martes, 30 de octubre de 2012

Otro testigo dijo que los cesanteados de la UNSa luego eran desaparecidos


El sociólogo Alberto Noé acusó ayer al filósofo Mario Casalla de confeccionar y entregar “las listas de (profesores de la Universidad Nacional de Salta -UNSa) cesanteados que después se convertían en desaparecidos”. Contó sobre el proyecto, iniciado con la gestión del rector Holver Martínez Borelli, para posibilitar que sectores más pobres accedieran a la universidad; dijo que este proyecto fue infiltrado por servicios de inteligencia y acusó al civil Juan Manuel Ovalle de haber “entregado” a la docente Silvia Aramayo.
Noé fue convocado para referirse a Aramayo, desaparecida desde que fuera secuestrada de su casa de esta ciudad, la madrugada del 24 de septiembre de 1976. Concluyó pidiendo custodia y se retiró acompañado por miembros de la Policía Federal.
Noé recordó que durante la gestión del primer rector de la UNSa, se puso en práctica el programa AM25, destinado a mayores de 25 años que no habían completado los estudios secundarios. Aramayo era su ayudante. “Con ese programa los pobres llegaban a la Universidad, porque hasta entonces era privativo de otras clases”. Ese plan tenía 3 mil inscriptos pero comenzaron con 500 alumnos, entre los que se contaba Ovalle, juzgado ahora por la desaparición de Aramayo.

lunes, 29 de octubre de 2012

Jornada de la Megacausa, se aportan más datos sobre un centro clandestino de detención


Testigo contó que fue torturado en una instalación militar cerca de Salta

El testigo Enrique Cobos contó ayer que estuvo detenido entre 15 y 20 días en  un centro clandestino de detención (CCD) ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Salta. El 24 de marzo de 1976 fue sacado de la casa de sus padres, con los ojos vendados, y llevado hasta estas instalaciones, donde fue obligado a permanecer tirado en el piso de cemento, boca abajo, con las piernas y brazos abiertos, y siendo interrogado y golpeado constantemente. Compartía este cautiverio con otros secuestrados.
Este fue el hecho más conmovedor de la jornada de la víspera en la que hubo fuertes cruces entre los querellantes y los defensores, en los que también intervino el fiscal Ricardo Toranzos. Cuatro testigos declararon en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta contra ex militares, ex policías, y un civil.

miércoles, 24 de octubre de 2012

PIDEN QUE SE INVESTIGUE A LONA EN LA CAUSA RAGONE


Un juez bajo sospecha

Por Alejandra Dandan 

En el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador de Salta, la fiscalía reclamó que se investigue al ex juez como partícipe de ese delito. Lona fue varias veces denunciado.
El ex juez Ricardo Lona siempre ha gozado de la protección de la corporación judicial.

jueves, 18 de octubre de 2012

Perpetua a Arias y Zírpolo por la desaparición de Melitón Bustos


Finalmente, casi once meses después de ordenada la medida, el Tribunal Oral en lo Federal de Salta condenó, anteayer, a prisión perpetua a los ex militares Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, cometido el 2 de febrero de 1978 en Tartagal. 
El Tribunal salteño tuvo que dictar una nueva sentencia por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, que el 24 de noviembre de 2011 calificó estos hechos como “privación ilegal de la libertad en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y bajó el expediente al TOF salteño para que dicte un nuevo fallo. Con esta calificación solo cabía la condena a perpetua, que el Tribunal integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Jorge Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas (en el juicio actuó como cuarto juez, y ahora sustituyó a Roberto Frías, ya fallecido y quien presidía aquel Tribunal), dictó recién anteayer.
El juicio por la desaparición de Bustos fue el primero por lesa humanidad realizado en Salta. Comenzó en 2009 y la sentencia se dictó el 10 de abril de 2010. El Tribunal entendió que se trataba de un homicidio simple y les aplicó penas de 20 años a ambos acusados.
La sentencia fue apelada tanto por la querella, a cargo de los abogados David Leiva y Tania Kiriaco en representación del hijo del escribano, Raúl Federico Bustos; como el fiscal federal Eduardo Villalba y las defensas, a cargo del defensor oficial Federico Petrina y el abogado particular Pablo Tobío.
En noviembre pasado la Casación rechazó las apelaciones de las defensas e hizo lugar a las de los querellantes y la Fiscalía, calificó con una figura agravada los delitos cometidos por Arias y Zírpolo y remitió el expediente al Tribunal salteño, ordenándole que dicte una sentencia acorde.
La situación de hecho de los convictos no cambiará sustancialmente, informó ayer la abogada Tania Kiriaco. Arias seguirá cumpliendo prisión efectiva, y Zírpolo continuará en prisión domiciliaria en Tucumán.
Bustos residía en Tartagal. Además de ejercer la escribanía tenía una vida política activa. Durante el gobierno de facto del capitán Roberto Augusto Ulloa tramitó la titularidad del registro notarial donde trabajaba. Pero le fue negada, en un trámite en que participó también el dirigente renovador Jorge Folloni, fundándose en un informe de inteligencia que no lo consideraba de confianza para este cargo.
Durante 1977 Bustos recibió amenazas de muerte, lo que lo llevó a entrevistarse con el jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú, y finalmente tuvo que exilarse, aunque luego regresó y fue secuestrado. 

