El defensor oficial Federico Petrina provocó ayer expresiones de enojo y dolor en los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado al afirmar que algunos de ellos confunden “justicia con venganza” y terminan pareciéndose a “lo mismo que dicen combatir”.
El abogado hizo esta afirmación al referirse al testimonio de la querellante Cristina Cobos, esposa del conscripto Víctor Brizzi (desaparecido el 8/3/76 del Regimiento de Caballería). “Los familiares víctimas, por el dolor, ven tergiversada la realidad”, afirmó. “La declaración de la señora Cobos es errónea, fruto del dolor, que la lleva a confundir justicia con venganza” y se acerca a prácticas que ella misma dice combatir, aseguró levantando murmullos en el público. Más adelante advirtió que “una mentira” es “grave”.
Además de a otros 11 imputados, Petrina asiste a los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, para quienes el fiscal Ricardo Toranzos pidió condenas de 3 años y 8 meses de prisión por la privación ilegítima de Brizzi.
El defensor pidió la absolución para todos sus asistidos. En cuatro casos alegó que los hechos que se les imputan no constituyen delitos de lesa humanidad; en otros tres concluyó que son crímenes cometidos “por la derecha peronista, cuyo brazo armado era la Alianza Anticomunista Argentina” (Triple A), afirmación en la que no tuvo en cuenta las redes que esta organización parapolicial había tejido con miembros de las policías provinciales y la Federal y la continuidad que tuvo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En dos casos sostuvo que las denuncias no son veraces y en los restantes aseguró que faltan pruebas para vincular a los imputados con estos hechos.
Además de los tres casos previsibles, las desapariciones de los ex policías Pedro Bonifacio Vélez (27/5/77) y Juan Carlos Parada de Mallo (17/3/78) y la esposa de este último, Marta Cascella (29/3/76), el defensor planteó que los homicidios de los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia (20/4/75, en Rosario de Lerma) no son delitos de lesa humanidad. “Mattioli era una persona de extrema peligrosidad. Un delincuente común”, alejado de toda ideología y que aprovechaba el momento de ebullición política para cometer crímenes “junto a su grupo de secuaces”, afirmó, antes de asegurar que el operativo policial en el cual fueron muertos de 108 disparos fue un “procedimiento legítimo”, avalado incluso por la presencia del fiscal federal Vicente Masafra, de una carrera “intachable”.
Entre los casos faltos de prueba Petrina incluyó el secuestro “en buenos términos”, según su expresión, del estudiante Carlos Enrique Mosca Alsina (4/8/76), por el que se responsabiliza a Joaquín Guil y Carlos Mulhall. El primero era jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta. El segundo era la autoridad máxima de la provincia, jefe de la Guarnición Ejército Salta. Los dos reúnen la mayor cantidad de acusaciones (18 homicidios Guil, 21 Mulhall, además de otros delitos) en este proceso en el que se juzga a 17 hombres, por delitos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978 en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas. El defensor incluyó en este grupo también al homicidio del ex diputado Luis Risso Patrón (secuestrado el 13/7/76 en Chaco y cuyo cuerpo fue dejado en Metán, donde residía) y el secuestro del estudiante Carlos Figueroa Rojas (25/9/76).
Entre los crímenes de la “derecha peronista” reseñó el homicidio del estudiante Martín Miguel Cobos (25/9/76) y los secuestros y homicidios de la docente Gemma Fernández Arcieri y de su marido, Héctor Gamboa (25/9/76), ambos (dijo) estaban “en las listas negras del gobierno de María Isabel Martínez de Perón”.
Petrina descreyó de los relatos de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Juana Isabel López (secuestrada en Metán el 2/7/76) y Ernesto Luis Mamaní (detenido en Salta Capital, el 26/3/76). Las afirmaciones del defensor eran bien recibidas por los familiares de los acusados y generaban rechazo en los querellantes, sobre todo al referirse a López, quien denunció haber permanecido secuestrada alrededor de un mes, lapso durante el cual fue torturada y violada reiteradamente.
Petrina tiene a su cargo la defensa delos militares Mulhall, Miguel Gentil, Virtom Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Marcelo Gatto y Fernando Chaín; los policías Guil, Julio Correa, Ramón Vivas, Felipe Caucotta y Víctor Hugo Almirón; el guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray y el civil Juan Manuel Ovalle.
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