Encuentran los restos de un salteño en una fosa común, el Pozo de Vargas Tucumán.

El viernes 5 de julio, se informó que en la fosa común que se investigaba en la causa conocida como “Pozo de Vargas” de Tucumán, se identificó a seis personas desaparecidas entre los restos humanos exhumados. La fosa común había sido utilizada por los represores en la última dictadura, está ubicada en el extremo noroeste  de la capital tucumana. Entre los nombres se encuentra el de Raimundo Roberto Vega, salteño, oriundo de Tartagal, quien fue secuestrado el 12 de enero de 1976, cuando tenía 21 años. Roberto, más conocido como “Negrito”, según contó quien fuera su compañera en el secundario, Marta Juarez (directora del sitio Historias de Tartagal y Norte del Bermejo), estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

“Recuerdo la última vez que lo vi”, relató Juárez a Nuevo Diario, al contar que fue en una gira de estudiantes mientras ella también estudiaba Antropología en la UNSa. “Era sumamente alegre y sin ningún tipo de maldad”, contó. El padre de Roberto era peón ferroviario y su compañero de militancia, Carlos Figueroa, (compañero también de Juarez), es otro desaparecido. Se sabe que Roberto fue secuestrado en Tafí del Valle, en Tucumán. 

“Lo que siento a tantos años es que en Tartagal jamás hubo un reconocimiento”, dijo Juárez. Entendió que esta falta de construcción de esa memoria tiene que ver con el temor que aún existe en la zona. Más aún, siendo ella también una ex detenida de la represión.

 

Una mujer y cinco varones fueron identificados

 

La Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán dio a conocer ayer el listado de personas que fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.  Los nombres de la mujer y los cinco hombres cuyos restos se identificaron son: Justina Andrea Carrizo, desaparecida el 25 de febrero de 1976;  Roberto Vega, Segundo Bonifacio Arias, Luis  Alejando Lezcano y Roque Danum, desaparecidos respectivamente el 12 de enero, el 14 de febrero, el 13 de marzo y el 13 de noviembre de ese mismo año; y Eduardo Nicanor Jiménez, desaparecido el 5 de enero de 1977.

Lezcano fue secuestrado en Santiago del Estero, provincia en la que residía. Era el padre de Blanca Lezcano, integrante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Sociales y Gremiales, una reconocida militante de derechos humanos en Salta.

Lezcano fue diputado provincial por la UCR y era un reconocido político en Santiago. Fue detenido en Plaza Independencia, en Santiago del Estero.

 

También los restos del padre de una militante que vive en Salta

Alejandro Lescano

Entre los restos que se encontraron en la fosa común en Pozo de Vargas, y que fueron identificados, se encuentra además el de Alejandro Lescano, padre de la militante de organizaciones de Derechos Humanos en Salta, Blanca Nenina Lescano. “El miércoles nos informaron pero nos pidieron reserva”, contó Nenina a Nuevo Diario.

Con esta identificación y el conocimiento, “nos va cerrando una historia”. El papá de Lescano fue abogado de DDHH y representante de muchos de los presos políticos que hoy están en las agrupaciones de DDHH de Santiago del Estero. Desapareció de una plaza de aquella provincia el 13 de marzo de 1976, cuando lo secuestraron entre varios hombres. Tres meses antes, su hija había muerto en Montechingolo.

Lescano contó que si bien el año pasado concluyó el juicio de la megacausa en la cual se investigaba la desaparición de su padre, cuando terminó “nos quedó la sensación de incertidumbre porque no teníamos ningún indicio más”, sobre lo que había ocurrido con su padre.  “Quedamos bastante mal con mis hermanos porque todos somos mayores. Esto nos da la idea de cómo era el recorrido. Como funcionaba inteligencia policial actuaba y en la entrega a las personas que las llevan a Tucumán y demuestra como era un operativo militar...de las policías provinciales y el ejército seguramente”, explicó Lescano.

No obstante, indicó que lo que no pudo determinar el Equipo de Antropología, es si habían sido enterrados los cuerpos una vez asesinados, o si el Pozo de 40 metros, contaba con cuerpos “trasladados”. 

 

10 años de trabajo

 Lescano contó que el pozo se ubica en la finca de una familia Vargas por el relato de vecinas que vieron enterrar cuerpos. "Es un pozo de 40 metros  mas o menos hace como 10 años que trabajan en él", contó al sostener que era difícil trabajar porque se derrumba y se inunda, en tanto es angosto. Un equipo había sacado los restos, por lo cual el juez Fernando Poviña, al EAAF para identificarlos.