Masacre del 24 y 25 de Setiembre.

Adhieren: Radio Nacional Salta, JP Desacamisados, Secretaría de Género y Derechos Humanos en el Frente Grande, Movimiento Nacional Campesino Indiguena.

Comienza a funcionar el Archivo Provincial de la Memoria en Salta

Finalmente, a más de cuatro años de su creación formal, el Archivo Provincial de la Memoria comenzará a funcionar hoy, cuando la flamante coordinadora general del Archivo, Cristina Cobos, visite su nuevo lugar de trabajo, en la sede de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos de la provincia.

La novedad se conoció ayer, cuando se difundió el decreto 2870, del 18 de septiembre, por el cual el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, designan a Cobos coordinadora general del Archivo Provincial de la Memoria.

El Archivo fue creado formalmente en abril de 2008, mediante el decreto 174, entonces dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En mayo pasado, mediante el decreto 1842, el Poder Ejecutivo lo pasó a la órbita del Ministerio de Gobierno. El Archivo Provincial de la Memoria es un organismo descentralizado cuyo objetivo es “contribuir a mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en la historia de nuestra provincia”, según consigna el artículo 3º del decreto 1741.

Con ese objetivo el Archivo reunirá y organizará la documentación que pasará a “conformar el fondo documental del Archivo”, explicó su coordinadora.

Indicó que el Archivo aportará “documentación que va a servir para prueba en los juicios de lesa humanidad que se están sustanciando en la provincia. Se va a recabar información de todos los organismo”, señaló antes de resaltar que el Archivo tiene facultades para ingresar “a todos los organismos donde se puede recoger información, el Servicio Penitenciario, la Policía, los hospitales públicos, los archivos del Poder Ejecutivo, los archivos del Poder Judicial Federal, y del Poder Judicial provincial. Y todo esto va a servir para prueba”. El Archivo también recibirá testimonios. Todo la documentación estará a disposición de quien la desee consultar.

Cobos destacó que la puesta en funcionamiento de este Archivo ayudará a “mantener la memoria, es contribuir a mantener la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en las dictaduras militares que hubo en la provincia”.

Dado que hasta el momento no existía un lugar donde se reuniera la información referida al terrorismo de Estado en Salta, para Cobos, que además de ser archivista sufrió la pérdida de su esposo (Víctor Brizzi) y de su hermano (Martín Miguel Cobos) en manos de la represión, “institucionalmente es muy importante” que se haya creado este Archivo: “Hay personas que tienen documentación pero son todos archivos personales, desde el Estado no se institucionalizó nada. Esto es muy importante para que la gente que tiene documentos lo pueda entregar a la provincia que van a quedar guardados ahí para la historia”, explicó.

Por el momento el único personal del Archivo lo constituye su coordinadora general pero se sabe que se está evaluando afectar a otros trabajadores del Estado para que cumplan funciones en ese organismo. Uno que puede ser número puesto es Federico Vuistaz, cuya familia también sufrió el terrorismo de Estado y que es empleado de la provincia.

Ratifican Brizzi desaparecio del Ejercito

Elena Corvalan

 

Cristina Cobos sostuvo que su familia fue víctima del terrorismo de Estado por su tradición de militancia peronista. Dijo que su marido, sus hermanos y sus propios padres sufrieron las consecuencias del terrorismo estatal. “Trabajábamos por los que menos tenían, alfabetizábamos. Esa era nuestra militancia política. Eso era por lo que éramos perseguidos”.

Tanto Cobos como el otro testigo que declaró en la víspera, Néstor Finetti, aportaron datos sobre la vinculación entre elEjército, la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario Provincial a los efectos de la represión.

En el caso de Cobos la persecución provino desde el Ejército y la Policía provincial. Cobos ratificó ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta que su marido, Víctor Brizzi, fue desaparecido del Destacamento de Exploración de Caballería Montaña 141 de Salta, a principios de marzo de 1976, cuando cumplía el servicio militar. Aseguró que el Ejército montó una mentira para mostrar a Brizzi como un desertor. Responsabilizó por estos hechos al entonces jefe del Destacamento, Carlos Alberto Mulhall; al segundo jefe, Joaquín Cornejo Alemán, y a los oficiales Isidro Benjamín de la Vega, Marcelo Diego Gatto y Fernando Antonio Chaín.

