Nuevas demoras por fallas en el sistema de videoconferencia

Fallas en el sistema de videoconferencia con Buenos Aires provocaron una nueva frustración en el trámite del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde hace más de un año. Para ayer se habían previsto 12 testimonios, pero solo pudo escucharse uno completo. A poco de iniciado el segundo testimonio (ya pasado el mediodía), la audiencia debió suspenderse definitivamente debido a que se había roto el equipo de teleconferencia.

A pesar de los inconvenientes la jornada fue útil para que el ex legislador provincial Héctor Canto confirmara que en el Ejército existió un centro clandestino de detención y para que relatara que, a pesar de que los detenidos estaban en una situación de clandestinidad, los militares llevaban expedientes. Eso fue al menos lo que pasó en su caso.

Por otra parte, se adelantó que la Fiscalía ampliará la acusación en contra de algunos de los 17 hombres que están siendo juzgados en este proceso. Ricardo Toranzos no adelantó sobre quiénes recaerán las acusaciones más graves; en cambio, el abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anticipó que ampliará la acusación contra el teniente Isidro Benjamín de la Vega, quien está siendo imputado en relación a la desaparición del conscripto Víctor Brizzi.

Las demoras, y la novedad de las ampliaciones acusatorias, cambiaron las estimaciones sobre el final de este proceso, según explicó el secretario del Tribunal Oral, Mariano García Zavalía. Ahora se prevé que la sentencia podría conocerse en septiembre, o tal vez en octubre.

Ayer el fiscal pidió que se incorporen nuevas pruebas: un expediente que se abrió en 1976, tras la desaparición del estudiante Enrique Mosca Alsina, y 4 testimonios en relación al secuestro y homicidio del ex diputado provincial Eduardo Rizo Patrón, entre ellos el de su hijo, Luis Rizo Patrón, que fue secuestrado para obligar a entregarse a su padre, cuyo cuerpo fue dejado en la plaza de Metán, el 13 de  julio de 1976.

Leiva también pidió que declare un hermano de René Russo, un militante comunista detenido el 24 de marzo de 1976 en Orán y desaparecido en Salta de la Central de Policía. El pedido surgió luego de que Canto dijera que por ese hermano supo que Russo había desaparecido luego de que lo dejaran en libertad, desde la Central.

Canto militaba en el Frente Peronista en 1976. Residía en Güemes. La madrugada del 24 de marzo Canto fue detenido por una comisión de policías entre los que estaba el inspector Julio Correa, juzgado en este proceso. Enseguida fue llevado a la Central de Policía en Salta, donde le ataron las manos y lo vendaron tan fuertemente que le sangraron los ojos y creyó que iba a quedar ciego. Luego lo llevaron a un centro clandestino de detención que funcionó, está seguro, en dependencias del Ejército. Allí había otros muchos detenidos, por lo que escuchó, sabe que muchos fueron torturados. “37 días estuve incomunicado (en el Ejército)”, recordó. Finalmente fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde vio a Russo, y donde el mayor temor se generaba “cuando venían los helicópteros” con militares.

Ex conscripto reconoció el lugar por donde ingresaban detenidos al Regimiento

El ex conscripto Héctor Baffa Trasci reconoció ayer el portón del Distrito Militar por el que el 24 de marzo de 1976 ingresaron a detenidos que fueron alojados y torturados en dependencias del Ejército. Entre esos prisioneros estaban sus padres, los docentes Vicente Baffa Trasci y Lidia Yolanda Barros.

“Acá estaba el portón de alambre donde yo estuve de guardia esa noche y allá detrás, en diagonal, había otra puerta que comunicaba con Caballería”, señaló Baffa Trasci en la segunda inspección a dependencias del Ejército ordenada por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad.

Baffa Trasci ingresó al Ejército en febrero de 1976. Tras un corto período de instrucción fue destinado al Distrito Militar Salta, donde cumplía funciones de oficinista. Pero la noche del golpe le ordenaron montar guardia en el portón de entrada del Distrito, que abrió para el ingreso de camiones con detenidos. “Ahí había un portón de caño con alambre tejido, esa es la puerta que yo estaba custodiando cuando entraron los detenidos”, contó ayer. Eran dos camiones Unimog, “donde los prisioneros venían vendados y atados con las manos en la espalda, y sentados” en las cajas de los camiones, en dos hileras. Los acompañaban vehículos civiles sin identificación.

