El querellante Matías Duarte pidió ayer condena a prisión perpetua para los represores Joaquín Guil y Miguel Gentil, por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime y por la matanza de los jóvenes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia. El abogado insistió en que el Tribunal Oral debe revocar las prisiones domiciliarias, y solicitó nuevas investigaciones contra los integrantes de la plana mayor del Ejército y de la Policía en Salta, los miembros del Destacamento de Inteligencia militar y el ex interventor Alejandro Mosquera, en cuyo mandato “ocurrieron crímenes de lesa humanidad que a la fecha se encuentran impunes”.
Duarte fue el único querellante que pudo completar su alegato en una jornada en que quedó trunco el alegato de los querellantes David Leiva y Susana Aramayo, quienes seguirán exponiendo el próximo lunes, día en que se prevé una doble jornada, adelantó el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla.
Duarte recordó que el 12 de febrero de 1975, día de su secuestro, Jaime fue visto nervioso debido a que se sabía perseguido. Memoró que el periodista estaba enfrentado con la Policía por su militancia en el peronismo revolucionario y por sus publicaciones en el diario El Intransigente, entre ellas la cobertura del homicidio del militante Eduardo Fronda. “(El móvil) fue claramente ideológico” y también “fundamentalmente por el compromiso con el cual desplegaba su tarea”, sostuvo.
Para el querellante en representación de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) y la organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, está claro que el crimen fue cometido por la fuerza policial, que sabían que Jaime había visto a Fronda en la Central de Policía, y que era el autor de las notas que dieron cuenta de las torturas que sufrió este joven.
Como indicio de la responsabilidad policial el abogado reseñó las irregularidades contenidas en el sumario policial, confeccionado por la división de Contralor General, cuyo jefe era el comisario Víctor Hugo Almirón, quien no está siendo investigado por este hecho. Duarte añadió que luego el ex juez federal Ricardo Lona cerró la investigación en 95 días, y tampoco está imputado por este hecho.
Recordó asimismo que al momento del hecho Gentil, un militar, era el jefe de la Policía de Salta y que como jefe de Seguridad Guil “tenía el control operacional de la fuerza”.
Duarte también pidió la condena de Guil y Gentil por los homicidios de Mattioli, los Estopiñán y Tapia, cometidos el 20 de abril de 1975 en Villa Merced, localidad de Rosario de Lerma, un hecho que ambos acusados trataron de hacer aparecer como un enfrentamiento en un comunicado publicado el 21 de abril del 75, lo que el querellante calificó de “gran mentira institucional de la que participaron la Policía y el Poder Judicial”, con Lona y el fiscal Vicente Massafro.
También en este caso enumeró las pruebas e indicios que dejan claro que hubo un fusilamiento: entre otras, los acusados sostienen que se trató de una acción contra delincuentes comunes cuando los cuatro jóvenes militaban en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y eran buscados con el calificativo de “extremistas”; además, las víctimas recibieron un total de 108 disparos (28 Tapia, 38 Marcos Estopiñan, 19 Marcial y 26 Mattioli), muchos de ellos por la espalda.
El abogado consideró que en este caso Guil y Gentil son autores materiales del fusilamiento, dado que ellos mismos han aceptado que estuvieron en el lugar del hecho, algo que también fue confirmado por el subjefe de la Policía, Virtom Mendíaz, quien reveló que él también estuvo, por lo que el abogado pidió que se lo investigue en relación a este hecho.
Los alegatos fueron iniciados por la abogada Susana Aramayo, quien realizó una semblanza de las víctimas en cuyos casos intervienen las querellas. Luego Leiva se refirió al contexto histórico. La audiencia se levantó cuando este abogado alegaba sobre el homicidio de Martín Cobos y los secuestros y homicidios de Silvia Aramayo, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Héctor Gamboa, Carlos Figueroa Rojas y Víctor Brizzi.
Plantean que Mosquera sea investigado por crímenes del 75
El abogado Matías Duarte pidió ayer que el ex interventor de Salta, José Alejandro Mosquera, sea investigado por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, el 23 de noviembre de 1974.
El querellante sostuvo que la represión comenzó en la provincia con la llegada de la intervención, algo que ya tiene por probado el Tribunal Oral de Salta en su sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador Ragone.
“Solo 24 horas después de la intervención federal empezaron las detenciones de las personas que habían militado y que estaban relacionadas a la Tendencia Revolucionaria, ligadas a las ideas de Miguel Ragone o vinculadas a actividades políticas que la intervención federal consideraba riesgosa”, sostuvo el abogado al alegar en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta ciudad desde mayo del año pasado.
Duarte citó archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires y enumeró una lista de detenidos durante la intervención: entre otros, el 25 de noviembre de 1974 fue detenido Farat Salim, que había sido juez de Corte durante el gobierno de Ragone; el 1 de diciembre, el militante y funcionario de Ragone Eduardo Porcel; el 21 de diciembre, Eduardo Porcel hijo. El 22 de abril, fue detenida Amaru Luque de Usinger; el 19 de junio, Evangelina Botta de Linares, y el 21 de junio, Celia Raquel Leonard y José Luis Povolo. Los cuatro fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, el 4 de julio de 1976.
“Vemos que pocas horas después de la intervención federal se inició este plan de persecución sobre la población civil. Y en menos de 45 días de sucedida la intervención federal encontramos la primera víctima fatal de este plan sistemático, que fue Eduardo Fronda. Era previsible en este marco de persecución que una de las primeras víctimas, Fronda, pertenezca al Frente Revolucionario Peronista (FRP)”, afirmó el querellante. Añadió que la misma suerte iban a correr luego otros compañeros suyos en el tiempo “inmediatamente posterior”, como ocurrió en abril con Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán, Ricardo Tapia y más tarde con las hermanas Carmen y Francisca “Elsa” Torres.
Duarte recordó asimismo que al día siguiente de la intervención, el 24 de noviembre de 1974, fue designado Miguel Gentil en la Jefatura de Policía, “un militar en actividad”. “Fue uno de los personeros en llevar la represión a todas las personas consideradas subversivas”, igual que Guil, pero “todo esto se dio en un claro perfil antisubversivo del interventor federal”, afirmó. Como ejemplo de ese perfil refirió el decreto 01/75 de la intervención federal, en el que identifica a pueblo con Fuerzas Armadas, y la ley de prescindibilidad dictada en 1975, que dejaba cesante a empleados públicos y en la que se dijo que “el gobierno de la intervención federal combate a la subversión en todas sus manifestaciones, no solo aquellos que utilizan las armas como medios sino también a los guerrilleros económicos”.
Antes, al referirse al contexto histórico, el abogado David Leiva había afirmado que “el FRP fue el primer sector perseguido en Salta por la Policía”, y luego “le toca a Montoneros y a la JP”.
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