La testigo se refirió también al ataque que sufrió su familia la madrugada del 25 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas de la Policía de Salta entró a la casa buscando a un hermano suyo, Enrique Cobos, militante de la JP. Además de maltratar a toda la familia, de romperle los dedos de la mano derecha a su padre, de destruirle el automóvil que usaba para trabajar de taxista, despertaron a los golpes a otro hermano, Martín Miguel Cobos, y terminaron matándolo a tiros cuando el joven intentó escapar.“Dos o tres (hombres) recorrían la casa y encontraron a Martín. Empezaron a golpearlo: ‘Hijo de puta, vos sos Enrique’, le decían”. El joven logró zafar, saltó a la terraza, ganó la calle y, a pesar de ser tiroteado, alcanzó a llegar a un garaje que estaba en construcción, “ahí lo acribillaron. Martín tenía alrededor de 30 balazos. Con la bayoneta le habían roto el labio… Estaba destrozado, pobrecito. Martín tenía 18 años”, recordó su hermana, con la voz quebrada.

Cobos aseguró que los integrantes de este grupo eran policías, tenían las caras cubiertas con medias, a excepción del jefe, a quien dijo que podría reconocer. Como uno de los partícipes de este hecho identificó al comisario Víctor Hubo Bocos, que está siendo investigado por otros crímenes de lesa humanidad. Recordó que este policía se destacaba del resto porque parecía conocer a todos los miembros de su familia, y “tenía una ansiedad, una necesidad de quedar bien con el que andaba a cara descubierta”. Años después, ya en democracia, lo volvió a ver, y lo identificó, en la Casa de Gobierno, donde por comentarios supo que era un “apretador” al servicio del entonces gobernador Juan Carlos Romero. Ordenanzas de la Casa de Gobierno le contaron que solían compartir asados con el comisario y que cuando se emborrachaba “se jactaba de lo que hacía durante la dictadura. Y que también lloraba y una vez nombró al chiquito Cobos”, como una de sus víctimas.

Persecución política

Víctor Brizzi y Cristina Cobos compartían la militancia en la JP con otros perseguidos políticos: su hermano Enrique, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Guido Gamboa, Osvaldo Seggiaro, Francisco Corbalán, Carlos Urrutia. “La mayoría de los militantes fueron detenidos el 24 de marzo”, recordó Cristina.

En 1972, y 73, la JP había apoyado la candidatura a gobernador de Miguel Ragone, Lista Verde, con la condición de que investigara a los policías responsables de la persecución política. Cobos recordó que este grupo estaba encabezado por el comisario Joaquín Guil (que ya cuenta con dos condenas y está siendo juzgado ahora) y que, entre otros, estaban Abel Vicente Murúa, “Sapo” Toranzos, Misael Sánchez (fallecidos) y el propio Bocos. Ragone cumplió con esa promesa y la detención de estos comisarios fue también un motivo para que el ex gobernador fuera secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.

Cobos recordó que la persecución a los militantes se reinició ni bien cayó el gobierno de Ragone, intervenido en noviembre de 1974, y que ya en 1975 Brizzi y Enrique Cobos fueron detenidos varias veces.

Sobre la desaparición de Brizzi, recordó que tenía una prórroga porque era estudiante de abogacía. Sin embargo, en los primeros días de febrero de 1976 fue citado a prestar el servicio militar. Brizzi se presentó varias veces antes de que fuera incorporado. Cobos no lo vió nunca más, sí habló con él en al menos tres oportunidades. La segunda vez el joven le dijo que había “algo raro”. “Estoy incómodo porque los instructores a mí me tratan mal. Hay un instructor que me tiene entre ojos”, le relató. Cobos recordó que Brizzi identificó al instructor con el apellido Chaín. “Creo que la preocupación de él era ésa, como que lo estaban marcando, el acoso venía por el costado político”, añadió.

Ella recién supo de la desaparición el 9 de marzo, cuando una patrulla del Ejército fue a preguntarle por Víctor informándole que la noche anterior había salido del Destacamento porque tenía a su padre enfermo. Esa misma noche, acompañada por sus padres, Cristina fue a hablar con el jefe del Ejército en Salta. “Mire señora, a su marido le dimos permiso porque hubo una llamada de su hermano que su papá estaba grave y por buen comportamiento le dimos permiso”, le aseguró Mulhall. La insistencia de Cobos asegurando que Brizzi estaba en el Destacamento le valió que el militar llamara a la guardia para que los retiraran.