En uno de los camiones iban los padres de Baffa Trasci, por otros soldados supo que los llevaron a unos galpones en Buena Vista, en los fondos del campo, entonces pidió a su jefe que intercediera por ellos. “Estuvieron un día y medio más o menos aquí y después los llevaron a la cárcel de Villa Las Rosas. (En el Ejército) los tuvieron parados contra la pared con los ojos vendados. Toda la noche los tuvieron parados”, junto a otros detenidos, recordó.

La inspección comenzó  por el Pucará de Buena Vista Pucará de Buena Vista, una vivienda que era usada por el segundo jefe del Regimiento 5º de Caballería, que está en el extremo norte del campo del Ejército, y que tiene entrada por Castellanos, por el camino a Lesser.

La comitiva integrada entre otros por la jueza Marta Snopek, el fiscal Ricardo Toranzos, los querellantes Tania Kiriaco y David Leiva, el defensor oficial Federico Petrina siguió por un camino de tierra, por el centro del campo militar, en el que corren dos arroyos y un río, un dato de interés si se tienen en cuenta los testimonios de los ex detenidos Enrique Cobos y Juan Isabel López, que afirman haber sido torturados en un centro clandestino de detención (CCD) que estaba cercano a un curso de agua, en las afueras de la ciudad de Salta.

Los querellantes sospechan que hubo un CCD cerca de Buena Vista. Otro funcionó en los mismos galpones del Ejército, en el fondo de las edificaciones que están sobre la avenida Arenales.

Baffa Trasci reconoció los galpones: eran los mismos que antes habían ocupado los conscriptos de su clase, durante la instrucción, y que dejaron una vez que fueron designados en sus respectivos destinos.

El juicio seguirá el 29 de julio, con los testimonios que restan para finalizar la larga lista de testigos convocados.

 

otra vecina habló de la búsqueda de Mosca Alsina

La testigo Nelly Sauad, que era vecina de la familia Mosca Alsina, en la calle Martín Cornejo de esta ciudad, habló ayer de la insistente búsqueda del padre del joven estudiante Carlos Enrique Mosca Alsina, secuestrado y desaparecido el 4 de agosto de 1976, a la vuelta de su casa.

El testimonio de Sauad, de 81 años, fue tomado en su vivienda por una comitiva integrada por la jueza Marta Liliana Snopek, el fiscal Ricardo Toranzos, sus ayudantes, y la secretaria de Derechos Humanos del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, Denise Blajean.

El secuestro y desaparición de Mosca Alsina es uno de los delitos de lesa humanidad , en perjuicio de 34 personas, por los que el Tribunal Oral de Salta juzga, desde mayo del año pasado, a 17 hombres, miembros del Ejército, la Policía de Salta, el Servicio Penitenciario Provincial y un civil.

Sauad recordaba poco del secuestro del estudiante: dijo que otra vecina le había contado que lo había visto entrar al quiosco. Se sabe que el joven había ido a comprar cigarrillos. Al parecer, esa fue la última vez que lo vieron en el barrio. Nunca más se supo de él, a pesar de la insistente búsqueda de su padre. En este sentido, como otros que declararon sobre este hecho, la testigo recordó la conmoción en la familia del joven: además de destacar que el padre no cesaba de buscarlo, recordó que la madre “no apareció más” porque la había ganado la depresión. Sauad también sostuvo que la Policía nunca fue a indagar sobre este hecho.

Por la desaparición de Mosca Alsina están siendo juzgados dos represores emblemáticos del terrorismo de Estado en Salta: el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, y el ex jefe del Ejército, Carlos Alberto Mulhall.

