domingo, 8 de diciembre de 2013

El Tribunal cedió y habrá audiencia el lunes 9 a partir de las 8:30 en Ciudad Judicial.

Audiencia desde las 8.30
 
Si no surgen nuevas sorpresas, hoy habrá audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad. Toda la jornada estará destinada a escuchar el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos.
En este proceso se juzga a 17 hombres, entre militares y policías, y un civil, por su participación en hechos de terrorismo estatal cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales fueron asesinadas o desaparecidas.
Se espera que en la audiencia de hoy se conozca también el cronograma de las restantes audiencias para escuchar los alegatos de los defensores, las palabras de los acusados y el fallo del Tribunal.
La Fiscalía ya ha dicho que pretende que el debate concluya este año, tal como se había previsto inicialmente, antes de que el faltazo de la jueza Marta Snopek trastornara todas las previsiones. 
Finalmente, después de presentaciones de las querellas y de los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, el Tribunal Oral Federal de Salta dio marcha atrás y el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta seguirá este mismo año. La próxima audiencia será el lunes próximo, a partir de las 8.30, con el alegato del fiscal.
En un breve decreto, con la firma del juez Marcelo Juárez Almaraz, el Tribunal pretendió desconocer la reacción que generó la suspensión del debate hasta el año venidero y solo se remitió a “los informes que anteceden” y a la “naturaleza del juicio que se ventila y su estado actual” (en la etapa de alegatos) para convocar a audiencia para el próximo lunes.
La nueva decisión del Tribunal se tomó al día siguiente de que los fiscales plantearan revocar la suspensión y convocar a audiencia a la mayor brevedad, suplantando a la jueza Marta Liliana Snopek (cuya ausencia desencadenó la suspensión) por el juez sustituto Gabriel Casas.
En su nueva resolución el Tribunal no mencionó esta presentación, ni la que realizaron, ayer mismo, los querellantes ante la Cámara Nacional de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo, el sitio web Fiscales.org informó que “desde la Fiscalía de Salta” se les informó que la frase “los informes que anteceden” contenida en el decreto de los jueces refiere a “dos informes actuariales labrados por secretarios del tribunal, que dejaron constancia que mantuvieron contacto con la jueza Snopek, quien les informó que el próximo lunes podrá retomar su actividad laboral. Uno de los informes señala que la información le fue solicitada a la jueza por mensaje de texto”.
El portal del Ministerio Público Fiscal, fiscales.gob.ar, precisó también que el fiscal Villalba realizó una nueva presentación para que el Tribunal informe cuál será el nuevo cronograma del debate, dado que antes de la polémica suspensión se había previsto que el 9 de diciembre se iban a escuchar los alegatos de los abogados defensores, y el 16 y 17 iban a estar destinados a que hablaran los 17 acusados antes de que el Tribunal pasara a deliberar para decidir su sentencia. “La intención de la Fiscalía es que, tal como estaba previsto, el juicio concluya antes de fin de año”, sostuvo fiscales.gob.
El alegato fiscal estaba previsto inicialmente para el 3 de este mes pero fue frustrado por la ausencia de Snopek, quien informó vía teléfono que había sufrido un “pico de estrés” estando fuera de la provincia (en Villa Alcaraz, Entre Ríos) y no sabía cuándo podría reincorporarse al trabajo.
En ese momento, a pesar de los pedidos del querellante David Leiva y del fiscal Toranzos para que permitieran seguir con el juicio, los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz se mantuvieron en la decisión de suspenderlo por 30 días hábiles y convocar a la próxima audiencia recién para el 11 de febrero del año venidero.
La suspensión provocó indignación. Los querellantes analizaban pedir que la jueza fuera sometida a un juicio político por mal desempeño en sus funciones. El mismo mediodía del martes último se supo que el Tribunal había decidido la suspensión sin tener a la vista el certificado médico que justificaba el faltazo de la magistrada. Esto motivó que los querellantes hicieran presentaciones ante la Cámara Nacional de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
 

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