martes, 16 de octubre de 2012

“Casalla estaba ligado a la derecha y cesanteaba a compañeros”


Dos testigos que declararon ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta dieron cuenta de las tareas de vigilancia y persecución que se realizaban en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la década del 70. Ambas sostuvieron que el profesor de filosofía Mario Casalla encabezó una persecución a militantes de partidos de izquierda, que fueron cesanteados y, en muchos casos, desaparecidos. Casalla no está siendo juzgado en este proceso, pero tiene un pedido de investigación por su presunta colaboración con el terrorismo de Estado.
 “Casalla estaba ligado a los sectores de derecha. Y cuando él estaba en la Universidad, dejaba cesante a muchos compañeros”, sostuvo Nora Leonard al referirse a la persecución que sufrió la docente Silvia Aramayo, cesanteada el 3 de mayo de 1975 y secuestrada y desaparecida el 24 de septiembre de 1976.
“(Casalla) tenía mucho poder y era el que organizaba todo ese sector de la derecha peronista (en la UNSa)”, ratificó Leonard. La testigo María Isabel Duarte, que militaba en la JP y conoció a Aramayo, añadió que Casalla “digitaba” la persecución y “a raíz de eso existen las cesantías de los compañeros”. “Esa fue su misión (señalar a los militantes)”, aseguró.

lunes, 15 de octubre de 2012

En septiembre del 76 hubo una cacería de militantes


Los cinco testigos que declararon el lunes 15 de octubre, ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta aportaron elementos para armar el rompecabezas de los actos de terrorismo de Estado cometidos entre el 24 y 25 de septiembre de 1976: quedó claro que los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una cacería de militantes políticos en la ciudad de Salta. En esas fechas fueron secuestradas las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Ana María Fernández Arcieri  de Gamboa; su marido Héctor Gamboa, además de Daniel Loto Zurita (que trabajaba en la zapatería de Gamboa y compartía la militancia en Montoneros) y el estudiante universitario Carlos Figueroa Rojas. Y fue asesinado el estudiante secundario Martín Miguel Cobos, cuñado del soldado Víctor Brizzi, quien había desaparecido del Ejército el 8 de marzo de 1976.
Además de la proximidad de las fechas, estos casos comparten la falta de investigación policial, y el desinterés del entonces juez federal Ricardo Lona para aceptar los recursos que los familiares elevaban en procura de dar con los desaparecidos.

domingo, 14 de octubre de 2012

Acusan al Ex Juez Federal Lona, como partícipe de la desaparición de Ragone

Tres fiscales federales, Jorge Auat y Horacio Azzolín, de la Procuración General de la Nación, y Javier De Luca,fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, requirieron que el ex juez federal Ricardo Lona sea indagado nuevamente como partícipe del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.
En lo que puede entenderse como un gesto simbólico, para demostrar que a pesar de los numerosos apartamientos (por excusaciones y recusaciones) de jueces y fiscales, sí hay funcionarios dispuestos a instar la investigación de la participación del ex juez federal en delitos de lesa humanidad, los fiscales requirieron al juez federal Nº 2, Miguel Medina, que vuelva a indagar a Lona, ya no por una mera omisión de investigar o encubrimiento, sino por su participación en los hechos. En el extenso requerimiento se reseña abundante prueba, mucha de ella colectada en el debate realizado el año pasado, en el que fueron juzgados, y condenados, otros partícipes de este hecho, cometido el 11 de marzo de 1976.
“Ricardo Lona, principal responsable de la investigación del caso, realizó determinadas conductas (patentizadas en el irregular trámite de la causa) que no pueden limitarse a una mera infracción de deber (como hasta ahora ha venido imputado)  sino a una participación directa en el hecho principal”, se afirma en la presentación, realizada anteayer.