“A partir de ahí yo fui todos los días a preguntar por Víctor y me atendía el teniente De la Vega, en una habitación muy chiquita”, recordó. De la Vega reiteraba la versión del jefe hasta el 24 de marzo, cuando cambió el discurso militar: el oficial le dijo que Brizzi pertenecía a “una organización subversiva y esa organización se lo llevó”. Desde entonces las visitas de Cobos trocaron: en lugar de ser ella quien inquiriera por el destino de su marido, terminó siendo interrogada por un grupo de seis o siete hombres. “Ahí yo ya tenía la certeza de que Víctor Brizzi no había salido del Ejército, de que eran ellos mismos los que sabían lo que había le había pasado”.

La testigo recordó que hizo la denuncia policial y que presentó un hábeas corpus en el Juzgado Federal, entonces a cargo de Ricardo Lona, pero que este juez “se declaró incompetente”, por entender que le correspondía intervenir a la justicia militar “por estar bajo bandera”.

“Mi suegro llegó hasta el Vaticano, Naciones Unidas. Hizo todo lo que pudo y más para saber por Víctor Brizzi. Nunca se supo nada”, contó. Dijo que por eso “quisiera que de este juicio surja qué hicieron con Víctor Brizzi y qué hicieron con su cuerpo”.

“No se meta porque esto es una guerra”

En abril de 1976 Cristina Cobos y sus padres, Gregoria y Víctor Manuel, fueron a ver al arzobispo de Salta, Mariano Pérez, para pedirle que los ayudara a conocer el paradero de Enrique Cobos, detenido desde el 24 de marzo de 1976.

“Monseñor Pérez marcó un número (…) y pidió hablar con Cornejo Alemán”, narró la testigo. Dijo que le preguntó por su hermano: “Mire, monseñor, Cobos está vivo pero usted no intervenga porque esto es una guerra”, le respondió el militar. La respuesta pudo ser escuchada por los visitantes porque el arzobispo acercó el parlante del teléfono. “No se meta, no intervenga, porque esto es una guerra”, reiteró Cornejo Alemán ante la insistencia de Pérez para saber algo más del joven.

Enrique estuvo detenido en la cárcel de Villa Las Rosas. Según contó, la libertad se la dio el propio Cornejo Alemán, con una advertencia: “Mirá chango, vos estás bailando un tango muy jodido. A ver si cambiás el paso porque ahora salís, pero después, no sé”.

 

El abogado Raimundo Sosa se reivindicó amigo de Guil y se fastidió con la testimonial.

Por Elena Corvalan

El abogado Alberto Raymundo Sosa fue el protagonista de la jornada de la víspera (17-09-12) en el juicio oral y público que se sigue en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. El ex asesor legal de la Policía de Salta y que figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), se reivindicó “amigo” del ex jefe de inteligencia Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos. El abogado también reconoció que hasta que fue dejado cesante de la fuerza portaba un arma reglamentaria calibre 38.

Sosa fue convocado a dar su testimonio porque el también testigo Carlos Melián dijo que un compañero de militancia en el justicialismo, posiblemente Víctor Hugo Delgado, le comentó que el abogado podía saber del destino corrido por el ex policía federal, y agente de inteligencia, Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella, detenidos y desaparecidos de la Central de Policía en marzo de 1978.  

Sosa aseguró ayer que se enteró de la existencia de Parada de Mallo cuando fue convocado a testificar en el juzgado de instrucción. “Allí di todas las explicaciones de que a esta gente no la conocía”, sostuvo.

Contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mes en que cayó el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado por haber ayudado a escapar al ex ministro de Gobierno ragonista, Enrique Pfister, “una historia larga y poco conocida”. El “día del golpe” de Estado, contó el testigo, recibió un llamado del entonces juez Héctor Reynaldo Yarade: “Me cuenta que dentro de la lista de las personas que iban a ser detenidas por el golpe estaba mi amigo Enrique Pfister”. El juez le preguntó si podía ayudarlo. Sosa fue en su propio automóvil, un Ford Falcon, a buscar a Pfister al barrio El Tribuno y lo llevó hasta la ciudad de Santa Clara, en Jujuy, donde unos parientes del abogado lo ayudaron a llegar a Buenos Aires, desde donde salió del país.

