Lunes 11 de Noviembre seguirán los alegatos de los querellantes

El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta desde mayo del año pasado seguirá hoy, con la continuidad de los alegatos de las querellas que participan de este proceso.

El Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este debate por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y el cuarto juez Gabriel Casas, pretende concluir con los alegatos de las querellas en esta semana, y escuchar al fiscal federal Ricardo Toranzos el lunes 18.

Sin embargo, no se informó si esta semana habrá dos días de audiencia, que se presumen necesarios para escuchar las exposiciones de los abogados Matías Duarte, Tania Kiriaco, Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva, representantes de los querellantes.

En este juicio se acumularon unas 18 causas abiertas para investigar crímenes perpetrados entre enero de 1975 y marzo de 1978 en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales han sido asesinadas o se encuentran todavía en calidad de desaparecidos. Hay querellas constituidas solo en algunas de las causas acumuladas, por lo que es de suponer que las exposiciones de los abogados querellantes serán más breves que las de la Fiscalía, que debe referirse a la totalidad de hechos vinculados a las 34 víctimas y a los 17 hombres que están siendo juzgados por su supuesta responsabilidad en estas acciones.

Teniendo en cuenta “que se trata de un debate que por diferentes circunstancias se ha prolongado más de un año”, el Tribunal consultó a las partes (la Fiscalía, los querellantes y los defensores) y resolvió otorgar un plazo de dos horas para los alegatos de cada querellante, de 8 horas para el fiscal y de 2 horas para los defensores, salvo el defensor oficial Federico Petrina, que asiste a 13 de los imputados y al que se le otorgó la posibilidad de explayarse durante 6 horas. Sin embargo, ni bien se conoció la decisión del Tribunal, el abogado David Leiva (que representa a la querella de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a los familiares del soldado Víctor Brizzi y a los del matrimonio integrado por Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa) planteó que necesita al menos 6 horas para poder referirse a las causas en las que interviene. “Que se nos limite a 2 horas nos parece que es desigualdad de armas”, se quejó tras recordar que los militares imputados Fernando Chaín y Marcelo Diego Gatto tuvieron la posibilidad de hablar por 5 horas cuando se decidieron a prestar declaración indagatoria.

Al parecer, la idea del Tribunal es que los alegatos vayan siguiendo un orden cronológico (el primer alegato, el 4 e este mes, fue sobre el secuestro y homicidio de Eduardo Fronda, cometidos el 8 de enero de 1975), se espera que el primer alegato de hoy sea del abogado Matías Duarte, quien junto a Kiriaco representa a la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), constituida en querellante en la causa por el secuestro y asesinato del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido entre el 12 y 14 de febrero de 1975. 

Comezaron los Alegatos: piden perpetua para Guil y Alzugaray

El abogado querellante Carlos Saravia pidió ayer condenas de prisión o reclusión perpetua, en cárcel común, para los represores Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray, a los que consideró responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad con aplicación de tormentos en concurso real con homicidio calificado por alevosía”, por el asesinato del militante peronista Eduardo Fronda, cometido en Salta el 8 de enero de 1975.

De esta manera comenzaron los sucesivamente pospuestos alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta provincia desde mayo  del año pasado y en el que se juzga a 17 hombres, por delitos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Saravia habló luego de que se escuchara la última declaración indagatoria, del civil Juan Manuel Ovalle, que es juzgado en relación al secuestro y desaparición de la docente Silvia Aramayo.

Saravia, que representa a los hermanos de Fronda, consideró probado que el joven fue detenido el 4 de enero de 1975. Se basó para ello en el testimonio de Humberto Fronda, policía, hermano de Eduardo, y en las publicaciones periodísticas de la época, que dan cuenta de operativos policiales llevados a cabo en los barrios Villa Primavera y Villa 20 de Junio, lugares de “residencia alternativa” del joven que militaba en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y en 1973 había acompañado la candidatura a gobernador de Miguel Ragone.

