Por Elena Corvalán
Piden condena de 20 años de prisión para Levín y dos policías.
Las querellas
pidieron que el empresario Marcos Jacobo Levín sea condenado a 20 años
de prisión, como partícipe necesario de los delitos de privación
ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos.
Igual pena pidieron para los policías retirados Víctor Hugo Almirón y
Víctor Hugo Bocos, en su caso como coautores de estos delitos, mientras
que para el policía Enrique Cardozo solicitaron 18 años de prisión,
atendiendo a su condición de subordinado en enero de 1977, cuando
detuvieron y torturaron a Víctor Manuel Cobos.
Los abogados
querellantes Susana Aramayo, David Leiva, Grisel Kolbl y Oscar Rodríguez
se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para
los cuatro hombres que llegaron acusados por la detención y las
torturas que padeció Cobos luego de que fuera denunciado por Levín por
una supuesta estafa que nunca fue probada.
“No encontramos
atenuantes”, explicó ya sobre el final de los alegatos Grisel Kolbl, y
enumeró las razones para pedir estas penas: se trata de “delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado”; se utilizó
el aparato organizado del poder estatal, sus policías, sus jueces; se
valieron del gran poder empresarial. Y, del otro lado, “la indefensión
de la víctima”, un simple trabajador enfrentado a estos poderes; el
“doble carácter de la tortura” y el daño que sufrieron él y sus
familiares. La abogada dijo que las penas tienen un “claro contenido
reparatorio para Víctor Manuel Cobos”.
Kolbl sostuvo: “Se
encuentra probado que Bocos dirigía las sesiones de tortura”, que
“Cardozo aplicaba la picana”, que ambos instaban a los trabajadores para
que se auto incriminaran bajo tortura. Y que “Levín proporcionó la
lista de los trabajadores que debían ser torturados”, que “supervisaba
la tortura”, “proporcionaba los medios de movilidad” y “obtuvo ganancias
del disciplinamiento de sus trabajadores, que a partir de ahí se
quedaron sin representación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”.
Levín, Almirón, Bocos y Cardozo, escucharon en silencio, detrás de sus
abogados, separados del público por las columnas de la sala.
“La comisaría de Levín”
Luego de que
Aramayo trasara un perfil de la víctima y de que Leiva hiciera un repaso
por el contexto histórico en que devino la aplicación del terrorismo de
Estado en la Argentina, Rodríguez sostuvo que la detención ilegal y las
torturas de un número todavía indeterminado de trabajadores de La Veloz
del Norte fue “un eslabón más” del plan sistemático de eliminación de
personas ejecutado por la última dictadura. Afirmó que el rol del
empresario fue “determinante” por el poder económico que tenía y el
poder sobre los policías. “Levín ha tenido efectivo dominio de la
acción”, a tal punto que “la Comisaría 4° era la comisaría de Levín”,
enfatizó.
El querellante
aseguró que el secuestro de Cobos y de los otros empleados (que todavía
esperan una decisión de la Justicia para avanzar en el juicio) “está en
un contexto de sistema de poder y tiranía” y “por eso es de lesa
humanidad”; como una muestra de que estos hechos encuadran dentro de
este tipo de delitos, recordó que “hace 40 años que ocurrió esto y
todavía no tenemos sentencia”.
El abogado sostuvo
que hubo una “empresa criminal conjunta”, por lo que los acusados son
coautores. Sin embargo, como Levín no era funcionario estatal le
aplicaron la figura de partícipe necesario.
Rodríguez hizo una
apelación al Tribunal para que considere que no se puede aceptar que en
el país haya detenciones como las llevadas a cabo por la Comisaría 4°,
sin orden judicial, sin acta de detención, sin la asistencia del Estado
para informar a sus familiares y darles la oportunidad de tener un
abogado defensor.
Monstruo bicéfalo
El abogado David
Leiva recordó ayer que el Estado terrorista tuvo un doble estándar. “Fue
un monstruo de bicéfalo, un monstruo de dos cabezas”, uno Estado legal,
a la vista de todos, que seguía con la administración, con los
servicios a los contribuyentes, y otro ilegal, “que es el que sufrió
Cobos” y los perseguidos por la dictadura.
Siguiendo con ese
doble estándar, sostuvo que en la Comisaría 4° existía un orden legal,
que el normal, habitual de una dependencia policial, “pero en
determinado momento había un orden ilegal”, compuesto por Víctor Hubo
Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Cardozo, el “Sapo” Toranzos, Flores y
otros policías que participaban de actos de terrorismo. “Decimos que la
Comisaría 4° formó parte del circuito represivo en Salta”, afirmó.
Causa Oran: Gentil enfermó y no hubo audiencia
El noveno juicio
por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta tuvo una
audiencia fallida ayer debido a que el acusado Miguel Raúl Gentil, que
fuera jefe de la Policía de Salta, se enfermó y hubo que suspender las
testimoniales previstas.
Gentil cumple
prisión domiciliaria en Buenos Aires. Ayer el Tribunal Oral Federal de
Salta informó que el jueves sufrió un episodio “cardiológico” y tuvo que
ser internado de urgencia en el Hospital Militar, donde le practicaron
estudios y, si las condiciones de la salud del ex militar lo permiten,
iba a ser trasladado a otro centro asistencial.
Esto se debe a que
una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación prohíbe que los
acusados, procesados o condenados por actos de terrorismo de Estado
sean atendidos en el Hospital Militar, una medida que se tomó luego de
la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, en 2013.
No había ayer mucha
información sobre la dolencia que padece Gentil, ni el tiempo que le
demandará componer su salud y estar en condiciones de escuchar las
audiencias de debate, por lo que las querellas y los fiscales
insistieron para que el Tribunal requiera esta información.
De todos
modos, para que no haya más demoras en el proceso, el Tribunal decidió
que la próxima audiencia, el lunes venidero, tratará sobre la
desaparición de Juan de Dios Ortiz, hecho por el que Gentil no está
acusado.
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