde sufrieron la detención y torturas, en la Delegación de la Federal y en la cárcel de Villa Las Rosas.

La jornada de ayer comenzó con una audiencia corta, en los Tribunales Federales, en la que el defensor oficial Federico Petrina pidió que el militar Joaquín Cornejo Alemán sea apartado de este proceso, petición a la que se opusieron la Fiscalía y los querellantes y que será resuelta hoy por el Tribunal Oral. El militar era segundo jefe del Regimiento de Caballería V y está acusado por la desaparición del soldado Víctor Brizzi.

Los querellantes temen que si el Tribunal hace lugar a la pretensión de Cornejo Alemán se abra una vía por la que querrán ser apartados también otros represores, al fin y al cabo la mayoría son ancianos y tienen distintas dolencias. Ayer se recordaba que el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, padece de una cardiopatía.

Petrina basa su pedido en el informe del perito médico Ricardo Chevarlzk, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que recurrió el Tribunal para preguntarle cuánto tiempo necesita el militar pare reponerse de un infarto sufrido el 2 de marzo y si podrá seguir las audiencias por videoconferencia. El perito dijo que“no puede determinarse un tiempo de recuperación” pero que “se puede inferir”que “no puede ser inferior a los 90 días” y hasta podría “llegar a los 180 días”.Y aseguró que “no se encuentra en condiciones de presenciar el juicio” porque esto le provocaría un estrés que podría poner en riesgo su vida.

El fiscal Ricardo Toranzos pidió al Tribunal que “no se adopte ninguna decisión definitiva” sobre Cornejo Alemán, teniendo en cuenta que Chevarlzk no lo revisó sino que hizo su informe sobre la base de los antecedentes y la historia clínica que le hicieron llegar, además todavía se deben realizar otras diligencias y en ese tiempo podría haber una evolución en el estado de su salud. Los querellantes Susana Aramayo y Gastón Casabella pidieron que se haga otro informe, producido por un especialista que revise a Cornejo Alemán. Y la querellante Tania Kiriaco recordó que hay antecedentes de imputados por delitos de lesa humanidad obligados a concurrir a debate aún en delicado estado de salud, y remató: actuar de otra manera podría constituirse en un aporte para la impunidad.

El Tribunal dará a conocer su decisión hoy, a las 9.30, antes de inspeccionar la Central de Policía y el Regimiento de Caballería V.

“Ahí lo ví a Fronda”

El ex detenido político Carlos Holmquist describió ayer el recorrido que hizo en la Delegación de la Policía Federal, donde fue torturado, y ratificó que ahí vio al militante peronista Eduardo Fronda, asesinado en enero de 1975.

Megajuicio: inspecciones en la Federal y Las Rosas

 El megajuicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas que desde mayo del año pasado se lleva a cabo en esta ciudad cambiará su escenario esta semana, dado el Tribunal Oral en lo Federal Criminal ha decidido realizar inspecciones oculares en la Delegación de la Policía Federal y en la cárcel de Villa Las Rosas.

De esta manera el Tribunal, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz, la jueza Marta Liliana Snopek y el cuarto juez Gabriel Casas, está completando medidas en torno a causas en las que no está imputado el militar Joaquín Cornejo Alemán, quien ha pedido 90 días de receso para atender una afección de salud.

Para hoy el Tribunal citó a los participantes del debate a las 9, en la Delegación de la Federal, que será inspeccionada por los jueces, el fiscal, las querellas y los defensores en compañía de Carlos Arturo Holmquist, testigo que afirma haber visto a Eduardo Fronda en este lugar poco antes de que su cuerpo fuera encontrado acribillado a tiros en una zona cercana a San Lorenzo.

En los 70 Holmquist era un militante del peronismo revolucionario y cayó detenido en diciembre de 1974. En este juicio declaró en junio del año pasado y aseguró que “el 3 o 4 de enero de 1975” Fronda estaba en la Delegación de la Federal, donde lo escuchó quejarse, y alcanzó a decirle: “Me pegaron. Soy Fronda”. Más tarde, cuando le permitieron ir al baño, alcanzó a verlo, estaba “con su torso desnudo, esposado en un banco. Descalzo, pero con medias”.

Tras esta inspección, el Tribunal se trasladará a la cárcel de Villa Las Rosas, donde han sido citados los testigos Pía Asunción Vilte, Nora Leonard y Néstor Antonio Finetti, que estuvieron detenidos en ese lugar.

