El fiscal federal Ricardo Toranzos acusó ayer al represor Carlos Alberto Mulhall por los tormentos y las reiteradas violaciones que en junio de 1976 sufrió Juana Isabel López mientras estuvo cautiva en una carpa, en dependencias del Ejército en la ciudad de Salta, luego de que fuera secuestrada por un grupo de tareas en Metán.
El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta hizo lugar a este planteo, y decidió recalificar la acusación contra los oficiales Fernando Chaín, Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que estaban siendo juzgados como partícipes secundarios de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y ahora quedaron acusados como partícipes necesarios de este delito.
En la provincia esta es la primera vez que en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad se plantea una acusación formal por delitos de índole sexual cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por las Fuerzas Armadas y sus socios civiles antes y durante la última dictadura. El fiscal recordó ayer que estos delitos de índole sexual han sido declarados también de lesa humanidad.
El Tribunal Oral en lo Federal acogió el planteo y le notificó a Mulhall que en relación a López, ahora se le imputa también tormentos y violaciones reiteradas, además de la privación ilegítima de la libertad por la que ya venía acusado.
Juana López estuvo detenida desaparecida por un mes. Toda su familia era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y sufrieron hostigamientos y detenciones arbitrarias desde 1975.
En julio del año pasado Juana contó en este proceso que fue secuestrada de su humilde casa en Metán en junio de 1976. El grupo de tareas la cargó primero en un Ford Falcon; luego, vendada, la subieron a lo que creyó que era un furgón, donde había otros detenidos. Fue conducida hasta un monte, del otro lado de la ciudad de Salta. Allí la arrojaron en una gran carpa verde (que pudo ver en una ocasión en la que se le corrió la venda), siempre con los ojos vendados, las manos y los pies atados y la boca tapada.
En esa situación fue interrogada insistentemente por un hombre, y fue violada y golpeada. “Entre los llantos y los gritos (de otros detenidos) en esa carpa fue violada en reiteradas oportunidades”, subrayó el fiscal antes de recordar las palabras de Juana en este proceso: “(la violación) fue la peor tortura que pude padecer”. López nunca pudo saber si el violador fue uno solo o distintos hombres, porque estaba vendada.
Toranzos también acusó a Mulhall y al ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por el abuso deshonesto que sufrió Asunción Griselda Banegas en abril de 1976, cuando un grupo de tareas secuestró a su esposo, Aldo Bellandi, un hecho que se investiga en este proceso. Pero el Tribunal no hizo lugar a esta acusación, por lo que tendrá que ser derivada a instrucción para su investigación y posterior elevación a juicio.
Además, el fiscal anunció que estudia plantear acusaciones más graves en contra de 7 de los 17 imputados. Lo hizo al término de los últimos testimonios, y de un careo. Las nuevas acusaciones dieron un adelanto de lo que podrían ser los alegatos, que todavía no tienen fecha para su producción.
Antes de cerrar la audiencia, el Tribunal informó a Mulhall, Chaín, Gatto y De la Vega de los cambios en las acusaciones. Los tres últimos dijeron que declararán más adelante.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de septiembre, cuando concluirá la incorporación de prueba y comenzarán las indagatorias.
Que si, que no, que no se entiende
La respuesta del Tribunal al intento del fiscal Ricardo Toranzos y del querellante David Leiva (Encuentro Memoria Verdad y Justicia) para que se califique de manera más grave la acusación al oficial Ricardo de la Vega generó ayer un intercambio lleno de tecnicismos; y una confusión generalizada, aún en los técnicos.
De la Vega venía siendo juzgado como partícipe secundario (el que coopera para la ejecución de un hecho) de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi. Pero para el fiscal y el querellante David Leiva, el oficial debe responder como partícipe necesario (una ayuda sin la cual no se habría podido cometer el hecho criminal en cuestión). Ambos consideran también que prestó esta colaboración para la comisión de la desaparición de Brizzi, no solo para su secuestro.
Fundan su razonamiento en que en el juicio quedó probado que De la Vega era S1 (jefe de Personal) y como tal integraba la plana mayor del Regimiento V de Caballería: “Participó en la decisión y ejecución, a través de sus subordinados, de la desaparición de Víctor Mario Brizzi, por lo que debe responder como autor mediato”, sostuvo el fiscal. El autor mediato es aquel que se vale de otra persona para cometer un delito, en este caso la desaparición o el homicidio de Brizzi. Leiva lo acusó como “autor mediato del homicidio doblemente agravado (…) en concurso real con privación ilegal de la libertad y aplicaciones de tormentos agravados”.
El Tribunal declaró inadmisible este planteo. El fiscal aclaró que solo había realizado una nueva calificación del mismo hecho, la desaparición de Brizzi.
Se inició entonces una discusión a la que trató de poner fin el anuncio del secretario Mariano García Zavalía: “Al planteo del fiscal, se hace lugar, si la ampliación es solo por Brizzi”, dijo. El Tribunal notificó a De la Vega que ahora está acusado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Brizzi, algo que nadie había pedido. La discusión siguió luego de terminada la audiencia. Aunque nadie está muy seguro, al parecer la decisión del Tribunal no inhabilita al fiscal y a las querellas a que en los alegatos acusen de nuevo a De la Vega por el homicidio de Brizzi.
La ampliación de la acusación está prevista en el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación para los casos en que durante un debate surjan hechos nuevos relacionados con el delito que se atribuye al acusado o cuando surjan circunstancias que agraven la calificación.
