Comienza el Nuevo Juicio: Crimenes de Lesa Humanidad de Metan

Elena Corbalan

Hoy Lunes 31, comienza en Salta un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia en los años 70. Se trata de la conocida como Causa Metán, que reúne cuatro expedientes acumulados sobre hechos perpetrados en la jurisdicción de esa localidad (en el sur de la provincia) de los cuales fueron víctimas 12 personas, diez de ellas asesinadas o desaparecidas. Serán juzgados seis hombres, dos ex militares y cuatro policías retirados.

El Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, convocó para las 8,30 de hoy, en la sala de audiencias de los Tribunales Federales, sobre la calle Deán Funes, en pleno centro de la ciudad.

Dos de los acusados ya cuentan con condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall y el ex jefe de la Policía de Salta, comisario Miguel Gentil. En virtud de la sentencia que recibieron en diciembre último, en el marco de la Megacausa, ambos están en prisión, el primero en Ezeiza y el segundo en Marcos Paz.

Los policías acusados esperan el debate en sus casas, sea porque cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria, como es el caso de Andrés del Valle Soraire y Eduardo del Carmen del Valle, o porque están excarcelados, como es el caso de Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina.

Las víctimas de los crímenes que se juzgarán a partir de hoy eran en su mayoría militantes políticos.

Entre los asesinatos, hay dos casos que se destacan: el homicidio del joven Ángel Federico Toledo y la tentativa de asesinato de su hermano, Carlos Lucas Toledo, quienes fueron baleados cuando se encontraban en la vereda de su casa. El otro caso es el del crimen, en 1977, de Los Arbolitos, el apodo con el que eran conocidos los jóvenes José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, muertos a tiros en la zona rural de Metán. Durante años este último hecho se investigó como un delito común, e incluso se llegó a una sentencia, pero finalmente fue declararlo delito de lesa humanidad, por lo que será juzgado Soraire, uno de los sospechosos que hasta ahora había logrado evadir dar una respuesta por este hecho.

De las otras víctimas se encuentran desaparecidos Pedro Francisco Núñez Apaza, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca, Orlando Ronal Molina, Mario Monasterio Sánchez y Hugo Velázquez.

Esmeralda Ramona Guerrero es la otra sobreviviente de la represión en Metán y participará de este proceso en calidad de querellante y actora civil, representada por el abogado Oscar Pedro Guillén, que fuera secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Lucas Toledo, el otro sobreviviente, también será querellante, representado por el abogado Andrés Ruarte, ex detenido político. Y los hermanos de Oscar Rodríguez, Domingo Nolasco y Segundo Bernabé, participarán representados por el abogado Juan Carlos Galli. Los hermanos Rodríguez fueron los impulsores de la investigación del crimen de Oscar y de Lino Salvatierra.

Del juicio participarán los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.

En las defensas, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo tendrá el mayor trabajo: asistirá a Mulhall, Gentil, Perelló, Soraire y Medina. El abogado Gustavo Martínez será el defensor de Del Valle.

En esta primera audiencia se leerá la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que incluye la acusación, y se escucharán planteos preliminares, si los hubiera. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 7 de abril, día en que empezarán los testimonios en relación a los delitos en perjuicio de los hermanos Toledo.

Breve audiencia en el juicio por archivos del Hospital Militar

El Tribunal Oral Federal de Salta tiene previsto llevar a cabo hoy una breve audiencia en el marco del juicio que se sigue contra dos ex militares acusados por el intento de destrucción de dos libros del archivo del Hospital Militar Salta.

El Tribunal, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz, prevé comenzar la audiencia a las 8 de la mañana, para escuchar a los dos últimos testigos que restan declarar en este proceso contra el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, que en mayo de 2008, cuando ocurrieron los hechos que se investigan, era jefe de la Compañía de Inteligencia 5 en Salta y el ex coronel Carlos Fernando Tozzeto Arias, que era jefe del Hospital Militar.

Se pretende que la audiencia sea brevísima porque los defensores de Tozzeto Arias, Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz Saravia, deben participar del juicio por el homicidio de las turistas francesas, en el que son querellantes en representación de sus familiares.