Vilte era la pareja de Raúl Francisco Osores, cuyo secuestro y desaparición se investiga en este proceso. La testigo fue detenida el 24 de marzo de 1976 en Embarcación. El derrotero de su detención incluye la sede de Gendarmería en Orán, la Central de Policía de Salta, la cárcel de Villa Las Rosas y la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo unos tres años. Osores fue detenido en abril de 1976, estuvo en Gendarmería en Orán, en la cárcel de Villa Las Rosas y en la Central de Policía de Salta.

Organismos de DDHH contra el fallo de la Cámara Federal de Salta. Se trata del capitán retirado Jorge Ripoll, procesado por el secuestro y homicidio de Julio Alvarez García, en 1976.

Expresan repudio por libertad a “represor” Jorge Ripoll

 

 

 Fuente: El Tribuno

Los organismos históricos de Derechos Humanos de Jujuy repudiaron la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Loutayf Ranea y Villada, de liberar por “falta de mérito” a uno de los represores emblemáticos de la provincia durante la última dictadura cívico militar, el capitán retirado Jorge Isaac Ripoll.

“Este oscuro personaje fue mano derecha del responsable de la represión en Jujuy, el coronel Carlos Bulacios, jefe del área 323. Ripoll compartió estructuras con los represores Braga y Bulgheroni, actualmente juzgados. Formaban parte de ese dispositivo clandestino en el cual nada estaba librado al azar, todos cumplían una función dentro de ese engranaje de la muerte y desaparición. Pretendernos hacer creer que el coronel Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar, es un absurdo”, indicaron.

Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García en 1976, sobre la base de testimonios y de su legajo.

“Con miles de procesos judiciales en marcha a lo largo y ancho del país, ha quedado demostrada y probada la existencia de este plan sistemático y clandestino,en la que las pruebas testimoniales cobran especial relevancia por las características de estos delitos. Por lo tanto a esta altura exigir “pruebas directas” es un pretexto para seguir perpetuando la impunidad de estos personajes”.

“Creemos que la decisión es una nueva estrategia para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Así como lo hizo, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, en Jujuy quién demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia. La Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones y con ese accionar evitó investigar a represores civiles”, expresaron.

El juez Rabbi Baldi Cabanillas fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por varios cuestionamientos y vinculaciones con las fuerzas represivas y cómplices civiles que dan cuenta del accionar de esta Cámara en las causas de Jujuy.

“Por eso decimos hoy más que nunca que estos jueces cómplices de la dictadura deben ser sometidos a juicios políticos. Necesitamos una justicia más democrática y comprometida con los valores de la verdad, la memoria y la Justicia”, finalizaron.

Comisario dijo que Ríos Ereñú era el responsable de la represión en el norte

Un comisario que al principio trató de mostrarse como desorientado, afirmó ayer que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, fue el máximo responsable de la represión en el norte provincial.

El comisario retirado Humberto Vicente González, que en 1976 era jefe interino de la IV Zona, en Tartagal, sostuvo que la Policía de la provincia estaba bajo el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 y que él debía informar directamente Ríos Ereñú, personalmente o por teléfono, sobre los hechos graves vinculados a la subversión. Para tratar de hacer caer su testimonio el defensor Martín Bomba Royo pidió que el testigo fuera sometido a un peritaje médico, que fuera careado con el general retirado y que se lo investigue por falso testimonio.

El peritaje no fue consentido por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal debido a que ya existe un informe médico, del 10 de enero pasado, que sostiene que González está “lúcido y orientado”. En cambio, el careo se realizó ayer mismo, pero el testigo se mantuvo en sus dichos, y Ríos Ereñú (el único de los 17 acusados que viene declarando) en los suyos.

El testimonio de González comenzó mal. De entrada, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, no se dejó enternecer por el aspecto de desvalido que presentaba el testigo, llevado ante los jueces en silla de ruedas por el equipo de Sanidad de Gendarmería Nacional. “¿Por qué no vino antes a declarar?”, lo recibió refiriéndose a las seis citaciones que el testigo esquivó. Balbuceando, el comisario dijo que se sentía mal, que es diabético.  