De regreso en Salta, Guil lo puso sobre aviso: “Me dice: ‘Negro, parece que hay problemas con vos porque ha surgido un informe de inteligencia que dice que vos lo ayudaste a escapar a Enrique Pfister, por lo tanto están preparando el decreto para dejarte cesante’. Y así fue”, recordó.

Ante la insistencia del fiscal Ricardo Toranzos para que diera precisiones: ¿de dónde había sacado Yarade la lista de futuros detenidos? ¿quiénes más figuraban ahí? ¿había otras listas? ¿se hacían informes de inteligencia? ¿quiénes los confeccionaban?, Sosa negó todo conocimiento y prefirió poner el acento en la ayuda a Pfister: “De alguna manera era jugarse el pellejo sacarlo de Salta. (…) No era una cuestión fácil”.  De la misma manera, negó saber sobre actos de represión y detenciones por razones políticas, a pesar de que reconoció que la Dirección Jurídica estaba cerca de los calabozos. “Asesoría Jurídica no tuvo, no podía tener jamás que ver con el tema de detenidos”, rechazó. “No recuerdo ni sé nada al respecto”, añadió sobre la relación entre el Ejército y la Policía. Sobre las vinculaciones con la Federal concedió que “todo el mundo sabía que se hacían operativos conjuntos con la Policía Federal”, pero aseguró desconocer cualquier hecho concreto.

A esas alturas, el fastidio del testigo era evidente: dijo que, siendo penalista, le causa  “sorpresa tremebunda” declarar sobre dichos; “pareciera que se me está investigando a mí”, se quejó a continuación, y terminó, levantando la voz, con una reprimenda al fiscal: “Doctor, soy penalista y usted se está excediendo”. El fiscal, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio.

Testigos que declararon en el Juicio por la Verdad vinculan a Sosa con los negocios llevados a cabo bajo el calor de la represión. La concejala Lucrecia Lambrisca denunció que el abogado le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, Lucrecia Barquet. El ex preso político Oroño sostuvo que el abogado visitaba el lugar donde era torturado. Y en 2007 Mario Zenzano aseguró que durante la dictadura pidió a Sosa que intercediera ante la Policía para que se llevara a cabo un allanamiento ordenado por la justicia y que el abogado le dijo que iba a hablar con Guil pero le adelantó que éste iba a pedir “a cambio, algo”, por lo que terminó transfiriéndole un terreno.

Comienza hoy el juicio de la Masacre del 24 y 25 de setiembre.

Hoy comienzan hoy las audiencias por la denominada causa UNSa correspondiente a algunos estudiantes y trabajadores de esa casa de altos estudios. El tratamiento de estos hechos tenía que haber comenzado el 10 de septiembre, pero fue pospuesto por enfermedad del militar Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, quien estaba acusado por la desaparición del soldado Víctor Brizzi. Vujovich Villa falleció el viernes último, en San Miguel de Tucumán, informó ayer su abogado, Orfeo Maggio, con lo cual quedó habilitada la continuidad del proceso, aunque se da otra vez el caso de que alguien sospechado por crímenes de lesa humanidad muere antes de que haya un pronunciamiento judicial. En esta causa ya pasó eso con el policía Abel Vicente Murúa.

Cristina Cobos, militante de la Asociación Lucrecia Barquet y de Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia de Oran es querellante y era esposa de Brizzi, y hermana de Martín Miguel Cobos, adolescente acribillado en un operativo realizado entre el 24 y 25 septiembre de 1976.

 

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Respon

 

A 36 años de “La Noche de los Lápices" recordamos a un joven salteño masacrado el 25 de Setiembre de 1976. Martín Miguel Cobos

Esta tarde nos reunimos a rendir homenaje a aquellos jóvenes 

compañeros que fueron secuestrados en la triste noche del 16 de Septiembre de 1976 de sus hogares por fuerzas parapoliciales del gobierno de facto que asumió tras el Golpe de Estado, de ese mismo año, bajo el mando del Genocida Jorge Rafael Videla.
Estos jóvenes compañeros fueron detenidos en un Centro Clandestino, torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos por la lucha del boleto estudiantil.

