Elena Corvalán
Cuatro
ex empleados de La Veloz del Norte reconocieron ayer las dependencias donde en
1977 fueron torturados, la sede por entonces de la Comisaría 4°, que funcionaba
como un centro clandestino de detención. El lugar fue remodelado y ahí funciona
un hotel.
Víctor
Manuel Cobos, Jorge Arturo Romero, Carlos Lídoro Aponte y Sonia Rey reconocieron y señalaron las
habitaciones en donde estuvieron detenidos y se detuvieron particularmente en
una pequeña pieza ubicada en el fondo de la construcción: “Aquí nos torturaban”,
recordó el primero. Al lado, en una galería, estaba la moto que los represores
encendían para tapar los gritos de dolor, contó. Aponte asintió. Romero añadió
que la radio que también se encendía al momento de los golpes y la picana estaba
dentro de la habitación (que ahora es un lavadero); “aquí (señalando un punto
en la galería) estaba la pileta grande donde me traían a mí a lavarme”, sumó
Rey, quien por las noches permaneció detenida en una “piecita” (que ubicó con
claridad), y durante el día era llevada a una oficina cerca de la entrada.
La
inspección se dispuso en el marco del juicio oral y público que en el Tribunal
Oral en lo Federal Criminal de Salta se sigue contra el empresario Marcos
Levín, propietario de La Veloz en 1977, y los policías retirados Víctor Hugo
Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón, quienes se desempeñaban en la
Comisaría 4°.
La
jornada fue calificada como altamente positiva por los querellantes, no solo
por la nitidez de los recuerdos de los testigos y la facilidad con que
complementaron sus relatos, sino porque, de entrada nomás, en la espera del
inicio de la inspección, la vecina Herminia Puppi, que se acercó creyendo que
alguien había escuchado sus denuncias por un supuesto ejercicio de prostitución
en el hotel, terminó aportando datos que sustentan la acusación: dijo que vive
desde hace 50 años al lado de la Comisaría y que durante la dictadura a veces
los vecinos no podían dormir: “escuchábamos gritos y las torturas. Ponían la
radio a todo lo que da”, afirmó ante los jueces Federico Díaz, Gabriel Casas y
Carlos Jiménez Montilla.
Más
tarde Romero, ubicado donde funcionaba el calabozo, graficó desde donde vio
ingresar a Levín, dos veces, luego de haber sido torturado. Y luego Aponte,
ubicado en la oficina de entrada, donde fue golpeado ni bien se presentó,
recordó que él también vio entrar al empresario. Y añadió otro dato: cuando fue
obligado a firmar una supuesta confesión, ante el juez Trincavelli, la joven
que lo acompañaba y que se levantó aparentemente molesta con lo que estaba
pasando ahí era la jueza Sylvia Bustos Rallé.
Más
tarde Cobos y Aponte aportaron datos que confirmarían las detenciones irregulares:
el primero dijo que su hermana Cristina Cobos fue a verlo al menos dos veces y
que en la Comisaría negaron que estuviera ahí. Lo mismo hicieron con la madre
de Aponte, Balbina Elba Soria, que venía caminando a buscar a su hijo. La
querellante Susana Aramayo pidió que se convoque a declarar a Cristina Cobos y
a Balbina Soria, y el querellante Martín Avila solicitó la declaración de
Puppi.
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