Tozzeto Arias está acusado de incumplimiento de los deberes a su cargo, mientras que Gestoso Presas está siendo juzgado por tentativa de destrucción de elementos que pueden servir de prueba. La acusación surgió luego de que se supiera, por informe del capitán Silvio Manino Leal, que el director del Hospital había encontrado dos libros de la guardia de la sala Maternidad y de la sala de Suboficiales, con registros de la época de la última dictadura, y (en lugar de archivarlos e informar a sus superiores) los entregó al jefe de Inteligencia, el que decidió destruirlos, a pesar de que existían pedidos del Ministerio de Defensa de la Nación para que se informaran datos sobre nacimientos producidos en la Maternidad en septiembre de 1975.

Los defensores (a Gestoso lo representa el defensor oficial Oscar Tomás del Campo) vienen planteando que se trata de delitos comunes que están prescriptos, pero los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila afirman que son delitos conexos a los cometidos en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto son imprescriptibles. 

Este Lunes 24 de Marzo a las 16:30 Hs. Acto Por El Día de La Memoria en "El Portal de La Memoria" Ubicado en Av. San Martín e Hipólito Yirigoyen

Se elevó a juicio la

El juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio la causa en la que se investiga al empresario Marcos Levín por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado imperante en la década del 70.

A Levín se le atribuye haber instigado la persecución, detención irregular y torturas de las que fuera víctima Víctor Manuel Cobos, cuando trabajaba en la firma La Veloz del Norte y era representante gremial de sus compañeros. Junto con el empresario están acusados también los policías retirados Víctor Manuel Bocos, Enrique Víctor Cardozo, y Víctor Hugo Almirón. A los dos primeros se los acusa como coautores materiales de  torturas. Y a Almirón, que era jefe de la Comisaría 4°, se le atribuye participación primaria en estos mismos hechos.

En la resolución de elevación a juicio el juez rechazó un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa oficial de Bocos, Cardozo y Almirón y rechazó también un planteo del abogado René Gómez, que asiste a Levín.

Entre fines de enero y principios de febrero de 1977, los policías participaron en la detención de una veintena de empleados de La Veloz del Norte, los que fueron trasladados a la Comisaría 4° de esta ciudad (donde funcionó un centro clandestino de detención), donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa.

Para los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, de esta manera Levín se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de mejoras laborales y reivindicaciones laborales de sus empleados. Entre los detenidos se contaron Cobos, que integraba la directiva de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y era delegado de los empleados de La Veloz en Salta, y Enrique Vázquez, delegado de los empleados en Tucumán.

El juez sostuvo que el análisis de la responsabilidad de Bocos se halla ligada a la de Levín, dado que  “está fehacientemente acreditado que el primero de los nombrados cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, a la vez que también trabajaba para la firma La Veloz del Norte”. La relación era tal, que Levín fue visto, u oído, en la Comisaría por varios de los empleados detenidos.

“Levin usó como nexo para reprimir a sus empleados (…), a Víctor Bocos” que “a su vez era subjefe de la Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Salta”.

En el entendimiento de Bavio, Bocos le fue funcional a Levín para obtener “confesiones” de sus empleados con el fin de despedirlos sin indemnización. Los testimonios señalan que Bocos dirigió las sesiones de tortura, y que Cardozo, Ramón Inecio Figueroa y el “Sapo” Toranzos (fallecido) eran los ejecutores.

Por estos hechos también estaba imputado quien fuera jefe de Personal de La Veloz, José Antonio Grueso, pero obtuvo un sobreseimiento que fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que ahora Bavio formó otra causa para investigar la presunta responsabilidad del directivo, a quien los empleados señalan como quien habría armado las listas de quienes eran problemáticos para la empresa.

También debe continuar la investigación sobre los tormentos sufridos por 15 trabajadores de La Veloz, que también fueron detenidos y torturados en la Comisaría 4°, algunos de ellos fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones de Tucumán y trasladados a Salta en un colectivo de La Veloz del Norte. Como al resto, se los llevó a la Comisaría 4 y fueron torturados.