Los testimonios que se escucharon en agosto del año pasado indican que el joven pudo haberse convertido en un blanco del terrorismo porque, cuando estudiaba abogacía en Tucumán, compartió vivienda con los estudiantes Rubén Manoff, Gustavo Imberti y Jaime Kulisevski, y, solo por un breve período, con Sergio Gonoraski. Los tres primeros tenían militancia estudiantil y en el Partido Socialista de los Trabajadores (MST) y en diciembre de 1975 sufrieron un atentado en su casa, luego de que alojaran a un militante de la Juventud Guevarista que era perseguido y finalmente fue asesinado. 
Este hecho convenció a Manoff, Imberti y Kulisevski de que debían salir de Tucumán y de Salta. Mosca Alsina, que no tenía militancia alguna y creía que por ello estaba seguro, decidió quedarse con su familia, y continuar sus estudios en la Universidad Católica de Salta. Se sabe que en ese período él y Gonoraski fueron presionados por Guil con el propósito de que convencieran a sus compañeros para que se presentaran en la Policía. Manoff está convencido de que “Mosquita” fue secuestrado por esta amistad.

Al dolor de la desaparición del joven, se suma en este caso el hecho de que los secuestradores extorsionaron al padre sacándole dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero del chico, y porque reiteradamente lo engañaron generándole falsas expectativas de que iban a liberarlo.

El debate continuará el próximo 29 de este mes, con una larga lista de testimonios. El Tribunal tiene previsto escuchar los alegatos en agosto, cuando se podría conocer la sentencia.

Las testimoniales previstas, quedaron pospuestos para el miércoles 10 de Julio. Inspección ocular el viernes 12 al Regimiento.

 Los testimonios que iban a escucharse el día lunes 8 de julio, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad fueron pospuestos para mañana.

La Fiscalía informó que el mismo fiscal federal Ricardo Toranzos fue informado ayer mismo, poco antes de la hora señalada para el primer testimonio, de que el trámite no iba a realizarse y quedaba relegado para el miércoles.

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta había previsto que una miembro de este tribunal, la jueza Marta Liliana Snopek, iba a asistir a los domicilios de las testigos Marta Sofía Poma y Nelly Sauad para tomarles declaración testimonial, dado que ambas se encuentran con dificultades de salud que les impiden concurrir a la sala de audiencias.

Además de los testimonios, para esta semana está previsto también que se haga una inspección ocular en la finca ubicada en el paraje Buena Vista, en terrenos del Ejército, y cercano a la localidad de Castellanos. Esta inspección, que ha sido fijada para el viernes próximo, ha sido solicitada por las querellas, que vienen sustentando la sospecha de que en ese lugar funcionó un centro clandestino de detención y torturas.

Tras estas diligencias el juicio se retomará recién el 29 de julio, con más testimonios. Y ya se sabe que el Tribunal pretende escuchar los alegatos en agosto, mes en el que podría conocerse la sentencia, si no surgen nuevos retrasos.

En este proceso, que se inició en mayo del año pasado, se juzga a 17 hombres, por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de ellas están desaparecidas o fueron asesinadas en la década del 70. Los hechos se cometieron entre enero de 1975, cuando todavía estaba en el gobierno María Estela Martínez de Perón, y marzo de 1978, en plena dictadura cívico-militar.

Toman declaración a testigos en sus domicilios.

La jueza Marta Liliana Snopek visitará hoy (08-07-13) los domicilios de dos testigos para escuchar sus testimonios en relación en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde mayo del año pasado.

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta tomó esta medida debido a que las testigos Marta Sofía Poma y Nelly Sara Sauad se encuentran con dificultades de salud que les impiden concurrir a la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial, donde se desarrollan habitualmente las audiencias.

El Tribunal ha previsto que el primer testimonio se tome a partir de las 9, en la casa de la ex jueza Marta Poma, que sufrió amenazas y agresiones durante la última dictadura cívico-militar

Poma ya declaró en el Juicio por la Verdad y en juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, realizado en 2011. La ex magistrada sostiene que ella antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 supo que policías cometían apremios ilegales e intentó frenarles y que, luego, cuando se produjo el golpe, eso le valió sufrir persecuciones y amenazas. También afirma que en la década del 70 un grupo de comisarios adiestraba a "personal inferior para perpetrar hechos delictivos tales como muertes, torturas y extorsiones con fines económicos". Entre estos comisarios, sindicó al ex director de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, uno de los juzgados en este proceso.

