Policía dio datos sobre otro posible centro clandestino de detención

Hay sospechas de que en el paraje El Gallinato, en el departamento La Caldera, a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial, existió un centro clandestino de detención. De a poco se van reuniendo datos que dan fuerza a esta presunción: en el megajuicio que se lleva a cabo en Salta ayer el policía retirado Juan Carlos Gutiérrez recordó que en ese lugar encontraron en octubre de 1976 los restos de un hombre y una mujer. Hay casi certeza de que eran de Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa y de su marido, Héctor Domingo Gamboa, que habían sido secuestrados, por un grupo de tareas en el que había policías, en la madrugada del 25 de septiembre de 1976.

Se sabe que El Gallinato era usado para someter a explosiones a presos políticos. ¿A quién pertenecían/pertenecen estas tierras? Fue la pregunta que inquietó a la abogada querellante Susana Aramayo. Tomando como referencia el lugar donde se encontraron los restos, Gutiérrez dijo que a medio kilómetro había una casa habitada “por alemanes” y que unos 3 kilómetros había otra casa “donde vivía un sacerdote, Saravia”. Se refería a Carlos Escobar Saravia, capellán del Ejército, y que está sospechado de haber tenido participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

El testimonio de Gutiérrez se puede acoplar con el del testigo Cecilio León, que en este mismo proceso recordó que en la durante la dictadura, cuando estaba haciendo el servicio militar en esta ciudad, era enviado a hacer guardia en El Gallinato, en una casa que parecía de retiro a la que iban los militares. Ayer el querellante David Leiva pidió que se convoque a dar su testimonio a Escobar Saravia.

Otro dato que aporta a la sospecha es el hecho de que, según Gutiérrez, en la Subcomisaría de La Caldera se enteraron de la explosión en El Gallinato por el interventor municipal, el suboficial mayor Armando Fernández, un militar retirado, que adujo haber recibido el dato de un tal Demetrio Tolaba. El policía recordó que el interventor “iba siempre a la Subcomisaría”.

Desaparecer los huesos

Lo que sucedió con los restos encontrados en el paraje es otra demostración de las irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para asegurar la impunidad de los represores. Gutiérrez contó que se informó del hallazgo a la Unidad Regional Centro, a las direcciones de Seguridad (cuyo responsable era el ex comisario Joaquín Guil) y de Inteligencia (a cargo del comisario Antonio Saravia) y entregaron los restos a Bomberos. Se sabe que se inició un sumario policial, y se dio parte a la Justicia. Pero todo terminó ahí, y los restos fueron desaparecidos. Hasta que en 1977 Julio Gamboa, hermano de Héctor, logró ubicar una fosa común en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz, allí encontró (con la colaboración del odontólogo Manuel José Costello) el maxilar y otros restos de Gemma Fernández; otra vez intervino la Policía y se informó al juez federal Ricardo Lona. Estos huesos también fueron desaparecidos.

 Piden que revoquen la excarcelación a Ovalle 

El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió ayer que se revoque la excarcelación a Juan Manuel Ovalle, quien está siendo juzgado en relación al secuestro y desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo, cometido el 25 de septiembre de 1976.

El fiscal hizo el pedido luego de que el testigo José Luis Salazar informara que Ovalle lo llamó por teléfono el sábado pasado para pedirle que se reuniera con él antes de declarar. “Yo estoy imputado en una causa y vos estás como testigo y quiero hablar con vos antes que vayas. Vos sabés que tengo un problema muy serio”, contó Salazar que le pidió Ovalle, a quien no ve desde “hace 30 años”.

Salazar, que reside en Córdoba, dijo que la llamada llegó justo en el momento en que estaba siendo notificado de que tenía que declarar en el megajuicio. El encargado de la notificación, Gerardo Batistó, del Programa Verdad y Justicia, informó al fiscal de la llamada.

Toranzos sostuvo que con esto Ovalle está entorpeciendo la acción judicial, por lo que pidió al Tribunal Oral en lo Federal de Salta que le revoque la excarcelación.

Ovalle está sospechado de haber actuado como personal de inteligencia en la Universidad Nacional de Salta. La docente universitaria Ana Simesen de Bielke recordó que estudiaba en la UNSa. “Lo que se decía era que era hermanastro de Murúa y que Murúa era un ser muy peligroso y que había que tener cuidado con él por esa relación”, recordó. El comisario Abel Vicente Murúa estaba siendo juzgado en este proceso, pero falleció.

Afligido

En el estudio del contador Agustín Luis López Cabada tuvo trabajaron tres estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que luego fueron desaparecidos: Carlos Figueroa Rojas y los hermanos Pedro y Gregorio Tufiño.

López Cabada fue a dar su testimonio ayer. El fiscal quiso saber qué había hecho para tratar de averiguar lo que había sido de Rojas, desaparecido desde el 25 de septiembre de 1976. Como el testigo decía no haber hecho nada, insistió, preguntando subrayando el hecho de que hubieran desaparecido tres empleados del estudio.

Las negativas del testigo fueron interrumpidas por el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla: “Ya contestó claramente que no tuvo ningún interés en averiguar”. “El contador está más afligido por el daño económico que por la desaparición de tres personas”, remató el juez.