Juicio por los libros

El juicio contra dos ex militares acusados por el intento de destrucción de dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta continuará hoy. Si las previsiones se cumplen, debería dar su testimonio el capitán Silvio Manino Leal y luego se producirían los alegatos y el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Marta Snopek, daría a conocer su sentencia.

Manino Leal es quien en 2008 desobedeció una orden presuntamente irregular y salvó de la incineración estos documentos.

En este proceso están siendo juzgados el ex coronel Carlos Fernando Tozzetto Arias y el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas.

El 15 de mayo de 2008, cuando era director del Hospital, Tozzeto encontró los libros de la guardia de la sala de Maternidad y de la sala de Suboficiales, que registran la memoria de los nacimientos y enfermos atendidos en ambas salas desde principios de 1975 hasta mediados de 1990. En lugar de seguir el procedimiento habitual, el coronel resolvió entregar los libros al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Gestoso Presas, quien dispuso destruirlos, tarea que ordenó a Manino Leal. Por estos hechos Tozzeto Arias está acusado de incumplimiento de los deberes a su cargo y Gestoso Presas, de tentativa de destrucción de documento destinados a servir como prueba.

Los dos acusados alegan que los libros estaban en malas condiciones y que por eso consideraron oportuno destruirlos. Sin embargo, su estado es muy bueno, según pudo apreciarse durante las audiencias. Por eso existe una sospecha de que los militares intentaron incinerar los libros para ocultar pruebas de actos de terrorismo perpetrados antes y durante la última dictadura cívico-militar. La sospecha se hace más fuerte si se tiene en cuenta que por esos días Tozzeto Arias tenía pedidos de informes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que intentaba dar con datos sobre nacimientos producidos en septiembre de 1975. 

Ultiman detalles para realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Salta realizó ayer una audiencia preliminar con el fin de ultimar detalles con vistas a realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Salta. Esta vez se trata de la conocida como “Causa Metán”, que reúne cuatro expedientes acumulados en los que se investigan crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado en jurisdicción de esa localidad en perjuicio de 12 personas, diez de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Entre estos hechos, se juzgará los homicidios de “Los Arbolitos”, los jóvenes fusilados en 1977 en la zona rural de Metán por un grupo de policías.

Según señala el fiscal Eduardo Villalba en uno de los requerimientos de elevación a juicio, se trata de hechos que “tienen en común un conjunto de elementos que permiten concluir que fueron cometidos en el marco del plan sistemático y organizado con el que se ejecutó la represión en nuestro país”. En otros casos intervino el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El debate comenzará el próximo 31 de este mes.  Seis personas, dos ex militares y cuatro policías, serán juzgados por estos hechos: el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall (ya condenado por la Masacre de Palomitas, el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y en la Megacausa tramitada el año pasado), el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil (también condenado por Palomitas, Ragone y en la Megacausa) y los policías Rafael Rolando Perelló, Eduardo del Carmen del Valle, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire, que fue juzgado por el asesinato de Ragone y en octubre de 2011 fue absuelto por el beneficio de la duda.

Ahora Soraire debe responder por el crimen de Los Arbolitos, una acusación que lo persigue desde 1977 y de la que zafó en reiteradas oportunidades hasta que el hecho fue encuadrado como un delito de lesa humanidad. El ex oficial de policía debe responder también por la detención irregular y los tormentos (incluidas violaciones) que sufrió Esmeralda Ramona Guerrero.

A Mulhall se le imputa participación como autor mediato (que dio la orden para que otros ejecutaran los hechos) de los homicidios agravados de Ángel Federico Toledo, la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Lucas Toledo, y los homicidios (en realidad se encuentran desaparecidos) de Pedro Francisco Núñez, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca y Hugo Velázquez, además de la detención y tormentos a Guerrero.

Mario Monasterio Sánchez  y Velázquez.

Perelló, Del Valle y Medina están acusados por la desaparición de Núñez. Del Valle enfrenta acusaciones por las desapariciones de Orlando Ronal Molina y Concha Canseco y también se le atribuye responsabilidad en los tormentos que padeció Guerrero.  Y Medina está acusado de haber participado del secuestro y desaparición de Núñez.

