El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió ayer condenas para los 17 hombres que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Para seis de los imputados solicitó condenas de reclusión perpetua, para otros tres pidió prisión perpetua mientras que para los restantes pidió penas que van desde los 18 años a 3 años y 8 meses. Y planteó que deben revocarse las prisiones domiciliarias y que las sentencias se cumplan en cárceles comunes.
En un alegato que se extendió por más de 11 horas, el fiscal hizo una distinción entre reclusión y prisión perpetua (a pesar del fallo de la Corte Suprema que no diferencia entre ambas figuras) para diferenciar los pedidos.
Pidió que se aplique reclusión perpetua para el militar Carlos Alberto Mulhall (por 21 homicidios, 2 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, 8 hechos de tormentos agravados y violación) y el comisario Joaquín Guil (18 homicidios, 14 hechos de privación ilegal de la libertad y 2 de imposición de tormentos). Igual pena solicitó para los militares Héctor Ríos Ereñú (2 homicidios y privación de la libertad en 2 hechos), Joaquín Cornejo Alemán (1 homicidio y privación de la libertad), Miguel Gentil (6 homicidios y 2 hechos de privación ilegal de la libertad) y Virtom Modesto Mendíaz (5 homicidios y 4 hechos de privación ilegal de la libertad).
Los seis integraban la cadena de mando del Ejército y la Policía de la provincia en los años en que se cometieron varios de los hechos que se investigan en este proceso, en el que se acumularon 19 causas por 24 “plataformas fácticas” de delitos en perjuicio de 34 personas (6 de las cuales fueron dinamitadas; 7, asesinadas; 17, desaparecidas y 4 sufrieron detenciones ilegales y torturas).
Para el civil Juan Manuel Ovalle solicitó prisión perpetua, como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad de la docente Silvia Aramayo y como partícipe necesario de su homicidio. Igual pena pidió para el ex federal y guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, por el homicidio, la privación de la libertad y los tormentos aplicados al militante Eduardo Fronda. Y lo propio pidió para el policía Raúl Eduardo Toledano, por la privación ilegal de la libertad y el homicidio del ex policía Pedro Bonifacio Vélez.
Para el policía Julio Oscar Correa pidió una condena a 18 años de prisión como partícipe necesario de la privación de la libertad de las hermanas Francisca y Berta Torres, el conscripto Nolberto Guerrero y su amigo Felipe Pizarro Gallardo, hechos cometidos en General Guemes. Para el comisario Víctor Hugo Almirón pidió de 15 años (por 3 hechos de privación ilegal de la libertad);
12 años para el comisario Jacinto Ramón Vivas (por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos al sindicalista Pablo Salomón Ríos); 8 años para el policía Felipe Caucotta (por el mismo hecho), y 9 años para el policía Mario Reinaldo Pachao (privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de Ernesto Luis Mamaní).
Al teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega lo acusó por la privación de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y pidió que se lo condene a 6 años de prisión. En cambio, solicitó penas de 3 años y 8 meses para los tenientes Marcelo Diego Gatto y Fernando Chaín, como partícipes secundarios de la privación de libertad de Brizzi. Estos fueron los dos únicos imputados para los que consideró atenuantes, por el grado y la edad que tenían al momento de este hecho, el 8 de marzo de 1976.
El debate continuará el 16, con los alegatos de las defensas. El 20 de diciembre se dará la sentencia.
Peligro de fuga
El fiscal Ricardo Toranzos sostuvo ayer que las condenas que dicte el Tribunal Oral Federal de Salra en la Megacausa deben cumplirse en una cárcel común.
Recordó que se han pedido prisiones preventivas para los 17 imputados porque existe peligro de fuga y “existe un concreto riesgo de que no se cumplan las penas” si los convictos siguen con prisiones domiciliarias, por lo que pidió que se las revoque y “se aloje a la totalidad de los imputados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”. “Requiero que las prisiones sean efectivas. Este grupo hizo previsión de impunidad, quedando en sus casas lo único que se cumple es esa previsión de impunidad”, sostuvo.
Nuevas investigaciones
El fiscal Ricardo Toranzos pidió también que se resuelvan los pedidos de falso testimonio que quedaron pendientes en relación a Alejandro Chilinguay y Segundo Guerra. Y que se envíen copias a la Fiscalía Federal para investigar buen número de delitos que se develaron en este proceso, entre ellos los abusos en perjuicio de Griselda Benegas, la participación de Virtom Mendíaz en la Masacre de Rosario de Lerma, las detenciones irregulares de Juana López y su madre, Niscéfora Paz, la posible participación de una mujer en el secuestro de Reinaldo Isola, las detenciones de varios de los testigos que declararon en este proceso. Y que se investigue a los militares Héctor Girbone y Luis Dubois por el secuestro y desaparición del soldado Víctor Brizzi, algo que ya fue denunciado por los querellantes. También pidió que se investigue al comisario Humberto González en relación al homicidio del médico Pedro Urueña y la posible participación del comisario Perona en los homicidios del ex federal Juan Carlos Parada de Mallo y su mujer, Beatriz Cascella.
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