El comisario general Abel Vicente Murúa, uno de los personajes emblemáticos del terrorismo de Estado en Salta, falleció anteayer. A pesar de la insistencia de los familiares que sufrieron su crueldad, el policía retirado murió sin recibir una sentencia de la administración de justicia.
El 21 de mayo pasado, por primera vez, la Justicia Federal comenzó a juzgarlo por cuatro desapariciones, en la megacausa que se tramita ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta. Se lo juzgaba por las desapariciones del arquitecto Ramón “Chicho” Gallardo, la docente Silvia Benjamina Aramayo y el matrimonio integrado por Juan Carlos Parada Mallo y Marta Cascella. También estaba procesado por amenazas a Brunilda Rojas, la madre de Aramayo.
Sin embargo, no llegó ni a escuchar los testimonios sobre estos hechos: el 27 de julio último, cuando el Tribunal se disponía a citar a los testigos sobre la detención ilegal y la desaparición de Gallardo, el acusado presentó un certificado médico, acreditando que estaba internado en un hospital de Tres Cerritos, por problemas de salud. El Tribunal resolvió entonces esperar a que se mejorara, lo que nunca ocurrió.
“Después de diez años de investigación quedó imputado y finalmente comenzó a ser juzgado en esta megacausa, pero ocurrió lo que siempre se teme desde los familiares, la impunidad biológica”, lamentó ayer la abogada Tania Kiriaco, querellante en representación de la familia de Aramayo.
La letrada destacó que la muerte de Murúa priva a los familiares de la posibilidad de “conocer el paradero de sus familiares”, además de imposibilitar que se lo juzgue por los crímenes de lesa humanidad por los que está acusado. “Será uno más que no rompió el pacto de silencio”, añadió tras recordar que el comisario estaba al frente de la D2, la Dirección de Informaciones Policiales, el departamento de la Policía de la provincia que espiaba y reprimía a militantes políticos, gremiales y sociales. “Era un funcionario de la dictadura que también se va con mucha información sobre cómo funcionaba el aparato represivo en Salta. Era un agente importante de la represión. Es una de las personas más emblemáticas del terrorismo de Estado en Salta, además de Guil”, sostuvo Kiriaco.
Murúa estaba acusado por el secuestro y desaparición de Aramayo junto a Joaquín Guil, y al civil Juan Manuel Ovalle, medio hermano suyo. Ayer ambos lo recordaron en sendos obituarios. Por el de Ovalle se sabe, ahora, que tenía el apodo “Pila”. Cuando se le requirieron sus datos en el comienzo del juicio oral y público en su contra Murúa había negado el alias.
Guil y Murúa eran viejos conocidos. Ya en la dictadura de Onganía habían participado juntos de la represión a militantes políticos y en la democracia de 1973, el gobernador Miguel Ragone y el jefe de Policía, Rubén Fortuny, intentaron sacarlos de la fuerza, como parte de un proceso que buscaba “cambiar la policía represiva por la policía dirigida a proteger al pueblo”. Veinte policías fueron acusados de torturas, entre ellos estaban Guil y Murúa. Otro represor que también está siendo juzgado ahora, Carlos Alberto Mulhall, por entonces jefe del Ejército en Salta, presionó a su favor.
Fortuny fue asesinado el 27 de noviembre de 1973, por el ex policía Emilio Pavicevich; los comisarios torturadores volvieron a sus puestos y, aún antes del golpe de Estado del 24 de marzo, volvieron también a las violaciones de derechos humanos. El propio Ragone fue secuestrado y desaparecido.
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