En 1977 los agentes del terrorismo de Estado en Salta depositaron restos óseos de personas que presumiblemente habían sido explosionadas en el paraje El Gallinato en una fosa común en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz. El dato era conocido porque en ese lugar se encontró el maxilar de la antropóloga Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, desaparecida desde el 24 de septiembre de 1976, cuando fue secuestrada junto a su marido, Héctor Gamboa, pero ahora se agregó una novedad: fueron los propios policías los que señalaron el lugar exacto de la fosa donde buscar los restos del matrimonio.
La existencia de esta fosa fue confirmada ayer por un testigo directo, el odontólogo Manuel José Costello, quien en 1977 recibió el pedido de los familiares de Gemma y Héctor para que tratara de reconocer los restos de la mujer.
Costello era el odontólogo de Gemma Fernandez. Ayer fue el último testigo en el megajuicio que se lleva a cabo en Salta por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas y que en estos días indaga sobre las desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). “El cuñado de la señora (Julio Gamboa) me dijo que había encontrado restos y me pidió si podía intentar reconocerlos”, contó. Recordó que fueron al Cementerio, donde “había una fosa común enorme”. Allí estaban el odontólogo de la Policía, “el doctor Ríos”, bomberos y hombres de civil.
Dijo recordó que la fosa estaba abierta y “ellos nos dijeron que buscáramos en ese lugar (una esquina de la fosa) donde posiblemente estaban los restos del matrimonio”. “Era un olor insoportable, incluso uno de los bomberos nos puso dentro del barbijo un poco de ruda para que se aguante”, había “muchos” restos óseos, gelatinosos, había cráneos, maxilares, huesos de piernas y brazos, describió. No pudo precisar de cuántas personas habría pero dijo que con seguridad eran de más de una.
El querellante David Leiva pidió que el Tribunal realice una inspección en el Cementerio, para tratar de ubicar el lugar exacto donde estaba la fosa.
En 2007 una investigación ordenada por el entonces juez federal Nº 1, Abel Cornejo, sobre una fosa común ubicada en la parte posterior del predio y unos 16 nichos que figuraban como NN no arrojó resultados positivos. Sin embargo, esta fosa estaría ubicada en otro lugar.
Tristeza
“Todo fue a partir de entonces una tristeza, una amargura, ver a mis padres sufriendo (…) Empezamos a vivir una terrible tristeza, yo perdí a dos hermanos, porque el otro se tuvo que ir. Mi hermana perdió a su marido (…) Todo fue tan terrible que hasta el día de hoy no lo puedo superar”. Carmen Amparo Cobos Rodríguez sintetizó de esta manera los padecimientos de su familia, que por su militancia en el peronismo fue víctima del terrorismo de Estado.
El 8 de marzo de 1976 fue desaparecido su cuñado, Víctor Brizzi, marido de Cristina Cobos. El 24 de marzo de 1976 fue detenido su hermano, Enrique Cobos, liberado en mayo. El 25 de septiembre de 1976 su hermano Martín Cobos fue asesinado por un grupo de tareas que irrumpió en su casa en busca de Enrique y agredió a su padre y los amenazó de muerte.
Ese mismo día Enrique y su esposa, Marta Mabel Franzone, partieron al exilio. Franzone militaba en la Juventud Universitaria Peronista en Tucumán (JUP) e integraba Montoneros. Ayer recordó que “la mayoría de la gente de la JUP de Derecho desapareció”. También ella dio cuenta de la persecución y el sufrimiento de la familia Cobos. “Yo creo que a partir de ahí Enrique y yo quedamos ausentes. No sé: como si estuviéramos vivos y realmente no estábamos vivos”, confesó sobre el momento en que supieron que Martín Cobos había muerto.
Otra denuncia contra Guil por amenazas
El abogado David Leiva, querellante en representación de la familia Cobos, pidió ayer que se restrinja el beneficio de prisión domiciliaria al represor Joaquín Guil, quien está siendo juzgado en este proceso.
Leiva explicó que el pedido obedece a que supieron que Guil viola la prisión domiciliaria, y que amenazó a una trabajadora del Patronato de Liberados, encargada de verificar que cumpla con las condiciones de la prisión en su casa de la villa de San Lorenzo.
El planteo del querellante motivó la rápida respuesta del defensor oficial ad hoc Federico Petrina, quien aseguró que Guil “no ha salido” de su domicilio, y recordó que el Tribunal ya se pronunció sobre esta cuestión. El fiscal Ricardo Toranzos informó que hace dos meses pidió que se revocara la prisión domiciliaria de Guil, ante la denuncia de una asistente del Patronato de Liberados, quien sostuvo haber recibido amenazas y presiones de parte del represor luego de que informara que no lo había encontrado en su casa. El fiscal detalló que el Tribunal Oral en lo Federal de Salta rechazó este pedido y él apeló, por lo que la cuestión está en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Guil fue jefe de inteligencia de la Policía provincial y es un personaje emblemático del terrorismo de estado en Salta. Está imputado en la mayoría de las causas por delitos de lesas humanidad y ya fue condenado por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y la masacre de Palomitas. Sin embargo, hasta ahora sigue sorteando la prisión efectiva.
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