miércoles, 26 de febrero de 2014

Indagan al ex juez Lona por su participación en el Terrorismo de Estado en Salta

Juez Federal Fernando Poviña
El juez federal Fernando Poviña tiene previsto indagar hoy al ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone (hecho en el que fue asesinado el comerciante Santiago Arredes y se intentó matar a la empleada Margarita Martínez de Leal) y en la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas.
En la década del 70, cuando se cometieron estos hechos, en el marco del terrorismo de Estado, Lona era el único juez federal de la provincia, y se le atribuye activa participación para la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
Se sabe que la indagatoria en relación a la causa Ragone está prevista para las 11.30. No trascendió el horario en que fue convocado para ser indagado por la causa Palomitas, pero se sabe que será cerca del mediodía. Organismos de derechos humanos y familiares tienen previsto concentrarse sobre la calle España para esperar que se produzca la tanta veces pospuesta indagatoria del hombre fuerte del Poder Judicial Federal de Salta, quien desde 2005 viene esquivando presentarse ante la Justicia.
Ragone, que llegó el gobierno en 1973, como parte de la primavera camporista, fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, cuando se preparaba para participar de las elecciones internas en el PJ de Salta con vistas a postularse para un nuevo mandato como gobernador.
La Masacre de Palomitas se cometió en la noche del 6 de julio de 1976. Once detenidos políticos en el penal de Villa Las Rosas fueron sacados de la cárcel con la excusa de que iban a ser trasladados a una cárcel de mayor seguridad y fueron asesinados en el trayecto, a un costado de la ruta nacional 34, unos 50 kilómetros al sur de Salta Capital, cerca de la pequeña localidad de Palomitas.
 En ambos casos se han acumulado datos y pruebas que dan cuenta de la posible participación de Lona en estos hechos.
Además, el ex juez está imputado en relación a otros crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia, aunque esa causa, conocida como Expediente 627, está todavía en espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta decida quién actuará como juez.
 

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