El letrado describió el derrotero al que fue sometido Fronda: primero en la Central de Policía, donde “estuvo 3 días y medio” y donde fue visto por el periodista Luciano Jaime (cuyo secuestro y asesinato, en febrero de 1975, también es objeto de este proceso); luego fue llevado  a la Delegación de la Federal, donde fue sometido a torturas, posteriormente “por lo menos 6 o 7 personas” lo acribillaron a balazos y lo abandonaron en el camino a Lesser, cerca de la entrada al paraje Buena Vista, que pertenece a tierras del Ejército.

El abogado recordó que la ex presa política Mirta Torres contó que otra detenida, Virginia Guzmán, fue obligada a presenciar la tortura a Fronda, aplicada por el jefe de Federal en Salta, el comisario Federico Livy (fallecido) y Alzugaray. Sostuvo que el joven fue torturado para que diera información sobre Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán y Ricardo Tapia, militantes del FRP y de su brazo armado, el Ejército de Liberación del Norte (ELN) luego renombrado Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que eran buscados por las fuerzas de seguridad. “Está claro que los verdugos cumplieron su objetivo”, añadió, refiriéndose a que en abril de 1975 estos últimos cuatro fueron asesinados por la Policía de Salta en Rosario de Lerma, un hecho que también es objeto de este juicio.

Saravia afirmó que ya durante el “gobierno constitucional de Isabel Perón, (existía) un plan sistemático de eliminación de opositores políticos” y que, en ese marco, Fronda fue “víctima de un atentado de fuerzas de seguridad”. Recordó que el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, y el subjefe, Luis Margaride, mantenían una “estrecha relación con José López Rega”, con el que integraban la organización paramilitar Triple A.

Dijo que en Salta la persecución política se hizo notar tras la intervención al gobierno de Ragone, en noviembre de 1974, que en ese lapso antes del golpe la Policía de la provincia estaba subordinada a la Federal y que el Ejército colaboraba aportando información de inteligencia.

En enero de 1975 Guil era jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, era el hombre fuerte de la represión. Alzugaray, por su parte, “integraba la cúpula de la Delegación Salta de la Policía Federal”, que realizaba sus operativos con ayuda de la Policía salteña.

El juicio seguirá el próximo 11 de noviembre, con los alegatos de los otros querellantes.

 

 

El verdugo  

 

El abogado Carlos Saravia señaló ayer al ex comisario general Joaquín Guil (ya convicto) como la figura central de la represión previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “Él comandaba. Era el jefe de la Policía, más que (Miguel) Gentil (que era el jefe), más que (Virtom) Mendíaz (que era el subjefe)”, afirmó.

Joaquin Guil 

“Joaquín Guil no es un improvisado dentro del marco de la represión en Salta”, afirmó. Y enumeró: en 1965, cuando la visita de los reyes de Bélgica, ya estaba en el área de Contralor Político de la Policía y fue el encargado de detener a Juan Carlos Salomón, Armando Jaime y Julio José Suárez. En 1973 fue detenido junto a otros jefes policiales por apremios ilegales a militantes peronistas, fue acusado de haber realizado 52 allanamientos en la casa de la dirigente peronista Hortensia Porcel. Posteriormente “las presiones de la derecha peronista llevaron a que fueran reincorporados” los comisarios cesanteados y Guil volvió a la represión tras la caída del gobierno de Ragone. “Él dirigía Control Policial, él dirigía la inteligencia policial. El día 24 de marzo de 1976 fue el que allanó la sede de la CGT destruyendo con una Itaka los retratos de Perón y Evita”, afirmó el abogado.

Sobre el cierre de su alegato ratificó que “esa organización delictiva que había invadido y contaminado  al Estado tenía la figura sobresaliente del señor Joaquín Guil. Él fue el verdugo, él fue el que decidió sobre la vida y el honor de cada uno, él fue el que optó por tener ese rol de asesino, de cómplice de asesinatos o de intermediario entre la vida y la muerte”.

 

 

 

 

Ovalle: “No tengo ningún  nexo con la Policía”

Juan Manuel Ovalle primer civil imputado

 

El último imputado en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Salta, Juan Manuel Ovalle, negó ayer responsabilidad sobre el secuestro y la desaparición de la docente Silvia Aramayo. Asimismo, dijo que era de confianza del desaparecido gobernador Miguel Ragone, y que en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde está sospechado de haber realizado inteligencia, era “un estudiante vulgar y corriente” que aprobó 18 materias en dos años.

