Por Elena Corvalan
La cuarta audiencia de este año en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta se frustró una vez más debido a fallas en la conexión del sistema de videoconferencias a través del cual siguen el debate los acusados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz. El fiscal Eduardo Villalba y los querellantes se mostraron molestos con esta nueva demora. El abogado David Leiva pidió al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que para evitar nuevos retardos, se traslade a los acusados a la ciudad de Salta.
Mulhall, Gentil y Mendíaz tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Mulhall y Gentil la cumplen en Buenos Aires, aunque desde fines del año pasado Mulhall está en el hospital del Penal de Ezeiza, debido a problemas de salud. Mendíaz está en Rosario. Los tres siguen las alternativas del debate por videoconferencia, lo que ya motivó suspensiones y demoras en este debate que se inició en mayo del año pasado y en el que aún restan declarar unos cien testigos, según estimaciones de las querellas.
La suspensión de la audiencia fue notificada cerca del mediodía por el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, quien “una vez más” pidió disculpas en nombre del Tribunal. Leiva solicitó entonces el traslado de los tres acusados que están fuera de la provincia (otros 14 permanecen en Salta) “ a los fines de que no se dilate tanto” el debate.
El fiscal adhirió inmediatamente e, igual que Leiva, se comprometió a revisar la lista de testigos pendientes, con el propósito de ayudar a la agilización del proceso. Y adhirieron también los abogados querellantes Gastón Casabella, Matías Duarte y Tania Kiriaco.
El defensor oficial Federico Petrina se opuso. “Mis asistidos jamás se han ausentado de las audiencias por razones que les fueran achacadas a ellos”, sostuvo antes de asegurar que su traslado a esta provincia “se convertiría en un agravamiento de las condiciones” en las que cumplen la prisión preventiva domiciliaria. Jiménez Montilla informó que el Tribunal resolverá luego a estos planteos, y dio otra mala noticia: las audiencias recién se reanudarán el 4 y 5 de marzo próximos. Explicó que uno de los jueces debe ser sometido a estudios médicos y es imposible realizar audiencias el 25 y 26 de febrero.
La novedad provocó malestar en los querellantes. “Desde que empezó (el debate), hemos tenido meses con cuatro audiencias”, lamentó Mariana Gamboa, hija de Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos el 25 de septiembre de 1976 y cuyo caso está siendo juzgado en este proceso. Gamboa destacó que el TOFSalta “eligió los lunes y martes (para realizar las audiencias), los días que tienen más feriados”.
Leiva añadió que estas suspensiones “atentan contra los principios de inmediatez de la prueba y la oralidad. Es un retardo que se puede salvar porque lo normal es que los imputados estén en juicio”. La abogada Susana Aramayo añadió argumentos favor del pedido de traslado de Mulhall, Gentil y Mendíaz: dijo que no se trata de un agravamiento de sus situaciones “porque ellos tienen una ampliación de beneficio. En caso de que se la restringiera, estaríamos aplicando la ley, igual que al resto de los imputados”, sostuvo.
Como ejemplo de las demoras, algunos querellantes señalaron que este mes hubo solo tres audiencias, cuando tendrían que haberse realizado al menos seis.
Para Kiriaco, “hay una desigualdad de trato entre los testigos y los imputados” y consiste en que “se beneficia más la situación de los imputados, y no la de los testigos, que son trabajadores que dejan sus quehaceres para venir a las audiencias” y sus testimonios son pospuestos. Un caso emblemático es el de Carlos Aramayo, hermano de la docente Silvia Aramayo, secuestrada y desaparecida desde el 25 de septiembre de 1976, que ayer concurrió por tercera vez esperando poder dar su testimonio. “Hay un desgaste emocional”, señaló Kiriaco.
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