A 36 años de la Masacre del 24 y 25 de setiembre esperamos el juicio por el esclarecimiento del asesinato de Martín y de mas de 34 compañeros y compañeras.

Por Memoria, Verdad y Justicia. ¡ Cárcel Común a los Genocidas!

El monumento al plan Cóndor en Salta, que Puricelli no quiere demoler.

Por Horacio Verbitsky

EL LABERINTO BUROCRATICO PARA QUE NADA CAMBIE Monumento al plan Cóndor . Bajo la conducción de Puricelli, el Ministerio de Defensa ha permitido la reaparición de las tendencias militares a la autonomía, la intervención en cuestiones políticas y hasta cierta solapada reivindicación del terrorismo de Estado.

Desde que asumió como ministro de Defensa, en diciembre de 2010, Arturo Puricelli fue reacio al deslinde entre el terrorismo de Estado y las Fuerzas Armadas integradas al sistema institucional que marcaron los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y sus ministros José Pampuro y Nilda Garré. Puricelli no ha tenido reparo en criticar ante personal del ministerio los juicios por violaciones a los derechos humanos porque “algo había que hacer para pararlos. Yo los conozco, en Ezeiza quisieron matar a Perón”. Coherente con esta línea de pensamiento, impuso a una dependencia de Ejército el nombre de General Ernesto Fatigatti (un empresario quebrado, ex vicepresidente de la Cruzada de Solidaridad de Isabel Martínez). Tampoco se preocupó por mantener apartadas a las Fuerzas Armadas de cualquier injerencia indebida en cuestiones que la ley les veda. Así, puso a trabajar en el proyecto de submarino nuclear al vicealmirante retirado Benito Rótolo, ex subjefe de Estado Mayor durante la gestión de Jorge Godoy, a quien el juez federal Daniel Rafecas procesó por su participación en la actividad “sistemática y generalizada” de espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales desde diversas bases de la Armada. Entre sus asesores designó al Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, Fabián Calle, un entusiasta de la contrainsurgencia “para hacer frente a grupos, organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y estrategias guerrilleras y/o terroristas”. Puricelli también revocó la disposición que restringía el uso de la banda de Patricios y la Fanfarria de Granaderos a ceremonias institucionales, y las envió a la Sociedad Rural, el Círculo Militar (que expulsó al ex jefe de Estado Mayor Martín Balza), y a los hipódromos de Palermo y San Isidro. Su equipo de colaboradores está plagado de familiares e incluye al hermano, dos hijos, un sobrino y sus respectivas parejas. Su primer vocero fue un suboficial de la Armada en actividad, novio de su hija y colaborador del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, cuya conducta durante el terrorismo de Estado es investigada por la Justicia por el asesinato de dos delegados. Debió alejarlo cuando el vocero firmó un mensaje de felicitación al diario La Nación celebrando “su trayectoria”. La actividad más regular de Puricelli son los viajes al exterior, siempre con demasiados acompañantes. Entre los oficiales retirados que actúan como asesores (según el artículo 62 de la ley orgánica) confirmó al almirante Joaquín Stella, el jefe de Estado Mayor de la Armada relevado por Kirchner en 2003, quien durante la crisis de fin de siglo presentó un plan al ministro de Defensa Horacio Jaunarena por el cual se movilizarían miles de efectivos militares en apoyo de la Policía y la Gendarmería, bajo las órdenes de un comandante operacional de las Fuerzas Armadas. En cambio decidió prescindir del general Juan Jaime Cesio, despojado de su grado por la dictadura por haber denunciado la comisión de “delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas” y privilegiar “su condición de ciudadano sobre la de militar”, al asistir a una movilización por los derechos humanos. Recién Kirchner lo reparó, con palabras precisas, al devolverle el grado y proponer su ascenso a general: “Que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador, con las manos manchadas de sangre, resulta juez. No hemos perdido la capacidad de distinguir el bien del mal, lo que es honorable y lo que no lo es”. En cambio Puricelli remitió el caso al Ejército, para que decida si precisa o no de los servicios de Cesio. Algo equivalente hizo con la decisión inconsulta del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, brigadier general Jorge Chevalier, quien cubrió una placa colocada en el Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas, que