El testimonio de Poma ha sido pedido por los querellantes y el fiscal Ricardo Toranzos, que también solicitó la declaración de Sauad. 

Ambas deben declarar en relación a las desapariciones de las docentes Silvia Aramayo y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, su esposo Héctor Gamboa, el estudiante universitario Carlos Figueroa Rojas, el soldado Víctor Brizzi y el homicidio de un cuñado de este último, el estudiante de secundaria Martín Miguel Cobos.

Por estos hechos están siendo juzgados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex segundo jefe, Joaquín Cornejo Alemán; el ex jefe de la Policía de Salta, Virtom Modesto Mendíaz; el civil Juan Manuel Ovalle; los militares retirados Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Fernando Antonio Chaín y Marcelo Diego Gatto.

Tras estos testimonios habrá un nuevo cuarto intermedio hasta el 12 de este mes, cuando se realizará una inspección ocular en el Pucará de Buena Vista, en tierras del Ejército, donde se sospecha que existió un centro clandestino de detención y tortura. Para esta inspección ha sido convocado el testigo Héctor Eduardo Baffa Trasci, que cumplía el servicio militar obligatorio cuando se cometió el golpe.

Encuentran los restos de un salteño en una fosa común, el Pozo de Vargas Tucumán.

El viernes 5 de julio, se informó que en la fosa común que se investigaba en la causa conocida como “Pozo de Vargas” de Tucumán, se identificó a seis personas desaparecidas entre los restos humanos exhumados. La fosa común había sido utilizada por los represores en la última dictadura, está ubicada en el extremo noroeste  de la capital tucumana. Entre los nombres se encuentra el de Raimundo Roberto Vega, salteño, oriundo de Tartagal, quien fue secuestrado el 12 de enero de 1976, cuando tenía 21 años. Roberto, más conocido como “Negrito”, según contó quien fuera su compañera en el secundario, Marta Juarez (directora del sitio Historias de Tartagal y Norte del Bermejo), estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

“Recuerdo la última vez que lo vi”, relató Juárez a Nuevo Diario, al contar que fue en una gira de estudiantes mientras ella también estudiaba Antropología en la UNSa. “Era sumamente alegre y sin ningún tipo de maldad”, contó. El padre de Roberto era peón ferroviario y su compañero de militancia, Carlos Figueroa, (compañero también de Juarez), es otro desaparecido. Se sabe que Roberto fue secuestrado en Tafí del Valle, en Tucumán. 

“Lo que siento a tantos años es que en Tartagal jamás hubo un reconocimiento”, dijo Juárez. Entendió que esta falta de construcción de esa memoria tiene que ver con el temor que aún existe en la zona. Más aún, siendo ella también una ex detenida de la represión.

 

Una mujer y cinco varones fueron identificados

 

La Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán dio a conocer ayer el listado de personas que fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.  Los nombres de la mujer y los cinco hombres cuyos restos se identificaron son: Justina Andrea Carrizo, desaparecida el 25 de febrero de 1976;  Roberto Vega, Segundo Bonifacio Arias, Luis  Alejando Lezcano y Roque Danum, desaparecidos respectivamente el 12 de enero, el 14 de febrero, el 13 de marzo y el 13 de noviembre de ese mismo año; y Eduardo Nicanor Jiménez, desaparecido el 5 de enero de 1977.

Lezcano fue secuestrado en Santiago del Estero, provincia en la que residía. Era el padre de Blanca Lezcano, integrante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Sociales y Gremiales, una reconocida militante de derechos humanos en Salta.

Lezcano fue diputado provincial por la UCR y era un reconocido político en Santiago. Fue detenido en Plaza Independencia, en Santiago del Estero.

 

También los restos del padre de una militante que vive en Salta

Alejandro Lescano

Entre los restos que se encontraron en la fosa común en Pozo de Vargas, y que fueron identificados, se encuentra además el de Alejandro Lescano, padre de la militante de organizaciones de Derechos Humanos en Salta, Blanca Nenina Lescano. “El miércoles nos informaron pero nos pidieron reserva”, contó Nenina a Nuevo Diario.