En la audiencia de la víspera el juez Federico Díaz, que presidió el Tribunal acompañado por Marcelo Juárez Almaraz (la otra integrante del Tribunal, Marta Liliana Snopek estuvo ausente con aviso), propuso medidas para tratar de agilizar el debate: se acordó que cuando no se encuentre un testigo, se incorporará su testimonio anterior sin lectura en la audiencia, así también se incorporarán las indagatorias a los acusados; en el caso de testigos que hayan declarado antes en otros procesos ante este Tribunal, se incorporarán esos testimonios . Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila  presentarán una versión sintetizada, que “contenga el hecho y la calificación legal”, del requerimiento de elevación a juicio. Lo mismo harán los querellantes (los abogados Juan Carlos Galli, por los familiares de Rodríguez, y Andrés Ruarte, por Guerrero) con sus acusaciones.

Los alegatos, sobre el final del debate, serán presentados en un soporte digital en toda su extensión y oralmente solo se expondrán las partes salientes referida a la acusación, o defensa, y al pedido.  

El Tribunal ya decidió que el primer día el 31 de marzo, habrá audiencia de 9 a 17, y que luego se intentará escuchar entre 8 y 10 testimonios por día.

Hospital Militar: ratifican que hubo un tratamiento irregular con los libros

El teniente coronel Oscar Antonio Baenas ratificó ayer que hubo un tratamiento especial con los dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta encontrados el 15 de mayo de 2008 en el sector de Lavandería y que el entonces director, Carlos Fernando Tozzeto Arias, y el jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Juan Manuel Gestoso Presas, intentaron destruir.

El testigo, que en 2008 era director operativo del Hospital, contó que insistió al menos tres veces para que Tozzeto Arias remitiera los libros al Comando de Sanidad, de quien dependía. Esta insistencia provocó que el ahora imputado le respondiera de mala manera: “Yo soy el director general y sé lo que tengo que hacer”.

Tozzeto Arias y Gestoso Presas están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal de Salta. Al primero se le atribuye incumplimiento de los deberes de su cargo y al segundo, tentativa de destrucción de elementos destinados a servir como prueba. Los libros en cuestión son registros de enfermos de la Sala de Maternidad y la Sala de Suboficiales, en el período que va desde principios de 1975 a mediados de 1990, es decir que comprenden toda la etapa de la dictadura cívico-militar. Dado que durante ese lapso hubo  apropiaciones de niños por parte del terrorismo estatal, el libro de la guardia de Maternidad es considerado valioso para indagar lo que ocurrió en esos años. Además, el intento de destrucción se produjo cuando el Ministerio de Defensa de la Nación había remitido un pedido de la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI) para que se le informara sobre nacimientos ocurridos en este Hospital en septiembre de 1975.

Los libros fueron encontrados por Tozzeto Arias, Baenas y otros miembros del Hospital, cuando recorrían la Lavandería. Estaban en un carro con ropa.

Baenas fue el último testigo de la audiencia de la víspera, en la que también declararon el sargento Martín Mafoud; el suboficial Sergio López, encargado en el Hospital, y Luis Chehuan, secretario del director.

López hizo el acta de hallazgo de los libros, ayer trastabilló al intentar explicar por qué le hizo firmar un recibo de los libros al director del Hospital, cuando éste mismo los había encontrado. Y no lo favoreció al afirmar que el procedimiento preveía que se informara a sus superiores sobre este hallazgo y que los libros fueran archivados. En vez de ello Tozzeto Arias mandó al soldado voluntario Sergio Borquez (cuyo testimonio fue pedido por el fiscal federal Francisco Snopek) a que los llevara a su despacho y luego los hizo cargar en su automóvil (lo que fue confirmado por Cheuan) para llevarlos al jefe de Inteligencia, donde se decidió la destrucción. El ex director y Gestoso Presas afirman que los libros estaban casi ilegibles, con humedad, pero ayer López dijo que los recuerda “como están ahora”, en buen estado de conservación.