recordaba que en ese mismo sitio funcionó la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde oficiales franceses enseñaron las “prácticas genocidas amparadas en la Doctrina de la Seguridad nacional”. Como Chevalier ponía en duda que allí hubieran enseñado los veteranos de las guerras coloniales de Indochina y Vietnam, Puricelli solicitó un informe a la dirección de derechos humanos y cuando lo recibió se lo hizo llegar a Chevalier, para que él decidiera. El caso no es dudoso. El Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, organizado en la Escuela Superior de Guerra con el asesoramiento de los instructores enviados por el gobierno francés, fue inaugurado el 2 de octubre de 1961, según la crónica que al día siguiente publicó Clarín. Su jefe fue el coronel Alcides López Aufranc, quien contó con el asesoramiento de los coroneles franceses Robert Bentresque y Jean Nouguès . Entre los profesores figuraban algunos sacerdotes, como Victorio Bonamín, intelectuales laicos, como el ex seminarista Mariano Grondona, y jefes y oficiales que tendrían actuación destacada en las dictaduras de las dos décadas siguientes. También algunos asistentes latinoamericanos adquirirían notoriedad en el derrocamiento de gobiernos electos y la instauración de regímenes criminales, como el boliviano Alfredo Ovando Candia, el hondureño Alonso Flores Guerra y el chileno Sergio Arellano Stark. El director de la Escuela, general Carlos Túrolo dijo que el curso versaría sobre el nuevo tipo de guerra interna, que se libra sin escrúpulos ni principios éticos. En su artículo “Radioscopia subversiva en la Argentina”, publicado en el No 344, enero-marzo de 1962, de la Revista de la Escuela Superior de Guerra, el instructor francés Jean Nouguès sostuvo que el enemigo de sus discípulos argentinos sería constituido por el peronismo y los intelectuales. En mi libro La Violencia Evangélica publiqué un memorandum del embajador Armand de Blanquet du Chayla y una nota del agregado militar y naval de Francia, coronel Notelle, sobre el curso para treinta y nueve oficiales de catorce países. El conde Blanquet du Chayla, miembro de una familia de militares y obispos, destacó en el informe a su gobierno la importancia de que también participaran como alumnos oficiales estadounidenses, cuyos celos destacaba. El último episodio que caracteriza el estilo de Puricelli está en pleno desarrollo y se refiere a la demolición de un monumento al Plan Cóndor erigido en 1978 en la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, de Salta. Es una pirámide, coronada por un globo terráqueo en el que la Argentina resalta en color rojo, sobre el que aletea un cóndor. A propuesta del Frente para la Victoria, el Concejo Deliberante solicitó al ministerio de Defensa que lo destruyera. El pedido fue avalado por el secretario de derechos humanos de la Nación, Martín Fresneda, en un dictamen que menciona el repudio expresado por el Mercosur a “las Coordinaciones Represivas del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor”. Agregó que de acuerdo con la política de Memoria, Verdad y Justicia iniciada por Kirchner, que colocó a los derechos humanos como nota distintiva del proyecto nacional y popular, “no puede el Estado democrático asignar denominaciones honoríficas, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de carácter público, a situaciones que constituyeron una participación activa en la represión ilegal y en el quebrantamiento de la institucionalidad democrática”. Como el pretexto del monumento fue el Combate de Manchalá, “si existiera alguna placa rememorativa de algún soldado conscripto”, muerto en aquel enfrentamiento con fuerzas del ERP en Tucumán, “la misma podrá ser trasladada a otro lugar de la Guarnición”. Puricelli remitió la cuestión a la justicia federal. El juez Miguel Medina preguntó al ministerio si había alguna resolución para demoler el monumento. La directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Defensa, Stella Segado, dictaminó que para preservar posibles pruebas deberían conservarse los 50 centímetros de la base, ya que una versión sostenía que debajo del monumento habría restos de detenidos-desaparecidos. Puricelli no aceptó ese dictamen y se propone responder que no hay resolución alguna del ministerio, con lo cual permitiría a la Justicia salteña ignorar la decisión de los ediles y prolongar por tiempo indefinido el homenaje al terrorismo de Estado.