“No tengo absolutamente nada que ver ni con la Policía ni con Gendarmería”, “ningún contacto, ningún nexo con la Policía”, aseguró Ovalle, quien se presentó ante los jueces con una caja en la que guardaba, dijo, 10 carpetas, producto de una investigación sobre la Universidad Nacional de Salta que puso a disposición del Tribunal.

La madre de Aramayo, Brunilda Rojas, sostiene que Ovalle integró el grupo de tareas que secuestró a la joven la madrugada del 25 de septiembre de 1976. Dijo que lo reconoció porque era amigo de su hija y que había ido varias veces a cenar a su casa. La sospecha que mantiene la acusación es que hacía tareas de inteligencia y que aportó los datos para que Aramayo fuera blanco de la represión.

Ayer el señalado negó todo, y solo concedió haber conocido a la docente en la Universidad, que la llevaba a su casa (junto a otros docentes y estudiantes) y que había conocido a su madre en la vereda.

En una declaración nerviosa, que fue definitivamente interrumpida por un acceso de tos (cuando comenzaba a interrogarlo el fiscal Ricardo Toranzos), Ovalle aclaró la relación que lo unía con su medio hermano, el comisario Abel Vicente Murúa (acusado por delitos de lesa humanidad, fallecido) y contó su trayectoria laboral y su militancia sindical y política. “Yo he luchado siempre por el estado de derecho, por la democracia y por la vuelta del general Perón”, insistió y lamentó que “durante diez años”, desde que fue imputado, soportó “una persecución mediática y jurídica” que trastornó su vida.

Para contrarrestar  los testimonios que ponen en duda su militancia en el PJ, incluido el del ex intendente de Salta, Gerardo Bavio, que contó que el propio Ragone le advirtió que se cuidara de él, Ovalle insistió en que conocía a Ragone desde chico, porque “era asiduo concurrente” a su casa”, y que el mismo gobernador lo convocó para que colaborara con la campaña para el regreso de Perón, por lo que estuvo en un acto con el ex presidente (entonces delegado de Perón) Héctor Cámpora. “Tengo relación política con el doctor Ragone desde la época en que yo era sindicalista (en la municipalidad de Salta), en el año 64”, sostuvo antes de afirmar: “Participé en superficie, señor presidente, haciendo política”, y reiterar que tiene “tres fotos públicas al lado del doctor Cámpora. Lo digo porque a mí la acusación dentro de la causa me hace aparecer como un colado dentro del peronismo”. 

Inspeccionan el lugar donde secuestraron a los Gamboa

El presidente del Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por 34 delitos de lesa humanidad cometidos en Salta entre enero de 1975 y marzo de 1978 recorrerá este mediodía en el barrio Santa Lucía, el lugar de donde fueron secuestrados Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Gamboa y la pequeña hija de ambos, Mariana Gamboa.

Mariana, que por entonces era todavía bebé, estuvo brevemente secuestrada, hasta que la dejaron cerca de la casa de un vecino, Florencio Figueroa. Hoy Mariana será parte de la recorrida por la casa de sus padres, por el lugar donde ella misma fue abandonada y donde fue auxiliada por Figueroa y su esposa. El recorrido incluirá la casa de un comisario de apellido Ulloa.

Esta vivienda es de interés porque está a unos cien metros de la casa de los Gamboa. En septiembre del 76 tenía dos policías de custodia, que dijeron haber visto el secuestro, sin embargo, no intervinieron.

Para la inspección han sido citados cuatro testigos, además de Figueroa, acompañará el recorrido Lucía Madozzo, la tía política de Mariana que junto a su marido, Julio Gamboa, hermano de Héctor, la crío y la acompaña hoy en su lucha por justicia.

También fueron citados los policías retirados Oliver Alberto Corregidor y Ángel Aniceto Orquera. Este último integraba la Brigada de Explosivos de la División Bomberos de la Policía de Salta y fue convocado a revisar la casa del barrio Santa Lucía tras el secuestro de los Gamboa. Corregidor ha sido señalado por Mariana Gamboa como uno de los dos policías que intentó llevársela cuando ya Figueroa la tenía a su cuidado.