Con esta identificación y el conocimiento, “nos va cerrando una historia”. El papá de Lescano fue abogado de DDHH y representante de muchos de los presos políticos que hoy están en las agrupaciones de DDHH de Santiago del Estero. Desapareció de una plaza de aquella provincia el 13 de marzo de 1976, cuando lo secuestraron entre varios hombres. Tres meses antes, su hija había muerto en Montechingolo.

Lescano contó que si bien el año pasado concluyó el juicio de la megacausa en la cual se investigaba la desaparición de su padre, cuando terminó “nos quedó la sensación de incertidumbre porque no teníamos ningún indicio más”, sobre lo que había ocurrido con su padre.  “Quedamos bastante mal con mis hermanos porque todos somos mayores. Esto nos da la idea de cómo era el recorrido. Como funcionaba inteligencia policial actuaba y en la entrega a las personas que las llevan a Tucumán y demuestra como era un operativo militar...de las policías provinciales y el ejército seguramente”, explicó Lescano.

No obstante, indicó que lo que no pudo determinar el Equipo de Antropología, es si habían sido enterrados los cuerpos una vez asesinados, o si el Pozo de 40 metros, contaba con cuerpos “trasladados”. 

 

10 años de trabajo

 Lescano contó que el pozo se ubica en la finca de una familia Vargas por el relato de vecinas que vieron enterrar cuerpos. "Es un pozo de 40 metros  mas o menos hace como 10 años que trabajan en él", contó al sostener que era difícil trabajar porque se derrumba y se inunda, en tanto es angosto. Un equipo había sacado los restos, por lo cual el juez Fernando Poviña, al EAAF para identificarlos.

Con reclamos de justicia recordaron a los mártires de Palomitas en dos actos

Con dos actos fueron recordados ayer los 11 presos políticos asesinados en las cercanías del paraje Palomitas. En ambos hubo coincidencia en reclamar justicia y en la anulación de la ley antiterrorista.

En el primer acto, realizado en el lugar de la matanza, familiares, militantes de organizaciones de derechos humanos, de gremios y de partidos y agrupaciones políticas reivindicaron la militancia política de las víctimas y se  pronunciaron en contra de “las políticas neoliberales”. El segundo acto, convocado por organizaciones de derechos humanos, gremios y partidos políticos confrontados con el gobierno nacional, se realizó a la tarde, en el Portal de la Memoria de la ciudad de Salta.

Cerca de la pequeña localidad de Palomitas, sobre la ruta nacional 34, al pie de la cruz y el cartel que señala el lugar donde los 11 detenidos políticos fueron asesinados, la noche del 6 de julio de 1976, en el marco del terrorismo de Estado impuesto por los militares y civiles que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976, se realizó el primer homenaje, del que participaron familiares de las víctimas.

Nora Leonard, ex presa política y hermana de Celia Leonard, asesinada en Palomitas, y Cristina Cobos, también familiar de víctimas del terrorismo estatal y paraestatal, oficiaron de conductoras del homenaje, que tuvo picos de emoción, como cuando se leyó una reseña biográfica de los presos. Este momento, igual que la lectura de un poema escrito por Rodolfo Usinger cuando estaba detenido, en 1975, y una carta de Roberto Oglietti, dirigida a su hermana Nora, tuvieron la virtud de traer al presente las palabras y el pensamiento de los homenajeados.

Además de la maestra Celia Leonard, Oglietti y Usinger, que era ingeniero electrónico, en Palomitas fueron asesinados la esposa de este último, Amarú Luque; el marido de Celia, Benjamín Ávila, también la docente Georgina Droz, el médico Alberto Savransky, el ex diputado provincial Pablo Outes, la arquitecta María del Carmen Alonso (que era sobrina del ex gobernador Miguel Ragone, y funcionaria de su gobierno), la sicóloga santafesina Evangelina Botta y el comerciante José Povolo. Todos tenían militancia política, unos en Montoneros y otros en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El documento leído en el acto concluyó con un pronunciamiento en contra de las políticas neoliberales “encarnadas en la provincia por Juan Carlos Romero”, el rechazo a la represión a los pueblos originarios, a “los que luchan contra la megaminería”  y el “pedido de la derogación de la ley antiterrorista”

También fueron emotivas las palabras del hijo de Evangelina Botta de Nicolay, Emiliano Nicolay, y las de Beatriz Valencia, integrante de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que resisten la instalación de  la planta de nitratos Austin Power. Los jóvenes de las agrupaciones y partidos políticos le dieron colorido y sonido al final. El cierre estuvo a cargo cantaautor Riqui Zarra.

