Por Elena Corbalan
Mientras
en San Miguel de Tucumán está llevándose a cabo el primer juicio por
los crímenes contra la humanidad cometidos durante el denominado
Operativo Independencia, los senadores Mashur Lapad, Pedro Liverato y
Ruben Lávaque presentaron un proyecto de declaración que apoya una
iniciativa legislativa nacional para reconocer a los ex soldados que
participaron de ese operativo como ex combatientes en una guerra.
El
proyecto de los senadores, dado a conocer por la senadora Gabriela
Cerrano en su cuenta de Facebook, propone que el Senado salteño haga una
declaración diciendo que “vería con agrado” que diputados
y senadores provinciales y “el Congreso Nacional en pleno, impulsen y
otorguen tratamiento definitivo y aprueben” un proyecto de ley
presentado en 2009 por los legisladores Octavio Arguello y Edith Olga
Llanos que otorga una “pensión reparatoria” a los conscriptos de las
clases 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, que “participaron -sostiene
el proyecto de Lapad, Liverato y Lávaque- en los conflictos armados como
‘Operativo Independencia’, ‘Operativo Soberanía Canal de Beagle’,
‘Operativo Islas Malvinas’”.
La
iniciativa, que pone en plano de igualdad al Operativo Independencia
(llevado a cabo por el Ejército, desde febrero de 1975, por orden de
gobierno de María Estela Martínez de Perón, con el objetivo de derrotar a
la guerrilla instalada en esa provincia) y a la guerra contra una
potencia extranjera como Gran Bretaña, recuerda que en la provincia hay
“9.400 ex soldados que esperan este beneficio y 800.000 en todo el país”
y reseña también que el trámite para esta pensión fue iniciado ya por
la Asociación de Ex Combatientes Conscriptos Salteños y Otros de la
Provincia de Salta (…) y por la Mesa Nacional de Ex Soldados Conscriptos
de la República Argentina.
Lapad,
Liverato y Lávaque añaden que verían con agrado que el Gobierno de
Salta gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante el Congreso el
tratamiento y aprobación de la ley.
“No te voy a decir que en Tucumán no se torturó”
Un
ex soldado salteño que participó del Operativo Independencia en Tucumán
justificó la tortura como medio para obtener información, y aseguró que
este operativo militar fue “una guerra”. Marcelo Dorado es integrante
de la Asociación de Ex Combatientes del Operativo Independencia y desde
2005 viene reclamando que los reconozcan como ex combatientes y les
otorguen una pensión y obra social.
“La
guerra del Operativo Independencia fue una guerra de inteligencia” y
“en inteligencia sí se tortura, no te voy a decir que en Tucumán no se
torturó”, sostuvo Dorado ante la consulta de Nuevo Diario
respecto del proyecto de declaración de tres los senadores provinciales
Mashur Lapad, Pedro Liverato y Rubén Lávaque, para que se los reconozca
como ex combatientes.
Dorado
aclaró que no presenció actos de tortura, “pero sé que se han usado
métodos, porque la única manera de que un guerrillero hable es
metiéndole picana o tortura. Todo ejército tortura a sus prisioneros, no
hay ninguno, llegado el caso, los guerrilleros se basaban en Rusia, y
los rusos torturaban, entonces no nos pongamos el sayo de santos”,
afirmó.
Según
Dorado, que hizo el servicio militar en Salta, en Tucumán no hubo
Centros Clandestinos de Detención (CCD), sino Lugares de Reunión de
Detenidos (LRD), tal como lo planteó el primer jefe del Operativo, el
general Acdel Vilas. En Tucumán se está llevando a cabo un juicio por
270 personas que padecieron torturas, fueron asesinados o fueron
desaparecidas durante este Operativo. Y hay otras investigaciones por
otras tantas víctimas.
“No
meta en la misma bolsa todo, no es lo mismo un centro clandestino de
detención que un LRD”, se quejó cuando se le preguntó sobre los centros
de tortura. “Hasta los norteamericanos han hecho campos de concentración
de prisioneros, entonces, ¿dónde metés vos a los guerrilleros que
agarrás? En la Escuelita de Famaillá, que ahí estábamos nosotros”,
justificó.
Afirmó
que “la otra parte” los llama clandestinos, “todo es clandestino para
la otra parte”, volvió a quejarse antes de reivindicar: “Es legal tener
un lugar de reunión de detenidos, campos de detenidos, es legal, porque
en una guerra se tiene que tener donde meterlos a los prisioneros.
Entonces como sería de clandestino que estaba en medio del pueblo de
Famaillá y todo el mundo lo conocía, hay que ser miope para decir eso”.
En ese punto fue que reconoció que hubo torturas, aunque dijo que no las vio.
Sin
embargo, volvió a insistir en que “no eran ningunos ángeles los chicos
del otro lado”. “Sabemos muy bien que el Ejército ha hecho cagada, pero
también sabemos que del otro lado se ha hecho cagada, acá el problema es
reconocer”, aseguró. Asimismo, además de recordar la ya conocida
disposición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón,
aprobando la aniquilación de la guerrrilla, Dorado aseveró que el 21 de
enero de 1974, tras el ataque del ERP a la guarnición militar de Azul,
el entonces presidente Juan Domingo Perón emitió un radiograma ordenando
el exterminio de los guerrilleros.
Ex combatientes
Dorado
sostuvo que quienes participaron del Operativo Independencia, llevado a
cabo por el Ejército entre enero de 1975 y marzo de 1976, y considerado
la antesala de la última dictadura cívico militar, evitaron “la
secesión del territorio argentino”, que, según afirmó, intentaba el
líder guerrillero Roberto Santucho. En el mismo sentido aseguró que
“Santucho declaró la guerra al ejército contrarrevolucionario, que era
el Ejército Argentino, desde Francia. Después, usaban grados militares y
usaban uniformes, por lo tanto eran ejército, ellos se llamaban
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), así que eran ejército”,
argumentó.
Insistió
en que los erpianos intentaban “tomar un territorio”, el que quedó
demarcado en el teatro de operaciones del Ejército, entre el río Toro y
Tafí Viejo y entre la ruta nacional 34 y el Cordón de Aconquija.
“Cualquier ejército que está en guerra ponen en un teatro de
operaciones, y el soldado que ha estado en un teatro de operaciones es
un combatiente, y cuando se acaba es un ex combatiente, eso es lo que
reclamamos nosotros”, sostuvo.
La
Asociación que dirige Dorado reclama que se los reconozca como ex
combatientes y se les otorgue una pensión. Empezaron a agruparse en
2004, en 2005 se constituyeron formalmente y presentaron un reclamo en
Presidencia. Después fueron al Senado y a Diputados. En 2007 y 2009 se
presentaron proyectos de ley que buscan otorgarles el reconocimiento,
aunque no recibieron tratamiento parlamentario.
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