Piden que Ríos Ereñú sea investigado por detenciones ilegales en Tartagal

El abogado querellante David Leiva pidió ayer al Tribunal Oral en lo Federal Criminal que el general en retiro Héctor Ríos Ereñú sea investigado por las detenciones ilegales de más de 170 personas en dependencias del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Ríos Ereñú es uno de los 17 acusados que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas, 30 de ellos asesinados o desaparecidos. Ríos Ereñú está imputado por los homicidios de los militantes peronistas Pedro Urueña y René Santillán, cometidos en el norte provincial en diciembre de 1975 y agosto de 1976, respectivamente.

La petición del querellante se hizo luego de escuchar los testimonios de otros dos militantes políticos que el 24 de marzo de 1976 fueron detenidos por miembros de fuerzas de seguridad y permanecieron secuestrados en el Ejército en Tartagal, sin que se les informara sobre su situación legal ni se los pusiera a disposición de una autoridad judicial o del Poder Ejecutivo.

Los testimonios de ayer, de Ángel Antonio “Negro” Juárez y Oscar Hugo Fernández, se suman a la declaración que prestara el lunes último Moisés Villagrán, otro militante peronista y dirigente gremial que estuvo detenido en el Regimiento 28. Y a estos relatos se agregan los de otras personas que vienen declarando en otras causas por delitos de lesa humanidad y afirman haber estado detenidos en el Regimiento tartagalense. Ríos Ereñú, que en 1985 llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército, niega vinculación con la represión ilegal y viene realizando sucesivas declaraciones ante el Tribunal.

Juárez, que era changarín, militaba en la Juventud Peronista Eva Perón. Fue detenido el 24 de marzo de 1976 a la mañana, en la calle. Un grupo de tareas, integrado por el cabo primero Laguna y Santos Luza, lo cargó en un camión Unimog y lo llevó al Ejército, donde permaneció 64 días en un galpón.

Juárez calculó que había más de 170 detenidos, varios de ellos conocidos, como Marta Juárez, Zelarrayán, Jerez, Clemente Ávila (que fuera intendente de Tartagal), y Pereyra. Dijo que había un pabellón de hombres y otro de mujeres, donde había seis o siete detenidas. Juárez fue liberado el 7 de junio, aunque hasta diciembre de 1976 tenía un régimen de libertad vigilada.

La detención de Fernández ilustra la colaboración de las fuerzas represivas: fue detenido el 24 de marzo de 1976, por los gendarmes Cisneros y Agüero, quienes lo llevaron a la Comisaría de Tartagal, de donde fue trasladado al cuartel, donde lo depositaron en una cuadra “dividida en armarios”. Allí había “muchas personas”. Fernández recuperó la libertad 20 días después, cuando quedó claro que lo habían confundido con el protesorero del sindicato municipal. Nunca, en todo ese tiempo, le notificaron el motivo de la detención, ni lo llevaron ante un juez.  

 

Testimonios sobre Fronda

Los otros dos testigos se refirieron al homicidio de Eduardo Fronda. Eduardo Moisés, que fue médico legal de la policía en 1975, repitió la ya conocida excusa de la falta de memoria. Se lo convocó porque en enero de 1975 firmó el informe sobre el cuerpo de Fronda, encontrado en el camino a Lesser, en la jurisdicción de San Lorenzo, el 8 de enero de 1975. Nada valioso pudo recordar. La excusa: en la década del 70 vio tantos casos violentos que solo recuerda el secuestro de su amigo y colega, Miguel Ragone. Sin embargo, reconoció la firma en el informe y ratificó que es certero, porque dijo que sin duda escribió lo que vio. En ese informe se da cuenta de la existencia de lesiones y fracturas en el cuerpo de la víctima.

El testimonio de la ex presa política y militante de derechos humanos Mirta Torres vino a aclarar más el panorama sobre Fronda: recordó que en 1975, Virginia Guzmán, una compañera de detención, le contó que había visto a Fronda en la delegación local de la Policía Federal: “Lo identifica ahí de muchas sesiones de tortura que le habían practicado y ella dice que producto de la tortura lo dejan muerto”, relató.

Torres también declaró en la causa Ragone, por lo que se incorporará ese testimonio a este proceso.

Torres contó que conoció a Guzmán a fines de 1974 cuando integraba la Comisión de Detenidos Políticos. Guzmán, todavía menor de edad, había sido detenida en 1974, por su trabajo con los sacerdotes tercermundistas en las barriadas de la ciudad de Salta. En enero de 1975 Torres fue detenida también y compartió la detención con Guzmán. La chica le contó que no había sido tortura físicamente, pero la habían obligado a presenciar la tortura a otros detenidos.  

Después de recordar a otras víctimas de la represión, entre ellos a Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán, Raúl Osores y a su pareja Pía Vilte, Torres concluyó su testimonio con la lectura de una poesía dedicada “a los compañeros desaparecidos”.

 

 

 La colaboración de YPF

 

Como afirmaron otros testigos, Ángel Juárez, recordó que en el Ejército había camiones de la empresa YPF, que eran usados para trasladar tropa, y detenidos. Juárez también recordó que uno de los choferes asignados por YPF era Jesús Domínguez, “que entraba y salía” del Regimiento.

Domínguez declaró en este proceso en diciembre del año pasado y las defensas vienen tratando de hacer caer su credibilidad porque aseguró que desde el golpe y hasta diciembre de 1976 fue obligado a oficiar de chofer de un camión en el que llevaba patrullas a operativos represivos o trasladaba detenidos. Además, afirmó que presenció actos de violencia y golpes a detenidos, que vio a detenidos alojados en un pabellón y que cree que allí se torturaba, porque escuchó gritos que provenían de la sala de armas. Domínguez sostuvo que él mismo terminó detenido cuando se supo que militaba en la JP, y luego fue despedido de YPF por indicación de Ríos Ereñú.

 

 

Un homónimo

 

Eulogio Díaz, un testigo que traído por la fuerza pública desde el norte, resultó no ser la persona que el Tribunal esperaba, sino un homónimo. Se pretendía interrogar a un ex comisario de Tartagal, de nombre Eulogio Díaz, en la búsqueda se dio con dos hombres con el mismo nombre, ante la convocatoria al otro Eulogio Díaz, sus hijos informaron que estaba imposibilitado de asistir a declarar debido a su avanzada edad y su estado de salud delicado. El Tribunal decidió solicitar certificaciones médicas que acrediten esta situación.