El Tribunal tiene previsto iniciar esta inspección a las 13.30.

Un militar se involucró en las muertes de 4 jóvenes militantes. Más revelaciones en las indagatorias y postergan los alegatos para el mes de Noviembre.

El mayor Virtom Modesto Mendíaz reconoció ayer haber participado del operativo en el que fueron asesinados los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán, Marcos Estopiñán y Ricardo Tapia, el 20 de abril de 1975 en una casa de Villa Merced, en la localidad de Rosario de Lerma.

De esta manera se auto incriminó en este hecho, objeto del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad pero que no contaba al mayor entre los acusados.

Mendíaz reconoció su participación en este operativo al responder al querellante Matías Duarte. El militar dijo que llegó en el momento en que se estaba desarrollando el operativo; que los policías “fueron recibidos a balazos, (que) hubo un tiroteo”. “No sé por qué me dice supuesto enfrentamiento, porque yo ví los tiros”, recriminó.

Contó que la Policía se enteró por vecinos de la existencia de personas vinculadas a la subversión y el jefe de Policía, el también militar Miguel Gentil, ordenó el operativo del que participó también el jefe de Seguridad, Joaquín Guil, y otros jefes policiales cuyos nombres dijo no recordar.

 “El jefe de Policía va a tocar a la puerta (…), preguntan quién es, la Policía (dijo Gentil), lo que le contestaron fue un balazo y ahí comenzó el tiroteo”, sintetizó.

Como su versión dista de las constancias del sumario policial, que afirma haber dado con el paradero de Mattioli (buscado por “actividades extremistas”) y los Estopiñán, por la declaración de Tapia, al que detuvieron en Chicoana, el fiscal Ricardo Toranzos le hizo notar esas diferencias.

El sumario afirma también que cuando se acercaban a la casa, Tapia escapó y corrió alertando a los otros tres, lo que dio inicio al tiroteo. Pero Mendíaz se mantuvo en las suyas: “Yo estaba en las cercanías y vi los tiros que salían de la casa, no sé cómo no lo mataron a Gentil”, sostuvo. El fiscal le recordó que un informe de Criminalística señala que no hay tiros en la pared ni en la puerta, el militar trastabilló pero insistió en que “la balacera fue muy grande”.

El examen de los cuerpos demuestra que hubo muchos disparos, en promedio cada víctima tenía 20 tiros, y por la espalda, además de fracturas. Pero esto no le llamó la atención a Mendíaz que tras el tiroteo entró a la casa con los otros jefes policiales y vio muchas armas y estandartes, pero no recordó los cuerpos. “El sumario dice que los cuerpos estaban en el fondo, con una sola mancha de sangre”, le recordó el fiscal. Mendíaz dijo que no sabe “esos detalles”.

El mayor llegó a este juicio acusado por un homicidio (Martín Cobos) y cuatro desapariciones (de Silvia Aramayo, Carlos Figueroa Rojas, Gemma Fernández y Héctor Gamboa) cometidas en la ciudad de Salta entre el 24 y 25 de septiembre de 1976, cuando él era jefe de la Policía provincial. Ahora se descuenta que también se lo acusará por la matanza de Rosario de Lerma, por la que vienen siendo juzgados Gentil y Guil.  

Gatto y De la Vega cargan culpas sobre Mulhall

Los militares retirados Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que están siendo juzgados como partícipes de la desaparición del soldado Víctor Mario Brizzi, descargaron responsabilidades en el jefe de la Guarnición Ejército Salta y el Regimiento 5º de Caballería, Carlos Alberto Mulhall, que también es juzgado en este proceso y ya cuenta con condenas por crímenes de lesa humanidad.

Gatto y De la Vega prestaron declaración indagatoria ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad.

Durante unas 9 horas, 5 ocupadas por Gatto, trataron de convencer sobre su inocencia respecto del terrorismo de Estado en general y, en particular, en relación al secuestro y desaparición de Brizzi, el 8 de marzo de 1976, cuando estaba en la instrucción básica en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “Martín Miguel de Güemes”, en esta ciudad.