Para el fiscal federal Ricardo Toranzos, que intervino en la primera parte de la investigación, se “alteró deliberadamente el tratamiento administrativo” de los libros “con la firme intención de evitar que se conozca(n) y su posterior archivo”. En esta línea resulta “absurdo” que en lugar de informar a sus superiores, Tozzeto Arias recurriera al jefe del área de Inteligencia. Este “irregular comportamiento (…) resulta aún más malintencionado cuando se tiene en cuenta que existía un pedido concreto de información por parte del Ministerio de Defensa de la Nación, respecto a los nacimientos en la época del proceso militar”.

Este proceso se inició el 11 de junio de 2008, el día en que el capitán Silvio Manino Leal, a quien se le encargó la destrucción “hoja por hoja” de los libros, informó al Ministerio de Defensa de la Nación. Manino Leal declarará el 10 de marzo, cuando continuará el juicio, a las 17. 

Lona se negó a declarar, pero dijo que en Salta hubo “pocos” desaparecidos.

Casi nueve años después de la primera citación a indagatoria, el ex juez federal de Salta Ricardo Lona fue finalmente indagado por el juez federal Fernando Poviña, quien lo investiga por su presunta participación en el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas, hechos cometidos en 1976. Al entrar y al salir de los tribunales federales salteños el ex magistrado ahora imputado tuvo que escuchar que familiares de las víctimas le reclamaran la verdad. Para soportar esos disgustos contó con las demostraciones de afecto de empleados y funcionarios del Poder Judicial, que se prodigaron en saludos y abrazos. Ya en la indagatoria dijo que en la provincia hubo “pocos” desaparecidos y que estos hechos “solo” se cometieron hasta 1977, una visión de la época que el fiscal federal ad hoc Juan Manuel Sivila calificó de cuanto menos “incorrecta”.

Según informaron los fiscales federales Horacio Azzolín y Sivila, Lona se negó a declarar en ambas causas y, en cambio, entregó un voluminoso memorial que por su extensión todavía no había sido leído por los participantes de la indagatoria. “Tengo la sensación de que se maneja con los mismos criterios de defensa que venía sosteniendo hasta ahora: la imposibilidad de investigar de los jueces (durante la dictadura)”, estimó Azzolín, quien destacó que “lo importante” es que se haya llevado a cabo el acto de la indagatoria, “después de tantas veces que los actos se postergaban por alguna cuestión, que había planteos todos dilatorios, el doctor Poviña tiene  un criterio diferente en eso y vela por la continuidad de los procesos”, sostuvo.

La indagatoria se realizó sobre el mediodía, tal como había ordenado el juez Poviña. Lona llegó a las 11,31, ingresó caminando por la entrada de la calle Deán Funes, de traje, acompañado por el defensor oficial Pablo Lhautier. Temprano el defensor oficial Oscar Tomás del Campo, que se unió a la asistencia técnica del ex juez, había intentado una nueva suspensión del trámite con el argumento (“medio dilatorio, medio falaz”, en opinión de Azzolín) de que como se había unido a la defensa recientemente, necesitaba tiempo para conocer la causa.

Como cada vez que se lo requiere en la Justicia, Lona añadió otras presentaciones: planteó la nulidad de la participación de los fiscales Azzolín y Jorge Auat, este último titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, porque “son foráneos”.  “Aparentemente es (…) porque no somos de Salta”, estimó Azzolín. “Somos argentinos, no somos foráneos, (pero) parece que nos dispensa el trato de foráneos”, ironizó el fiscal.

También temprano el abogado Matías Duarte, que representa a los familiares de Ragone, había pedido que Lona quedara detenido. Poviña no resolvió todavía este pedido y, al parecer, por el momento no hará lugar a esta pretensión.

Lona fue citado a indagatoria por primera vez en marzo de 2005, en la causa Palomitas. Pero, como iba a suceder reiteradamente, esquivó el trámite con un recurso de último momento sacado de su bagaje de conocimientos del funcionamiento del Poder Judicial Federal. Recién en julio de 2007 fue indagado por la jueza jujeña Gladis Comas, quien lo procesó, aunque esta decisión terminó cayendo. Finalmente Lona terminó imputado como partícipe de los hechos, tanto en Ragone como Palomitas se le atribuye omisión de investigar y participación en los homicidios.  

