“Desconozco” y “no recuerdo” fueron tal vez las afirmaciones que más se repitieron ayer en la sala de grandes juicios “Doctor Miguel Ragone”, en la que se desarrolla el megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas antes y durante la última dictadura cívico militar. De todas maneras, quedó claro, una vez más, que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) prestó colaboración con vehículos y choferes para las tareas de la represión en el norte provincial. También quedó claro que los oficiales del Ejército ejercían mando sobre los policías.
El primero en declarar fue el teniente coronel retirado Héctor Fernando Petricic, que el 24 de marzo de 1976 prestaba servicios en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, y que fue nombrado interventor de la municipalidad de General Mosconi, por disposición del entonces jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado en este proceso por las muertes del médico Pedro Urueña y del dirigente peronista René Santillán.
Entre las pocas cosas que recordó, Petricic memoró que estuvo en el Regimiento hasta el 17 de mayo de 1976, cuando fue destinado a Tucumán, y que como interventor militar dictó una ordenanza “para preservar a la población de armas de fuego”.
A otras preguntas importantes, como quién era el interventor de YPF, o dónde eran alojados los detenidos o quiénes integraban la comunidad informativa para la represión o si sabía que René Santillán había sido dinamitado en Mosconi, el testigo solo respondió con el repetido “desconozco”. Tanto repitió que, fastidiado, el querellante David Leiva le preguntó: “Por qué desconoce todo”. Petricic dijo que no entendía algunas referencias como qué quería decirle cuando le preguntaba sobre “dispositivos contra la subversión”. Y se defendió recordando que ya en su declaración en el juicio por el escribano Melitón Bustos había informado que perdió la memoria desde 2000 hacia atrás, por causa de una esquirla que recibió en Tucumán. Y desde entonces, dijo, su estado, su mala memoria, sigue agravándose.
Leiva pidió entonces que se acredite la enfermedad del testigo. El defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Ríos Ereñú, sostuvo que Petricic sufrió siete tumores cerebrales y que se lo curó con una droga que le hizo perder el recuerdo de los hechos anteriores a 2000, año de su tratamiento. El fiscal Ricardo Toranzos retrucó que el testigo tenía que haber aclarado esto en lugar de repetir “desconozco”, y atacó: quiso saber cómo es que recuerda que el teniente Luis Arnaldo Bruno integraba la plana mayor, una afirmación que el militar había realizado momentos antes. Petricic dijo que lo recordaba porque lo había charlado luego con Bruno, pero no pudo evitar que el fiscal siguiera marcándole recuerdos que son anteriores a 2000.
Más tarde, a instancias de las partes, el Tribunal intimó a Petricic a que entregue toda la documentación referida al Regimiento. Pero no hizo lugar a un pedido de Leiva para que se allanara su domicilio.
Bajo el mando
Agustín Antonio Burgos era oficial ayudante e intervino en el operativo para levantar los restos de René Santillán, encontrados en el camino a Acambuco, el 10 de agosto de 1976. A pesar de su desmemoria, ayer terminó reconociendo que acató órdenes de Bruno, y que levantaron gelamón (tipo de explosivo) en el lugar del hallazgo del cuerpo. Contradictoriamente, respondió “no” a las preguntas del fiscal: “¿Sabe si (Bruno) era experto en explosivos?, ¿había relación institucional entre Ejército y Policía?”.
La afirmación del testigo: “Yo me puse a disposición (de Bruno) porque era superior”, despertó la reacción del presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla: “¿Cómo se pusieron a disposición como superior si él era de Ejército y ustedes Policía?”, inquirió para mayor nerviosismo del policía retirado. “No sé cómo llegaron, pero se pusieron a cargo”, respondió.
Otros dos testigos, Esteban Barroso y Andrés Hugo Quinteros, trabajaban en YPF para cuando se cometió el golpe de Estado. Los dos coincidieron en que la empresa les ordenó ponerse a disposición, con sus respectivos vehículos, para oficiar de choferes de miembros del Ejército. Barroso dijo que el 24 de marzo de 1976 fueron llevados al Regimiento, “con custodia”, alrededor de 20 camiones. En su caso dijo que luego solo hacía transportes entre el Regimiento 28 y el municipio de Mosconi, pero Quinteros dijo que también llevó a patrullas a operativos en el pozo Martínez de Tineo.
Moisés Villagrán, que era militante peronista y dirigente gremial, fue convocado para que contara de su detención, en el Regimiento 28.
El final de la jornada fue digno de los testigos desmemoriados: por fin, después de tratar de evitar el mal rato, Eduardo Sángari declaró ante el TOF para negar que haya sido contactado por el acusado Juan Manuel Ovalle.
Y aseguró que “no es cierto” lo que dijo la abogada del Programa Verdad y Justicia, Verónica Huber, quien semanas atrás informó al Tribunal que el testigo le había contado que Ovalle se había acercado para conversar sobre la causa en la que está acusado. Ayer Sángari llegó a afirmar que quiso hablar con el fiscal y Leiva porque le parece “un despropósito” ser convocado a declarar en este proceso, porque no puede afirmar que Ovalle, a quien calificó como su “amigo íntimo”, haya realizado espionaje entre sus compañeros de la universidad.
Alzugaray fuera de su casa
La abogada querellante Tania Kiriaco informó ayer al Tribunal que una mujer, de apellido Rojas Tapia, entregó fotos del imputado Juan Carlos Alzugaray fuera de su casa, con lo que considera que está violando la prisión domiciliaria. La mujer le tomó fotos yendo a tomar el colectivo y ya prestó su testimonio en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 1
El defensor oficial Federico Petrina pidió que se investigue si estas fotos no se tomaron en el horario en el que Alzugaray tiene autorización para asistir a controles médicos. Kiriaco estuvo de acuerdo con esta verificación, pero pidió que si estuviera violando su prisión domiciliaria, se revoque este beneficio.
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