Gatto está imputado porque integraba el grupo de oficiales instructores y la esposa de Brizzi, Cristina Cobos, lo señala como uno de sus interrogadores, y De la Vega, porque era jefe de Personal (S1), como tal integraba la plana mayor y era ayudante “de confianza” del jefe del Regimiento, Mulhall, que además era jefe de la Guarnición Ejército Salta. Tras la desaparición de Brizzi, el Ejército adujo que había salido con un permiso especial y no había regresado, por lo que lo declaró desertor.

Ayer ambos acusados (con ayudas memoria) mostraron elocuencia al exponer sus conocimientos sobre las formas y los usos militares; sin embargo, adujeron desconocer las directivas y reglamentos referidos a la lucha contra la subversión. Y ambos negaron la existencia de detenidos en dependencias del Ejército, y negaron participación en el secuestro y desaparición de Brizzi.

Gatto, que lamentó tener que defenderse “de una acusación tan vil”, hizo un croquis de las dependencias militares. Quería mostrar la diferencia entre los cuarteles y el sector dedicado a la instrucción básica de los conscriptos.

El militar basó su defensa en dos pilares: su juventud e inexperiencia al momento de la desaparición de Brizzi, dijo que era “el de menor jerarquía” y no podía otorgar un permiso especial a los soldados, algo que solo podía hacer, “el jefe de Unidad, que para mí no era otro que Mulhall”. Por otra parte, sostuvo que para cuando Brizzi desapareció él ya no estaba en Instrucción, sino que se le había ordenado armar una Sección de combate para participar en el Operativo Independencia en Tucumán.

El discurso del oficial comenzó a perder ilación con las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos, lo que siguió con los otros interrogatorios: al abogado Orfeo Maggio, defensor de De la Vega, llegó a pedirle que no hiciera preguntas “tan largas, porque me puede hacer decir cosas que no son ciertas o que no quiero decir”.

A su turno, De la Vega sostuvo que “los únicos” que podían autorizar un franco entre los conscriptos recién ingresados eran “el jefe de Unidad (Mulhall) o el segundo jefe (Joaquín Cornejo Alemán, también juzgado en este proceso)”.

Dijo que no conoció a Brizzi ni sabía de sus antecedentes, pero reconoció haber recibido “varias veces” a Cobos, quien concurría al Ejército a preguntar por su marido. A pesar de que empezó negando “absolutamente” haberla interrogado, ante el querellante David Leiva reconoció que le preguntó sobre los lugares donde podría encontrarse Brizzi.

Cobos sostiene que De la Vega la interrogó reiteradamente y que la hizo pasar a una sala llena de oficiales que también la interrogaron. Ayer De la Vega concedió que pudo haberla “contactado” con otros oficiales.

 

 

“Asesoramiento y contribuciones”

 

El coronel Ricardo de la Vega negó ayer que la plana mayor, que él integraba,  tuviera conocimiento sobre la represión estatal; sostuvo que el Ejército “estaba empeñado en la lucha contra la subversión” pero afirmó que sus acciones se llevaban a cabo en Tucumán, no en Salta. Este argumento se desdibujó cuando Leiva lo confrontó con la declaración que prestara Mulhall en la Causa 13, el juicio a las Juntas, en la que dijo que comandó la lucha contra la subversión y para este fin su plana mayor le brindaba “asesoramiento y contribuciones”.

El ex jefe de la Guarnición describió también el uso de un cuerpo de interrogadores. Ayer De la Vega empezó su declaración negando haber recibido instrucción sobre inteligencia, interrogatorio y torturas, aunque reconoció que como cadete participó de una capacitación en la Escuela de las Américas. Y terminó negando haber participado de actividades de inteligencia durante toda su carrera, a pesar de lo cual en 2001 fue jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

Sobre el final, tuvo que soportar una andanada de datos que le tiró el fiscal, luego de que el coronel negara insistentemente la existencia de detenidos en el Ejército y su presencia en la cárcel de Villa Las Rosas. Toranzos le recordó que en el libro de guardia del penal consta que el 27 de enero de 1976 ingresó a la cárcel en compañía del director y subdirector, y enumeró también una lista de constancias que dan cuenta del ingreso de detenidos provenientes del Ejército. De la Vega se limitó a balbucear que nunca fue al Penal.

