Los cinco abogados defensores que participan del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la ciudad de Salta coincidieron ayer en pedir absoluciones para todos los imputados, aunque el defensor oficial ad hoc Federico Petrina, que asiste a 13 de los 17 acusados, no concluyó su alegato y seguirá exponiendo hoy.
Los defensores hablaron en una sala en la que las diferencias entre los familiares de las víctimas y los de los imputados se sintieron más que nunca. A los parientes del represor Joaquín Guil, que asisten a todas las audiencias, se sumaron familiares del coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, que mostraron energía a la hora de celebrar los que consideraban aciertos verbales de los defensores. Cada alegato se cerró con aplausos.
Sin embargo, algunos alegatos retrotrajeron el debate a expresiones ya dejadas de lado por políticamente incorrectas. “Todos somos seres humanos, acá no importa si se cometió delitos de lesa humanidad o no”, sostuvo el abogado Luis Garzón, que asiste al policía y ex futbolista Mario Reinaldo Pachao, acusado por supuestas torturas al detenido Ernesto Luis Mamaní, tras afirmar que veía en el alegato del fiscal Ricardo Toranzos el peligro de abandonar la legalidad. Luego se adentró en la teoría de los dos demonios al asegurar que comprende el dolor “de todos los seres que sufrieron, sin distinción de bandos”. Garzón afirmó que la acusación contra Pachao “es falaz” y que Mamaní la hizo con el solo objetivo de cobrar una indemnización.
El abogado Orfeo Maggio, que defiende a De la Vega, revivió la estrategia de los represores de afirmar que los desaparecidos están vivos fuera del país: “¿Y si (Víctor) Brizzi está vivo? ¿Y si Brizzi está en otro país? Es algo que no lo sabemos”, sostuvo al tratar de desacreditar el testimonio de Cristina Cobos, la esposa del conscripto desaparecido el 8 de enero de 1976 del Regimiento de Caballería y por cuyo hecho está siendo juzgado el militar. El letrado negó el secuestro del joven militante peronista y sostuvo que “no se puede condenar a nadie” porque se podría caer en “la injusticia de que se condene a personas por un hecho que no sabemos siquiera si existió”.
El defensor oficial Martín Bomba Royo afirmó, entre otras consideraciones, que hay quienes buscan involucrar al general Héctor Ríos Ereñú por su paso como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Se valió para ello de una falsificación en el libro histórico del Regimiento de Monte 28, del que Ríos Ereñú fue jefe en 1976, por lo que se le imputa participación en los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y el dirigente de la JP Jorge René Santillán. Tras afirmar que la viuda de Urueña, Nicolasa Tristán, está afectada en “su sique” por los sucesos que vivió, el defensor sostuvo que no hay pruebas de la participación del militar en estos hechos.
Ya pasadas las 16, Petrina empezó planteando la prescripción de la acción penal, y la “nulidad de todas las acusaciones por la indeterminación” de esas acusaciones. En ambos casos, sostuvo que la consecuencia lógica es la “absolución y la inmediata libertad” de sus defendidos los militares Carlos Mulhall, Miguel Gentil, Virtom Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Marcelo Gatto y Fernando Chaín; los comisarios Joaquín Guil, Julio Correa, Ramón Vivas y Víctor Hugo Almirón y el policía Felipe Caucotta; el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alsugaray y el civil Juan Manuel Ovalle.
Luego comenzó a desgranar cada expediente. Iba por el octavo cuando el presidente del Tribunal interrumpió la audiencia hasta hoy, a las 8.
Un delito común
El abogado Dardo Verchán sostuvo ayer que la desaparición del ex policía Pedro Bonifacio Vélez, ocurrida el 27 de mayo de 1977, “no tiene nada que ver con delitos de lesa humanidad”. Si se trata de un delito común, está prescripto y su defendido, el policía Raúl Eduardo Toledano, debería ser absuelto.
Para el fiscal Ricardo Toranzos este hecho quedaba comprendido en el plan sistemático de eliminación de personas, y pidió que Toledano sea condenado a prisión perpetua. Vélez fue secuestrado cuando se encontraba en un hotel con su pareja, Rosa Muruaga, quien refirió que el hombre le había contado que temía por su vida y que si le pasaba algo, el responsable era Joaquín Guil. Los hermanos del policía contaron que Toledano anduvo buscándolo la noche de su desaparición.
Verchán afirmó que no hay pruebas de que Toledano haya participado de este hecho. Además, sostuvo que en mayo de 1977 Toledano “no revestía” estado policial dado que había sido suspendido preventivamente en diciembre de 1976 y reingresó en junio de 1977.
El abogado recordó que Vélez era “un aliado, un integrante de una fuerza de elite” que dirigía Joaquín Guil. “Debe de haber ocurrido una interna entre ellos y esa interna haber terminado con la vida de Vélez”, especuló.
De vacaciones en la escuelita
La extensa jornada de alegatos tuvo también momentos de distensión. Uno lo provocó el abogado Orfeo Maggio cuando reconoció que Ricardo de la Vega fue a la Escuela de las Américas en Panamá de vacaciones, como viaje de fin de curso. “No fue a hacer un curso de inteligencia. (…) Fue a la playa, a descansar”, afirmó el defensor. La Escuela imparte instrucción militar de los Estados Unidos y es considerada una base de formación para la desestabilización de América Latina.
La risa franca la despertó el defensor oficial Federico Petrina, que en un momento de fervorosa defensa del comisario Julio Correa se refirió a los jueces como “señores comisarios”.
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