Elena Corvalan
El
comisario retirado Pedro Perona fue sindicado ayer como partícipe de la
detención, y desaparición, del ex policía federal Juan Carlos Parada de Mallo y
de su esposa, Marta Beatriz Cascella, cometidos en marzo de 1978.
En aquel
año Perona era jefe de la Brigada de Investigaciones. Aunque era evidente que
no quería hacerlo, el policía retirado Juan Carlos Pacheco lo señaló ayer como
quien encabezó el operativo de detención de Parada de Mallo, concretado el 17
de marzo de 1978, desde el taller mecánico del padre del testigo, en el barrio
Santa Lucía.
Siguiendo
un derrotero ya trillado por otros miembros de fuerzas de seguridad activos
durante los años de la última dictadura cívico-militar, Pacheco empezó
afirmando que no recordaba prácticamente nada en relación a Parada de Mallo.
Una vez más, el fiscal federal Ricardo Toranzos tuvo que recurrir a las
constancias del expediente para que viera, y reconociera, su firma en el
sumario policial en el que se consigna que el ahora testigo entregó “un informe
sobre la situación de Parada al comisario Perona”. En esas constancias figura
también que prestó declaración en el sumario policial. Entonces había detallado
que en la primera quincena de enero de 1978 Parada de Mallo fue al taller de su
padre, Juan Carlos Pacheco, llevándole una estanciera y que ya antes había
llevado otro vehículo; tiempo después fue una comisión policial a buscar la
estanciera.
“¿Usted
recuerda esto?”, lo interrogó el presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez
Montilla. “La verdad (es) que muy vagamente, doctor”, respondió el testigo.
El fiscal añadió
que en el sumario policial se consigna que Pacheco hijo dijo saber que Parada
había sido detenido en el taller y que “sabe que está en la Brigada de
Investigaciones porque el jefe, comisario Perona, fue al taller y le dio las
llaves de una estanciera para que se las diera a la esposa de Parada, y que la
otra estanciera fue secuestrada”. El ex
policía intentó reforzar lo de su falta de memoria, pero ante la insistencia
acerca de que había firmado la declaración terminó por reconocer que
“seguramente así ha sido”.
Parada de
Mallo ha sido señalado por otros testigos, como el abogado Néstor Adet, como integrante
del aparato represivo. Se sospecha que parte de su tarea (además de realizar
inteligencia) consistía en robar automóviles y prepararlos en talleres de
miembros de fuerzas de seguridad para usarlos en la represión. No se sabe si
éste era el caso del taller mecánico de los Pacheco, aunque sí quedó claro Pacheco
hijo no tenía ninguna gana de declarar: debía presentarse el lunes pero no lo
hizo; ayer tampoco llegó a tiempo y se presentó recién luego de que el Tribunal
ordenara que se lo trajera por la fuerza pública. Al parecer, fue advertido
decidió concurrir por su cuenta, aunque trató de escudarse en la desmemoria
para evitar hablar de aquellos años.
A propósito
de la trama de los represores y sus cómplices, y de los delitos comunes que
cometían a la par de violar derechos humanos, se sospecha que la muerte de
Parada de Mallo se debió a una desavenencia por un automóvil Renault 12 del
empresario Pancho Balbi, que le había sido robado por un grupo de tareas, que a
su vez fue asaltado por Parada de Mallo, para devolver el coche a su dueño a
cambio de una suma de dinero.
Perona no
está en la lista de testigos de este debate, pero es probable que se termine
pidiendo que sea investigado como partícipe de la detención y desaparición de
Parada de Mallo, y de Cascella, desaparecida el 29 de marzo de 1978, de la
misma Central de Policía, adonde había ido a esperar que su marido fuera
liberado, tal la promesa que había recibido de parte de un alto jefe de la
Policía, según confirmó ayer Héctor Burgos, propietario de la perfumería donde trabajaba
la mujer.
Burgos
recordó que llevó a Cascella hasta la Central y que no la esperó porque ella se
negó. “Menos mal que no me quedé”, suspiró ante el Tribunal. Y se explicó:
“(Cascella) no apareció más. No volvió más”. Más tarde ratificó que Parada de
Mallo y Cascella “no salieron” de la Central.
El testigo
recordó que Cascella “manifestó que había dicho (al hablar con el alto jefe
policial que Burgos cree que era un militar) que si no largaban al marido, iba
a hablar lo que sabía del Ejército”.
Piden que declare la mujer de Luciano Jaime
El abogado
Matías Duarte, que junto a la letrada Tania Kiriaco representa a la querella de
la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), pidió ayer que se cite a prestar
declaración testimonial a quien fuera la esposa del periodista Héctor Luciano
Jaime, Rosa Chica.
El
querellante hizo este pedido en el marco de una solicitud para que se cite como
testigos a los policías que participaron del sumario abierto tras el hallazgo
de los restos del cuerpo de Jaime, el 14 de febrero, en el paraje El Encón
Chico, departamento de Campo Quijano.
Duarte
explicó que su pedido se debe a que “luego del análisis del sumario policial”
advirtieron que “ninguno de los policías que intervinieron fueron citados a
declarar”.
Verdad y Justicia respondió a Tribunal por los testigos
El abogado Pedro García Castiella afirmó ayer que el Programa Verdad y Justicia no es responsable de las modificaciones de última hora realizadas en el cronograma de testigos citados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad.
El asesor del Programa Verdad
y Justicia en Salta salió al cruce de las expresiones del presidente del
Tribunal Oral en lo Federal de Salta, Carlos Jiménez Montilla, que en la audiencia
del lunes descargó en este Programa los inconvenientes en las citaciones a
testigos. La reacción del juez se produjo luego de que la abogada querellante
Tania Kiriaco adhiriera a un pedido del fiscal Ricardo Toranzos para que se lo
notifique con antelación de los cambios en el cronograma de testigos.
Jiménez Montilla dijo que
debido a esos inconvenientes, el Tribunal había decidido realizar las
notificaciones a través de Gendarmería pero que se volvió al Programa Verdad y
Justicia por un pedido de las querellas. El cruce fue generado por la decisión del
viernes último del Tribunal, que suspendió el tratamiento de la causa por los
trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y, en
cambio, citó a testigos de la causa por las desapariciones de Juan Carlos
Parada de Mallo y Marta Cascella. Esta decisión se tomó el viernes por la
noche, la jueza Liliana Snopek indicó que recién entonces supieron que el
acusado Ubaldo Vujovich Villa estaba imposibilitado de asistir y por lo tanto
no podía realizarse la audiencia con los testigos previstos inicialmente.
“El Programa Verdad y Justicia
fue notificado, vía mail, el viernes
7 y pasadas las 21 horas, respecto de la
modificación del calendario de audiencias previsto para los días lunes y
martes 10 y 11 de setiembre”, explicó García Castiella. Indicó que esto los
obligó a notificar, “fuera de toda previsión posible, a testigos durante el fin
de semana, de un día sábado para el
lunes siguiente”. Sobre la lista de 12 testigos, “comparecieron siete, encontrándose imposibilitados los restantes
por diversas otras obligaciones o ausencias asumidas con anterioridad en
algunos casos”. En otros casos se trató de testigos cuya citación no es de
competencia del Programa.
“Este Programa desea dejar aclarado
que no ha existido responsabilidad alguna de su parte en la modificación del
cronograma a última hora, como también ha dejado de manifiesto la eficacia en
la ubicación y notificación de los testigos a pesar de la carencia absoluta de
toda antelación posible en la notificación de la modificación dispuesta por el
Tribunal a última hora del último día hábil de la semana pasada.” Sostuvo el
abogado.
De paso, abonó a favor de los
planteos del fiscal: “Tampoco corresponde que se pretenda justificar el uso de
las fuerzas de seguridad en la gestión de las notificaciones a testigos
–contrariando el Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos-
en el marco de procesos judiciales, para enmendarse así la tramitación de notificaciones
precipitadas, como ha venido aconteciendo en anteriores ocasiones, generadas
siempre en las sorpresivas modificaciones de calendario sin la suficiente y
debida antelación, extremo que fuera precisamente el motivo de reclamo de
Fiscalía y querellas ante el Tribunal.” Afirmó García Castiella.
El Programa Verdad y Justicia
depende del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos de la Nación y tiene como
objetivo garantizar que los procesos por crímenes de lesa humanidad sean
exitosos. Entre sus acciones se cuentan la de colaborar en “el proceso de
garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,
abogados y funcionarios judiciales vinculados con los delitos de lesa
humanidad”.
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