La audiencia seguirá hoy. Ya se adelantó que otros acusados pretenden declarar, entre ellos el civil Juan Manuel Ovalle. Se sabe que también declararían los militares Virtom Mendíaz y Joaquín Cornejo Alemán, y los policías Raúl Toledano y Felipe Caucota. Si todos deciden hablar, es evidente que los alegatos no comenzarán hoy.

Siguen las indagatorias a acusados

El juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad desde mayo del año pasado seguirá hoy con la continuidad de las indagatorias a los acusados que han decidido hablar antes de que comiencen los alegatos. Si hay tiempo, comenzarán los anunciados alegatos.

Los tenientes Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega ya adelantaron que pretenden hablar. Y es posible que otros hagan lo mismo.

Para esta semana el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Marcelo Juarez Almaraz y el cuarto juez Gabriel Casas, tiene previsto sesionar en dos jornadas, con lo que es de esperar que puedan comenzar los alegatos.

Comenzarán las querellas, los abogados Carlos Saravia, Matías Duarte, Tania Kiriaco, Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva, y seguirá el fiscal Ricardo Toranzos.

Las previsiones del Tribunal llegan hasta el alegato del fiscal.

Este juicio reúne varias causas acumuladas por delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, solo cuatro de ellas sobrevivieron. El proceso se inició con 20 acusados pero durante su transcurso quedó con 17 imputados, debido a que fallecieron el teniente Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y el comisario Abel Vicente Murúa y un tercero, el comisario Roberto Puertas, fue apartado después de que sufriera un ACV.

Los hechos sobre los que se indagó en este proceso se cometieron entre enero de 1975 y marzo de 1978 en todo el territorio de la provincia de Salta.

En el norte, se investigan las detenciones y desapariciones del sindicalista rural Raúl Osores y del militante comunista René Russo, y los secuestros y homicidios de los militantes peronistas Jorge Santillán y Pedro Urueña.

En el sur, de Metán, se investigan el secuestro y homicidio del ex diputado provincial Luis Rizo Patrón, el secuestro y desaparición de Reynaldo Isola y la detención ilegal y vejámenes que sufriera Juana López, que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Y se juzgan los secuestros y desapariciones del soldado Nolberto Guerrero y de su amigo Rodolfo Pizarro Gallardo, que residían en General Güemes, localidad de donde fueron secuestradas también las hermanas Francisca “Elsa” Torres y Carmen Torres.

De Cafayate se investiga la detención ilegítima del dirigente sindical Pablo Salomón Ríos. En Rosario de Lerma, los asesinatos de los militantes revolucionarios Eduardo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia; en Campo Quijano, el secuestro y desaparición del ex funcionario provincial y dirigente rural Felipe Burgos;

También se investigan hechos cometidos en la ciudad de Salta: los homicidios del militante peronista Eduardo Fronda y del periodista Luciano Jaime, las desapariciones de los jóvenes Oscar Bianchini y Néstor Díaz (ambos presuntos militantes del peronismo revolucionario); las detenciones y desapariciones del arquitecto y militante Ramón Gallardo, el soldado y militante de la JP Víctor Brizzi, los estudiantes universitarios Carlos Figueroa Rojas y Enrique Mosca Aslina, las docentes Susana Aramayo y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y de su marido, Héctor Gamboa, ambos militantes del peronismo revolucionario, el homicidio del estudiante de secundaria Martín Miguel Cobos, y las detenciones ilegales y las torturas que sufrieran el militante peronista Aldo Víctor Bellandi y Ernesto Luis Mamaní.

También son parte de este proceso las desapariciones del ex policía provincial Pedro Bonifacio Vélez, el ex policía federal Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella; sin embargo, todavía se discute si se trata de delitos de lesa humanidad o de ajustes de cuentas entre los propios represores.