 

Salario justo y vivienda digna

En el acto en el Portal se reivindicaron los “ideales” de las víctimas, pero con los matices impuestos por la actualidad política. Aquí también hubo colorido de banderas y carteles.

Los convocantes destacaron que continúan la lucha de los mártires de Palomitas por “un proyecto de liberación, contra la dependencia imperialista; la vida y la libertad; salud, educación, salario justo y vivienda digna para todos”. Y exigieron que se establezca la verdad “sobre lo que pasó con todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos”, la restitución de la identidad a los más de 400 chicos apropiados, la desclasificación de los archivos de la dictadura, que los genocidas, cómplices e ideólogos sean condenados a reclusión perpetua en cárcel común, la nulidad de la ley antiterrorista y la aparición con vida de Julio López. 

¡11 compañeros y compañeras fusilados en Palomitas Presentes!

Mi tumba no anden buscando

Porque no la encontraran

Mis manos son las que van

En otras manos, buscando.

Mi voz, la que está gritando!

Mi sueño el que sigue entero.

Y sepan que solo muero

Si ustedes van aflojando.

Porque el que murió peleando,

Vive en cada compañero

Cumpas el día sábado 6 de julio recordamos la masacre de Palomitas les envió el programa y agradecemos su participación y la de su colectivo.

Actividades Previas:

Jueves 4 y Viernes 5 Encuentro de archivos de la Memoria en Complejo Bibliotecas (calle Sarmiento y Belgrano) Coordina Cristina Cobos

Viernes 5 a las 15 hs plaza 9 de Julio mesa de DDHH en la Historia. Coordina Nora Leonard

Programa:

9:30 de la mañana: Salimos de Yrigoyen y San Martín.  $20 por personas (no excluyentes). Llevar taza para el mate cocido.

Llegada a Palomita: ruta 34 kilómetro 2 km del peaje

11:00 Acto  Central Homenaje: Lectura de  Documento Único y adhesiones.  Lectura de carta Oglieti, Rodolfo Usinger, presentación de la placa homenaje a los caídos canción de Ariel Petrocheli. Cierre a cargo del Artista Riky Zarra.

13:00 Regreso y almuerzo comunitario en complejo deportivo de Luz y Fuerza. 

Organiza: Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y justicia de Orán, Asociación Ex presos Políticos de Salta,  HIJOS Salta y Comisión Mega Causa Salta

Adhieren: “Agrupación Smith” Luz y Fuerza, Partido de la Liberación, Partido Comunista de Salta, Federación Juvenil Comunista, ADIUNSA, JP Descamisados, ADN Rebelde, Kolina y los que se quieran sumar ...

Ordenan indagar a Lona por la Masacre de Palomitas

Después de más de 8 años de batalla legal, la Justicia Federal de Salta ha resuelto que el ex juez federal Ricardo Lona debe ser indagado otra vez por la Masacre de Palomitas, ahora como presunto partícipe de los 11 homicidios cometidos el 6 de julio de 1976, en plena dictadura cívico-militar.

Lona, un símbolo de la represión estatal en la provincia, fue citado a indagatoria por primera vez en relación a este hecho en marzo de 2005, por el juez federal Miguel Medina, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad. Desde entonces se viene librando una batalla judicial entre los fiscales y querellantes y el ex magistrado, un conocedor de los vericuetos judiciales.

El ex juez logró evadir la indagatoria durante dos años, hasta que el 31 de julio de 2007 fue indagado por la ex jueza federal ad hoc Gladis Comas, quien en noviembre de ese mismo año lo procesó por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por haber omitido investigar la matanza, y lo sobreseyó en relación al delito de encubrimiento.

Esa resolución fue apelada por el fiscal federal de Jujuy, Domingo Batule, las querellas y por la defensa y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, la que casi un año después, el 19 de agosto de 2008, sobreseyó al ex juez, por considerar que los delitos que se le imputaban no eran de lesa humanidad.

