Por Elena Corvalan
Con la continuidad de la recepción de testimonios se reiniciará el lunes 4 de febrero, el juicio oral y público que se sigue contra 17 hombres acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas, antes y durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta ha previsto que reiniciará el debate con más testimonios sobre las desapariciones de Silvia Aramayo, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Héctor Domimgo Gamboa, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, y el asesinato del estudiante secundario Martín Miguel Cobos, hechos por los que están acusados Carlos Alberto Mulhall (ex jefe del Ejército en Salta), Virtom Modesto Mendíaz (militar, ex subjefe y ex jefe de la Policía de Salta), Joaquín Guil (ex comisario general, ex jefe de Seguridad de la Policía salteña), Juan Manuel Ovalle (civil), Ubaldo Tomislav Vujovich Villa (militar), Ricardo Benjamín Isidro de la Vega (militar), Fernando Antonio Chaín (militar), Marcelo Diego Gatto (militar) y Joaquín Cornejo Alemán (ex segundo jefe del Ejército en Salta).
Tal como se hiciera el año pasado, este año habrá audiencias solo los lunes y martes. Este procedimiento se debe a que el tribunal está integrado por dos jueces de Tucumán (el presidente, Carlos Jiménez Montilla, y el cuarto juez, Gabriel Casas), además de los dos jueces titulares del TOF Salta (Salta (Marcelo Juarez Almaraz y Marta Liliana Snopek).
La lista oficial de las dos jornadas de esta semana, da cuenta de la convocatoria a 12 testigos para cada día. Sin embargo, es probable que no todos se presenten, según indica la experiencia de 2012.
Este debate comenzó el 21 de mayo del año pasado. Inicialmente la lista de testigos era de 480 personas, pero algunos fueron desistidos, y se agregaron otros. El juicio comenzó con 20 acusados, pero durante su transcurso fallecieron dos de los imputados, el militar Ubaldo Tomislav Vijovich Villa y el comisario (r) Abel Vicente Murúa, y un tercero, el comisario (r) Roberto Puertas, fue separado luego de sufrir un accidente cerebro vascular.
Este proceso reúne 18 causas acumuladas. Los hechos que se investigan se remontan al 8 de enero de 1975, cuando apareció acribillado a tiros el militante peronista Eduardo Fronda. A esta causa se acumularon otras por los homicidios del periodista Luciano Jaime y de Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán, Marcos Estopiñán y Ricardo Tapia, todos cometidos en 1975.
Se acumularon asimismo las causas por los secuestros y desapariciones de Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón Gerardo Gallardo, Carlos Enrique Mosca Alsina, todos hechos cometidos en esta ciudad, igual que los secuestros de Aramayo, Brizzi, Rojas, Fernández Arcieri y Gamboa y el homicidio de Cobos.
Se investigan además los secuestros y desapariciones de René Russo, de Orán; de los sindicalistas rurales Raúl Benjamín Osores, detenido por Gendarmería en Embarcación, y Felipe Burgos, secuestrado en su casa en Campo Quijano; del conscripto Felipe Pizarro Gallardo y de su amigo Nolberto Guerrero, ambos secuestrados en General Güemes, igual que las hermanas Francisca Delicia Torres y Carmen Berta Torres. Y es juzgado el homicidio del ex diputado Luis Rizo Patrón y la desaparición de Reynaldo Ísola, ambos de Metán. También se tratan los homicidios del médico Pedro Urueña, de Tartagal, y del dirigente peronista y sindicalista Jorge René Santillán, de General Mosconi,
Solo sobrevivieron cuatro del total de 34 personas que fueron víctimas de estos actos de la represión estatal y paraestatal: el ex senador Pablo Salomón Ríos (de Cafayate, ya fallecido), Aldo Víctor Bellandi, Ernesto Luis Mamaní y Juana Isabel López, cuyo testimonio por abusos sexuales dio lugar a la apertura de otro proceso.
Se investigan también tres hechos sobre los que hay dudas acerca de si están comprendidos en delitos de lesa humanidad o se trata de crímenes derivados de desentendimientos entre los represores: las desapariciones del ex policía Pedro Bonifacio Vélez, y del ex policía federal y agente de inteligencia Juan Carlos Parada de Mallo y de su esposa, Marta Beatriz Cascella.
Se recuerda que para participar en las audiencias que son orales y publicas, es requisito tener 18 años y llevar DNI.
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