Tres fiscales federales, Jorge Auat y Horacio Azzolín, de la Procuración General de la Nación, y Javier De Luca,fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, requirieron que el ex juez federal Ricardo Lona sea indagado nuevamente como partícipe del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.
En lo que puede entenderse como un gesto simbólico, para demostrar que a pesar de los numerosos apartamientos (por excusaciones y recusaciones) de jueces y fiscales, sí hay funcionarios dispuestos a instar la investigación de la participación del ex juez federal en delitos de lesa humanidad, los fiscales requirieron al juez federal Nº 2, Miguel Medina, que vuelva a indagar a Lona, ya no por una mera omisión de investigar o encubrimiento, sino por su participación en los hechos. En el extenso requerimiento se reseña abundante prueba, mucha de ella colectada en el debate realizado el año pasado, en el que fueron juzgados, y condenados, otros partícipes de este hecho, cometido el 11 de marzo de 1976.
“Ricardo Lona, principal responsable de la investigación del caso, realizó determinadas conductas (patentizadas en el irregular trámite de la causa) que no pueden limitarse a una mera infracción de deber (como hasta ahora ha venido imputado) sino a una participación directa en el hecho principal”, se afirma en la presentación, realizada anteayer.
Entre esas pruebas, se reseña que el sumario policial con el que se inició la investigación del secuestro “no fue más que un fingido intento de investigación, ya que por tratarse de un ex gobernador, no podía dejar de ‘hacer que se hacía’”.
Entre otras irregularidades en esta pretendida “investigación”: “Resulta llamativo que en un caso donde se debía investigar nada menos que el secuestro de un ex gobernador de la provincia y el homicidio del hermano de un encumbrado miembro de esa fuerza de seguridad (Santiago Arredes era hermano del comisario Roberto Arredes, que por entonces era jefe de Contralor de la Policía), se omitiera escuchar a otras personas que podrían haber hecho aportes de relevancia”, se señala en el requerimiento. No se escuchó la declaración de la mujer de Ragone, ni de su hija. Tampoco declaró nadie de la familia Arredes, además de que el cuerpo de Santiago Arredes no fue sometido a una autopsia, por pedido de su hermano, el comisario. Y, entre otras irregularidades, “no se realizaron rastrillajes en el lugar de los hechos (…) en búsqueda de proyectiles”, “no se fotografiaron ni se preservaron las huellas de automóviles del lugar del hecho”.
Para los fiscales, estas “irregularidades, omisiones y contradicciones (…) respondieron a un plan orquestado previamente en el que el juez de la causa fue un engranaje más”.
“Lona estaba en ese puesto para brindar impunidad. Ese fue su rol en esta empresa criminal”, afirmaron los fiscales.
Destacaron en este sentido que el ex juez federal de Salta sobreseyó provisionalmente la causa por Ragone el 31 de mayo de 1976, apenas doce días después de recibir el sumario policial, y tampoco reabrió la investigación en 1985, cuando una presentación de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la Nación le aportó nuevos elementos. Esta forma de actuar es similar, indicaron los fiscales, a la que tuvo “en otros tantos casos denunciados durante el gobierno de facto”: “Se advertirá claramente que su accionar respondía a un patrón: no investigar los hechos que aparecían cometidos por las fuerzas de seguridad, en el ámbito de la alegada lucha contra la subversión o situaciones afines”.
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