Ni bien el fiscal Ricardo Toranzos comenzó el interrogatorio, González mostró su estrategia inicial: casi no había consulta que no recibiera como respuesta el consabido “no recuerdo”. Sólo que el comisario le añadió el toque de exhibirse desorientado: llegó a decir que se retiró en el 63, a los 25 años de edad. Recién comenzó a reaccionar cuando el presidente del Tribunal lo reconvino: “trate de tener un poquito de memoria”, y el fiscal le explicó que estaba ahí como testigo y no como acusado.

“El jefe del Regimiento era el que mandaba en esa zona”, afirmó cuando comenzaron a consultarlo sobre su intervención en el procedimiento para levantar los restos del militante peronista Jorge René Santillán, secuestrado y asesinado el 10 de agosto de 1976. González aseguró que cuando el militar, que entonces era teniente coronel, se hizo cargo del Regimiento (según Ríos Ereñú, el 16 de enero de 1976, aunque asumió el 9 de diciembre de 1975), fue a la Comisaría y le indicó que notificarle sobre cualquier hecho grave que estuviera vinculado a la subversión.

González también recordó al teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Contó que el “personal de la Comisaría iba al Regimiento y el teniente primero era el que daba el orden cerrado” y que esta subordinación de la Policía al Ejército “fue dispuesta por Ríos Ereñú”.

En el expediente consta que en el procedimiento por el homicidio de Santillán estuvieron un grupo de policías, y González, que llegó acompañado por Bruno. Ayer el comisario insistió en que fueron por separado, pero reconoció que le avisó al teniente, quien como especialista levantó explosivos del lugar del hecho y, además, hasta tuvo la dirección del operativo.

Al final lo confrontaron, vía videoconferencia, con Ríos Ereñú. Cada uno se mantuvo en sus dichos.

 

 

Los blancos de la represión

 

El dirigente Armando Jaime sostuvo ayer que la represión en Salta “estaba más focalizada” en los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP, más conocido como la Tendencia Revolucionaria), en los integrantes del sindicalismo combativo y en los que adherían a la lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone.

Jaime hizo esta afirmación luego de hacer un repaso por militantes que fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados y cuya suerte es investigada en este proceso.

El testigo, que fue miembro fundador y la máxima autoridad del FRP en Salta, sostuvo que todos los integrantes de este movimiento fueron asesinados o perseguidos. De hecho, afirmó que militaban en el FRP las hermanas Berta y Francisca “Elsa” Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, todos desaparecidos o asesinados en el marco del plan sistemático de desaparición de personas.

Armando Jaime, que es primo del periodista Luciano Jaime, destacó que todos ellos apoyaban también a la Lista Verde. E incluso, las hermanas Torres ocuparon cargos durante la gestión de Ragone, igual que Luciano Jaime, que fue secretario del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.

Sobre Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia, Armando Jaime negó que estuvieran en la lucha armada. Sostuvo que estaban viviendo en una casa en Rosario de Lerma, donde fueron asesinados por miembros de la Policía de Salta el 14 de febrero de 1975, porque estaban realizando un trabajo de reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales.

 

 

 

El bueno

 

El sindicalista Mario Amelunge Vargas trajo ayer el recuerdo de los roles que, se dice, suelen cumplir a veces los miembros de fuerzas de seguridad que pretenden obtener información de detenidos: el del policía bueno y el malo.

El rol de malo, en el relato del ex dirigente de la CGT Salta, lo cumplieron los miembros del Ejército que lo detuvieron, lo esposaron y vendaron y lo arrojaron en un galpón del cuartel donde lo interrogaron y torturaron por 10 días al menos, preguntándole sobre unas armas, y luego lo sometieron a un Tribunal Militar acusándolo de tener armas de guerra. El papel del bueno lo cumplió, contó el testigo, el capellán del Ejército Normando Requena, ya fallecido.

Amelunge Cargas contó que del cuartel fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde lo traían de vuelta al Ejército para ser sometido al juicio ante el Tribunal Militar, al que calificó como “una parodia”. Una noche lo llevaron antes y “un oficial joven me dice: ‘Usted va a ser fusilado a las 5 de la mañana. Ahí tiene papel y lápiz, escriba a su familia’. Después viene el capellán, el cura Requena y me dice: ‘Hijo, dónde están las armas, te van a fusilar si no decís dónde están las armas’”. Tras varios intentos del sacerdote, cerca del amanecer fue sometido a dos simulacros de fusilamiento.