La indagatoria generó mucho movimiento en el edificio de los Tribunales. Familiares y militantes de organizaciones de derechos humanos y políticas se convocaron en la puerta, con pancartas y carteles recordando a las víctimas del terrorismo de Estado. Los jóvenes coreaban un estribillo: “Lona, Lona botón, en la cárcel de Güemes te están esperando por represor”.

Unos diez minutos antes de las 13, Lona abandonó los tribunales, caminando, como había llegado. En el camino Nora Leonard, histórica dirigente de derechos humanos, lo volvió a confrontar reclamándole la verdad.

 

“Le dije que nos devuelva el cuerpo, que nos diga lo que sepa”

 

El nieto de Miguel Ragone, Fernando Pequeño, impulsor de la investigación del crimen del ex gobernador salteño, le reclamó ayer al ex juez Ricardo Lona que diga dónde está el cuerpo de su abuelo y los cuerpos de los más de 200 desaparecidos de Salta.

El encuentro entre querellante y acusado se produjo al final del pasillo del Juzgado Federal N° 1, cuando Lona se dirigía a la Secretaría de Derechos Humanos de ese Juzgado, donde se realizó el acto de indagatoria del ex magistrado, en el marco de las causas Ragone y Palomitas, en las que está acusado de ser partícipe de 13 hechos de homicidio (por Ragone, Antonio Arredes y los 11 detenidos asesinados en la Masacre de Palomitas) y una tentativa de homicidio (por Margarita Martínez de Leal).

Pequeño salió conmocionado del encuentro, no tanto por el diálogo, sino por haber sido testigo de la “devoción” que le profesaron al ex juez los empleados y funcionarios del Poder Judicial Federal de Salta. “Fue muy impresionante verlo entrar al ex juez Lona en el pasillo lateral del Juzgado Federal 1 porque absolutamente todos los empleados del Juzgado salieron a saludarlo, a abrazarlo, a besarlo, las señoras grandes con un devoción muy grande. Realmente yo no podía entender porque parece que hay un afuera del mundo donde estamos nosotros y adentro que está el Juzgado Federal donde está Lona que lo protegen y lo cuidan”, contó. “Parece ser que 30 años de noticias en los medios y demás no hacen mella para que la gente que trabaja, que trabajó con él acá, se dé cuenta lo que este hombre ha sido”, reflexionó.

Pequeño esperó al ex juez para decirle devuelva el cuerpo de Ragone, que “nos diga lo que sepa”.  “¿Sos Ragone?”, le preguntó Lona y le dijo que quería hablar con él. Pequeño respondió que estaba dispuesto, que desde 2006 intentaba hablar con él: “y me dijo que nosotros no entendíamos nada, que no entendía por qué le hacíamos esto a él. A lo cual le respondí que no éramos nosotros los Ragone, sino que había toda una sociedad salteña a la que le mataron más de 200 personas que quería saber qué había pasado”.

Como Lona le preguntó si había leído sus descargos en el expediente, Pequeño le retrucó que prestase atención a las declaraciones de los policías que lo implican. “Me dijo –contó Pequeño- que esos tipos no saben nada, que qué carajo saben, siendo muy despectivo realmente con todos los policías. Yo contesté que si él hablaba de la manera que ellos contaban que hablaba con ellos en los 70 podía hablar igual ahora, que por qué no iba a visitarlo a su compañero (Joaquín) Guil en su casa y le preguntaba, entonces dijo que ese Guil era un hijo de puta y si no había contado a los familiares, qué podía contarle a él”. Guil era jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta y ya fue condenado por el secuestro y desaparición de Ragone y por Palomitas.

Lona tuvo otro mal trago cuando se retiraba de los Tribunales: “Cuándo se va a hacer cargo de todo lo que ha hecho”, le recriminó Nora Leonard, hermana de Celia Leonard y cuñada de Benjamín Ávila, asesinados en Palomitas. “No me puedo hacer cargo de lo que no he hecho”,  respondió el ex juez, obviando los testimonios, como el que la histórica Coca Gallardo, que dan cuenta del juez arrojando pedidos de hábeas corpus al basurero de su despacho.