Fuente: Pagina 12

Un comisario quedó implicado en la desaparición del ex federal Parada.El Programa Verdad y Justicia respondió al Tribunal

Elena Corvalan 

El comisario retirado Pedro Perona fue sindicado ayer como partícipe de la detención, y desaparición, del ex policía federal Juan Carlos Parada de Mallo y de su esposa, Marta Beatriz Cascella, cometidos en marzo de 1978.

En aquel año Perona era jefe de la Brigada de Investigaciones. Aunque era evidente que no quería hacerlo, el policía retirado Juan Carlos Pacheco lo señaló ayer como quien encabezó el operativo de detención de Parada de Mallo, concretado el 17 de marzo de 1978, desde el taller mecánico del padre del testigo, en el barrio Santa Lucía.

Siguiendo un derrotero ya trillado por otros miembros de fuerzas de seguridad activos durante los años de la última dictadura cívico-militar, Pacheco empezó afirmando que no recordaba prácticamente nada en relación a Parada de Mallo. Una vez más, el fiscal federal Ricardo Toranzos tuvo que recurrir a las constancias del expediente para que viera, y reconociera, su firma en el sumario policial en el que se consigna que el ahora testigo entregó “un informe sobre la situación de Parada al comisario Perona”. En esas constancias figura también que prestó declaración en el sumario policial. Entonces había detallado que en la primera quincena de enero de 1978 Parada de Mallo fue al taller de su padre, Juan Carlos Pacheco, llevándole una estanciera y que ya antes había llevado otro vehículo; tiempo después fue una comisión policial a buscar la estanciera.

“¿Usted recuerda esto?”, lo interrogó el presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez Montilla. “La verdad (es) que muy vagamente, doctor”, respondió el testigo.

El fiscal añadió que en el sumario policial se consigna que Pacheco hijo dijo saber que Parada había sido detenido en el taller y que “sabe que está en la Brigada de Investigaciones porque el jefe, comisario Perona, fue al taller y le dio las llaves de una estanciera para que se las diera a la esposa de Parada, y que la otra estanciera fue secuestrada”.  El ex policía intentó reforzar lo de su falta de memoria, pero ante la insistencia acerca de que había firmado la declaración terminó por reconocer que “seguramente así ha sido”.

Parada de Mallo ha sido señalado por otros testigos, como el abogado Néstor Adet, como integrante del aparato represivo. Se sospecha que parte de su tarea (además de realizar inteligencia) consistía en robar automóviles y prepararlos en talleres de miembros de fuerzas de seguridad para usarlos en la represión. No se sabe si éste era el caso del taller mecánico de los Pacheco, aunque sí quedó claro Pacheco hijo no tenía ninguna gana de declarar: debía presentarse el lunes pero no lo hizo; ayer tampoco llegó a tiempo y se presentó recién luego de que el Tribunal ordenara que se lo trajera por la fuerza pública. Al parecer, fue advertido decidió concurrir por su cuenta, aunque trató de escudarse en la desmemoria para evitar hablar de aquellos años.

A propósito de la trama de los represores y sus cómplices, y de los delitos comunes que cometían a la par de violar derechos humanos, se sospecha que la muerte de Parada de Mallo se debió a una desavenencia por un automóvil Renault 12 del empresario Pancho Balbi, que le había sido robado por un grupo de tareas, que a su vez fue asaltado por Parada de Mallo, para devolver el coche a su dueño a cambio de una suma de dinero.

Perona no está en la lista de testigos de este debate, pero es probable que se termine pidiendo que sea investigado como partícipe de la detención y desaparición de Parada de Mallo, y de Cascella, desaparecida el 29 de marzo de 1978, de la misma Central de Policía, adonde había ido a esperar que su marido fuera liberado, tal la promesa que había recibido de parte de un alto jefe de la Policía, según confirmó ayer Héctor Burgos, propietario de la perfumería donde trabajaba la mujer.

Burgos recordó que llevó a Cascella hasta la Central y que no la esperó porque ella se negó. “Menos mal que no me quedé”, suspiró ante el Tribunal. Y se explicó: “(Cascella) no apareció más. No volvió más”. Más tarde ratificó que Parada de Mallo y Cascella “no salieron” de la Central.

