Los abogados querellantes David Leiva, Susana Aramayo, Gastón Casabella y Tania Kiriaco coincidieron ayer en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres que están siendo juzgados en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia.
Hubo pedidos de prisión perpetua para6 acusados: los militares Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Héctor Ríos Ereñú, Joaquín Cornejo Alemán y Miguel Raúl Gentil, yel ex policía JoaquínGuil.
En el caso del civil Juan Manuel Ovalle hubo diferentes pedidos: mientras Leiva (querellante junto a Aramayopor el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia;los familiares de Víctor Brizzi y Martín Cobos,y los de Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa) pidió que se lo condene a 6 años de prisión por el secuestro de la docente Silvia Aramayo, los abogados Casabella(Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y Kiriaco (en representación de la madre de Aramayo, Brunilda Rojas) consideraron que debe ser condenado a prisión perpetua, como partícipe en el secuestro y en el homicidio de la joven.
También hubo pedidos de penas de 6 años para los militares FernandoChaín, Marcelo Gatto y Ricardo Benjamín de la Vega, por el secuestro del soldado Brizzi. En el caso de De la Vega, Leiva solicitó que se lo comience investigar por el homicidio del joven militante de la JP.
En general, los querellantes hicieron un repaso por las acciones del terrorismo de Estado en la provincia y acusaron a los juzgados de integrar el aparato represivo del Estado en la aplicación de un plan sistemático de eliminación de personas.
Es que los hechos objeto de este proceso fueron cometidos en distintos puntos de la provincia y los acusados son representativos de la organización de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad a los fines de la represión. Mulhall era jefe de la Guarnición Ejército Salta (y ya tiene dos condenas en su haber); Guil era el ex jefe de Seguridad de la Policía salteña (también con dos condenas); el mayor Mendíaz fue jefe de la Policía en momentos en que se cometieron varios hechos investigados en este juicio. Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, cuando se cometió el secuestro y asesinato del dirigente de la JP Jorge René Santillán. Gentil era jefe de la Policía en 1975, año en que fueron asesinados el periodista Luciano Jaime y los jóvenes Alfredo Mattioli, Marcos y Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia.
Los querellantes sostuvieron que en este proceso ha quedado claro que en la provincia existió una estructura represiva iniciada tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974 y que se acrecentó tras el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. A poco de su llegada, el primer interventor federal,Alejandro Mosquera, nombró en la Jefatura de Policía al militar Gentil y dejó a la Policía bajo la jurisdicción del Ejército, que proveía de información de inteligencia sobre los posibles blancos de la acción represiva. La Policía de Salta, afirmó Casabella, participó de este entramado represivo “liberando zona, fraguando sumarios” y aportando personal para los operativos.
En el caso de Ovalle, los querellantes lo acusan de haberse infiltrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para realizar tareas de inteligencia.
A Mulhall lo acusaron por 9 hechos de homicidio(por Aramayo, Cobos, Brizzi, Raúl Osores, el matrimonio Gamboa, Santillán, René Russo y Figueroa Rojas) y 8 de privación ilegítima de la libertad; a Guil, por 10 homicidios. A Mendíaz lo señalaron como partícipe de 5 homicidios, igual que Gentil.
La audiencia seguirá el 3 de diciembre, con el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos.
Reconocible, a pesar de las medias
Con la cara cubierta con una media, el abogado David Leiva sorprendió ayer a los asistentes a la sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone”, en la Ciudad Judicial. Fue en el momento de fundamentar por qué está convencido de que Juan Manuel Ovalle participó del secuestro de Silvia Aramayo, tal como viene sosteniendo, hace 37 años, su madre, Brunilda Rojas.
La mujer sostiene que reconoció a Ovalle, por su voz y por su contextura física, en el grupo de tareas que la madrugada del 25 de septiembre de 1976, irrumpió en su casa de la calle Aniceto de la Torre al 1800, con las caras cubiertas por medias. Rojas afirma que conocía a Ovalle porque iba seguido a su casa a buscar a su hija.
“Seguramente después de haberme escuchado durante un año, a pesar de la media que tengo puesta sobre la cara, el Tribunal me va a reconocer por el contexto físico y por esta voz que es un timbre personal y es un reconocimiento de la personalidad, así como la señora Brunilda Rojas lo reconoció a Ovalle, después de haberlo conocido un año en su contexto físico y también por la voz”, sostuvo el letrado.
Más tarde, la abogada Tania Kiriaco enumeró las pruebas que en su opinión hacen caer la postura defensiva de Ovalle. Particularmente, desestimó las fotos que exhibió el acusado para mostrar que era cercano a Miguel Ragone y a los militantes por el regreso de Perón: “Las fotos no prueban nada. Astiz también tiene fotos con las Madres”, retrucó Kiriaco.
Nuevas investigaciones
La abogada Tania Kiriaco pidió que se investigue al ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el secuestro y desaparición de Silvia Aramayo. Recordó en tal sentido que en 1976 el entonces magistrado “archivó en 6 fojas” la denuncia presentada por la madre de la joven.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, pidió que se investigue al ex docente de la Universidad Nacional de Salta Mario Casalla por “su presunta participación en el homicidio calificado y la privación ilegítima de la libertad” de Aramayo, Víctor Brizzi y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa. El abogado aseguró que Casalla “señalaba a gente” que luego era objeto del terrorismo estatal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario