Con la declaración de solo tres de los once testigos
previstos por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta se desarrolló ayer una
nueva jornada en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la
provincia entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las novedades vinieron más bien
por el lado de los acusados: el general Héctor Ríos Ereñú denunció un complot
para implicarlo en la represión, y reconoció la existencia de detenidos en el
Regimiento de Monte 28, algo que había negado hasta ahora. Otro acusado, el ex
guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray pidió declarar, por primera vez en lo que
va del debate (que cumplió un año), para defenderse de una vecina que lo
fotografió en aparente violación de la prisión domiciliaria.
La jornada, en la que testimonió por primera vez un
familiar del joven Ricardo Tapia, asesinado en abril de 1975 en Rosario de
Lerma, finalizó con la declaración de Ríos Ereñú. El militar denunció “un
complot o una persecución de mi persona que pretende hacerme responsable de
delitos que no he cometido y no he conocido”.
Ríos Ereñú, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín,
está siendo juzgado por los secuestros y homicidios de los militantes
peronistas Pedro Enrique Urueña y Jorge René Santillán, cometidos en diciembre
de 1975 y en agosto de 1976, en el norte provincial.
Por entonces Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte
28, con asiento en Tartagal, cabecera de la Subárea 322-1, según la división del
país que hicieron las Fuerzas Armadas a los fines represivos. El militar asumió
la jefatura el 9 de diciembre de 1975, aunque asegura que recién se hizo cargo
efectivamente el 5 o 16 de enero de 1976.
Ríos Ereñú sostiene que la Subárea 322-1 es “una creación”
del abogado querellante David Leiva. Ayer
insistió, como elemento probatorio del supuesto complot denunciado, que el
libro histórico del Regimiento 28 (en el que consta la existencia de la Subárea
322-1 o 3221) fue falsificado. Sin embargo, ayer mismo el fiscal Ricardo
Toranzos recordó que en los libros de guardia del Escuadrón 20 de Gendarmería,
de Orán, también figura una mención a esta Subárea.
En una declaración que se pareció más a un alegato, lo
que motivó reiterados llamados de atención del presidente del Tribunal, Carlos
Jiménez Montilla, el militar generó más de un debate entre el Tribunal, el
fiscal y el defensor oficial Martín Bomba Royo. El fiscal le pidió que “enuncie
los hechos y los nombres de los implicados” en el denunciado complot. Ríos
Ereñú prefirió remontarse a la frustración en su intento por llegar a teniente
general, el máximo grado en el Ejército. Responsabilizó por ello al dirigente
socialista Alfredo Bravo.
Ríos Ereñú también intentó desmentir al comisario
retirado Humberto Vicente González, quien sostuvo que el militar dirigió la
represión en el norte salteño, y pidió que vuelva a declarar, concretamente
sobre dos notas que están en el sumario policial abierto tras la muerte de
Santillán y que el acusado sostiene que son irregulares.
A diferencia de sus anteriores declaraciones, Ríos Ereñú
reconoció esta vez que hubo detenidos en el Regimiento de Monte 28. Dijo que
fue una orden dada el 24 de marzo de 1976 por el jefe de Brigada, Antonio
Domingo Bussi. Aseguró no recibió ninguna otra información, que no debían
interrogar a los detenidos, y subrayó que estaba obligado por el Código de
Disciplina Militar a acatar esta orden. “El personal (detenido) fue tratado
correctamente. Incluso algunos recibieron a familiares”, afirmó. Y añadió que
ningún testigo habló de maltratos o interrogatorios, con lo que contradijo los
dichos de la ex detenida Marta Juárez, quien asegura haber sido interrogada y maltratada.
Alzugaray también habló de una “connivencia” para
perjudicarlo, aparentemente integrada por “un medio gráfico local” y personas
que no identificó.
Los dichos del ex guardiacárcel, que está acusado de
aplicar tormentos y violaciones, trataban de descalificar el testimonio de Rosa
del Valle Tapia, la primera testigo de la jornada.
El año pasado Tapia presentó en el Juzgado Federal Nº 1 de
esta ciudad fotos de Alzugaray en el pallier
de su edificio, en el barrio Limache, y en el colectivo, con lo que estaría
violando la prisión domiciliaria. Alzugaray reconoció que salió de su
departamento, pero argumentó que lo hizo para ir al médico, acompañado por su
cuidadora, su mujer, y aseguró que la documentación correspondiente está en
poder del Patronato de Liberados.
La querellante Tania Kiriaco pidió que se le revoque la
prisión domiciliaria, cuestión que el Tribiunal quedó en resolver, igual que un
pedido del fiscal para que se le revoque el beneficio de prisión en su casa al
acusado Juan Manuel Ovalle, en su caso por reiterados acercamientos a testigos.
Otro imputado
Ayer también debía declarar el comandante Diego Alejandro
Varas, que fue jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán en marzo de 1976.
Varas concurrió a la cita, e iba a declarar por
videoconferencia desde Córdoba, pero ni bien comenzó a hablar, el presidente
del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, decidió suspender la testimonial teniendo
en cuenta que el gendarme está citado a prestar declaración indagatoria el próximo
6 de junio, acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad en
relación al secuestro, y posterior desaparición, del militante comunista René
Russo.
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