El testigo recordó que Cascella “manifestó que había dicho (al hablar con el alto jefe policial que Burgos cree que era un militar) que si no largaban al marido, iba a hablar lo que sabía del Ejército”.

Piden que declare la mujer de Luciano Jaime

El abogado Matías Duarte, que junto a la letrada Tania Kiriaco representa a la querella de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), pidió ayer que se cite a prestar declaración testimonial a quien fuera la esposa del periodista Héctor Luciano Jaime, Rosa Chica.

El querellante hizo este pedido en el marco de una solicitud para que se cite como testigos a los policías que participaron del sumario abierto tras el hallazgo de los restos del cuerpo de Jaime, el 14 de febrero, en el paraje El Encón Chico, departamento de Campo Quijano.

Duarte explicó que su pedido se debe a que “luego del análisis del sumario policial” advirtieron que “ninguno de los policías que intervinieron fueron citados a declarar”.

 Verdad y Justicia respondió  a Tribunal por los testigos

El  abogado Pedro García Castiella afirmó ayer que el Programa Verdad y Justicia no es responsable de las modificaciones de última hora realizadas en el cronograma de testigos citados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad.

El asesor del Programa Verdad y Justicia en Salta salió al cruce de las expresiones del presidente del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, Carlos Jiménez Montilla, que en la audiencia del lunes descargó en este Programa los inconvenientes en las citaciones a testigos. La reacción del juez se produjo luego de que la abogada querellante Tania Kiriaco adhiriera a un pedido del fiscal Ricardo Toranzos para que se lo notifique con antelación de los cambios en el cronograma de testigos.

Jiménez Montilla dijo que debido a esos inconvenientes, el Tribunal había decidido realizar las notificaciones a través de Gendarmería pero que se volvió al Programa Verdad y Justicia por un pedido de las querellas. El cruce fue generado por la decisión del viernes último del Tribunal, que suspendió el tratamiento de la causa por los trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y, en cambio, citó a testigos de la causa por las desapariciones de Juan Carlos Parada de Mallo y Marta Cascella. Esta decisión se tomó el viernes por la noche, la jueza Liliana Snopek indicó que recién entonces supieron que el acusado Ubaldo Vujovich Villa estaba imposibilitado de asistir y por lo tanto no podía realizarse la audiencia con los testigos previstos inicialmente.

“El Programa Verdad y Justicia fue notificado, vía mail, el viernes 7 y pasadas las 21 horas, respecto de la  modificación del calendario de audiencias previsto para los días lunes y martes 10 y 11 de setiembre”, explicó García Castiella. Indicó que esto los obligó a notificar, “fuera de toda previsión posible, a testigos durante el fin de semana,  de un día sábado para el lunes siguiente”. Sobre la lista de 12 testigos, “comparecieron siete,  encontrándose imposibilitados los restantes por diversas otras obligaciones o ausencias asumidas con anterioridad en algunos casos”. En otros casos se trató de testigos cuya citación no es de competencia  del Programa.

“Este Programa desea dejar aclarado que no ha existido responsabilidad alguna de su parte en la modificación del cronograma a última hora, como también ha dejado de manifiesto la eficacia en la ubicación y notificación de los testigos a pesar de la carencia absoluta de toda antelación posible en la notificación de la modificación dispuesta por el Tribunal a última hora del último día hábil de la semana pasada.” Sostuvo el abogado.

De paso, abonó a favor de los planteos del fiscal: “Tampoco corresponde que se pretenda justificar el uso de las fuerzas de seguridad en la gestión de las notificaciones a testigos –contrariando el Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos- en el marco de procesos judiciales, para enmendarse así la tramitación de notificaciones precipitadas, como ha venido aconteciendo en anteriores ocasiones, generadas siempre en las sorpresivas modificaciones de calendario sin la suficiente y debida antelación, extremo que fuera precisamente el motivo de reclamo de Fiscalía y querellas ante el Tribunal.” Afirmó García Castiella.

El Programa Verdad y Justicia depende del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos de la Nación y tiene como objetivo garantizar que los procesos por crímenes de lesa humanidad sean exitosos. Entre sus acciones se cuentan la de colaborar en “el proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales vinculados con los delitos de lesa humanidad”.