El fiscal general José Pérez y las querellas se opusieron a este sobreseimiento. El fiscal planteó que los delitos que se trata de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles por lo tanto, y que la resolución de la Cámara era “arbitraria” porque “no se había examinado en su totalidad la conducta del imputado”, teniendo en cuenta que Lona pudo haber formado parte de “un hecho delictivo de mayor envergadura partiendo de la base de la presunta existencia de un acuerdo previo para trasladar a las víctimas”.

La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 12 de septiembre del año pasado hizo lugar al planteo de la Fiscalía y las querellas, revocó el fallo de la Cámara salteña y le ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

En el portal fiscales.gob.ar se destaca que la causa fue demorada en la Cámara de Apelaciones salteña. Es que el fallo de la Corte es del 12 de septiembre del año pasado, más de un mes después, el 18 de octubre, la Cámara lo remitió al juzgado de primera instancia, sin haber cumplido con la orden dada por el máximo tribunal. Esto motivó un recurso de reposición del fiscal federal Horacio Azzolín, que solicitó a los camaristas que revieran la remisión y dictaran el fallo que les había ordenado la Corte.

La Cámara le hizo caso, pero se tomó 7 meses para cumplir con la orden de la Corte. En el medio hubo recusaciones, porque las querellas no querían que actuaran los mismos jueces del sobreseimiento. De hecho, Roberto Loutaif Ranea y Jorge Villada fueron apartados, pero no ocurrió lo mismo con Rabbi Baldi Cabanillas.

Ahora el expediente debe volver al Juzgado Federal Nº 2, pero todavía resta saber qué juez intervendrá, dado que el juez Miguel Medina se había excusado de participar en este proceso.

Por la Masacre de Palomitas ya fueron condenados a reclusión perpetua el ex jefe de la Guarnición Militar de Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía provincial, Miguel Gentil; el ex capitán Hugo Espeche; el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, mientras que el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una condena de 20 años.

 

 Una citación con fecha

 

El ex juez federal Ricardo Lona está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 11 de este mes, en la causa en la que se lo investiga por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Esta causa está también radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad y la nueva imputación, como partícipe de este hecho, fue realizada en octubre del año pasado por los fiscales Jorge Auat, Horacio Azzolín y Javier de Luca.

 

Mi tumba no anden buscando

Porque no la encontraran

Mis manos son las que van

En otras manos, buscando.

Mi voz, la que está gritando!

Mi sueño el que sigue entero.

Y sepan que solo muero

Si ustedes van aflojando.

Porque el que murió peleando,

Vive en cada compañero

¡11 compañeros y compañeras  fusilados en Palomitas Presentes!

El día sábado 6 de julio recordamos la masacre de Palomitas les envió el programa y agradecemos su participación y la de su colectivo.

Actividades Previas:

Jueves 4 y Viernes 5 Encuentro de archivos de la Memoria en Complejo Bibliotecas (calle Sarmiento y Belgrano) Coordina Cristina Cobos

Viernes 5 a las 15 hs plaza 9 de Julio mesa de DDHH en la Historia. Coordina Nora Leonard

Programa 6 de Julio:

9:30 de la mañana: Salimos de Yrigoyen y San Martín.  $20 por personas (no excluyentes). Llevar taza para el mate cocido.

Llegada a Palomita: ruta 34 kilómetro 2 km del peaje

11:00 Acto  Central Homenaje: Lectura de  Documento Único y adhesiones.  Lectura de carta Oglieti, Rodolfo Usinger, presentación de la placa homenaje a los caídos canción de Ariel Petrocheli. Cierre a cargo del Artista Riky Zarra.

13:00 Regreso y almuerzo comunitario en complejo deportivo de Luz y Fuerza. 

Organiza: Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Orán, Asociación Ex presos Políticos de Salta,  HIJOS Salta y Comisión Mega Causa Salta

Adhieren: “Agrupación Smith” Luz y Fuerza, , Partido Comunista de Salta, Federación Juvenil Comunista, ADIUNSA, JP Descamisados, ADN Rebelde, Kolina y los que se quieran sumar ...