Fallas en el sistema de videoconferencia con Buenos Aires provocaron una nueva frustración en el trámite del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde hace más de un año. Para ayer se habían previsto 12 testimonios, pero solo pudo escucharse uno completo. A poco de iniciado el segundo testimonio (ya pasado el mediodía), la audiencia debió suspenderse definitivamente debido a que se había roto el equipo de teleconferencia.
A pesar de los inconvenientes la jornada fue útil para que el ex legislador provincial Héctor Canto confirmara que en el Ejército existió un centro clandestino de detención y para que relatara que, a pesar de que los detenidos estaban en una situación de clandestinidad, los militares llevaban expedientes. Eso fue al menos lo que pasó en su caso.
Por otra parte, se adelantó que la Fiscalía ampliará la acusación en contra de algunos de los 17 hombres que están siendo juzgados en este proceso. Ricardo Toranzos no adelantó sobre quiénes recaerán las acusaciones más graves; en cambio, el abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anticipó que ampliará la acusación contra el teniente Isidro Benjamín de la Vega, quien está siendo imputado en relación a la desaparición del conscripto Víctor Brizzi.
Las demoras, y la novedad de las ampliaciones acusatorias, cambiaron las estimaciones sobre el final de este proceso, según explicó el secretario del Tribunal Oral, Mariano García Zavalía. Ahora se prevé que la sentencia podría conocerse en septiembre, o tal vez en octubre.
Ayer el fiscal pidió que se incorporen nuevas pruebas: un expediente que se abrió en 1976, tras la desaparición del estudiante Enrique Mosca Alsina, y 4 testimonios en relación al secuestro y homicidio del ex diputado provincial Eduardo Rizo Patrón, entre ellos el de su hijo, Luis Rizo Patrón, que fue secuestrado para obligar a entregarse a su padre, cuyo cuerpo fue dejado en la plaza de Metán, el 13 de julio de 1976.
Leiva también pidió que declare un hermano de René Russo, un militante comunista detenido el 24 de marzo de 1976 en Orán y desaparecido en Salta de la Central de Policía. El pedido surgió luego de que Canto dijera que por ese hermano supo que Russo había desaparecido luego de que lo dejaran en libertad, desde la Central.
Canto militaba en el Frente Peronista en 1976. Residía en Güemes. La madrugada del 24 de marzo Canto fue detenido por una comisión de policías entre los que estaba el inspector Julio Correa, juzgado en este proceso. Enseguida fue llevado a la Central de Policía en Salta, donde le ataron las manos y lo vendaron tan fuertemente que le sangraron los ojos y creyó que iba a quedar ciego. Luego lo llevaron a un centro clandestino de detención que funcionó, está seguro, en dependencias del Ejército. Allí había otros muchos detenidos, por lo que escuchó, sabe que muchos fueron torturados. “37 días estuve incomunicado (en el Ejército)”, recordó. Finalmente fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde vio a Russo, y donde el mayor temor se generaba “cuando venían los helicópteros” con militares.
En agosto el coronel Joaquín Cornejo Alemán, que está siendo juzgado ahora, le comunicó la decisión de dejarlo en libertad. Le mostró un expediente y le dijo: “De todas las cosas que figuran acá no le hemos podido comprobar nada, porque si no, usted no sale con vida de acá”. Y le recomendó que se fuera de Güemes, “porque no podía garantizarme la vida”.
La audiencia se retomará recién el 12 de agosto, con los testigos que restan.
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